El comunicador K Ezequiel Guazzora fue agredido por manifestantes y la policía de la Ciudad tuvo que intervenir
Luego del pedido del fiscal Luciani, varios séquitos de CFK se presentaron en las afueras de su casa en Recoleta, entre ellos Guazzora, quien tuvo que se retirado por las fuerzas policiales para evitar incidentes.
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El operador kirchnerista, Ezequiel Guazzora, quien se ampara bajo el disfraz de “periodista”, se presentó en la manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner para demostrar su apoyo a la vicepresidente. Al llegar fue insultado y repudiado por la gente, lo cual causó que la policía de la ciudad fuese a resguardarlo para evitar agresiones de mayor gravedad.
La misma policía no tardó en llegar al lugar de los hechos para intentar evitar los enfrentamientos entre los manifestantes que se encuentran a favor y en contra del pedido de prisión para Cristina Fernándezde Kirchner. Finalmente, Ezequiel Guazzora se mofó de lo ocurrido en redes y, al igual que Brancatelli y otros tantos fieles militantes llamó a apoyar en las calles a “La Jefa”: “Corrieron los caceloros y van a seguir corriendo. Esto ya comenzó, no lo para nadie. Todos estamos con Ella”, concluyó el comunicador popular.
CORRIERON LOS CACEROLOS, Y VAN A SEGUIR CORRIENDO, ESTO YA COMENZÓ, NO LO PARA NADIE!Se creyeron que las calles eran suyas. No tienen idea de lo que es el peronismo cuando tocan a nuestros líderes. Hoy una gigante pequeña demostración. Sigan tirando de la cuerda.#TodosConElla
La actual vicepresidente tampoco perdió tiempo y manifestó a través de sus redes sociales su descontento con la situación que se vive fuera de su casa y apuntó contra los políticos opositores, entre ellos el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Lo único que le faltaba a Horacio Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay (esquina donde reside la vicepresidente) como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, lanzó la expresidente en una clara expresión de molestia frente a los vecinos que fueron a celebrar el pedido del fiscal.
Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas
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Un grupo de personas fue imputado por la Fiscalía tucumana tras ingresar de forma coordinada a varios predios rurales de Concepción, destruir cañaverales en producción y comenzar a ocupar tierras dividiéndolas en parcelas y levantando casillas precarias. aún después del recrudecimiento de las “tomas ilegales” en la provincia.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, y el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez fue quien formuló los cargos en la audiencia.
Según la hipótesis fiscal, el operativo de ocupación no fue un hecho espontáneo sino una acción organizada con etapas claramente diferenciadas. Primero, entre el 13 y el 17 de julio, un grupo ingresó de manera coordinada a distintos predios ubicados en un amplio sector de Concepción, acompañado por otras personas que la investigación todavía no logró identificar. Luego, ya dentro de las fincas, procedieron a destruir los cañaverales con machetes y palas, causando daños significativos sobre plantaciones de caña de azúcar que se encontraban en plena producción.
El paso siguiente resulta clave para entender la intención detrás del hecho, ya que una vez despejados los sectores, los ocupantes comenzaron a marcar y dividir las parcelas usando palos, estacas, alambres y cintas, y a levantar casillas y construcciones precarias. Para los investigadores, este patrón —despejar, delimitar y construir— no es propio de una ocupación transitoria, sino que evidencia la intención de consolidarse permanentemente en el terreno, un elemento central para la calificación penal del delito de usurpación.
Un dato que la propia Fiscalía destaca es que la escala y altura de las plantaciones de caña jugaron a favor de los ocupantes. La extensión y densidad del cultivo dificultaba el control visual de las fincas por parte de los cuidadores, lo que permitió que el ingreso masivo pasara relativamente inadvertido hasta que el daño ya estaba hecho. Esto es relevante en términos investigativos, porque explica por qué la usurpación pudo avanzar en varias etapas (ingreso, destrucción de cultivo, loteo, construcción) antes de ser detectada y denunciada.
El sector comprometido está delimitado por Vicente López y Planes al este, Campos de las Carreras al oeste, la Acequia Los Méndez al sur y calle Las Palmeras al norte, lo que da una idea de la escala territorial del hecho. No se trata de una sola finca, sino de un sector amplio con varios predios afectados simultáneamente.
Este caso se tramita en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que es una de las dependencias que Tucumán fue reforzando en los últimos años frente al aumento de conflictos por tierras. Vale la pena contextualizar esto, siendo que la provincia también creó, desde la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone, una unidad especial para recuperar tierras fiscales usurpadas, identificando unas 10 zonas críticas (como El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier) y habilitando canales de denuncia confidencial para detectar loteos irregulares. Esto muestra que la usurpación de tierras —tanto privadas como fiscales— es un fenómeno con múltiples focos en la provincia, no un hecho aislado.
“Hemos detectado que el patrimonio provincial, en términos de tierras fiscales, ha sido muy vulnerado. Hace mucho tiempo que el Estado perdió la posesión e incluso, en algunos casos, el título de propiedad de muchas tierras fiscales”, afirmó Pedicone.
Hay antecedentes recientes similares que ilustran el patrón de “loteo irregular” en la provincia que administra el gobernador justicialista Osvaldo Jaldo. En El Cadillal se condenó a un expolicía federal por usurpar un terreno fiscal y ocuparlo entre 2023 y 2025, y existe una causa activa por el llamado “Loteo Gaucho Castro”, donde se investiga a un grupo que habría creado una inmobiliaria para vender tierras fiscales con documentación falsificada. El común denominador en estos casos es la ocupación organizada por varias personas, con intención de fraccionar y “vender” o consolidar posesión sobre tierra que no les pertenece.
El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.
La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.
Las razones corporativas del cierre
Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.
En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.
El espejo nacional
El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.
Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.
Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólaresen concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.
A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
Documentos del Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que la campaña de influencia digital que el consultor político del presidente Donald Trump, Brad Parscaleorganizó para el Estado de Israel el pago de al menos 702.002.50 dólares a firmas vinculadas a su socio comercial en América Latina, el argentino Fernando Cerimedo.
El dinero estaría vinculado dentro de un contrato de 9 millones de dólares canalizado a través de Havas Media Germany, lo que reabre la pregunta de si esa misma infraestructura tecnológica se usó para operaciones de desinformación en campañas políticas argentinas. La información salió a la luz antes de que el gobierno estadounidense borrara del sitio web el contrato original con las cifras.
Para entender el entramado de negocios encubiertos hasta ahora, cabe explicar el rol de sus protagonistas. Cerimedo es un consultor político argentino, dueño de Madero Media Group —holding que incluye el portal de noticias La Derecha Diario— y de la consultora Numen, que se convirtió en la principal estructura de comunicación digital detrás de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Desde entonces expandió su modelo de negocio a Bolivia (campaña de Rodrigo Paz) y Honduras (Nasry Asfura), replicando en cada país el mismo esquema de “batalla cultural” digital que perfeccionó en Argentina.
Lo distintivo de su historial es que él mismo admitió públicamente, en entrevistas de 2022 y 2023, administrar “granjas” de decenas de miles de cuentas creadas artificialmente —unas 50.000 solo para Argentina, según contó a Infobae— y reconoció haber usado mensajes falsos por WhatsApp en la campaña del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil en 2022.
Cerimedo distinguió en su momento entre “campaña negativa” (exponer información real mal vista por un rival) y “campaña sucia” (difundir noticias falsas), y negó haber incurrido en esta última, aunque distintas investigaciones señalaron que La Derecha Diario difundió contenidos falsos durante la campaña de Milei en 2023, incluido un video editado que hacía parecer que el director Juan José Campanella respaldaba a la campaña de Sergio Massa. Además, la Policía Federal de Brasil lo señaló en una investigación sobre redes de desinformación electoral vinculadas al intento de golpe tras las elecciones de 2022.
En agosto de 2026 Cerimedo fue detenido en Bolivia por una tentativa de asesinato contra su expareja Nadia Beller, y en allanamientos vinculados a esa causa se halló una “mini granja de bots”, dinero en efectivo y armas, lo que reactivó el escrutinio sobre sus negocios digitales en toda la región.
Brad Parscale, por otro lado, es exjefe de campaña digital de Donald Trump en 2016 y 2020, es dueño de Clock Tower X LLC y desde enero de 2025 director de estrategia (Chief Strategy Officer) de Salem Media Group, la mayor red de medios conservadores cristianos de Estados Unidos.
Desde hace un par de años, Parscale y Cerimedo serían socios comerciales a través de Numen, la consultora de Buenos Aires. Parscale aportaría la infraestructura tecnológica —las plataformas Campaign Nucleus (gestión de datos de votantes y donantes) y EyesOver (segmentación de audiencias por receptividad al mensaje)— mientras Cerimedo ejecuta la operación en suelo latinoamericano.
En marzo de 2025 Cerimedo anunció formalmente que era el representante exclusivo para América Latina de ambas plataformas, convirtiendo la tecnología de Parscale en un producto que él mismo comercializa en la región. En palabras del propio Cerimedo: “Brad armó toda la infraestructura con la que trabajo”.
El contrato con Israel y los pagos a firmas ligadas a Cerimedo
El 18 de septiembre de 2025, Clock Tower X LLC registró ante el DOJ la ficha FARA número 7649, declarando como principal extranjero al Estado de Israel, representado por Havas Media Germany GmbH, para ejecutar una campaña de comunicación estratégica en Estados Unidos originalmente valuada en 6 millones de dólares y luego ampliada a 9 millones (1.5 millones de dólares mensuales). El objetivo declarado incluía campañas contra el antisemitismo, generación de contenido con inteligencia artificial, optimización para buscadores (SEO) e integración con las propiedades de Salem Media Network.
Dentro de esa misma operación, EyesOver LLC fue contratada junto con Salem Media Representatives, cobrando en conjunto al menos 702 mil dólares, de los cuales Salem Media Representatives percibió al menos 566.002.50 dólares por publicidad. Otros beneficiarios de la cadena de pagos incluyen a SparkFire (unos 6 millones de dólares) y Portman Road/Mike Shields (unos 5 millones de dólares), de acuerdo con reconstrucciones basadas en los propios registros FARA.
El problema estructural que señalan los informes es que Parscale ocupa simultáneamente dos roles incompatibles, siendo dueño de Clock Tower X, la empresa que cobra por ejecutar la campaña de Israel, y al mismo tiempo director de estrategia de Salem Media Group, la misma red mediática que recibe parte de ese dinero por publicidad.
Organizaciones de transparencia señalan que esto configuraría una propia violación del artículo 22 USC 614(b) de la ley FARA, que exige declarar a todos los agentes o vendedores que participan de una campaña de un principal extranjero. Salem Media no figura como entidad divulgada en el registro original.
El contrato completo entre Israel y Clock Tower X, canalizado por Havas Media Germany, llegó a un valor formal de 9 millones de dólares, aunque reportes posteriores —incluido uno de The Intercept— elevaron la cifra de ingresos efectivamente recibidos a unos 15 millones de dólares en un semestre, con desembolsos por unos 13 millones distribuidos entre distintos subcontratistas.
Una declaración suplementaria firmada por Parscale en mayo de 2026 intentó además corregir retroactivamente el registro, alegando que la conexión con el Estado de Israel había “terminado” en octubre de 2025 por un “error”, aunque el propio texto de esa enmienda sigue describiendo el trabajo como ejecución de una campaña aún activa del gobierno israelí desde 2018.
La puerta abierta para Argentina
El punto que conecta esta trama geopolítica con la política argentina sería que Cerimedo admitió en 2023 administrar granjas de trolls y cuentas automatizadas que puso al servicio de la campaña de Milei, y ahora se confirmaría documentalmente que una de las plataformas que él representa comercialmente en la región —EyesOver— cobró dinero dentro de una operación de influencia internacional de su socio Parscale.
Esto no prueba por sí mismo que fondos de origen israelí hayan financiado directamente operaciones de desinformación en Argentina, pero sí establece que la misma infraestructura tecnológica, comercial y humana —Numen, Cerimedo, Parscale, Campaign Nucleus, EyesOver— opera simultáneamente en campañas electorales en América y en la campaña de influencia de Israel en Estados Unidos, lo que aumenta las sospechas sobre superposición de recursos, personal y tecnología entre ambas esferas para el control del continente.
— Brad Parscale
Esto cobra mayor relevancia en el contexto argentino actual, donde la causa judicial que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en agosto de 2026 testimonios que vinculan a Cerimedo con cobros de hasta 800.000 dólares mensuales por servicios de comunicación e influencia digital, lo que reactivó el interrogante sobre el origen de esos fondos y su relación con el entramado del Grupo Numen y La Derecha Diario.
Lo que sí se sabe es que los documentos de FARA muestran que Clock Tower X construyó una red de al menos once marcas de consumo (entre ellas Allies for Peace, FactSignal y Culturavia) para distribuir contenido sin la marca “Clock Tower X” visible, y que el contrato contemplaba metas de 50 millones de impresiones digitales mensuales, con foco en generación Z en TikTok, Instagram y YouTube.
Varios analistas destacaron un componente diseñado para influir en cómo los modelos de inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini, Grok) responden sobre temas vinculados a Israel y Gaza, lo que la propia jerga interna del contrato denomina “GPT framing”. Este es el ecosistema tecnológico y financiero del que, para la evidencia disponible, forma parte la plataforma que Cerimedo representa comercialmente.
La acusación formal, presentada por la fiscalía Federal de Resistencia, pidió recientemente llevar a juicio a ocho agentes de la Policía del Chaco que habrían integrado una organización criminal para sustraer parte de estupefacientes que debían ser incinerados en una quema judicial en Colonia Benítez.
Los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg sostienen que existió un plan previo para apartar 9,5 kilos de cocaína (valuado en aproximadamente $225 millones) que estaban bajo custodia estatal en ese momento, teniendo como idea ocultarlos en un vehículo oficial y destinarlos luego a su comercialización en el mercado negro.
“Este manejo del procedimiento se observó en los mismos hechos, pues sabían y conocían a la perfección el procedimiento de la quema y destrucción del estupefaciente y aprovecharon el momento oportuno para sustraer la cocaína en presencia incluso de las autoridades judiciales”, sostuvieron los fiscales.
La particular gravedad del caso no radica únicamente en la cantidad de droga. La acusación afirma que quienes debían custodiar, trasladar y destruir cocaína secuestrada habrían utilizado esa misma posición institucional para sustraerla, lo que convierte el episodio paralelamente en un presunto delito de narcotráfico y en una presunta apropiación de bienes confiados a funcionarios públicos.
El hecho, determinado como FRE 10726/2025, habría ocurrido el 18 de diciembre de 2025 mientras se realizaba dicha quema judicial de estupefacientes en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en la zona de Colonia Benítez. El procedimiento incluía droga como marihuana incautada en causas federales y contaba con presencia de funcionarios judiciales, autoridades policiales y representantes del Poder Ejecutivo provincial.
La cocaína debía pasar por una mesa de pesaje y luego ser trasladada en cajas hasta una Toyota Hilux policial, identificada como móvil PT-308, para continuar el circuito de destrucción. Según la acusación, un secretario penal del Juzgado Federal N.º 2 observó gestos e intercambios sospechosos entre los uniformados Gustavo Andrés Quizama y Franco Andrés Ramírez, además de la apertura de una puerta trasera del vehículo mientras la caja quedaba momentáneamente fuera de su vista.
El funcionario ordenó que la caja regresara a la balanza. El primer control había indicado 8,700 kilos y el segundo 7,585, una diferencia de 1,115 kilos. Luego de detener y requisar el vehículo se encontraron nueve panes de cocaína ocultos debajo de los asientos y en pertenencias de los policías, con un peso total de 9,490 kilos.
La diferencia inicial de 1,115 kilos no sería contradictoria con el hallazgo total de 9,490. El primer faltante permitió descubrir una maniobra que, de acuerdo con la hipótesis fiscal y la reconstrucción del procedimiento, ya venía acumulando paquetes apartados durante distintos movimientos o viajes.
En la mochila de Néstor Ariel Urne Canterosse encontró un ladrillo de aparente yeso preparado para simular un paquete de droga, mientras que los mensajes recuperados mencionan expresamente la posibilidad de cambiar panes reales por bloques falsos, siendo que el yeso funcionaria como una réplica física, con un bloque de apariencia y peso semejantes al pan de cocaína que se pretendía retirar.
Esto no significa necesariamente que todos los paquetes ya hubieran sido reemplazados con éxito. La evidencia publicada permite afirmar que se halló al menos una réplica y que la Fiscalía interpreta los chats como prueba de planificación, solo será materia del juicio establecer quién la preparó, cómo pensaban emplearla y si llegó a introducirse efectivamente en alguna caja oficial.
Por parte del Ministerio de Seguridad del Chaco, publicó rápidamente un comunicado oficial desligando lo acontecido de la administración del gobernador chaqueño Leandro Zdero, subrayando que la gestión “no encubre” a los delincuentes. “Los hechos aislados no representan a la totalidad de la institución”, al tiempo que reafirmó el objetivo de “recuperar la confianza de la ciudadanía”.
Lo que muestran los chats
Las comunicaciones entre los efectivos en ese momento en particular son relevantes porque permiten a la Fiscalía intentar probar algo más que una sustracción improvisada. En los intercambios atribuidos a los acusados aparecen referencias anticipadas a “manotear” droga, conseguir un “conector” para colocarla rápidamente, llevar cinta para los paquetes y usar yeso para realizar el cambio.
De ahí surgió el descubrimiento de un grupo de WhatsApp denominado “Los laaaaaru laaaaaru”, integrado por Juan Nicolás Almirón Núñez, Gastón Ezequiel Villalba, Urne Canteros y otro usuario cuya identidad no pudo ser determinada. Además, se reveló otro titulado “DIV. TRANSPORTE”, integrado por demás policías de esa dependencia policial.
“Indudablemente iban agregando droga en cada viaje y bajando algún paquete”, destacó el juez federal a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich.
“Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”, afirmó Francisco Lucas Leonel García, apodado “Black”, en una conversación sobre la posibilidad de “rescatar algo” de cocaína durante la quema. Para la acusación, expresiones como esa, sumadas a la búsqueda de compradores, respaldarían la tesis de que el destino no era consumo personal sino la reinserción de la droga en la venta clandestina.
La Fiscalía solicitó penas de entre ocho y quince años de prisión para los ocho acusados, a quienes atribuyó distintos grados de participación, ya que no identifica a todos bajo la misma conducta ni el mismo grado en el esquema ilícito.
Para Rubén Héctor César Alegre, identificado por los fiscales como presunto organizador de la operación, con conocimiento pleno en el circuito de secuestros y capacidad para seleccionar personal (por su cargo como comisario de la División Operaciones Metropolitana y de la cual depende la Dirección General de Consumos Problemáticos), se pidió una pena de 15 años de prisión. En el caso de Franco Ramírez, señalado por una presunta intervención directa y por haber conducido la camioneta involucrada, la pena solicitada asciende a 12 años.
Gustavo Quizama enfrenta un pedido de 11 años de prisión, acusado de haber participado en la ejecución material del apartamiento de la droga. Para Urne Canteros, también se solicitaron 11 años, por una presunta intervención directa y su vinculación con la réplica de yeso utilizada en el procedimiento.
Almirón Núñez recibió un pedido de 11 años de prisión. La Fiscalía le atribuyó el presunto traslado de un paquete en su mochila y contactos destinados a concretar su salida comercial. Para Gustavo Jesús Acosta, la acusación contempla una pena de ocho años por su presunta participación en el operativo y la custodia del vehículo.
En tanto, Gastón Villalba quedó alcanzado por un pedido de ocho años de prisión. Conforme a la Fiscalía, habría tenido una intervención coordinada en la tenencia y en el apoyo previo, aunque no habría estado presente en el predio al momento en que la droga fue sustraída. En los mensajes, hizo hincapié que Almirón Núñez junto a Urne Canteros, llevasen cinta para trasladar la droga hacia el predio de incineración.
Finalmente, para Francisco García también se solicitaron ocho años de prisión. Los fiscales le atribuyeron una presunta búsqueda de comprador y participación en el destino comercial de la droga, pese a que tampoco habría estado presente en el predio al momento de la sustracción.
Delitos atribuidos
En diciembre de 2025 la investigación inicial comprendía a siete policías y entre ellos figuraba Lucas Exequiel Martínez. La acusación presentada a comienzos de septiembre de 2026, en cambio, se dirige contra ocho personas, excluyendo a Martínez e incorporando a Villalba y García. Lo trascendido no explica con precisión procesal por qué Martínez quedó fuera de este requerimiento, por lo que no corresponde inferir si fue sobreseído, separado para otro trámite o alcanzado por una decisión diferente.
El artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737 castiga con 4 a 15 años de prisión a quien tenga, almacene, transporte, distribuya o comercialice estupefacientes con destino ilegítimo.
— César Alegre hizo un llamativo y sospechoso gesto durante la quema judicial
La Fiscalía agrega dos agravantes del artículo 11, que serían la intervención organizada de tres o más personas y la condición de funcionarios públicos encargados de prevenir o perseguir delitos de narcotráfico. La ley ordena en esos supuestos aumentar la escala penal, porque el hecho combina organización y abuso de una función estatal especialmente destinada a combatir la conducta cometida.
Para Alegre se utiliza además la figura de organización de actividades de narcotráfico, prevista en el artículo 7 de la Ley 23.737, cuya escala general es de 8 a 20 años. La pena pedida de 15 años no es el máximo abstracto posible de esa figura, sino la pretensión concreta de los fiscales para este acusado.
El segundo eje es el peculado. El artículo 261 del Código Penal sanciona con 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le fue confiada por razón del cargo; el “efecto” sería la cocaína secuestrada y puesta bajo custodia estatal para su destrucción.
Villalba y García no son acusados de peculado porque, para la presentación, no estaban físicamente en el predio en el momento de la sustracción. Sí se les atribuye coautoría en la tenencia de droga con finalidad comercial, basada en la presunta coordinación previa y posterior del destino del cargamento.
— Muestra fotográfica de siete de los ocho efectivos detenidos e imputados de la Policía de la Provincia del Chaco
La Ley 23.737 dispone que, antes de destruir droga, debe practicarse una pericia para determinar naturaleza, calidad y cantidad, conservando muestras para el proceso. También exige que la destrucción se realice en un acto público, con presencia del juez o secretario, dos testigos y autoridades invitadas, y que todo quede documentado en un acta. En este caso, esos mecanismos funcionaron parcialmente, porque quedó expuesta una vulnerabilidad grave.
El control judicial no permite confirmar con exactitud la identidad de los dos testigos exigidos por la ley ni exhiben el acta completa, pero se especula que estuvo encabezado originalmente por juez federal a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich y el secretario penal Martín Innocente, sumado a las autoridades invitadas identificadas como Hugo Matkovich y el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; la presunta maniobra se habría realizado a pocos metros de él, del ministro y del juez federal.
Murió a los 82 años. Firmó su propia alta para volver al aire, condujo en silla de ruedas y dejó dos valijas hechas para viajar al Mundial. La despedida de Crónica al periodista que le enseñó a preguntar.
La Fiscalía santafesina acusó a Mariano Ríos Artacho de liderar un esquema destinado a retirar fondos de causas penales mediante prestanombres y reposiciones temporales para evitar que los faltantes fueran detectados.
Se trata de Ángel Rossi, cardenal desde 2023 y elector en el cónclave que eligió a León XIV. El arzobispo también ironizó sobre los millones que el Gobierno dice haber sacado de la pobreza.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
