El comunicador K Ezequiel Guazzora fue agredido por manifestantes y la policía de la Ciudad tuvo que intervenir
Luego del pedido del fiscal Luciani, varios séquitos de CFK se presentaron en las afueras de su casa en Recoleta, entre ellos Guazzora, quien tuvo que se retirado por las fuerzas policiales para evitar incidentes.
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El operador kirchnerista, Ezequiel Guazzora, quien se ampara bajo el disfraz de “periodista”, se presentó en la manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner para demostrar su apoyo a la vicepresidente. Al llegar fue insultado y repudiado por la gente, lo cual causó que la policía de la ciudad fuese a resguardarlo para evitar agresiones de mayor gravedad.
La misma policía no tardó en llegar al lugar de los hechos para intentar evitar los enfrentamientos entre los manifestantes que se encuentran a favor y en contra del pedido de prisión para Cristina Fernándezde Kirchner. Finalmente, Ezequiel Guazzora se mofó de lo ocurrido en redes y, al igual que Brancatelli y otros tantos fieles militantes llamó a apoyar en las calles a “La Jefa”: “Corrieron los caceloros y van a seguir corriendo. Esto ya comenzó, no lo para nadie. Todos estamos con Ella”, concluyó el comunicador popular.
CORRIERON LOS CACEROLOS, Y VAN A SEGUIR CORRIENDO, ESTO YA COMENZÓ, NO LO PARA NADIE!Se creyeron que las calles eran suyas. No tienen idea de lo que es el peronismo cuando tocan a nuestros líderes. Hoy una gigante pequeña demostración. Sigan tirando de la cuerda.#TodosConElla
La actual vicepresidente tampoco perdió tiempo y manifestó a través de sus redes sociales su descontento con la situación que se vive fuera de su casa y apuntó contra los políticos opositores, entre ellos el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Lo único que le faltaba a Horacio Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay (esquina donde reside la vicepresidente) como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, lanzó la expresidente en una clara expresión de molestia frente a los vecinos que fueron a celebrar el pedido del fiscal.
Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas
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La justicia de Bahía Blanca dictó una condena de tres años de prisión en suspenso paraFiorella Damiani,consejera escolar de La Libertad Avanza, tras quedar probado que denunció falsamente a dos hombres por una violación grupal en 2017. La sentencia, que permite a la funcionaria suspendida mantener su libertad, desató la indignación de las víctimas y de la fiscalía, que había solicitado nueve años de cárcel efectiva ante la gravedad del daño causado y la reiteración de las mentiras procesales.
Damiani junto a Carlos Kikuchi, armador nacional de LLA en 2023.
La prueba irrefutable y la burla judicial
El caso dio un vuelco irreversible gracias a la tecnología, ya que Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los denunciados, que pasaron días detenidos basándose sólo en el testimonio de la ex-consejera mileísta, lograron salvarse gracias a videos que grabaron durante el encuentro sexual. Esos registros, protegidos bajo una clave personal, desmintieron el relato de la funcionaria: mientras ella alegaba haber sido drogada y forzada, las imágenes mostraron un acto consentido y una total lucidez de su parte.
El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante al señalar que la mujer mintió al menos en tres oportunidades durante el proceso judicial. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 permitió que Damiani regrese a su casa.
Damiani junto a Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador en Buenos Aires.
Joaquín Pereyra, uno de los damnificados que vio su vida paralizada por años, calificó la sentencia como una burla y un mensaje peligroso que otorga vía libre para mentir. La fiscalía y la querella ya confirmaron que apelarán ante Casación para que la condena sea de cumplimiento efectivo, denunciando que en el ámbito judicial local existe un sesgo que vulnera las garantías constitucionales de los hombres.
El impacto político no es menor: Damiani accedió a su banca como consejera escolar por La Libertad Avanza en 2023, pero fue suspendida tras el avance de la causa por falso testimonio agravado. Durante el juicio, su defensa intentó sostener que ella no recordaba lo sucedido debido al consumo de sustancias, pero los peritajes médicos y las filmaciones demolieron la estrategia. La funcionaria, que ocupaba un cargo de responsabilidad en la formación de jóvenes, quedó expuesta como el engranaje de una acusación fabricada que pudo terminar en una condena de décadas para dos inocentes.
Damiani junto a su abogado, Sebastián Martínez.
El patrón del daño irreversible
El caso Damiani no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistémico donde el escarnio público y la falta de presunción de inocencia suelen preceder a la verdad judicial; el fenómeno de las denuncias falsas ya ha dejado un rastro de sangre en Argentina.
En 2018, Agustín Muñoz se quitó la vida en Bariloche tras un escrache por una denuncia falsa; a pesar de que la denunciante admitió su mentira contra el muchacho de 18 años, el daño social ya era irreversible. En 2024, el docente Facundo Díaz tomó la misma decisión en Caleta Olivia tras ser blanco de una acusación sin pruebas en el jardín donde trabajaba. La lista de víctimas fatales se extendió hasta 2025 con la muerte de Thomas Pérez Ruiz, un joven peluquero de 18 años de Almirante Brown que no soportó el acoso derivado de un escrache por una falsa denuncia de abuso.
Estos casos exponen las consecuencias letales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la condena social inmediata por sobre el rigor investigativo. Mientras la defensa de Damiani intenta minimizar el hecho, la fiscalía insiste en que la impunidad frente al falso testimonio es el combustible que alimenta estas tragedias. Se espera que el tribunal de alzada defina si la consejera libertaria deberá cumplir su deuda con la sociedad tras las rejas.
Thomas Pérez Ruiz, el joven de 18 años que se suicidó en 2025 por una falsa denuncia.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.
“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.
La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.
– Sandra Arroyo Salgado
Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.
El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.
Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad.Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.
Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.
Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.
El contrabando estimado
Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.
“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.
La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.
Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.
El soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.
La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.
A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.
El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.
“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El área —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.
El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un área estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catástrofes.
La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno
Uno de los cambios más significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y Catástrofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allí funciona parte del despliegue logístico de emergencias provinciales.
Sin embargo, según pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del área, las condiciones edilicias del lugar serían críticas. “El exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. Está en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y médicos”, relataron fuentes con años de antigüedad en el servicio.
– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación
Según la descripción, los baños centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio básico, mientras que el resto del personal “no tiene forma de higienizarse”. “A veces en los techos se escuchan ratas”, agregaronó. Además, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y “nunca estuvieron destinados a albergar personal”.
En paralelo, el reordenamiento interno habría profundizado tensiones preexistentes: “Sacaron al coordinador que teníamos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos médicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peor”, aseguraron profesionales.
– Los dormitorios están conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz
En el mismo sentido, señalaron que la situación impactó también en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): “Personalmente hace más de 15 años que trabajo ahí y la estoy pasando muy mal”, agregó una profesional, que continúa en funciones y pidió reserva de identidad.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. “Cobramos dos veces SAMO, pero no sé qué hacen con la plata, no hay control”, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no está encuadrado bajo el régimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —según explicó— de una tarea “mucho más insalubre y peligrosa”.
– Baños con duchas improvisadas y el menú del día
Conducción y designaciones cuestionadas
Las críticas también alcanzan al estilo de conducción del área. “Se maneja como patrón de estancia, diciéndote cosas como ‘si no te gusta ahí está la puerta’ o ‘lo hacés porque lo digo yo’”, afirmó la médica.
Según su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habría incorporado médicos reguladores que “nunca trabajaron con nosotros y les falta capacitación”, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones críticas.
“Están en el ministerio sentados en oficinas”, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las médicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustaría a la dinámica general de emergencias.
Operativos bajo tensión
Las críticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahía Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas señalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.
Según los relatos, durante los recambios de equipos cada tres días se realizaban encuentros que incluían celebraciones y expresiones político-partidarias, más propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un área que debería operar bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.
Chaparro Fresco, denuncia y antecedente
En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del área, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.
Según pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una médica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. “Me amenazó con un sumario si no me iba”, afirmó la médica.
– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco
Además de la presentación penal, la profesional indicó que también realizó una denuncia ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ética. “La denuncia está en fiscalía, no sé en qué instancia”, aseguró.
El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el ámbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Giles, ya había sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clínicas privadas.
Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente también figuraba su nombre.
– Jerónimo Chaparro Fresco
Silencio oficial
Mientras todo esto ocurre, profesionales del área advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones críticas.
El conflicto en Emergencias se suma así a un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.
En distintos sectores del ámbito médico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras técnicas. Las críticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad política antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como “camporización” de áreas sensibles del estado.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, por su rol estratégico en la atención de desastres y situaciones críticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.
“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.
La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay.
– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año
Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.
Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.
También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.
Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.
El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.
– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río
El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosada “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.
“Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser.
En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“.
No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.
Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.
Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
El afamado economista Juan Carlos de Pablo advirtió, delante del mandatario nacional, que una eventual derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos podría afectar severamente a la Argentina. Lo hizo durante un homenaje a Adam Smith realizado el último miércoles donde ambos compartieron una disertación sobre La riqueza de las naciones.
De Pablo hizo una pausa en su exposición para referirse a las elecciones de medio término que se realizarán el 3 de noviembre en Norteamérica: “¿Qué pasa si el presidente Trump pierde la elección de medio término y se convierte en un pato rengo? Nos jodemos”. La sala atravesó un incómodo silencio.
En esos comicios, los votantes renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y también una parte del Senado, en una elección que pondrá a prueba el respaldo al oficialismo republicano frente a la oposición demócrata.
¿Qué pasa si pierda y se convierte en un pato rengo?
Antes de esa frase, había planteado el vínculo entre la Casa Rosada y Washington. “Ustedes saben que el presidente de la nación anda en muy buena relación con su par de Estados Unidos”. Milei interrumpió esa afirmación entre risas con un irónico “ponele”. La intervención generó risas simpáticas y efusivos aplausos en el auditorio del Palacio Libertad.
De Pablo completó luego su planteo con una referencia al costo político de esa estrategia internacional. “Pero qué le vas a decir, ¿por qué te jugaste con él? La decisión siempre es única. Siempre tenés este dilema entre los beneficios y los riesgos, eso es inevitable”.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
La Cámara alta provincial avanzó con un proyecto que incorpora la actividad al Código de Convivencia y habilita sanciones, arrestos e intervención policial.
La destrucción del empleo formal golpea con fuerza a los sectores más intensivos en mano de obra. La sobreoferta de choferes y repartidores empuja a la baja la rentabilidad por viaje o pedido.
En la apertura de sesiones, el intendente entrerriano aseguró que los recortes de alícuotas implicarán un alivio de $2.000 millones para los contribuyentes y sostuvo que la implementación de la boleta digital liberará más de $100 millones anuales, que serán destinados a mejorar calles.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
