El comunicador K Ezequiel Guazzora fue agredido por manifestantes y la policía de la Ciudad tuvo que intervenir
Luego del pedido del fiscal Luciani, varios séquitos de CFK se presentaron en las afueras de su casa en Recoleta, entre ellos Guazzora, quien tuvo que se retirado por las fuerzas policiales para evitar incidentes.
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El operador kirchnerista, Ezequiel Guazzora, quien se ampara bajo el disfraz de “periodista”, se presentó en la manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner para demostrar su apoyo a la vicepresidente. Al llegar fue insultado y repudiado por la gente, lo cual causó que la policía de la ciudad fuese a resguardarlo para evitar agresiones de mayor gravedad.
La misma policía no tardó en llegar al lugar de los hechos para intentar evitar los enfrentamientos entre los manifestantes que se encuentran a favor y en contra del pedido de prisión para Cristina Fernándezde Kirchner. Finalmente, Ezequiel Guazzora se mofó de lo ocurrido en redes y, al igual que Brancatelli y otros tantos fieles militantes llamó a apoyar en las calles a “La Jefa”: “Corrieron los caceloros y van a seguir corriendo. Esto ya comenzó, no lo para nadie. Todos estamos con Ella”, concluyó el comunicador popular.
CORRIERON LOS CACEROLOS, Y VAN A SEGUIR CORRIENDO, ESTO YA COMENZÓ, NO LO PARA NADIE!Se creyeron que las calles eran suyas. No tienen idea de lo que es el peronismo cuando tocan a nuestros líderes. Hoy una gigante pequeña demostración. Sigan tirando de la cuerda.#TodosConElla
La actual vicepresidente tampoco perdió tiempo y manifestó a través de sus redes sociales su descontento con la situación que se vive fuera de su casa y apuntó contra los políticos opositores, entre ellos el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Lo único que le faltaba a Horacio Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay (esquina donde reside la vicepresidente) como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, lanzó la expresidente en una clara expresión de molestia frente a los vecinos que fueron a celebrar el pedido del fiscal.
Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas
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Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, arrastra un tendal judicial tras su caída en el Yategate y la posterior aparición de fajos de dólares en el vestidor de su casa de San Vicente, hechos que lo mantienen imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Por su parte, Juan Nápoli es el presidente del Banco de Valores, ex candidato a senador de La Libertad Avanza y un hombre de extrema cercanía con Javier Milei. La entidad financiera de Nápoli se encuentra bajo la lupa de la jueza federal María Servini por sospechas de haber sido el canal principal parael lavado de activos y maniobras con el dólar bluede la financiera Sur Finanzas, ligada directamente al entorno de Insaurralde y a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Los lazos económicos entre la cúpula oficialista y los operadores kirchneristas exponen un entramado de negocios cruzados de larga data. El propio Javier Milei arrastra un antecedente comercial directo en este ecosistema, habiendo sido contratado en el pasado para hacer la publicidad de CoinX World, una firma cripto cuyo dueño era socio de los mismos financistas que hoy manejan la red de lavado vinculada a Insaurralde. Esta red de vínculos previos y favores económicos cruzados fundamenta las sospechas sobre la connivencia entre el dinero negro de la política tradicional y la nueva elite financiera del mileísmo.
Juan Nápoli junto a Javier Milei en una charla.
El video de la impunidad
Un registro audiovisual filmado a la medianoche del sábado 11 de julio en Puerto Madero expuso la convivencia entre ambos mundos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. En la grabación se observa a Insaurralde relajado, fumando un habano y cantando temas de cancha a escasos centímetros de Juan Nápoli, quien comparte la celebración entre copas de alcohol.
El dato que oscurece la escena es que, como se adelantaba, la Justicia federal ya allanó el banco de Nápoli en una causa por lavado directamente vinculada al entorno del exintendente, un entramado que se profundizará más adelante.
Martín Insaurralde fumando un habano y festejando junto a Juan Nápoli.
Tras la difusión, la respuesta de Nápoli consistió en un descargo cínico donde exigió el derecho a la intimidad, asegurando ante la prensa que no tiene nada que ocultar. La defensa del banquero se centró en sugerir que esto no tendría que haberse sabido, instalando la lógica de que el problema radica simplemente en haber sido grabado.
Esta postura choca de frente con el archivo de sus propios aliados: fue el exjefe de gabinete de Nación, Manuel Adorni, quien sentenció en sus redes que los funcionarios públicos no tienen privacidad y que su vida privada es automática y totalmente pública. Alegar un asunto privado resulta un absurdo insostenible cuando el video es la evidencia explícita de un vínculo estrecho de amistad y celebración compartida.
El tuit de Juan Nápoli: “tengo derecho a la intimidad”.
La doble vara de los auto-percibidos libertarios queda expuesta al imaginar cómo reaccionaría el arco oficialista si una figura opositora, como por ejemplo Elisa “Lilita” Carrió, apareciera de fiesta con la corrupción kirchnerista; el ataque mediático habría sido inmediato. El escenario del encuentro fue el departamento deRodrigo Fernández Prieto, un empresario conocido como el Príncipe de Puerto Madero, amigo histórico de Insaurralde y ex pareja de Jésica Cirio.
La “defensa” de Nápoli también la predijo Homero Simpson.
La punta del iceberg
La recurrencia de estos encuentros deja en claro una hipótesis sistémica: las relaciones promiscuas entre los diferentes estratos del poder son constantes y el secreto ciudadano sólo depende de que no haya una cámara encendidaen el momento justo. El entramado político y financiero opera habitualmente en las sombras, blindado por pactos de silencio mutuo que únicamente se resquebrajan cuando un protagonista comete el error de dejarse registrar o cuando las internas sectoriales derivan en traiciones y filtraciones interesadas.
El antecedente histórico y fundacional de esta matriz se remonta al video de Néstor Kirchner frente a una caja fuerte exclamando “cuando veo estas… éxtasis”, seguido de un revelador “no me habrás filmado, ¿no?”. El registro fílmico conecta directamente con la causa Cuadernos, donde diversos testigos detallaron la obsesión física del expresidente por acumular, tocar y oler billetes en efectivo; una patología delictiva que la opinión pública podría haber considerado una exageración si no existiera ese preciso documento audiovisual que lo dejó en evidencia.
Néstor Kirchner grabado por su propio camarógrafo y expuesto en 2013 en Periodismo para Todos.
El paralelismo con los escándalos de la gestión actual es directo. La sociedad civil terminaría de confirmar el retorno del 3% en los contratos de la ANDIS debido a los audios filtrados del desplazado funcionario Diego Spagnuolo, amigo de José Luis Espert y de Javier Milei. De igual manera, las investigaciones judiciales sobre el patrimonio, los fondos y las propiedades de Manuel Adorni se activaron únicamente después de la viralización de los videos que lo mostraban utilizando un jet privado rumbo a Punta del Este y otro vacacionando en el Caribe, forzando la revisión de sus declaraciones juradas.
La impunidad del conurbano replica el mismo patrón. El recordado Yategateen el Mediterráneo y el posterior hallazgo de los fajos de dólares en el vestidor de San Vicente salieron a la luz exclusivamente porque los propios protagonistas cometieron el descuido de registrarlo. Incluso el paradigmático caso de los bolsos de José López en el convento se conoció por el llamado fortuito de un vecino al 911 que permitió capturar al funcionario infraganti y acceder a las cámaras de seguridad, ¿cuántos más bolsos habrán volado durante tantas madrugadas, pero nadie llamó al 911 y no nos enteramos? Incluso nunca nos hubiéramos enterado de que Alberto Fernández violó sus propias restricciones anti-constitucionalessi no fuera por la foto filtrada, en lo que se conoció como el “Olivosgate”.
La conocidísima secuencia capturada en 2016: José López en un convento, de madrugada, con millones de dólares y una carabina sin registrar.
Este esquema de cooperativas subterráneas se remonta al origen mismo del armado político actual. Durante la campaña electoral de 2023, sucesivas filtraciones revelaron queel massismo, a través de Malena Galmarini, le estructuraba las listas de candidatos a La Libertad Avanza en Tigre, sumado a la militancia compartida y el cuidado mutuo de boletas en los cuartos oscuros.
Todo esto demuestra que la filtración es la excepción y la complicidad la regla.El video de Puerto Madero es la confirmación de que, detrás del escenario de confrontación mediática, los hilos del poder real se siguen tejiendo entre los mismos actores de siempre.
La famosa foto del “Olivosgate”, que habría sucedido aunque no nos hubiéramos enterado.
La ruta del rulo financiero
El escenario del encuentro fue el departamento de Puerto Madero de Rodrigo Fernández Prieto, ex de Jésica Cirio y amigo histórico de Insaurralde(claro: también ex de Cirio). El dato no es menor si se sigue la ruta de vínculos: el otro gran protagonista del entramado es Elías David Piccirillo, también exesposo de Cirio y dueño de Sur Finanzas. En este círculo cerrado, donde los actores comparten hasta las relaciones personales, se tejen los verdaderos negocios ocultos.
Cuando ocurrió el “Yategate”, ni Insaurralde invocó el “derecho a la intimidad”.
Sur Finanzas es, precisamente, la cueva investigada por la Justicia federal por lavar la plata negra de la política de Lomas de Zamora, municipio donde Insaurralde fue intendente durante varias gestiones. La hipótesis de la jueza María Servini es que el Banco de Valores, presidido por Juan Nápoli, era la estructura formal que usaba Piccirillo para blanquear esas operaciones ilegales. Por este motivo, la Justicia ya allanó el banco del financista mileísta. Resumiendo: la hipótesis judicial es que Insaurralde lavaba dinero mediante una financiera que usaba la estructura cedida por Juan Nápoli.
En los pasillos de tribunales se sospecha que la filtración de este nuevo video es un vuelto mafioso del propio entorno de Piccirillo por el control del negocio cambiario. El festejo de copas y habanos confirma que el banquero de Milei y el exintendente procesado no eran desconocidos: operaban bajo el mismo techo económico y social.Ah
Elías Piccirillo y Jésica Cirio en su casamiento.
El silencio de las redes aliadas
La filtración provocó un apagón informativo inmediato en las terminales de comunicación de la militancia oficialista.Inicialmente el ecosistema mileísta difundió el video criticando a Insaurralde por aparecer de fiesta, sin notar que el de al lado era Nápoli. Acostumbrados a viralizar en red cualquier desliz opositor, los creadores de contenido de La Libertad Avanza y las cuentas que responden a la Jefatura de Gabinete optaron por un mutismo absoluto tras notar a Nápoli en la fiesta.
Este bloqueo coordinado desnuda el funcionamiento de las granjas de trollsque operan bajo el amparo de la estructura estatal. El silencio selectivo demuestra que las campañas de indignación moral no buscan transparencia, sino la demolición de opositores y el blindaje de propios. La orden implícita de no replicar al banquero mileísta evidencia el temor a que la sociedad asimile la existencia de una cooperativa transversal, donde el discurso contra la casta se disuelve en las noches de Puerto Madero.
Esta conducta contrasta con la ferocidad con la que exponen los gastos y reuniones de cualquier dirigente opositor. La doble vara comunicacional deja al descubierto que, al igual que en las gestiones anteriores, el acceso a los despachos del poder actual incluye un pacto implícito de protección mediática para los financistas del modelo.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cruzó al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por la demora en definir quiénes accederán a las viviendas que el gobierno provincial construye para las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, ocurrido en enero pasado. “Deje de jugar con la angustia de las familias y defina la lista de beneficiarios”, instó el mandatario al jefe comunal, a quien además acusó de encabezar una estafa contra los damnificados.
El planteo llegó a través de un mensaje que Torres difundió en sus redes sociales este sábado. Allí aclaró que ya le había transmitido personalmente el reclamo a Macharashvili, pero que decidió hacerlo público para insistir con un pedido de reunión. “Quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermite, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, expresó el gobernador.
El eje del reclamo apunta a un cuello de botella administrativo. La provincia se hizo cargo de la construcción y del financiamiento de las casas, pero la nómina de personas beneficiarias depende del municipio. Y esa lista todavía no está. “En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando”, manifestó Torres.
Fuentes del gobierno provincial ratificaron ese plazo y remarcaron que, una vez concluidas las obras, la entrega quedará supeditada a que Comodoro Rivadavia complete el relevamiento definitivo. En la misma línea, subrayaron que los damnificados atraviesan una situación crítica y no pueden quedar a la espera de una definición que no llega.
La acusación más fuerte del gobernador remite al origen mismo de la tragedia. Torres sostuvo que las familias “además fueron estafadas por el municipio”, en referencia a las autorizaciones que las gestiones comunales otorgaron años atrás para construir en un sector que después fue catalogado como de riesgo geológico. En un encuentro previo con los vecinos, el mandatario había sido todavía más categórico: “Lo que ocurrió con el cerro Hermitte fue, literalmente, una estafa”, afirmó, al recordar que existían informes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno. “A las familias les dijeron que podían construir y vivir en un lugar que no era apto. Eso no puede ni va a volver a ocurrir”, agregó.
El plan habitacional provincial contempla 52 viviendas destinadas a los damnificados, con las primeras unidades previstas para este mes, y una segunda etapa anunciada de otras 50 casas. Torres presentó esos números durante una reunión con las familias, acompañado por el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón, y otras autoridades del Gabinete provincial. En esa oportunidad, el gobernador aseguró que las situaciones de mayor urgencia tendrán prioridad en las adjudicaciones y fijó una advertencia sobre el modo de encarar la respuesta: “Bajo ningún punto de vista vamos a hacer lo que durante muchos años ocurrió en Chubut, que fue entregar lotes sin servicios a los vecinos, porque eso es entregarles un problema y no una solución”, afirmó. También se comprometió a sostener un diálogo permanente con los afectados hasta que todos cuenten con una solución definitiva.
El derrumbe que originó todo se produjo a principios de enero, cuando un fuerte movimiento de suelo desplazó parte del cerro Hermitte y colapsó viviendas en la zona. El episodio obligó a la evacuación de urgencia de 90 familias —unas 300 personas— que debieron abandonar sus hogares de manera inmediata. Las fracturas estructurales no solo derrumbaron paredes: rompieron cañerías y provocaron fugas masivas de gas, dejaron a la zona sin servicios y volvieron intransitables las calles. Los barrios Sismográfica y Marquesado fueron los más golpeados. Estudios geológicos posteriores determinaron que el sector presentaba un alto riesgo para la permanencia de las familias, que debieron dejar sus casas de forma definitiva.
El cruce se inscribe en una etapa de fuerte tensión política entre la Provincia y el Municipio de Comodoro Rivadavia. En los últimos días, ambas administraciones protagonizaron un enfrentamiento por el acuerdo firmado entre Chubut e YPF para el traspaso de bienes y activos vinculados a la salida de la petrolera de las áreas maduras de la provincia. Mientras el Ejecutivo provincial defiende el convenio y sostiene que permitirá recuperar activos estratégicos, desde el Municipio y sectores de la oposición cuestionan el tratamiento del pasivo ambiental y afirman que el acuerdo libera a YPF de responsabilidades futuras.
En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.
El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.
Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.
En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.
La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.
— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log
Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.
En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.
La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.
*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)
El embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, confirmó públicamente que Israel inició las gestiones formales para instalar un consulado honorario en Ushuaia, cuya jurisdicción abarcaría la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La elección de esa demarcación geográfica —que incluye nominalmente las Malvinas— no es inocente. Al reconocer esa jurisdicción, Israel está avalando implícitamente que esas islas pertenecen a la esfera soberana argentina.
El mismo embajador Sela recordó que esta apertura se enmarca en una postura ya expresada por el canciller israelí Gideon Sa’ar, quien durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2026 dijo que“Israel está a favor de una negociación entre Argentina y Reino Unido sobre el futuro de las islas”.
— Embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela
Un consulado honorario es una forma de representación diplomática más liviana que un consulado de carrera. Sus funciones son limitadas, pero cumplen un papel clave en la asistencia a ciudadanos del país que representa en el exterior, la promoción comercial, económica, cultural y turística, y la gestión de trámites consulares básicos. Además, contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y permite ampliar la presencia de la embajada en zonas alejadas o de difícil cobertura.
“En el sillón de Rivadavia gestiona el Departamento de Estados Unidos, y en el Ministerio de Seguridad está el Mossad. Estamos viviendo una intervención similar a la dictadura militar”, afirmó el excombatiente de Malvinas y socio fundador del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), Ernesto Alonso.
A diferencia de un cónsul de carrera —funcionario de Estado con rango diplomático pleno—, el cónsul honorario suele ser un ciudadano del país receptor (en este caso, un argentino de confianza) que actúa de manera honorífica, sin sueldo estatal ni inmunidad diplomática de plena jerarquía. Lo que importa no es la robustez institucional de la sede, sino el mensaje político que envía al mundo al crearse bajo esa jurisdicción.
— El canciller israelí Gideon Sa’ar
El pasado 18 de febrero de 2026, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU presidida por el Reino Unido, Gideon Sa’ar respondió a las críticas británicas sobre la política israelí en Cisjordania con un golpe retórico que sorprendió a todos. En lugar de una respuesta técnica, Sa’ar comparó la situación de Israel en sus territorios históricos con el reclamo británico sobre las Malvinas.
“Es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta el día de hoy”, afirmó Sa’ar.
— Reunión bilateral celebrada en el Palacio San Martín, durante la visita oficial del entonces Canciller de Israel a Argentina en noviembre de 2025
La frase fue calculada, ya que en el foro más importante del mundo, con el representante británico presidiendo la sesión, Israel le recordó a Londres que tiene sus propios problemas irresueltos de soberanía a miles de kilómetros de distancia. El argumento central era que quien mantiene disputas territoriales a 13.000 km de su hogar no tiene autoridad moral para dar lecciones sobre territorios propios a otros. La mención fue viral y el presidente Javier Milei agradeció personalmente a Sa’ar por ello, en una reunión bilateral en Washington.
La elección de Ushuaia tampoco es un punto de vista llamativamente estratégico. Ushuaia se presenta como una ciudad con rasgos geográficos y geopolíticos singulares. Es uno de los principales puntos logísticos de acceso a la Antártida, a poco más de 1.000 kilómetros del continente blanco, y cumple además un rol central como plataforma turística y científica hacia esa región.
La elección del presidente Javier Milei fue un doble milagro: para Argentina y para el pueblo judío.Su victoria en las elecciones parlamentarias del mes pasado fue un paso importante para consolidar su gobierno y encaminar a Argentina por la senda correcta.Su amor por el… pic.twitter.com/CumKBK5Koq
Su ubicación estratégica también la vincula con el área de influencia del Estrecho de Magallanes y del Canal de Beagle, dos pasos naturales bioceánicos que funcionan como alternativas al Canal de Panamá y que tienen relevancia para el comercio marítimo internacional. En ese mismo tablero, la Antártida cobra peso por sus recursos potenciales, entre ellos agua dulce, hidrocarburos y minerales estratégicos, en un escenario marcado por las restricciones del Tratado Antártico y por la discusión que se abriría hacia 2041, cuando comience a definirse parte de su futuro.
En ese escenario, el interés de Estados Unidos por una eventual base naval en Ushuaia, impulsado en 2025, se inscribe en una lógica más amplia de alineamiento de la Argentina con Washington.
Israel habla de soberanía… y también perfora
Mientras el gobierno israelí apoya diplomáticamente la posición argentina, la empresa israelí Navitas Petroleum avanza activamente en la extracción de petróleo en las aguas de Malvinas bajo licencias otorgadas por la administración británica de las islas.
Navitas Petroleum, compañía que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y cuenta con financiamiento parcial de fondos de pensión israelíes, firmó un memorando de entendimiento para adquirir el 65% de la licencia PL001, en la Cuenca Norte de Malvinas, un área con un potencial estimado de 3.100 millones de barriles. La firma también controla el 65% del proyecto Sea Lion, considerado el mayor desarrollo petrolero del Atlántico Sur fuera de Brasil, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares y una producción prevista para 2028. En ese emprendimiento, Navitas tiene como socia a Rockhopper Exploration, una empresa británica sancionada por Argentina desde 2013.A su vez, el Estado argentino sancionó a Navitas en 2022, al declararla “clandestina” e inhabilitarla para operar durante 20 años.
Ante la protesta argentina, el canciller Sa’ar salió a decir que Navitas “es una empresa privada y no una compañía estatal” y que el Estado israelí no tiene vinculación con sus operaciones. Sin embargo, como señala el Observatorio Malvinas, la empresa cotiza bajo la regulación de la Autoridad de Valores de Israel —un organismo estatal— y sus principales inversores son fondos institucionales israelíes, incluyendo fondos previsionales del Estado.
El escándalo fue tan grande que, en diciembre de 2025, el gobierno argentino puso “en pausa” el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén —una de las promesas más simbólicas de Milei— como señal de disgusto. La situación quedó reencauzada meses después, cuando Milei viajó a Israel en abril de 2026 y firmó los Acuerdos de Isaac con su homólogo Benjamín Netanyahu.
Todo lo anterior ocurre dentro de una alianza bilateral sin precedentes históricos. Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en brindar un apoyo activo total a Israel durante la guerra en Gaza. En ese marco, Milei realizó tres visitas a ese país en menos de tres años y fue distinguido en abril de 2026 con la medalla presidencial del honor israelí.
A su vez, ambos Estados avanzaron en la firma de los Acuerdos de Isaac, un esquema de cooperación estratégica en materia de defensa, democracia y lucha contra el terrorismo. A ello se sumó el anuncio de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv operada por El Al a partir de noviembre de 2026, junto con la apertura de una agregaduría económica israelí en Buenos Aires para promover inversiones en sectores como energía, salud digital y ciberseguridad. En ese contexto, el canciller Sa’ar sostuvo que 2025 había sido “el mejor año” en la relación bilateral entre Israel y Argentina y anticipó que 2026 podría superarlo.
En este marco, el respaldo a Malvinas y el consulado en Ushuaia se inscriben en una lógica de reciprocidad diplomática. Argentina apoya a Israel en los foros internacionales donde está aislado (por Gaza), e Israel apoya a Argentina en la causa Malvinas donde está aislada (por la negativa británica a negociar).
Israel no respaldaría a Argentina por convicción sobre el derecho argentino a las Malvinas —de hecho, su empresa privada más relevante en la región está extrayendo recursos bajo licencia británica—, sino porque ese respaldo le sirve como palanca de presión simbólica contra el Reino Unido en el contexto de la ruptura por el reconocimiento de Palestina. Al mismo tiempo, le permite profundizar su relación estratégica con el gobierno de Milei, que es uno de los poquísimos aliados que Israel tiene en América Latina y en los foros multilaterales.
La fractura Israel-Reino Unido por Palestina
Para entender por qué Israel usó Malvinas como munición diplomática, hay que retroceder a septiembre de 2025, cuando el Reino Unido —junto a Canadá, Australia y Portugal— reconoció formalmente al Estado de Palestina. Israel reaccionó con dureza, y su cancillería calificó la decisión como “una recompensa para Hamás” y la describió como “el fruto de la masacre del 7 de octubre”.
Históricamente, el Reino Unido fue uno de los aliados más confiables de Israel en foros multilaterales. El reconocimiento palestino rompió esa relación y dejó a Israel buscando nuevas cartas en el tablero diplomático. La hipótesis que señala el Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de Río Negro es que Israel estaría utilizando su respaldo a la postura argentina como señal de represalia simbólica hacia Londres.
No se trata de un reconocimiento formal de soberanía argentina —que tendría consecuencias diplomáticas muy costosas con Londres y Washington—, sino de una presión táctica que “juega a la incomodidad” de Gran Bretaña sin cruzar líneas rojas.
José Néstor Prado, exinspector de nivel secundario con jurisdicción en Ramallo, Provincia de Buenos Aires, continúa figurando como personal activo en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense pese tener una pena firme por abuso sexual agravado desde 2019.
Prado estuvo cumpliendo su condena en prisión, junto a la docente implicada Mariela Alejandra Elisa Gálvez, hasta que él recuperó la libertad en octubre de 2025, posiblemente por haber cumplido los dos tercios de la pena, que es el requisito habitual para acceder a la libertad condicional en Argentina. Desde ese momento, comenzó a reaparecer como personal activo en el sistema informático de la DGCyE.
– José Prado y María Gálvez
Prado se desempeñaba en su labor de inspector de educación secundaria en el norte bonaerense. Fue detenido e imputado por abuso sexual y, tras el proceso judicial, recibió una condena a diez años de prisión por abuso sexual agravado. La sentencia quedó firme en 2019, lo que significa que agotó todas las instancias de apelación posibles y adquirió carácter definitivo e inapelable. Ese fundamento de “firme” es crucial, porque implica que no existe ninguna duda jurídica sobre su culpabilidad.
Aquí aparece uno de los elementos más llamativos del caso. El procedimiento para exonerar a un agente público bonaerense requiere que, antes del acto final, intervenga la Asesoría General de Gobierno para emitir un dictamen jurídico. Según el artículo 80 de la Ley 10.430, cuando la falta puede dar lugar a una sanción expulsiva, “deberá darse intervención a la Asesoría General de Gobierno para que, dentro del plazo de diez días, emita dictamen al respecto”.
En el caso Prado, la Asesoría General de Gobierno dictaminó en abril de 2026 que correspondía exonerarlo. El dictamen, que es una opinión jurídica vinculante que le indica a la autoridad competente cuál es la medida que corresponde, fue claro en argumentar que la exoneración debía efectivizarse. Sin embargo, esa exoneración nunca se concretó.
El dictamen de la Asesoría General de Gobierno requiere primero que la autoridad competente (la DGCyE) dicte un acto administrativo formal —una resolución— que haga efectiva la exoneración. Eso implica que alguien en la cadena jerárquica dentro de la DGCyE debía firmar ese acto y no lo hizo, o lo hizo con una demora inexplicable.
Los plazos son reveladores, siendo que la condena quedó firme en 2019, la Asesoría tardó hasta abril de 2026 en dictaminar (casi 7 años después de la condena firme), y aun así, a julio de 2026, la exoneración no se había materializado. Prado recuperó la libertad en octubre de 2025 y desde entonces volvió a aparecer como activo en el sistema, lo que sugiere que nunca fue dado de baja formal.
Con una condena firme desde 2019, la DGCyE estaba obligada a avanzar con el procedimiento administrativo correspondiente. Eso implicaba iniciar o continuar el sumario disciplinario, incluso si todavía no se hubiera puesto en marcha, tomando la sentencia penal como un hecho ya acreditado. También debía disponer la suspensión preventiva del inspector mientras se desarrollaba el proceso, tal como prevé el propio régimen disciplinario. Una vez reunida toda la documentación, el expediente tenía que ser remitido a la Asesoría General de Gobierno para la emisión del dictamen y, luego de esa instancia, dictarse la resolución de exoneración.
Nada de esto ocurrió en tiempo y forma. El retraso abarca las gestiones de al menos dos directores anteriores del DGCyE, pero también —y esto es lo que genera la interpelación actual— la gestión de la propia directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi quien asumió el cargo en diciembre de 2025 luego del acuerdo del Senado bonaerense, y bajo cuya conducción Prado siguió figurando como activo.
La responsabilidad institucional
Flavia Terigi es pedagoga, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, y fue designada directora general de la DGCyE por el gobernador Axel Kicillof mediante el Decreto 2891/2025. Asumió en reemplazo de Alberto Sileoni.
Hasta el momento no brindó ninguna explicación al respecto. La DGCyE deberá dar explicaciones, al menos, por tres demoras clave en el caso Prado. La primera es por qué tardó años, desde la condena firme de 2019, en remitir el expediente a la Asesoría General de Gobierno. La segunda, por qué después del dictamen emitido en abril de 2026 la exoneración todavía no se concretó en los meses posteriores. Y la tercera, por qué el sistema informático sigue registrándolo.
El hecho no es excepcional en su mecánica, aunque sí en su gravedad. El sistema disciplinario docente bonaerense es históricamente lento y burocrático. Los sumarios pueden tardar hasta décadas en resolverse, los expedientes quedan estancados en distintos escritorios, y las autoridades jerárquicas muchas veces no impulsan de oficio los procedimientos cuando deberían hacerlo.
A diferencia de otras provincias, como Mendoza (que sancionó en 2025 una ley de “ficha limpia docente” con exoneración e inhabilitación permanente para condenados por delitos sexuales, y creó un registro único de sanciones), la provincia de Buenos Aires no tiene un sistema automático o expedito que vincule una condena penal firme con la baja inmediata del sistema. Todo depende de que los distintos actores de la cadena administrativa cumplan con sus pasos en tiempo y forma.
La DGCyE debe de ejecutar de inmediato el acto administrativo de exoneración, explicar la cadena de responsabilidades que llevó a esta situación y revisar cuántas situaciones similares pueden estar ocurriendo en el vasto sistema educativo bonaerense, que cuenta con más de 300.000 docentes y personal a cargo.
¿Cómo puede un condenado seguir en el sistema?
Para entender primero hay que conocer cómo funciona el sistema disciplinario docente y su lentitud. En Argentina, la responsabilidad penal (ser condenado por un delito) y la responsabilidad administrativa (ser sancionado laboralmente por el Estado empleador) son dos procesos independientes que se tramitan en paralelo. El Código Penal castiga al ciudadano, mientras que el régimen disciplinario del Estado sanciona al empleado público como tal.
Esto significa que una condena penal no produce automáticamente la baja laboral del agente. Para echar a un docente del sistema educativo bonaerense de manera definitiva, la administración debe llevar adelante un sumario administrativo propio con sus propias garantías procesales, y luego dictar un acto administrativo de exoneración firmado por la autoridad competente.
El personal docente bonaerense se rige por la Ley 10.579 (Estatuto del Docente). Este estatuto establece distintas sanciones disciplinarias, siendo la más grave la exoneración, que implica la separación definitiva del servicio y la inhabilitación para ingresar nuevamente al sistema educativo.
El artículo 140 del Estatuto del Docente establece que el sumario administrativo puede correr en paralelo con la causa penal, pero que la resolución final administrativa debe adecuarse a lo que se tenga por probado en la causa penal. Es decir que, si hay condena penal firme, la administración debe tener eso como un hecho probado y actuar en consecuencia.
Para el personal no docente, la Ley 10.430 (Estatuto del Empleado Público bonaerense) es aún más explícita. El artículo 73 establece taxativamente que es causal de exoneración “la sentencia condenatoria dictada en perjuicio del agente como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso”. Un abuso sexual es, sin lugar a duda, un delito doloso. Bajo ese marco, la exoneración no es discrecional.
Marcela López no llegó al Concejo Deliberante de La Quiaca por peso propio ni por una vocación de defensa del suelo argentino. Su banca es el resultado directo de una estructura subordinada a la figura de Gustavo “Chavito” Farfándentro del armado provincial de Cambia Jujuy, la maquinaria electoral que lideró Gerardo Morales. Lejos de representar una renovación con valores firmes, López opera como un engranaje menor de un diseño político transversal que utiliza sellos vecinales para acaparar cargos en el norte de nuestra frontera, sin un compromiso real con la soberanía cultural del país.
– Marcela Silvana López junto a Gustavo “Chavito” Farfán en un evento convocado por ambos.
La verdadera terminal política de esta dupla es Carlos Haquim, un dirigente de frondoso prontuario en el arte de la supervivencia y el camaleonismo estatal. Antes de reciclarse y mantenerse durante ocho años como vicegobernador de Morales en Jujuy, Haquim fue funcionario durante la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Su permanencia en las filas del esquema nacional kirchnerista se estiró sin culpa hasta el 10 de diciembre de 2015, sosteniendo el modelo K antes de saltar de bando para transformarse en el actual armador de la pata peronista disidente del radicalismo jujeño, demostrando una total falta de arraigo a banderas ideológicas o nacionales claras.
– Carlos Haquim hablando en el evento convocado por Farfán y López.
Retomando con la edil, el desembarco definitivo de López en el Concejo Deliberante de La Quiacase produjo a comienzos de junio de 2026, tras meses de una parálisis institucional cruzada por disputas feroces en torno a las cajas municipales y la falta de rendición de balances. Sin embargo, en lugar de honrar la representación del pueblo argentino y priorizar las urgencias que reclamaban los vecinos en las calles, la llegada de la edil a la banca marcó el inicio de una agenda legislativa con prioridades completamente distorsionadas, más ocupada en complacer agendas difusas que en defender la identidad y la realidad de la frontera.
“Chavito” Farfán entregando sus premios “El Chavito” junto a un Chavo del 8 peronista.
El delirio de la Patria Grande
La Fiesta Nacional de los Estudiantes no es un festejo vecinal ni un evento de fronteras abiertas, es un patrimonio cultural profundamente federal, denominado “Nacional” por una ley del Congreso de la Nación y consolidado como una celebración argentina donde confluyen y compiten delegaciones escolares de múltiples provincias de nuestro país. El arraigo histórico de los carroceros y la autonomía que la juventud argentina tiene en su organización son pilares de una festividad que hace a la identidad de nuestro suelo.
Sin embargo, obviando toda lógica soberana, una de las primeras medidas oficiales de la concejal Marcela López al asumir su banca fue presentar un polémico proyecto con el indiscutible sello tácito de la “Patria Grande”. La iniciativa pretendía incorporar de prepo a delegaciones de estudiantes de una localidad de Bolivia, intentando desdibujar el carácter eminentemente argentino de la fiesta bajo la burda excusa de la cercanía geográfica y la integración regional.
Desfile de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La movida internacionalista no sólo chocó de frente con el patriotismo local, sino también con la verdad. Para intentar justificar el tratamiento del proyecto en el recinto, López mintió descaradamente al asegurar que la iniciativa ya había sido consensuada y contaba con el aval de los organizadores del evento.La respuesta de la Comisión Estudiantil local fue fulminante: salieron a desmentir públicamente a la concejal en la cara, expusieron la falsedad de sus dichos por haber legislado a sus espaldas y le archivaron el proyecto por unanimidad, dándole una lección de civismo a la edil de Cambia Jujuy.
El HTC aplicó un llamado de atención a exautoridades de la compañía tras detectar irregularidades. Los trabajadores apuntaron contra funcionarios de la actual conducción por “repartirse el dinero” de manera discrecional.
El tirón vino por la luz, que aumentó 12,5% en el mes, seguida por el gas y el transporte, en una canasta donde los subsidios estatales cubren casi la mitad de la factura.
El derrumbe del poder de compra de los hogares, el fuerte encarecimiento del corte vacuno frente al resto de los alimentos y una porción cada vez mayor de la producción volcada al exterior dejaron menos carne en la mesa argentina.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
