Denuncian penalmente a Alberto por las visitas de Sofía Pacchi durante la cuarentena

La denuncia fue impulsada por abogados de Republicanos Unidos. Piden investigar al mandatario por "violación de los deberes de los funcionarios públicos".
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En el día de ayer se volvió viral la lista de las visitas que recibió Alberto Fernández en la quinta de Olivos, en la cuál figuraba el nombre Sofía Pacchi, una modelo que había visitado al presidente más de 60 veces, durante las madrugadas del 2020 y 2021.

De la polémica y criticas de las redes sociales, este asunto se plasmó de forma judicial, la presentación fue realizada este miércoles 28 de julio por los militantes y abogados de Republicanos Unidos, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni y patrocinada por el abogado Juan Martín Fazio.

Gonzalo on Twitter: “Ayer en Pagni (gracias por no mencionar la fuente) tiraron las visitas de Sofía Pacchi. Pero no fueron esas entradas únicamente: tuvo en total 65 entradas en todo 2020. pic.twitter.com/05HU8ekfe7 / Twitter”

Ayer en Pagni (gracias por no mencionar la fuente) tiraron las visitas de Sofía Pacchi. Pero no fueron esas entradas únicamente: tuvo en total 65 entradas en todo 2020. pic.twitter.com/05HU8ekfe7

La denuncia se efectúa porque durante el año 2020 en el que Alberto recibió dichas visitas, el país estaba en plena fase 1 de la cuarentena, los abogados reclaman que se investigue si Alberto Fernández y Sofía Pacchi incurrieron en conducta deliberada, intencional y dolosa sobre la violación de medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia“.

Yamil Santoro on Twitter: “La denuncia ha quedado radicada En el Juzgado Criminal y Correcional Federal 7 a cargo del Juez Casanello. pic.twitter.com/4xa53GRDLY / Twitter”

La denuncia ha quedado radicada En el Juzgado Criminal y Correcional Federal 7 a cargo del Juez Casanello. pic.twitter.com/4xa53GRDLY

-Especial para Data24.com.ar-


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“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

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