Denunciaron penalmente a la cúpula del gobierno por haber “solicitado sobornos” a Pfizer

El histórico dirigente del PJ, Juan Ricardo Mussa, fue el encargado de acudir a la Justicia para responsabilizar a los Fernández, Ginés González García y Hugo Sigman de no llegar a un acuerdo contractual con el laboratorio estadounidense. Los acusa de “terrorismo de estado”, “abandono de personas” y hasta de “asociación ilícita”.
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En el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 1 se radicó la denuncia del dirigente Juan Ricardo Mussa. Bajo los delitos de terrorismo de estado, abandono de personas, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y asociación ilícita, apuntó contra Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Ginés González García y Hugo Sigman por haber “solicitado sobornos” a la farmacéutica Pfizer para que llegaran vacunas a la Argentina, según las declaraciones de Patricia Bullrich.

Por otra parte, el ex apoderado del sello electoral Alternativa Federal citó los dichos textuales de la presidenta del Pro, cuando referenció al intermediario de AstraZeneca, Hugo Sigman, como el favorecido de no sellarse un contrato entre Pfizer y el gobierno nacional. En este sentido, la ex ministra de Seguridad de la Nación aclaró que la actitud del despedido de la cartera de Salud, Ginés González García, fue cobrar “un retorno” con el laboratorio estadounidense para llegar a un acuerdo.

Al respecto, Mussa reforzó esta idea: “Es un negociado económico, la corrupción está implícitamente demostrada”. De este modo, continúo: “Después de tantas idas y vueltas, pasa el tiempo, los millones de vacunas no aparecen y los cómplices son muchos. Es un crimen de lesa humanidad, no están comprando ladrillos para hacer una casa, están comprando vacunas para preservar la vida de los ciudadanos”. En tanto, pidió que Sigman sea indagado porque el presidente autorizó una compra de 160 millones de dólares, “haciendo efectiva de forma inmediata un pago de 69 millones ¿a cuenta de qué?”, se preguntó.

“Eso es un robo a las arcas del estado, sin ninguna explicación hacen un supuesto contrato por compras que al día de la fecha no existen y no se sabe si en el futuro se va a necesitar”, agregó. Asimismo, puntualizó que se están “violando todas las normas que obligan a los funcionarios a (…) identificar los procesos y modalidades de compras vigentes, produciendo recomendaciones para una mayor efectividad del sistema, lograr reducir la corrupción y proveer mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad intervenir y fiscalizar la gestión de los funcionarios públicos”.

*Fuente: REALPOLITIK


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“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

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