Denunciaron penalmente a CFK por intentar un “golpe blando” contra Alberto

Un empresario aseguró que se está llevando a cabo un “golpe blando” apoyado por la vicepresidente y militantes de La Cámpora. La acusación recayó, además, en Máximo, Kicillof, Larroque y Menna.
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La dura batalla que divide al interior del Frente de Todos sumó en las últimas horas una nueva cara, cuando el empresario peronista, Juan Ricardo Mussa, denunció a una de las partes por el supuesto delito de llevar adelante un “golpe blando” contra el presidente Alberto Fernández.

La denuncia, que recayó en el juzgado Federal Nro. 11 bajo el número 1528/2022 luego del sorteo de la Cámara Nacional Federal, Criminal y Correccional, tiene como acusados a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Andrés Larroque y al secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.

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De acuerdo a Mussa, los denunciados habrían incurrido en los supuestos delitos de apología del delito, terrorismo de estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de la ética pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y asociación ilícita. “Esto es tan irregular, que de hecho estamos a un paso de una complicada anarquía por culpa de funcionarios del poder ejecutivo, que quieren provocar un golpe de estado”, afirma la denuncia.

En el documento se afirma que se instauró un grupo de poder ilegal, que busca hacer uso de instituciones como el PAMI y el ANSES para hacerse de sus cajas y mantener, de este modo, un ejercito de “casi 150 mil jóvenes” de La Cámpora. De acuerdo a Mussa, la caja más importante del país gira en torno a las compras de combustibles de gas, electricidad y petróleo, que durante los últimos años se convirtió en una fuente de ingresos importantes que dominan los jefes de La Cámpora.

La denuncia hace hincapié en la divulgación de reflexiones de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los denunciados, que tendrían el objetivo de derrocar al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Al respecto, la acusación de Mussa hace eco en las críticas a una supuesta maniobra de desestabilización por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien habló de un bando que tendría “objetivos inconfesables”. En efecto, la denuncia da a entender que existe actualmente en marcha un “golpe blando”.

Finalmente, Mussa exigió que “se eleve al Congreso de la Nación Argentina la solicitud para los correspondientes juicios políticos a todos los imputados en el presente expediente”.

*Fuente: REALPOLITIK

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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