El consultor de Javier Milei fue IMPUTADO por delito de activos
Se trata de Fernando Gabriel Cerimedo, uno de los "cerebros" más importantes de La Libertad Avanza. Había sido condenado por fraude y estafa al haber vendido dos veces un mismo departamento. Ahora, es investigado por instigación al delito y lavado de activos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fernando Cerimedo es autoridad importante dentro del polémico armado de La Libertad Avanza, sin embargo, dentro del espacio, es señalado como “un consultor externo en comunicación digital que trabaja en la campaña”. Ahora, el empresario y experto en marketing fue imputado por presunta instigación al delito y lavado de activos de origen presumiblemente delictivo o de origen y financiamiento desconocido pero presuntamente ilícito o fraudulento. En 2016, Cerimedo fue condenado en la Justicia por estafa y defraudación tras haber vendido, a dos compradores diferentes, un mismo departamento en Mar del Plata.
La denuncia, informó TDP (Alexis Montefiore), fue impulsada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a partir de una nota en donde Cerimedo afirma que “el candidato debe pagar a sus propios fiscales. Y que las estructuras partidarias deben financiar a sus militantes en su función de fiscales, y hay que pagarles”. En su escrito, el abogado señala que “este hombre misterioso calificado por la prensa como fantasmagórico habría dado su salto a la fama a nivel regional por sus intervenciones en las campañas presidenciales de Jair Bolsonaro en Brasil y contra la reforma constitucional en la República de Chile. También está involucrado en la política norteamericana”.
Otro dato importante expuesto por el letrado es que, en Argentina, Cerimedo “trabajó con la candidata a presidente por el PRO, Patricia Bullrich, y asesora a algunos intendentes peronistas del Conurbano bonaerense, pero actualmente es el responsable tecnológico de la campaña presidencial de Javier Milei, a quien dice asesorar de forma gratuita”.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.
Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.
– Jorge Capitanich y Marta Soneira
Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.
La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.
A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.
La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.
“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.
Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.
Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.
Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
