En el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 1 se radicó la denuncia del dirigente Juan Ricardo Mussa. Bajo los delitos de terrorismo de estado, abandono de personas, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y asociación ilícita, apuntó contra Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Ginés González García y Hugo Sigman por haber “solicitado sobornos” a la farmacéutica Pfizer para que llegaran vacunas a la Argentina, según las declaraciones de Patricia Bullrich.

Por otra parte, el ex apoderado del sello electoral Alternativa Federal citó los dichos textuales de la presidenta del Pro, cuando referenció al intermediario de AstraZeneca, Hugo Sigman, como el favorecido de no sellarse un contrato entre Pfizer y el gobierno nacional. En este sentido, la ex ministra de Seguridad de la Nación aclaró que la actitud del despedido de la cartera de Salud, Ginés González García, fue cobrar “un retorno” con el laboratorio estadounidense para llegar a un acuerdo.

Al respecto, Mussa reforzó esta idea: “Es un negociado económico, la corrupción está implícitamente demostrada”. De este modo, continúo: “Después de tantas idas y vueltas, pasa el tiempo, los millones de vacunas no aparecen y los cómplices son muchos. Es un crimen de lesa humanidad, no están comprando ladrillos para hacer una casa, están comprando vacunas para preservar la vida de los ciudadanos”. En tanto, pidió que Sigman sea indagado porque el presidente autorizó una compra de 160 millones de dólares, “haciendo efectiva de forma inmediata un pago de 69 millones ¿a cuenta de qué?”, se preguntó.

“Eso es un robo a las arcas del estado, sin ninguna explicación hacen un supuesto contrato por compras que al día de la fecha no existen y no se sabe si en el futuro se va a necesitar”, agregó. Asimismo, puntualizó que se están “violando todas las normas que obligan a los funcionarios a (…) identificar los procesos y modalidades de compras vigentes, produciendo recomendaciones para una mayor efectividad del sistema, lograr reducir la corrupción y proveer mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad intervenir y fiscalizar la gestión de los funcionarios públicos”.

*Fuente: REALPOLITIK

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