Denunciaron penalmente a CFK por intentar un “golpe blando” contra Alberto

Un empresario aseguró que se está llevando a cabo un “golpe blando” apoyado por la vicepresidente y militantes de La Cámpora. La acusación recayó, además, en Máximo, Kicillof, Larroque y Menna.
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La dura batalla que divide al interior del Frente de Todos sumó en las últimas horas una nueva cara, cuando el empresario peronista, Juan Ricardo Mussa, denunció a una de las partes por el supuesto delito de llevar adelante un “golpe blando” contra el presidente Alberto Fernández.

La denuncia, que recayó en el juzgado Federal Nro. 11 bajo el número 1528/2022 luego del sorteo de la Cámara Nacional Federal, Criminal y Correccional, tiene como acusados a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Andrés Larroque y al secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.

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De acuerdo a Mussa, los denunciados habrían incurrido en los supuestos delitos de apología del delito, terrorismo de estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de la ética pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y asociación ilícita. “Esto es tan irregular, que de hecho estamos a un paso de una complicada anarquía por culpa de funcionarios del poder ejecutivo, que quieren provocar un golpe de estado”, afirma la denuncia.

En el documento se afirma que se instauró un grupo de poder ilegal, que busca hacer uso de instituciones como el PAMI y el ANSES para hacerse de sus cajas y mantener, de este modo, un ejercito de “casi 150 mil jóvenes” de La Cámpora. De acuerdo a Mussa, la caja más importante del país gira en torno a las compras de combustibles de gas, electricidad y petróleo, que durante los últimos años se convirtió en una fuente de ingresos importantes que dominan los jefes de La Cámpora.

La denuncia hace hincapié en la divulgación de reflexiones de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los denunciados, que tendrían el objetivo de derrocar al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Al respecto, la acusación de Mussa hace eco en las críticas a una supuesta maniobra de desestabilización por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien habló de un bando que tendría “objetivos inconfesables”. En efecto, la denuncia da a entender que existe actualmente en marcha un “golpe blando”.

Finalmente, Mussa exigió que “se eleve al Congreso de la Nación Argentina la solicitud para los correspondientes juicios políticos a todos los imputados en el presente expediente”.

*Fuente: REALPOLITIK

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MDQ | Kicillof persigue políticamente al intendente Montenegro por bajarse el sueldo

“Insólito. La Provincia (de Buenos Aires) cuestiona el renunciamiento de Guillermo Montenegro a cobrar antigüedad en el cargo. Lo interpelan por ser austero. Aunque a algunos les moleste, vamos a seguir cuidando los recursos de los marplatenses”. Resume la situación el edil Fernando Muro vía Twitter.

Ocurre que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, redujo su sueldo un 20% y a toda la planta política un 15% apenas asumió el cargo. Con el paso de los meses de su gestión, la reducción de dietas fue una constante: en noviembre de 2022 los porcentajes pasaron a 30% y 20%, respectivamente.

Fernando Muro on Twitter: “Insólito, la Provincia cuestiona el renunciamiento de @gmontenegro_ok a cobrar antigüedad en el cargo. Lo interpelan por ser austero. Aunque a algunos les moleste, vamos a seguir cuidando los recursos de los marplatenses. pic.twitter.com/SzmnymQAYv / Twitter”

Insólito, la Provincia cuestiona el renunciamiento de @gmontenegro_ok a cobrar antigüedad en el cargo. Lo interpelan por ser austero. Aunque a algunos les moleste, vamos a seguir cuidando los recursos de los marplatenses. pic.twitter.com/SzmnymQAYv

Fuentes oficiales informaron a los medios que, en términos de ahorro por este recorte de dietas, el monto total en los cuatro años del período será de $175 millones a valor nominal.

Por esta acción, el gobierno provincial de Axel Kicillof intimó a Montenegro. Muro comentó sobre la reducción del sueldo y, seguidamente, explicó que “cómo por ley provincial no puede bajarse el sueldo, tuvo que hacerlo a través de una donación a la misma municipalidad”.

“A pesar de los palos en la rueda y la discriminación de Nación y Provincia decidimos ser austeros, creativos, animarnos para dejar de ser la ciudad del no. Los gobiernos prohibicionistas, paternalistas, que ponen trabas constantemente, no van más”, los acusó. Un día después, el Tribunal de Cuentas lo observó.

Polémica en Paraná por el apoyo político de Vidal a Emanuel Gainza, el ex concejal imputado por narcotráfico

La exgobernadora de Provincia de Buenos Aires y aspirante a presidente de la Nación, María Eugenia Vidal, sorprendió al presentar a su precandidato a intendente en Paraná (Entre Ríos), Emanuel Gainza, un exconcejal imputado en una causa narco.

“En todo el país encuentro una nueva generación de dirigentes con talento y convicción para llevar adelante los cambios que la Argentina necesita. Uno de ellos es Emanuel Gainza, de Entre Ríos. Un joven que eligió poner el cuerpo para cambiar el país y se sumó al PRO con ganas de trabajar para encontrar nuevas soluciones a los viejos problemas que sufrimos los argentinos”, celebró la exgobernadora bonaerense en su cuenta de Instagram. Pero, detrás del telón no todo es tan perfecto.

Captura de la publicación de María Eugenia Vidal (Instagram)
Captura de la publicación de María Eugenia Vidal (Instagram)

El funcionario que actualmente se desempeña como secretario del Bloque de Juntos por el Cambio del Concejo Deliberante de Paraná, fue apartado de la causa en el año 2018 tras una insólita defensa. Según su representante legal, su apellido (plasmado en la libreta de clientes de la banda proveedora de drogas) no estaba del todo legible. Por ello, Gainza fue sobreseído en aquel entonces de tal imputación.

No obstante, DATA24 logró tener acceso a material judicial donde se ve que, estas declaraciones brindadas a la prensa a nivel nacional podrían no ser del todo verídicas.

El precandidato a intendente fue señalado por comprar 6 kilos de cocaína por un total de $150.000 (en el año 2018). No obstante, cuando fue a declarar explicó que no era para consumo personal ni “para comprar voluntades a los más vulnerables de Paraná”, como había declarado otro testigo, sino que era para regalarle a sus amigos. En paralelo, la mujer del líder narco que llevaba la contabilidad del “negocio” de su esposo, Luciana Lemos, declaró ante el juez que, tanto Gainza como los otros tres imputados en la causa le dieron el dinero para la adquisición de cocaína, la cual ella personalmente entregó en la sede municipal, en el despacho de Griselda Bordeira, ex subsectraria de Seguridad Comunal.

Así se comprobó que Gainza estaba ligado a la causa narco
Así se comprobó que Gainza estaba ligado a la causa narco

Incluso, a pesar de las irrisorias declaraciones de Gainza y los supuestos peculiares obsequios a sus amigos, Lemos aseguró que, en una oportunidad, la secretaria Bordeira le devolvió unos “775 gramos por estaba fea”, según consta en la página 195 de la declaración publicada por el Poder Judicial de la Nación, por lo que, claramente, la cocaína era para consumo personal de los funcionarios.

La causa no solo había salpicado al precandidato a intendente, sino también a Sergio Varisco, quien en ese entonces era intendente por Cambiemos. Además, estaba señalado en el cuaderno de clientes y, como detalle no menor, tenía una foto junto al líder de la banda narco, Tavi Celis.

Sergio Varisco, ex intendente de Paraná señalado en la causa y Tavi Celis, líder narco.
Sergio Varisco, ex intendente de Paraná señalado en la causa y Tavi Celis, líder narco.

A pesar de tan extenso historial desfavorecedor y años de mantenerse en un perfil modestamente bajo, Gainza volvió a mostrarse y está listo para competir por la intendencia.

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LA PAMPA | El #8M, un diario militante “homenajeó” a la jueza que “salvó” a Pérez Ballester

El 15 de junio del año pasado, 201 días después del escalofriante asesinato que conmovió a un país, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa emitió un fallo dividido que imposibilitó que se investigue el procedimiento que la jueza de Familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, llevó adelante para otorgar la tenencia de Lucio Dupuy a su progenitora.

Los detalles del fallo que salvó a Pérez Ballester

Luego del aberrante crimen, el STJ ordenó investigar la existencia de denuncias intrafamiliares previas, sugiriendo, por entonces, sumariar a la jueza piquense. Sin embargo, días después, el mismo Poder Judicial pampeano bloqueó la posibilidad. En el citado documento judicial, los miembros del Tribunal que votaron por archivar el expediente fueron: Fabricio Losi, Elena Fresco y Eduardo Fernández Mendía.

Afortunadamente, desde las redes sociales, millones de personas se mantienen en estado de alerta frente a cualquier novedad relacionada al caso. En ese seguimiento, a muchos pampeanos les sorprendió que el diario más conocido de la provincia, La Arena, "homenajeara" (nada más y nada menos que en el Día Internacional de la Mujer) con una nota a la magistrada Elena Fresco, quien votó en contra de la investigación de Ana Clara Pérez Ballester.

“La igualdad de género nos trasciende”: El "homenaje" de La Arena a Fresco

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El artículo del pasquín oficialista expresa que Fresco "desde el 92' a la fecha llevó adelante su carrera judicial con grandes logros". Tras la laureada presentación, la entrevistada elogió la creación de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, en 2015, como la "más destacada de los últimos tiempos, sin dudas".

Finalmente, la magistrada concluyó sobre el 8M: "Más que un mensaje, lo que quiero dejar es una idea, de que es necesario trabajar en forma permanente, y no momentáneamente, por la igualdad de género y por la perspectiva de género, porque es un tema que nos trasciende". Perspectiva de la que careció el último fallo sobre el caso Lucio, donde si bien Fresco 'no tiene' participación, corresponde al poder que pertenece.

“¡VAYAN A TRABAJAR, VAGAS DE MIERDA!” | El Gobernador K de La Rioja agredió a una docente

“Vayan a trabajar, vagos de mierda”, fue la respuesta de Quintela dirigida a los educadores, quienes se encontraban frente a la Casa de Gobierno provincial.

Las declaraciones generaron una ola de indignación y rechazo. La respuesta de Quintela fue inapropiada e irrespetuosa hacia un sector tan importante como el de la educación.

Por su parte, los docentes afirmaron que continuarán con sus reclamos en busca de una solución justa para su situación salarial, la cual se encuentra muy por debajo del costo de vida promedio del país.

El episodio no es el primero que se registra en la provincia en los últimos meses: los trabajadores del sector realizaron diferentes manifestaciones en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales.

Crece la violencia en Chaco | “Esto es plena responsabilidad de Capitanich” apuntó Lucas Figueras

Un grupo de originarios wichís que se identifica con la Guardia Whasek fue el causante de violentos episodios en la Misión Nueva Pompeya. Sobre esta comunidad, el fiscal federal, Carlos Amad, señaló que detrás de esa bandera se esconde una suerte de fuerza parapolicial que porta armas y realiza controles: “Ellos se autotitulan guardia ambiental, pero están todos uniformados, utilizan autos oficiales, cargan nafta con vales oficiales, hacen controles en las rutas, detienen a personas e incluso se involucran en procedimientos federales”.

En diálogo con Radio Mitre, agregó además que él mismo los imputó por por sedición, tenencia ilegítima de armas y privación ilegítima de la libertad.

El dirigente chaqueño, Lucas Figueras, respondió los interrogantes de este medio sobre la problemática (que es de larga data y esconde trasfondos políticos) que aqueja al norte argentino. La Guardia “se armó más o menos en 2018, 2019 por ahí. Los de Whasek no es joda… están envueltos en polémicos episodios y Capitanich lo que hizo fue, en vez de combatirlos con la ley en su momento, los fue empujando y les dio cierto reconocimiento, ya sea de manera directa o indirecta. Esto es plena responsabilidad de él”.

La situación económica en Chaco es complicada, “más para los pueblos originarios, que están muy afectados por la pobreza, lamentablemente. Es muy crítica la cuestión, se mueren como lauchas, no tienen para atenderse en hospitales, no hay medicamentos, no hay comida, ni viviendas, nada. Y son usados muchas veces como carne de cañón. Los wichís recibieron muchas promesas que el Gobierno obviamente no cumplió, y bueno, lo de las desapariciones de los jóvenes de la comunidad fueron la gota que rebalsó el vaso”.

Para Figueras, el tema está en que, sumado de la pésima situación en la que viven los wichís, “Capitanich expone a la Policía de Chaco ante un incumplimiento de promesas suyas, por eso se enojan los originarios”.

El insólito fallo con perspectiva de género con el que absolvieron a las hijas de Lázaro Báez

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, este martes, confirmar la condena a Lázaro Báez y a otros 17 imputados en la causa de la Ruta del dinero K. Al ex dueño de la constructora se le redujo la condena de 12 a 10 años y sus hijas quedaron absueltas bajo un argumento de género.

“Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el máximo tribunal de Comodoro Py.

Lázaro Báez junto a su hija, Luciana.
Lázaro Báez junto a su hija, Luciana

En una dividida decisión, el fallo incluyó que el tribunal consideró que la obra pública que recibió el dueño de Austral Construcción no fue el delito precedente para que el empresario llevara adelante las maniobra millonarias de lavado de dinero: 55 millones de dólares. Lo que parece contradecir la reciente condena de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, señalada por desviar obras públicas a precios inflados a la constructora de Lázaro Báez. En ese debate, tanto Báez como Kirchner fueron condenados a 6 años de prisión.

Las sorpresas llegaron cuando los camaristas Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Javier Carbajo revisaron dicha sentencia y desvincularon de la corrupción en la vía pública como delito precedente del lavado, lo que daña directamente el origen del dinero que terminó en cuentas de los hijos de Báez en paraísos fiscales.

Melina Báez, hija de Lázaro
Melina Báez, hija de Lázaro

Puntualmente, sobre las absoluciones de Melina Soledad Báez y Luciana Sabrina Báez, Casación consideró -por voto mayoritario- que debían ser desligadas de la causa porque “sus respectivos pronunciamientos condenatorios se dictaron sin perspectiva de género, en particular, al momento de efectuar la valoración probatoria de los elementos recabados en su contra y de evaluar el contexto familiar al momento de los hechos”.

En ese marco, se remarcó que su padre Lázaro Báez, les adjudicó un rol menor por su “condición de mujer”. Un rol marginal que tenía como fin cuidar el espacio doméstico dentro de la familia, pero sin injerencia en la actividad empresarial, según el análisis de los camaristas que intentaron plantear una situación de género y señalar a Báez como machista.

A Lázaro Báez, finalmente, se le redujo la condena de 12 a 10 años.
A Lázaro Báez, finalmente, se le redujo la condena de 12 a 10 años

Por ello, Casación concluyó que las nombradas no tuvieron ninguna intervención real con la maniobra ilícita y dictaminaron las condenas: Lázaro Antonio Báez 10 años; Martín Antonio Báez 6 años y 6 meses; Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín 6 años; Julio Enrique Mendoza 5 años; Jorge Leonardo Fariña 3 años y 6 meses, quien obtuvo una reducción de pena por sus aportes como arrepentido; Juan Alberto De Rasis; Gustavo Fernández; Fabián Virgilio Rossi; Eduardo Guillermo Castro 4 años y 6 meses.

En tanto Federico Elaskar; Claudio Fernando Bustos; Alejandro Ons Costa; Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez serán 3 años de ejecución en suspenso y a Walter Feliciano Zanzot le aguardan 2 años y seis meses de pena.

Además de las condenas, a todos los mencionados y a las empresas Austral Construcciones S.A. (ACSA) y Top Air S.A., se los multó por montos que oscilan entre seis y dos veces el valor de las operaciones que realizaban, de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000. También se confirmó un decomiso de activos por el equivalente a 65 millones de dólares.

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