Detuvieron por venta de drogas al hermano del candidato a intendente K de Coronel Rosales
Se trata de Ramiro Aristimuño, hermano del aspirante K, Rodrigo Aristimuño. Según informaron fuentes con acceso a la causa, el detenido es uno de los "narcos más peligrosos e importantes de la zona". "Vende droga, nadie lo puede negar", precisaron.
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Rodrigo Aristimuño es candidato a intendente de Coronel Rosales desde Unión por la Patria. Sin embargo, lejos de tener un legajo limpio, este miércoles fue noticia por un suceso que involucró a un familiar directo.
La Policía de Drogas Ilícitas de Punta Alta capturó a un hombre al que señalaron como el “mayor proveedor de droga del sur de la provincia”. Se trata de Ramiro “El Rata” Aristimuño, quien según las autoridades es de los más “importantes y peligrosos” narcos, con una red que se extiende desde Punta Alta (provincia de Buenos Aires) a Viedma (Río Negro).
El candidato a intendente kirchnerista Rodrigo Aristimuño de Coronel Rosales.
Según narra el parte oficial, en el marco de una investigación penal se realizaron 3 allanamientos en Punta Alta, donde además de Aristimuño cayeron 2 hombres bajo la acusación de ser punteros: Pedro Dalbora y Roque Eloy Fernández.
Las tareas estuvieron a cargo de la Fiscalía 19, bajo supervisión de Mauricio Del Cero, y contó con las ordenes del Juzgado de Garantías a cargo de Guillermo Mércuri.
Fotografía de fuentes policiales, de la detención del hermano del aspirante K, Ramiro Aristimuño.
Las autoridades recordaron antecedentes de Aristimuño para su afirmación sobre su peligrosidad, entre los que destacaron una detención en 2015 tras una persecución y el secuestro de un arma comprada a un guardiacárcel. También un seguimiento, sucedido por un tiroteo, el uso de granada de mano, toma de rehenes y secuestro de cocaína en 2016.
Y otra en 2017, donde nuevamente quiere escapar de la Policía y terminó detenido. “Yo lo conozco. Y sí. Vende falopa y es narco Ramiro. Nadie lo puede negar”, sentenció una fuente oficial a Data24 que hizo llegar la información.
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El fiscal Guillermo Marijuan reveló un nuevo escándalo en la administración de pensiones: la existencia de 3.288 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que viven en el extranjero y continúan recibiendo pagos del Estado argentino.
Este hallazgo representa un costo anual de más de $6.000 millones para las arcas públicas.
De acuerdo con la investigación, estos adultos mayores, que supuestamente se encuentran en situación vulnerable, regresaron a sus países de origen hace más de 90 días y no han reingresado a Argentina, según los registros de la Dirección de Migraciones.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha solicitado a la ANSES realizar un cruce de datos para identificar y dar de baja inmediatamente a estos beneficiarios que están cobrando de manera irregular. “El objetivo es eliminar los pagos fuera de la normativa vigente y evitar un mayor perjuicio económico para el país”, declaró Pettovello.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, también está investigando a otros 7.512 titulares de la PUAM que habrían permanecido fuera del país por más de 60 días, lo que también contraviene las reglas establecidas.
Fuentes judiciales informaron que de los 334 nuevos casos detectados, la ANSES ya ha dado de baja a 235 beneficiarios, y los 99 restantes serán judicializados. Estos últimos casos fueron identificados gracias a una actualización de la información migratoria.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue instaurada en mayo de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri y está destinada a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad. Actualmente, el monto mensual es de $172.464,66, más un bono extraordinario previsional de $70.000, sumando un total de $242.464,66.
Para acceder y mantener este beneficio, los beneficiarios deben cumplir con varios requisitos, incluyendo la permanencia en el país. “La normativa es clara en cuanto a la residencia. Aquellos que la incumplen están cometiendo una irregularidad y deben ser dados de baja inmediatamente”, afirmó Marijuan. El fiscal ha solicitado a la ministra Pettovello que evalúe la suspensión inmediata de las pensiones de los beneficiarios que no cumplen con los requisitos de residencia, con el fin de cesar los efectos de posibles conductas delictivas vinculadas al incumplimiento de las normativas vigentes.
Se concretó hoy una baja y eliminación de retenciones a productos del campo que había sido anunciada por el presidente Javier Mileien su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Se trata del fin de los derechos de exportación para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E [son para todos los mercados, en especial China, el mayor comprador de carne de vacas]. En tanto, se redujeron en un 25%, de 9 a 6,75%, los derechos de exportación a las cadenas bovina [los cortes del ganado como novillos, no vacas] y aviar, entre otras.
La medida se conoció a través del decreto 697 que lleva la firma del presidente Milei. También pusieron su firma el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estas disposiciones habían sido informadas por Milei el 28 de julio pasado, cuando estuvo en la Rural.
Es la segunda promesa que cumple el Gobierno esta misma semana luego que este lunes se formalizara otro anuncio que también había realizado el jefe de Estado en la Rural: ya no será obligatoria la inscripción en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para quienes comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio.
Más atrás en el tiempo el Gobierno implementó una simplificación de trámites y declaraciones obligatorias para productores y exportadores con foco en agilizar el negocio. También bajó aranceles a insumos herbicidas y a la urea.
“El gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras). Las medidas, anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina”, dijo la Secretaría de Agricultura en un comunicado.
Según precisó luego, el decreto “dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina”.
Para destacar, como novedad se sumó la quita a la cadena porcina. De acuerdo a lo que había trascendido en un primer momento, iba a tener una reducción del 25%. Sin embargo, la alícuota se llevó a 0%. Agricultura dijo: “El decreto también establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial”.
Hace unos días, la Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó que el alivio fiscal para el sector ganadero por las medidas de Milei será de US$159 millones. Esto por la baja del 25% de las retenciones desde una alícuota del 9% y el fin de los derechos de exportación para la categoría de vacas.
Para recordar, en 2023 todas las exportaciones de carne vacuna representaron ingresos al país por US$2.735.597.396, una merma de 20,1% versus el año precedente debido a la caída de los precios internacionales. El 60,3% de esas divisas vinieron de China, el mayor cliente del país.
LOS LÁCTEOS
El decreto presidencial, además, ordenó “la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones”.
Vale recordar que en octubre pasado, en plena campaña electoral, el exministro de Economía, Sergio Massa, había suspendido las retenciones a los lácteos hasta diciembre de 2023. Luego Milei prorrogó la medida hasta junio pasado y después avanzó con una extensión hasta junio de 2025. Finalmente, ahora se hizo una quita definitiva de los derechos de exportación.
En el caso de los lácteos, entre enero y junio pasado se vendieron al mundo productos por 650,5 millones de dólares, una retracción del 2% contra igual lapso de 2023. Brasil fue el principal destino en valor: pagó US$308,8 millones por los lácteos argentinos.
De acuerdo al decreto de hoy, también se implementó “una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%”. Agricultura precisó: “Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país”. Según detalló, en 2023 “el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones”.
El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, advirtió este domingo que “once de los doce últimos policías caídos en cumplimiento del deber fueron asesinados en la provincia de Buenos Aires“, al tiempo que pidió a las autoridades bonaerenses y judiciales “apresar a los asesinos prófugos”.
“De los últimos doce Policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber, once fueron asesinados en PBA. Esta semana, tras recibir tres tiros, fue víctima el oficial [Juan Manuel] Castelli, en Lomas de Zamora. A esta hora seguimos esperando los resultados de las acciones del Juzgado correspondiente para que apresen a los asesinos que siguen prófugos”, sostuvo el funcionario porteño.
En ese sentido, señaló que en los últimos nueve meses “se triplicaron los enfrentamientos de nuestra Policía en la Provincia, cuando van a trabajar o regresan de cumplir servicio a sus casas”. Al respecto, detalló que eso significa que hubo “un 42% de aumento del delito en la provincia de Buenos Aires porque en definitiva son vecinos que están de civil, los quieren robar, se identifican y se produce un enfrentamiento”.
A raíz de ese escenario, apuntó contra la gestión bonaerense de Axel Kicillof al exigir “decisión política y cambio de rumbo en materia de seguridad”. “Esto habla del descontrol que hay en gran parte del sur del Conurbano lindante con la CABA en general. Necesitamos decisión política y cambio de rumbo en materia de seguridad en esos distritos de la PBA para que ejecuten políticas serias y a largo plazo para que sus vecinos y los de CABA vivan más seguros”, enfatizó.
Asimismo, manifestó que “más del 50 por ciento de los delitos en la Ciudad son de reincidentes que provienen del Conurbano a delinquir” y que “más del 50 por ciento de los delincuentes quedan en libertad”.
“El delito no distingue límites políticos. Los números desnudan una realidad incontrastable que no se resuelve con eslogans. La seguridad de la Ciudad depende también de un Conurbano ordenado y trabajando en sintonía. Es la única salida tras décadas de abandono y desidia”, remarcó.
Sumado a esto, el ministro porteño publicó en su cuenta de X un gráfico en el que se detalló que “desde el pasado 10 de diciembre hasta el 1 de agosto” se produjeron “148 enfrentamientos armados” entre algún policía de la Ciudad y delincuentes, de los cuáles “34 fueron en Capital Federal y 114 en Provincia“.
Asimismo, de los 12 policías asesinados entre 2021 y 2024, uno ocurrió en CABA y los otros 11 en el distrito bonaerense. En ese sentido, Wolff cerró: “Nosotros tenemos diferencias ideológicas, diferencias políticas. Ahora, cuando tocan a alguien de una fuerza para mí no hay diferencia”.
EL CRIMEN DE JUAN MANUEL CASTELLI
Dos delincuentes asesinaron el pasado miércoles a un policía de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un intento de robo en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La víctima fue identificada como Juan Manuel Castelli, de 41 años y que prestaba servicio en la Dirección de Alcaldía 12.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el efectivo se encontraba en el partido bonaerense viajando en su moto para tomar servicio. En ese momento, fue interceptado por dos delincuentes que intentaron sustraer sus pertenencias.
Como consecuencia, los ladrones le efectuaron dos disparos de arma de fuego que impactaron en una de sus piernas y en un brazo. Luego del suceso, se dieron a la fuga, sin haber robado nada.
Tras el disparo, el oficial fue asistido en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, aunque los médicos no pudieron salvarlo, ya que la bala que impactó en su pierna perforó la arteria femoral y finalmente falleció a raíz de la gravedad de las heridas. El caso fue tomado por la UFI N°19 Dep. Jud. Lomas de Zamora.
El ministro de Seguridad porteño se expresó en X acerca de lo sucedido en la localidad bonaerense: “Dos delincuentes lo interceptaron para robarle cuando estaba viniendo a trabajar a la Ciudad. Uno de los asesinos ya está detenido y buscaremos al otro hasta encontrarlo”
Además, agregó unas palabras para los seres queridos de la víctima: “Mis condolencias a sus familiares y a la Policía de la Ciudad en este terrible momento”.
Del mismo modo, el secretario Diego Kravetz indicó: “Lamento muchísimo el fallecimiento del Oficial Mayor Juan Manuel Castelli, asesinado en un intento de robo mientras venía a la Ciudad a cumplir con su deber. A Juan Manuel lo interceptaron dos ladrones en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, y le dispararon para intentar robarle la moto”.
Tras el escándalo revelado anoche que involucra a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, tomó relevancia en los medios el nombre del oscuro abogado de la pareja presidencial más polémica de la historia, Juan Pablo Fioribello. En la tarde de ayer, la exnovia de Alberto decidió reemplazarlo por Mariana Gallego y, además, el letrado fue denunciado por violación ética en el Colegio Público de Abogados de CABA.
Ocurrió que Fioribello representó a ella y al ex presidente del Frente de Todos en la causa conocida como Olivos Gate; además de haberla asesorado en los primeros momentos cuando el juez, Julián Ercolini, le informó sobre los chats y las fotos que se encontraron en el teléfono de la secretaria presidencial María Cantero sobre hechos de violencia.
Sin embargo, la reconstrucción del costado oculto de Fioribello arroja panoramas aún más polémicos y controversiales. En agosto de 2021, este medio publicó hizo eco de una extorsión por parte del abogado. Allí, se detalla que Fioribello se desempeñó como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad y fue asesor del ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.
En el año 2009, Fioribello fue arrestado y procesado por extorsión. Estuvo detenido algunos días hasta que fue liberado luego de pagar una fianza de $50.000 —casi $20 millones a valor acutal—. Según la acusación que se había presentado ante la Fiscalía Nacional de Instrucción 47, el exabogado de Fabiola Yáñez habría intentado extorsionar a un hombre con un video privado.
La víctima que lo denunció que había recibido varios llamados de un presunto sargento de la Policía Federal que investigaba su vida privada. Y agregó que un video en el que se lo veía manteniendo relaciones homosexuales sería repartido entre sus familiares si no pagaba aquella suma.
El denunciante declaró que Fioribello se habría hecho pasar por un sargento de la Policía Federal y que le habría exigido una suma de 25.000 dólares a cambio de no repartir el material. El 26 de junio del 2009, la Policía realizó la detención de Juan Pablo Fioribello y un acompañante, llamado Ramiro Cenoz. Los efectivos le secuestraron credenciales de portación de varias armas de fuego y tarjetas personales que lo presentaban como “Jefe de Asesores del Gobierno de la Ciudad”.
Tras el arresto, la Justicia ordenó un allanamiento a su departamento en un tercer piso, en el que encontraron cajas de proyectiles 9 milímetros, un silenciador, una granada de humo, chalecos antibalas y uniformes de las policías Federal y Bonaerense, además de varias tarjetas con los nombres de oficiales de esas fuerzas. Fioribello estuvo preso tres semanas, pagó la fianza que le permitió recuperar la libertad y quedó procesado en la causa que abrió la Justicia. Para entonces, su contrato en el gobierno porteño ya había sido rescindido, aunque por “razones presupuestarias” y no por su comprometida situación.
LA DENUNCIA DE GRANATA
Luego de que Yañez denunciara a Fernández, Amalia Granata apareció en escena y reveló información que complica a Juan Pablo Fioribello. La diputada utilizó su cuenta de X para decir: “El abogado de la víctima tiene un historial de violencia de género más amplio que el del expresidente. Esto es información, no opinión”.
“Me shockeó mucho escuchar al abogado, yo declaré como testigo en un juicio el año pasado contra él. Lo investigué a este señor que hoy se la da de feminista y en su momento en una nota que estaba haciendo en el programa de Susana Roccasalvo dijo que yo no tenía la moral para hablar porque yo tenía la bombachita bien floja y hoy dice que defiende a las mujeres”, sentenció Granata.
Y agregó que investigó sobre “sus relaciones y sus parejas (…) mandé un chat de una chica que está aterrada y que nunca quiso hablar, no lo quiere denunciar. Lo que dice esta persona es que cada vez que lo ve en la tele tiene que cambiar porque le agarran ataques de pánico”, dijo, tras sostener que también habló con otra mujer que habría tenido una relación amorosa con el letrado y que habría sido víctima de violencia, pero que no se anima a denunciarlo: “Las amenaza constantemente”.
Además, contó una experiencia propia con Fioribello: “En el country donde vivía él una vez se la encuentra a mi hija porque su padre vive en el mismo lugar y se saca una foto con Uma y se la manda a mi marido y le dice ‘mirá con quién estoy’”.
Durante el transcurso de la semana pasada, desde la Fundación Apolo —que se encuentra integrada por el legislador Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio— solicitaron se le retire la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fernández, toda vez que no cumple con los requisitos de “mérito y honor” tras la denuncia de su ex pareja Fabiola Yáñez, que se encuentra en España.
La ONG, plantea que el expresidente violó ese mandato y los requisitos en cuestión con la fiesta en Olivos, con la causa de los seguros, con la violencia de género a Yáñez y con el vacunatorio VIP.
Indican que el expresidente de la Nación “no ha tenido conductas o comportamientos que han sido loables y permitiesen ser tachadas de ‘honorables’ requisito que resulta sine qua non para poder solicitar la asignación vitalicia”.
En diálogo con Periódico Tribuna de Periodistas, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos y el fundador y director ejecutivo de la Fundación Apolo para conocer, Yamil Santoro, señaló que, en vista de la cantidad de información que había disponible sobre la situación, el equipo “trabajó en dos líneas: la primera fue un reclamo administrativo presentado ante ANSES para solicitar que se le retire la pensión de exmandatario. Este fue presentado ante el director de la Agencia”.
Por otra parte, el legislador detalló que se trabajó una denuncia contra Alberto Fernández por abuso de poder, otra contra Santiago Cafiero —actual diputado de UxP y Canciller durante el último gobierno K— por encubrimiento, y una ampliación de la denuncia original de OlivosGate. En esa actualización se solicitó que sean incorporados los nuevos videos de Tamara Pettinato junto al expediente. Esta última se presentó ante el Juzgado Criminal Federal y Correccional número dos de San Isidro.
Periódico Tribuna: Los argumentos y fundamentos que plantearon en la denuncia ¿Se basan en “falta de requisitos de mérito y honor “relativo a la suspensión de la asignación mensual vitalicia del exmandatario o agregaron algo más?
Yamil Santoro: Esos son los fundamentos por los cuales pedimos le retiren la asignación mensual vitalicia. Trabajamos en esa línea desde diciembre de 2023 y no sólo para Alberto Fernández. Hemos hecho este mismo pedido para Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y María Estela Martínez de Perón. En este caso, volvimos a insistir con la presentación contra Alberto Fernández fundamentándonos en el nuevo material.
En el escrito que entregamos el viernes agregamos situaciones como la acusación que tiene actualmente sobre su cabeza el expresidente en el escándalo relacionado a los Brokers de seguros que contrató su gobierno.
TDP: Tanto para usted como legislador y de la Fundación Apolo que preside ¿Encuentran apoyo y han recibido adhesión de otros colegas y /o medios para visibilizar esta situación además de la presentación y denuncia efectuada?
YS: Lo primero que creo necesario decir, es que la principal colaboración viene del equipo de personas muy preocupadas por combatir la corrupción en Argentina, que integran la parte legal de la Fundación Apolo y que se han sumado a nuestro espacio político. Atrás de este trabajo hay muchas horas de esfuerzo voluntario. Basta el ejemplo de nuestros últimos tres días de trabajo, donde interrumpíamos la tarea a las tres de la mañana para arrancar de nuevo en torno a las seis y tener toda la documentación lista para para las denuncias.
La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.