El comunicador K Ezequiel Guazzora fue agredido por manifestantes y la policía de la Ciudad tuvo que intervenir
Luego del pedido del fiscal Luciani, varios séquitos de CFK se presentaron en las afueras de su casa en Recoleta, entre ellos Guazzora, quien tuvo que se retirado por las fuerzas policiales para evitar incidentes.
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El operador kirchnerista, Ezequiel Guazzora, quien se ampara bajo el disfraz de “periodista”, se presentó en la manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner para demostrar su apoyo a la vicepresidente. Al llegar fue insultado y repudiado por la gente, lo cual causó que la policía de la ciudad fuese a resguardarlo para evitar agresiones de mayor gravedad.
La misma policía no tardó en llegar al lugar de los hechos para intentar evitar los enfrentamientos entre los manifestantes que se encuentran a favor y en contra del pedido de prisión para Cristina Fernándezde Kirchner. Finalmente, Ezequiel Guazzora se mofó de lo ocurrido en redes y, al igual que Brancatelli y otros tantos fieles militantes llamó a apoyar en las calles a “La Jefa”: “Corrieron los caceloros y van a seguir corriendo. Esto ya comenzó, no lo para nadie. Todos estamos con Ella”, concluyó el comunicador popular.
CORRIERON LOS CACEROLOS, Y VAN A SEGUIR CORRIENDO, ESTO YA COMENZÓ, NO LO PARA NADIE!Se creyeron que las calles eran suyas. No tienen idea de lo que es el peronismo cuando tocan a nuestros líderes. Hoy una gigante pequeña demostración. Sigan tirando de la cuerda.#TodosConElla
La actual vicepresidente tampoco perdió tiempo y manifestó a través de sus redes sociales su descontento con la situación que se vive fuera de su casa y apuntó contra los políticos opositores, entre ellos el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Lo único que le faltaba a Horacio Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay (esquina donde reside la vicepresidente) como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, lanzó la expresidente en una clara expresión de molestia frente a los vecinos que fueron a celebrar el pedido del fiscal.
Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas
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Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
El martes en Mar del Plata se celebró la Derecha Fest, el evento en donde los libertarios se reúnen para celebrar su propia ideología. Para esta edición, nuevamente, la gran estrella invitada fue Javier Milei, líder del movimiento, pero antes hubo otros que se subieron al escenario para hablar y arengar al público. El único que la pasó mal allí arriba fue Sebastián Pareja.
Están terminados. Lilia Lemoine, Martín Menem y Sebastián Pareja son profundamente odiados por el pueblo argentino y nadie podrá protegerlos. ¡Celebremos, bailemos y cantemos! pic.twitter.com/dAZX9BhdzQ
El armador de la provincia de Buenos Aires, de raíces kirchnerista, se ha convertido en un miembro resistido por las Fuerzas del Cieloy esto quedó bastante claro cuando la polémica Lilia Lemoine, una de las conductoras del show, lo presentó ante el público. El diputado bonaerense, con micrófono en mano, arrancó con energía su arenga, pidiendo al público que cante por Milei, quien estaba por subirse, pero la multitud le devolvió silencio.
En los videos viralizados por los propios militantes, primero hubo un vacío notorio para el dirigente y después un grupo empezó a insultarlo: “Pareja, compadre, la concha de tu madre”.
https://twitter.com/i/status/2016371921378505043
Muchos sostienen que el dirigente peronista es necesario para el armado bonaerense, algo que sostiene, entre otros, Karina Milei, y otros que entienden que es perjudicial para el partido. Esto no es ajeno al presidente y por eso los organizadores buscaron que sea Pareja quien presente en el escenario al mandatario, para mostrarlos juntos y evitar que haya insultos o silbidos.
La estrategia no funcionó y hubo militantes que aprovecharon para insultarlo.
al hijo de mil puta de sebastian Pareja no lo queremos en buenos aires pic.twitter.com/pbraij9hnN
Antes de esto, Milei había estado en el teatro Roxy-Radio City en de Mar del Plata, visitando a su ex novia, Fátima Florez. Junto a ella, se subió al escenario y cantó “El Rock del Gato” de Los Ratones Paranóicos para la alegría de sus militantes. Esta vez no hubo beso con su ex, pero sí un baile sensual.
La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años (Milei pretendía que llegue a los 13) obtuvo media sanción en Diputados. La extensa sesión culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, la reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada por el Senado el 26 de febrero buscando convertirse en ley.
Según un relevamiento de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría (81,4%) correspondió a delitos contra la propiedad, le siguieron delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%).
Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos.
– Informe estadístico del primer semestre de 2025 de Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En las gradas también hubo presencia de familiares de víctimas, que siguieron la sesión desde el recinto y reclamaron que el Congreso avance con una respuesta penal ante crímenes cometidos por menores de edad.
El debate devino en las más variadas y polarizadas opiniones, tanto en las redes como en el propio recinto. La izquierda y el kirchnerismo fueron los principales detractores de la medida. El apoyo vino del oficialismo, el PRO, la UCR Provincias Unidas y bloques provinciales.
Para Cristian Ritondo el debate fue necesario. La política, dijo, se está “postergando desde hace décadas. La ley que tiene cerca de 50 años, para un país que ya no existe, para un delito que ya no existe, para una violencia desbordada”.
“El falso garantismo le regaló a estos chicos delincuentes un certificado de impunidad”
El presidente del bloque PRO en diputados recordó que, hace dos décadas, Jorge Capitanich ya había impulsado una iniciativa para fijar la imputabilidad en los 14 años y, a modo de ejemplo, señaló que durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense la discusión también estuvo presente: tanto su antecesor, Alejandro Granados, como quien lo sucedió, Sergio Berni, ambos de peronistas, se habían pronunciado en similar sentido.
Advirtió que la reforma no se agota en “cambiar el número” (de edad) en el Código Penal. Por sí sola, consideró, la baja de la imputabilidad no alcanza para resolver el problema y planteó que el fenómeno es más amplio, con redes delictivas que reclutan adolescentes porque saben que el Estado les entrega un “certificado de impunidad”. Según describió, esos chicos terminan siendo “carne de cañón”, mientras que el “falso garantismo” bloqueó durante años la posibilidad de discutir y encarar el tema de fondo.
En otro pasaje, recurrió a una ironía para tensar el intercambio. Citó la frase de Juan Domingo Perón “el trabajo dignifica” y dijo que le resultó impensado escuchar en el recinto razonamientos que, a su entender, terminan relativizando la conducta delictiva, de ahí su remate sobre “un legislador” que “dice que la delincuencia dignifica”.
– Familiares que reclamaban por la baja de la edad de imputabilidad estuvieron en la sesión en Diputados
Planteó que el eje de la discusión tiene que escaparle a los simplismos ya que “la responsabilidad penal sin garantías es arbitraria”, sostuvo, aunque remarcó que el reverso también existe, porque “garantía sin responsabilidad es impunidad”. Desde esa premisa, insistió en que el desafío es abordar el problema de manera integral, con un régimen que contemple la infraestructura, la educación y el contexto familiar y barrial, pero sin eludir el momento en que el Estado debe tomar decisiones “sensatas” y dotarse de herramientas.
Al justificar por qué 14 y no una edad menor, dijo que no se trata de una bandera ideológica sino de “prudente” criterio “científico” y de “realismo institucional”. Señaló que no hay consenso sobre una comprensión criminal plena a los 12 o 13 años y agregó que la capacidad real del Estado también impone límites, porque bajar la edad amplía el universo alcanzado por el sistema penal juvenil y exige dispositivos concretos, desde lugares adecuados hasta docentes, psicólogos, jueces y fiscales capacitados. En ese marco, advirtió que hablar de “14, 16, 13 o 12 años no es como subir y bajar la temperatura de un aire acondicionado”, porque supone decidir si el Estado puede intervenir de forma efectiva para recuperar a un chico y reinsertarlo.
Sobre el cierre, sostuvo que la reforma es una herramienta “más que necesaria” tanto para combatir el delito como para “recuperar a los chicos”, y retomó una definición de enfoque al afirmar que “se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda” a la víctima. Además, homenajeó a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022 de madrugada tras ser atacado a puñaladas por dos mayores acompañados de dos menores de 13 y 14 años mientras esperaba un transporte con amigos, y le dedicó un mensaje directo al asegurar que “hoy estamos cumpliendo con él”.
Radio y Televisión Argentina (RTA) terminó de pagar a fines del año pasado una indemnización de $ 78 millones al periodista Pedro Brieger, tras un acuerdo extrajudicial vinculado a su reclamo por despido. Brieger se consideró despedido de los programas en los que participó durante poco más de 10 años en la TV Pública y Radio Nacional, hasta abril de 2016, y desde entonces inició un proceso judicial que llegó a la Corte Suprema, donde permaneció más de dos años sin resolución.
Según fuentes judiciales, el entendimiento se alcanzó cuando la causa se encontraba en condiciones de resolverse en la Corte, luego de que RTA apeló una sentencia que consideró “exorbitante y desproporcionada”. En 2023, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó pagarle a Brieger $223,84 millones, una cifra que RTA cuestionó por el modo de cálculo de los intereses.
En primera instancia, el juez Alberto Miguel González fijó una condena de $5.873.521, más los intereses correspondientes al período transcurrido entre abril de 2016 y el cobro del fallo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo modificó la tasa de interés y dispuso que se aplicara el “Acta CNAT 2764”, que hasta fines de agosto de 2023 arrojó una tasa del 3.711%, lo que elevó el monto a $223,84 millones.
RTA apeló ante la máxima instancia judicial. La apoderada de la empresa estatal, Silvia Touceda, sostuvo que la aplicación de esos intereses “tendría como resultado la cifra exorbitante y desproporcionada de $223.844.085”. En su planteo, afirmó que, con otros criterios, la suma habría sido menor: indicó que, si se aplicaba la tasa activa efectiva anual vencida del Banco Nación, los intereses alcanzaban el 416% y la indemnización quedaba en $30.333.792, mientras que, con una tasa de interés simple del 268%, correspondía $21.626.307.
Fuentes judiciales explicaron que “el Acta 2764 de cálculo de intereses es muy gravosa para las empleadoras, ya que capitaliza anualmente los mismos. Esa decisión, implica multiplicar exponencialmente el monto de la misma”. Al momento de firmarse el acuerdo extrajudicial, el recurso presentado ante la Corte todavía no se resolvió.
En paralelo, la asociación Periodistas Argentinas se presentó ante la Justicia, en julio del año pasado, para pedir una medida cautelar que permitiera embargar la indemnización por despido que Brieger iba a recibir de la TV Pública, que estimaron en $335 millones, y así garantizar la “reparación efectiva” de las mujeres que denunciaron acoso y agresión sexual. La solicitud se hizo en nombre de 19 mujeres que, según ese colectivo, “han sido víctimas de acoso y agresión sexual en contexto laboral y académico” por parte del periodista, a lo largo de 30 años.
Pese a ese reclamo, RTA decidió cerrar el acuerdo extrajudicial y pagarle $ 78 millones en tres cuotas, con la última en diciembre de 2025. Tras conocerse el pago, Periodistas Argentinas aseguró: “TV Pública logra acuerdo extrajudicial con Pedro Brieger y paga $78 millones de indemnización por despido. Así Brieger eludió la cautelar presentada por Periodistas Argentinas para la reparación efectiva de 19 víctimas de acoso sexual”.
Las denuncias públicas contra Brieger se conocieron en medio del trámite judicial por su indemnización. Fuentes judiciales señalaron que cuando RTA apeló en 2023 todavía no se conocían los casos de acoso sexual. En ese contexto, una discusión pública entre la periodista Cecilia Guardati y Roberto Navarro (dueño de El Destape) incluyó la frase: “El problema es que Pedro Brieger es un acosador sexual”. Ese señalamiento dio origen a una investigación que derivó en la difusión de los primeros casos y en la respuesta del periodista.
En 2024, la investigación del periodista Alejandro Alfie, de Clarín, difundió testimonios de conductoras y productoras que relataron situaciones abusivas. Periodistas Argentinas denunció judicial y públicamente los acosos y presentó en el Congreso un informe de 19 víctimas, entre las que mencionó a una vecina del barrio de Belgrano, dos alumnas de TEA, una estudiante de la Universidad de La Plata, una ex alumna, dos periodistas de la TV Pública, una egresada del doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, una agente de prensa de una asociación civil, una estudiante de Ciencias Políticas, dos reporteras, una ayudante de cátedra y una columnista radial.
En ese marco, Guardati describió uno de los primeros casos difundidos: “Conocí a Brieger en 2008 en una cobertura de un viaje presidencial de Cristina Kirchner al norte de África. Yo era corresponsal de la agencia Télam y él trabajaba en la TV Pública. Por una cuestión laboral me pide que le lleve algo a su habitación y cuando llego, tenía la puerta entreabierta y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, mientras se masturbaba”.
Brieger grabó el 12 de julio de 2024 un video para “pedir perdón” e intentar exculparse. En ese mensaje, afirmó: “Lo que describen existió”, pero “hoy soy otra persona”. Diez días después de la presentación de 19 casos, y tras un pedido de disculpas formulado por la asociación, Brieger publicó un video con disculpas formales y dio crédito a los testimonios, en un cambio de posición respecto de lo que sostuvo el 12 de marzo de ese mismo año, cuando negó los hechos y amenazó con denunciar a un cronista, al diario y a las fuentes.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.
Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.
El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.
Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente:“Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.
El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.
El senador K Jorge Capitanich se encuentra en el centro de una nueva polémica por nepotismo tras revelarse que su hija, María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria en el Senado.
Según el portal Border Periodismo, la joven fue designada con la categoría A-1, la más alta del escalafón. Desde el entorno del legislador defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una “persona de confianza del senador”.
La filtración de los datos de Recursos Humanos de la Cámara Alta reavivó los cuestionamientos sobre la trayectoria del exgobernador de Chaco, marcada por denuncias de irregularidades administrativas. Críticos de diversos espacios señalan una práctica frecuente de “designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines”.
Además, Capitanich fue acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, como en el caso de la inscripción de su madre como residente provincial para evitar costos médicos.
El marco de sospechas se intensificó tras su paso por el Ejecutivo chaqueño, cuando la actual administración denunció que recursos destinados a sectores vulnerables terminaron “en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines”, mencionando el caso del matrimonio Sena.
Por su parte, el legislador siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares. En diversas oportunidades, Capitanich argumentó que estas acusaciones se trataban de “campañas negativas” impulsadas por sus adversarios políticos con el objetivo de desgastar su imagen pública, especialmente durante periodos electorales.
Emilia Orozco, senadora de La Libertad Avanza, quiso argumentar en contra de que los trabajadores puedan elegir dónde cobrar, y luego de una fallida excusa territorial, fue humillada por la diputada del Pro, Florencia De Sensi. La Senadora salteña terminó balbuceando ante el panel de TN.
El referente de derecha estadounidense y dueño de Newsmax desembarcó en Argentina y protagonizó una recepción realizada por el embajador Peter Lamelas. El encuentro reunió a algunos referentes de la batalla cultural regional junto a la cúpula del poder económico y diplomático, marcando un fuerte contraste con la interna que sacude a la derecha local.
Con 149 votos afirmativos y 100 negativos, Diputados dio media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil y el texto llegará al Senado el 26 de febrero. En su discurso, Ritondo sostuvo que la discusión debe ir más allá de “cambiar el número” y advirtió que “garantía sin responsabilidad es impunidad”.
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
