El comunicador K Ezequiel Guazzora fue agredido por manifestantes y la policía de la Ciudad tuvo que intervenir
Luego del pedido del fiscal Luciani, varios séquitos de CFK se presentaron en las afueras de su casa en Recoleta, entre ellos Guazzora, quien tuvo que se retirado por las fuerzas policiales para evitar incidentes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El operador kirchnerista, Ezequiel Guazzora, quien se ampara bajo el disfraz de “periodista”, se presentó en la manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner para demostrar su apoyo a la vicepresidente. Al llegar fue insultado y repudiado por la gente, lo cual causó que la policía de la ciudad fuese a resguardarlo para evitar agresiones de mayor gravedad.
La misma policía no tardó en llegar al lugar de los hechos para intentar evitar los enfrentamientos entre los manifestantes que se encuentran a favor y en contra del pedido de prisión para Cristina Fernándezde Kirchner. Finalmente, Ezequiel Guazzora se mofó de lo ocurrido en redes y, al igual que Brancatelli y otros tantos fieles militantes llamó a apoyar en las calles a “La Jefa”: “Corrieron los caceloros y van a seguir corriendo. Esto ya comenzó, no lo para nadie. Todos estamos con Ella”, concluyó el comunicador popular.
CORRIERON LOS CACEROLOS, Y VAN A SEGUIR CORRIENDO, ESTO YA COMENZÓ, NO LO PARA NADIE!Se creyeron que las calles eran suyas. No tienen idea de lo que es el peronismo cuando tocan a nuestros líderes. Hoy una gigante pequeña demostración. Sigan tirando de la cuerda.#TodosConElla
La actual vicepresidente tampoco perdió tiempo y manifestó a través de sus redes sociales su descontento con la situación que se vive fuera de su casa y apuntó contra los políticos opositores, entre ellos el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Lo único que le faltaba a Horacio Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay (esquina donde reside la vicepresidente) como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, lanzó la expresidente en una clara expresión de molestia frente a los vecinos que fueron a celebrar el pedido del fiscal.
Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8 de Comodoro Py, ordenó la restitución del predio ubicado en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana al abogado y empresario pilarense Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La medida obligó al desalojo inmediato del Municipio de Pilar, que utilizaba el lugar como centro de vacunación contra el COVID-19, puesto de testeo y dependencia de Licencias de Conducir.
Corvo Dolcet figuró en una causa en la que también fueron procesados María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo del fallecido líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, así como el exjugador de Boca Juniors e integrante del Consejo de Fútbol del club Xeneize, Mauricio Serna, entre otros acusados. El expediente se inició el 1 de septiembre de 2016, cuando la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recibió un informe de la DEA que señalaba al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos como cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de activos, en presunta conexión con Corvo Dolcet en Argentina.
– El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8 de Comodoro Py
En los Estados Unidos, Piedrahita Ceballos declaró como imputado colaborador y firmó un acuerdo de juicio abreviado con los fiscales Diego Iglesias y Santiago Marquevich. Aceptó una pena de cinco años de prisión y una multa de 165.000.000 de pesos. Este acuerdo confirmó la conexión de Piedrahita Ceballos con el Cartel de Medellín y reforzó las acusaciones contra Corvo Dolcet en la causa de lavado de dinero.
Según el entonces juez federal de Morón Néstor Barral, el predio de Panamericana quedó embargado y declarado de utilidad pública, y se intervino la sociedad “Pilar Bicentenario” (dueña de los terrenos). La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) administró el lugar y se lo cedió al Municipio de Pilar durante la pandemia. Sin embargo, en un fallo anterior, la Corte Suprema de Justicia desestimó los planteos de Corvo Dolcet para recuperar el inmueble.
El abogado denunció que, mientras el terreno permanecía bajo uso municipal, se intentó expropiar de manera fraudulenta. “En 2020 [en plena pandemia de Covid-19] la Justicia le prestó nuestro inmueble al municipio de Pilar para hacer un vacunatorio. Pero la Justicia ignoraba que, a sus espaldas, el exdiputado provincial Jorge D’Onofrio promovió la expropiación del predio. Usando fundamentos manifiestamente falsos, quiso quedarse nuestro negocio y endosarle los costos expropiatorios a los contribuyentes. En 2021 me enteré de la ley fraudulenta y querellé a D’Onofrio”, sostuvo.
Corvo Dolcet también aseguró que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó operaciones de espionaje sobre su psiquiatra, con el fin de desestabilizarlo emocionalmente. Argumentó que estas acciones de inteligencia ilegal buscaban debilitar su capacidad para defenderse en la causa por narcolavado.
Antes de la ocupación municipal, el abogado planeaba un desarrollo inmobiliario de gran magnitud, que contemplaba la construcción de un estacionamiento de cinco pisos con 920 cocheras —denominado “Pilar Parking”— junto a la estación del ferrocarril Belgrano Norte, hoy llamada Cecilia Grierson. El proyecto, que prometía transformar la zona con infraestructura moderna y servicios integrales, incluía barrios cerrados, oficinas, una universidad y un shopping, pero quedó paralizado tras el avance de la investigación judicial y la posterior intervención del predio.
El reciente fallo de Martínez de Giorgi también dispuso “la extracción de testimonios para su sorteo ante la Cámara Federal de Apelaciones del foro para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia judicial por parte del intendente de Pilar [Federico de Achával] en virtud de su negativa a cumplir con la orden dictada por este Tribunal”. Durante el desalojo, efectivos de la Prefectura Naval se encontraron con vacunas, medicamentos y documentación del área de Salud, lo que generó preocupación sobre el manejo de estos insumos.
El proceso judicial atravesó múltiples instancias. En un momento, se había elevado a juicio la causa contra los acusados, pero la elevación fue declarada nula y el expediente pasó de los tribunales de San Martín a los de Comodoro Py, donde recaló en manos de Martínez de Giorgi. La nulidad de la elevación a juicio significó que el caso debió reiniciarse en la nueva instancia, lo que prolongó los tiempos de la investigación. El juez, ahora a cargo, deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con las acusaciones de lavado de dinero y, además, con las actuaciones vinculadas a la presunta desobediencia judicial del intendente de Pilar.
Desde el Municipio, al momento de la publicación, no hicieron declaraciones sobre la resolución de Martínez de Giorgi que ordenó la restitución del predio a Corvo Dolcet. El futuro del proceso permanece bajo la órbita del magistrado, quien continuará investigando la presunta maniobra de narcolavado y las circunstancias que rodearon tanto la ocupación municipal como el desalojo del inmueble.
Juan Grabois, agitador social y referente del partido Frente Patria Grande, ha realizado recientemente varias declaraciones contundentes respecto a supuestos intentos de desestabilización o llevar adelante “un golpe” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Sus pronunciamientos en una entrevista al medio Somos Gelatina, han generado controversia en el escenario político, excusándose de que “todavía pensar es legal”.
“Quiero que se caiga el gobierno y quiero que Milei no sea más presidente”, afirmó Grabois, remarcando sostener esa postura.
El exprecandidato a presidente por Unión por la Patria enfatizó la necesidad de utilizar herramientas institucionales para interrumpir el mandato presidencial, mencionando “el juicio político, la lucha popular por la renuncia”, recordando que “eso ha pasado en la historia argentina”.
“Nuestro pueblo sacó al incompetente de De la Rúa y a la asesina de Patricia Bullrich”, sostuvo, en una dura acusación contra la actual ministra de Seguridad.
Grabois destacó, asimismo, la tensión generada por la politización de ciertos espacios y por la influencia de la política partidaria en la toma de decisiones. Recordó sus propias experiencias y la evolución de su rol dentro del movimiento sindical.
“La resistencia no violenta no implica estar paradito dejando que te peguen… Tenés que estar dispuesto a sacrificar algo”, subrayó Grabois, añadiendo: “Yo cuando era pibe iba recontra al frente y ahora me tocó otro rol, pero yo lo felicito a esos pibes que van al frente porque son los que verdaderamente están poniendo el cuerpo a los jubilados.”
“Es la toma por asalto del poder de los multimillonarios, es el gobierno Elon Musk. Es el anarcocapitalismo, es el capitalismo sin gobierno, sin contralógicas, ni de lo público ni de lo comunitario”, afirmó, utilizando metáforas.
El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, declaró en situación de crisis a dos obras sociales, debido a su grave situación financiera y operativa. La medida afecta a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y a la Obra Social de los Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 174/2025 y 175/2025, establece un plazo de 15 días para que las instituciones presenten un plan de contingencia que permita regularizar su situación y hasta un plazo máximo de 30 días para interponer un recurso de consideración.
La decisión de declarar a ambas obras sociales en crisis responde a diversas irregularidades que afectan tanto su solvencia económica como la calidad de los servicios que brindan a sus afiliados. Según la normativa vigente, las entidades superaron el límite de 65 puntos en el índice de criticidad establecido por el Decreto N° 1400/01. Entre los principales problemas que llevaron a la intervención se destacan:
Irregularidades contables: Las obras sociales presentaron estados financieros con deficiencias que impiden su correcta evaluación y supervisión.
Presupuestos deficitarios: Los planes financieros de ambas entidades no eran adecuados ni sostenibles, lo que generó un desajuste económico.
Deficiencias en la atención: Los afiliados denunciaron falencias en la cobertura y la calidad de los servicios médicos, lo que agrava la crisis.
Dependencia de subsidios: Ambas obras sociales recurrieron a subsidios externos para sostener su funcionamiento, lo que refleja una profunda inestabilidad financiera.
Ante este panorama, el gobierno decidió actuar para evitar que los afiliados se vean perjudicados y para garantizar la continuidad de la cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un plazo de 15 días para que las obras sociales presenten un Plan de Contingencia, que debe incluir una serie de medidas específicas para solucionar las irregularidades detectadas. Este plan debe abordar tanto los problemas financieros como las deficiencias en la atención sanitaria. El gobierno señaló que las entidades deberán trabajar con metas a trimestre vencido, es decir, deberán presentar avances periódicos que garanticen la efectividad de las correcciones.
Además, se conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis para supervisar el cumplimiento del plan de contingencia. Dicho comité evaluará la situación de las obras sociales y podrá aplicar nuevas medidas si las soluciones propuestas no resultan efectivas.
Las obras sociales afectadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo o judicial si consideran que la resolución es inapropiada. Esta posibilidad de apelación permite que las entidades puedan intentar revertir la situación por vías legales si consideran que se vulneraron sus derechos.
La medida busca proteger a los afiliados, asegurando que continúen recibiendo la cobertura médica a la que tienen derecho. En este sentido, el gobierno subraya la importancia de que las obras sociales mejoren su gestión y su estabilidad financiera para evitar mayores perjuicios. “El objetivo es garantizar que las personas sigan teniendo acceso a la atención médica que necesitan”, expresaron desde la Superintendencia.
La intervención del Estado en las obras sociales tiene también una clara intención de evitar que la crisis se profundice y se repita en otras entidades. Al establecer plazos claros y un mecanismo de seguimiento riguroso, el gobierno intenta devolver la confianza a los afiliados y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
Los afiliados de ambas obras sociales se mostraron preocupados por la situación, ya que la crisis financiera de las entidades podría afectar directamente su acceso a servicios médicos. Muchos temen que la medida provoque mayores restricciones o demoras en la atención. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá interrupciones en la cobertura sanitaria.
En medio de los incidentes del pasado miércoles dentro y fuera del Congreso, una grave denuncia realizada en el recinto pasó desapercibida. Sobre la última hora de sesión, el diputado de Unión por la Patria y exintendente de General Roca (Río Negro), Martín Soria, expuso una causa que su comprovinciana Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, enfrenta en Estados Unidos por tenencia de drogas.
El diputado kirchnerista se dirigió al presidente de la Cámara, Martín Menem, para mostrarle una “resolución” del estado de Florida y leyó: “Tráfico de cocaína: de 400 gramos a 150 kilogramos. Perfil de la delincuente, María Lorena Villaverde. Fecha de nacimiento, febrero del año 1974. Detalles del caso e identificación: 58-58-2002-CF, categoría delito penal, julio de 2002, código de infracción, artículo 893” y la descripción del delito era “tráfico de cocaína”.
Cuando Soria comenzó a hacer uso de la palabra, la diputada oficialista abandonó rápidamente el recinto y no faltaron las chicanas por parte del bloque K: “¡Se va la droga!”, gritó uno de los legisladores.
– La diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde ingresó al recinto con un busto de Javier Milei en brazos
Hace un mes, el 12 de febrero, el propio Soria utilizó una frase similar para confrontar a Villaverde por interrumpir su discurso: “Yo te dejé hablar, falopa”. En aquella ocasión, el diputado también usó su cuestión de privilegio para confrontar a la libertaria, argumentó que “el ex marido de Lorena Villaverde está detenido por causas de narcotráfico”.
Tras las acusaciones, la legisladora rionegrina dijo que llevará a Soria a la Justicia y lo desafió a realizar juntos un análisis de drogas. “No tuve ningún exmarido detenido. Es todo una mentira. En todo caso, uno no elige de quién se enamora, pero sí también elige de quién se separa. Si fuese cierto serían cuestiones que no atienden a mi persona”.
“Con gusto me ofrezco y lo invito (al diputado Soria) a ir juntos para hacernos los análisis ejemplificadores y reveladores para corroborar bien quién es el verdadero falopa”, declaró Villaverde en febrero a CNN Radio Roca.
Previo a la denuncia del pasado miércoles, Villaverde se dirigió al “clan Soria” en referencia al diputado y a su hermana, María EmiliaSoria, actual intendente de General Roca a quienes cuestionó por el abandono de las obras de la ruta Nacional 22. La obra se encuentra paralizada hace unos 20 años. Mientras, un informe realizado el año pasado por el Departamento de Tránsito de la Policía de Río Negro reveló que esa ruta encabeza el listado de tramos más peligrosos.
A inicios de este mes, La Libertad Avanza de General Roca publicó un comunicado repudiando las declaraciones de la intendente de la localidad. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la hermana del diputado Soria criticó a Vialidad Nacional por la paralización. Desde el partido libertario local sostienen que “la familia Soria se opuso a la traza elevada de la Ruta 22 y San Juan, donde tenían en carpeta un negocio inmobiliario”.
Lo curioso es que sobre Villaverde —figura central en el esquema político de Karina Milei— también pesan acusaciones de estafas por fraude en un proyecto inmobiliario en LasGrutas, bellísima ciudad costera próxima a San Antonio Oeste, localidad en donde nació la diputada.
Hace poco menos de un año, la diputada nacional fue denunciada por manejos oscuros en el Club Las Grutas. En la zona de ingreso a la reconocida localidad turística, Villaverde, impulsó un proyecto inmobiliario conocido como Tajamar, que se promocionó como una oportunidad accesible para adquirir terrenos y construir viviendas.
Sin embargo, los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste revelan que el sector está clasificado como zona rural y no cuenta con la habilitación necesaria para edificar. A pesar de esto, Villaverde vendió terrenos con la promesa de escriturarlos en un plazo de 10 meses, prorrogable por 6 meses más. Cuando estos plazos vencieron y las obras no se concretaron, comenzaron a llegar las primeras denuncias por daños y perjuicios.
A mediados del año 2022, algunos compradores enviaron cartas documento exigiendo la regularización de sus lotes y la entrega formal de escrituras. Sin respuestas favorables, las demandas civiles se multiplicaron. Los damnificados acusaron a la diputada libertaria de no haber aclarado que el municipio nunca había aprobado el uso residencial en esa parcela. Por su parte, el abogado querellante LucasCerro, sostuvo que Villaverde “actuó con dolo” al comercializar un emprendimiento que no cumplía con los requisitos legales para transformarse en un barrio habitacional.
– El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la diputada Villaverde y el armador de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja
La presión judicial obligó a Villaverde a cerrar acuerdos extrajudiciales millonarios. En mayo de 2024, desembolsó diez millones de pesos para frenar una de las demandas, mientras que en noviembre del mismo año acordó otros doce millones para poner fin a otro litigio relacionado con el mismo desarrollo. Aunque estos arreglos evitaron la prolongación de las causas en los tribunales, dejaron en el aire la situación de otros denunciantes, que siguen esperando soluciones a sus reclamos por los plazos incumplidos y la imposibilidad de construir en sus terrenos.
Paralelamente, sobre Villaverde recayó otra controversia en la misma localidad. Cuando presidió el Club Social, Deportivo y Recreativo Las Grutas, lanzó una rifa —denominada “Sorteo Millonario”— con el objetivo de obtener fondos para la institución.
– Antes de ser electa diputada, Villaverde ganó popularidad en la presidencia del Club Las Grutas
La iniciativa, lanzada en octubre de 2021, ofrecía como premio principal un terreno perteneciente al patrimonio del club, valorado en decenas de millones de pesos. La fecha de sorteo —anunciada inicialmente para la Pascua de 2022— se pospuso hasta Navidad de ese mismo año. En el momento de la extracción de los números, el premio mayor quedó vacante porque supuestamente no se vendió el cupón ganador.
La nueva comisión normalizadora del club denunció que la rifa había carecido de autorización de Lotería de Río Negro, el organismo encargado de regular este tipo de eventos en la provincia. Además, reveló la existencia de irregularidades en los libros contables, como la falta de balances y el uso de cuentas bancarias o billeteras virtuales personales para recibir pagos vinculados tanto a la rifa como a las cuotas sociales de la institución.
Ante esta situación, la comisión acudió a la Justicia con una denuncia de “estafa por defraudación”, al advertir que el sorteo implicaba la desafectación de un bien que pertenecía al patrimonio del club y, por lo tanto, requería la aprobación formal de una asamblea de socios.
La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo de Gustavo Arbués, avanzó en la investigación y formalizó la imputación contra Villaverde y varios integrantes de su antigua comisión directiva. La medida quedó respaldada por el juez de Garantías, Favio Corvalán, quien otorgó un plazo de cuatro meses para profundizar las pesquisas. Entre otros elementos, se solicitó un peritaje contable para revisar la documentación que nunca fue presentada en forma completa durante la gestión de la diputada.
Villaverde se defendió públicamente de ambas acusaciones, alegando que en el caso del loteo Tajamar su intención siempre fue la recalificación de las tierras y que la pandemia de COVID-19 demoró trámites administrativos, imposibilitando la habilitación municipal en los plazos establecidos. Con respecto a la rifa, asegura que no existió mala fe, sino desconocimiento de las normativas de Lotería de Río Negro.
La tarde del miércoles se vivió una situación de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la protesta semanal de jubilados. En medio de incidentes, un grupo de militantes kirchneristas y de izquierda agredió a un cronista y a un camarógrafo de la señal LN+ mientras realizaban la cobertura de la marcha.
Al mismo tiempo, las cámaras registraron el momento en que una mujer llevó a una niña equipada con antiparras y barbijo, en un contexto de inminente peligro por la posible utilización de gases lacrimógenos de parte de la policía.
El cronista Nicolás Edwin, fue increpado por un joven de remera gris que le gritó: “Son cómplices ustedes, son cómplices”. Segundos después, el mismo hombre tomó el micrófono y lanzó: “¿Esto vienen a cubrir, cómo le pegan a los jubilados?”, antes de agredir al camarógrafo. Edwin intentó recuperar su herramienta de trabajo, pero el manifestante respondió con un ademán obsceno y volvió a golpear la cámara, acusando a los periodistas de haberlo golpeado primero con el equipo.
En plena agresión, se sumó la mujer que llevaba a una niña del brazo. La menor, con antiparras y barbijo, quedó en el foco de la polémica por estar expuesta a una situación de violencia en la que se aplicaría, según las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquetes para disuadir el corte de la Avenida Rivadavia. Entre insultos y gestos ofensivos, el cronista continuó intentando obtener testimonios más alejados del tumulto. Finalmente, un jubilado se acercó y expresó: “Les agradezco a ustedes que han venido y disculpen que hay algunos que no los entienden a ustedes, y nosotros los entendemos porque están siempre con nosotros”.
El periodista relató luego: “Este es el tercer año en la calle y nunca me pasó algo así”, en referencia a la agresión que padeció junto a su equipo. La protesta concluyó con dos detenidos y dos policías heridos, uno con fractura de tobillo y otro con quebradura de muñeca, según indicaron fuentes policiales.
La utilización de menores en este tipo de protestas ya había generado alto grado de repudio en redes. El 19 de diciembre de 2023, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reconoció durante una entrevista radial con Alejandro Fantino que llevan niños a las marchas para evitar desalojos violentos.
Fantino planteó: “Si se te viene la caballería encima y estás con los chicos, corren riesgo no solo tu vida sino la vida de un chiquito”, a lo que Solano respondió: “¿Sabés cómo se soluciona eso? Que no vaya la caballería”. El conductor sugirió: “O que no lleven a los chicos a la marcha”, frente a lo cual el piquetero contestó: “¿Para que nos caguen a palos?”.
Efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad formoseña de Las Lomitas organizaron el último sábado una venta de pollos para paliar la “falta de provisión de insumos” que, según denunciaron, dificultó su labor cotidiana. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28 y tuvo como fin recaudar fondos destinados a la compra de artículos de limpieza, pintura, arreglo de oficinas y combustible para los vehículos de la fuerza.
“GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS”, se tituló el comunicado difundido por los agentes, donde explicaron: “Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros”. Los organizadores afirmaron que sus salarios fueron “fuertemente golpeados por la inflación” y que, en muchos casos, no superaron los 780.000 pesos.
La situación salarial de los gendarmes incluyó un aumento del 5% en el primer trimestre, otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pero lo consideraron insuficiente.“La situación es insostenible”, remarcaron los efectivos, quienes también advirtieron que Patricia Bullrich no envió los elementos suficientes para combatir el delito en la región y que “muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos”.
A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon una protesta por los bajos salarios, la imposibilidad de cubrir gastos básicos y la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. “La situación es insostenible. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones”, señalaron los gendarmes. Además, exigieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires.
Los familiares informaron que la protesta se realizaría el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza, aunque aún no indicaron si las medidas de fuerza continuarían tras el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Según los organizadores, su reclamo por una mejora en las condiciones laborales y salariales seguirá vigente hasta recibir respuestas concretas de las autoridades competentes.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
