Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, denunció ante el Superior Tribunal de Justicia a magistrados que habrían favorecido con resoluciones a la dirigente social piquetera Milagro Sala.
El fiscal general apuntó a los jueces que intervienen en la ejecución de condenas de prisión que pesan sobre Milagro Sala, en especial contra del juez Carlos Emilio Cattan, entendiendo que incurren en “dilaciones indebidas” como así también “reticencias injustificadas”, “al desempeño de sus funciones” e “incumplimiento de los deberes a su cargo”, conforme el Artículo 172 Inciso 2 de la Constitución Provincial.
Juez Carlos Emilio Cattan
En la misma denuncia, elevada al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Federico Francisco Otaola, también se requiere “emplace a quien corresponda” en relación a los procesos de ejecución de las condenas dictadas en contra de la dirigente condenada, y de esta manera se inicie la ejecución de la pena, se realice su cómputo y se disponga el traslado a una cárcel común para comenzar el tratamiento penitenciario y proceda a la unificación de las dos condenas por las causas Nº 822/2018, conocida como “Pibes Villeros”; y Nº 59/2017, por Amenazas Coactivas.
En otro tramo se advierte además, que la dirigente piquetera k está acusada de delitos cuando cumplía la medida cautelar de prisión domiciliaria (Fiesta de cumpleaños por ejemplo), lo que pone en evidencia la necesidad imperiosa de comenzar cuanto antes el tratamiento penitenciario contra Sala.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
“Vayan a trabajar, vagos de mierda”, fue la respuesta de Quintela dirigida a los educadores, quienes se encontraban frente a la Casa de Gobierno provincial.
Las declaraciones generaron una ola de indignación y rechazo. La respuesta de Quintela fue inapropiada e irrespetuosa hacia un sector tan importante como el de la educación.
Por su parte, los docentes afirmaron que continuarán con sus reclamos en busca de una solución justa para su situación salarial, la cual se encuentra muy por debajo del costo de vida promedio del país.
El episodio no es el primero que se registra en la provincia en los últimos meses: los trabajadores del sector realizaron diferentes manifestaciones en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales.
Cesar Milani, Jorge Castillo, Gerardo Ferreyra, Fernando Esteche, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Santiago Carlos Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Caballo Suárez, Atanasio Pérez Osuna, Oscar Thomas, Juan Pablo “Pata” Medina, Luis D’Elía, Amado Boudou, Jorge Chueco, Lázaro Báez, José Núñez Carmona, Martín Báez, José López, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.
22 personalidades ligadas a la corrupción K, que se encontraban cumpliendo sus respectivas condenas, fueron liberadas durante el gobierno del Frente de Todos, de Alberto y Cristina Fernández. Muchos salieron durante la cuarentena, ya que “no había lugar en las cárceles”.
El próximo sábado, Ricardo Jaime, condenado en seis ocasiones, saldrá de prisión y continuará con arresto domiciliario.
Un grupo de originarios wichís que se identifica con la Guardia Whasek fue el causante de violentos episodios en la Misión Nueva Pompeya. Sobre esta comunidad, el fiscal federal, Carlos Amad, señaló que detrás de esa bandera se esconde una suerte de fuerza parapolicial que porta armas y realiza controles: “Ellos se autotitulan guardia ambiental, pero están todos uniformados, utilizan autos oficiales, cargan nafta con vales oficiales, hacen controles en las rutas, detienen a personas e incluso se involucran en procedimientos federales”.
En diálogo con Radio Mitre, agregó además que él mismo los imputó por por sedición, tenencia ilegítima de armas y privación ilegítima de la libertad.
El dirigente chaqueño, Lucas Figueras, respondió los interrogantes de este medio sobre la problemática (que es de larga data y esconde trasfondos políticos) que aqueja al norte argentino. La Guardia “se armó más o menos en 2018, 2019 por ahí. Los de Whasek no es joda… están envueltos en polémicos episodios y Capitanich lo que hizo fue, en vez de combatirlos con la ley en su momento, los fue empujando y les dio cierto reconocimiento, ya sea de manera directa o indirecta. Esto es plena responsabilidad de él”.
La situación económica en Chaco es complicada, “más para los pueblos originarios, que están muy afectados por la pobreza, lamentablemente. Es muy crítica la cuestión, se mueren como lauchas, no tienen para atenderse en hospitales, no hay medicamentos, no hay comida, ni viviendas, nada. Y son usados muchas veces como carne de cañón. Los wichís recibieron muchas promesas que el Gobierno obviamente no cumplió, y bueno, lo de las desapariciones de los jóvenes de la comunidad fueron la gota que rebalsó el vaso”.
Para Figueras, el tema está en que, sumado de la pésima situación en la que viven los wichís, “Capitanich expone a la Policía de Chaco ante un incumplimiento de promesas suyas, por eso se enojan los originarios”.
El caso de Luis Armando Espinoza, asesinado por la policía el 15 de mayo de 2020 en Tucumán, es quizás el más recordado de todos los crímenes fatales cometidos por el Estado en el marco de la cuarentena. Tan triste como cierto es que el suceso no hace más que engordar la lista episodios totalitarios similares del delirante período, colmado por la violencia institucional, en tiempos de cumplimiento estricto del infame “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.
El día en que presidente Alberto Fernández anunció el aislamiento
El trabajador rural desapareció en el marco de un procedimiento policial que custodiaba el cumplimiento de las medidas que impuso el Frente de Todos (con el apoyo de todo el arco político) para “combatir” la pandemia del COVID-19. Según cuenta el CELS, esa fatídica mañana, durante el operativo de las fuerzas represivas del Estado, Luis y su hermano Juan cabalgaban por un camino vecinal cercano a Rodeo Grande, oyeron disparos y seguidamente aceleraron el paso. La yegua que montaba Juan se asustó y salió al galope. Luis se acercó para ver a su hermano y el oficial auxiliar, José Alberto Morales, le disparó por la espalda. Cuando Juan se despertó, recuperado del golpe en la cabeza por la caída, Luis ya no estaba. Su cuerpo apareció ocho días después, a 120 kilómetros del lugar de los hechos, en un precipicio de Catamarca.
“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo”: El relato de una familia destruida
La frase pertenece a doña Gladys, la mamá de Luis, luego de que el juicio llegara a su fin. “Esperamos la sentencia, que cumplan en la cárcel todos los que le hicieron lo que le hicieron a mi hijo. No en la casa. En la cárcel. ¿Por qué esperaron ocho días para decir lo que le hicieron a él?”, argumentó antes de que falle el tribunal.
“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo. Se terminó la vida de él y se terminó la vida de todos nosotros”, dijo también, antes de la sentencia.
Durante la tarde de hoy, luego de dos años y medio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a 9 de los 11 imputados. Fiscalía y querella probaron que se trató de una desaparición forzada seguida de muerte, efectuada por miembros de la comisaría de la localidad de Monteagudo. Los acusados y sus declaraciones durante el juicio:
José Alberto Morales: Oficial auxiliar de la Policía. Prisión perpetua. La bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de su arma reglamentaria. “Siempre me voy a arrepentir y no tengo palabras para la madre (de Espinoza), pido disculpas”.
Rubén Héctor Montenegro: Subcomisario. Prisión perpetua. “Quiero pedirle disculpas a la familia Espinoza, a las familias de mis antiguos empleados policiales y a la mía. Yo no debería estar acá, yo no debería haber documentado y no lo hice. Nadie ha ido a matar a ese hijo de la señora, ha sido una desgracia”.
Gerardo Esteban González Rojas: Agente. Prisión perpetua. “Llevo privado de la libertad más de dos años, me perdí el crecimiento de mi hijo. Yo no me considero un asesino”.
Claudio Alfredo Zelaya: Cabo. Prisión perpetua. “Yo di el dato preciso de donde estaba el cuerpo. Si yo no hablaba, no estaríamos siendo juzgados”.
Miryam Rosalba González: Cabo. 12 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser partícipe secundaria. “Antes que nada, mi solidaridad a la familia. Como mamá entiendo lo que se siente perder a un hijo. Pido disculpas porque si no he hablado en su momento fue porque estuve amenazada por el subcomisario Montenegro”.
Víctor Manuel Salinas: Sargento. 7 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravado por su función de policía. “Quiero solidarizarme con Gladys, la mamá de Luis. Y pedir perdón, estoy arrepentido”.
Carlos Lisandro Romano: Agente. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Llegué a encerrarme en un cuarto de la comisaría para no tocar el cuerpo de Espinoza. Yo estuve sentado acá por la cobardía de Morales, que mató a Espinoza por la espalda y no se hizo cargo”.
José María Paz: Cabo. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “No tengo nada para decir, solo que se haga justicia”.
René Eduardo Ardiles:Sargento. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Pido disculpas a toda la familia Espinoza. Agrego que la policía tiene un alto nivel de instrucción y que provengo de una familia de policías”.
Héctor Villavicencio (vigía comunal) y Álvaro Gonzalo González (civil): Absueltos por el beneficio de la duda.
La medida de asistencia se reforzó luego de la reunión que encabezó este viernes el intendente Julio Garro con el Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) junto a los responsables de distintas secretarías de gobierno para delinear acciones preventivas frente a la continuidad de las altas temperaturas.
A partir del trabajo articulado de las distintas áreas de la Comuna, el COEM amplió durante la última semana la distribución de agua en los barrios, desplegando acciones en las 24 localidades del Partido. Además, se reforzó la asistencia en Olmos, Tolosa, Gonnet, Ringuelet, San Carlos, Los Hornos y Hernández, entre otras zonas.
Las tareas, que son coordinadas por el área de Gestión del Riesgo y se desarrollan de forma diaria, continuarán durante todo el fin de semana con nuevos operativos de entrega en los distintos barrios afectados. Actualmente los dispositivos se desarrollan en San Carlos y Hernández.
“Hemos diseñado un mapa estratégico que nos permite trazar un plan de acción para abastecer de agua potable a aquellas zonas que tienen problemas en el suministro del servicio”, informó el secretario de Gobierno y titular del COEM, Marcelo Leguizamón.
Como parte del procedimiento, se lleva adelante un trabajo articulado con cada uno de los centros comunales, para luego proceder a la entrega de agua por medio de los camiones hidrantes que permiten asistir a las familias damnificadas.
En ese sentido, desde la Comuna detallaron que “ante la inacción y la falta de respuesta de la empresa prestataria del servicio, el Municipio ya entregó más de 500 mil litros de agua”.
Frente a esta situación, desde la Municipalidad se intimó a ABSA a regularizar y garantizar el normal suministro del servicio. También se dispuso garantizar la entrega de agua en escuelas, jardines y barrios, intensificar las tareas de atención y asistencia con el SAME, y exigir la colocación de puntos de hidratación en dependencias de atención al público nacionales y provinciales con asiento en la Ciudad, principalmente donde se concentren adultos mayores y menores.
El intendente de General Pueyrredón, GuillermoMontenegro, presentará un reclamo contra las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la cesión de tierras a un grupo de unas 40 personas pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la zona de El Marquesado, al sur de Mar del Plata.
Los vecinos de la zona detectaron que el grupo se había asentado en un campo de 140 hectáreas que pertenece al Estado Nacional y que había sido cedido por la AABE, que preside Eduardo Albanese.
Ante esta situación, Montenegro denunció públicamente lo sucedido y afirmó que se trata de un “atropello” por parte de la organización piquetera y política que llevó a cabo la ocupación, con el apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos.
Por su parte, Juan Grabois, líder del MTE, negó haber motorizado el hecho pero lo apoyó y acusó al intendente de Mar del Plata de querer usar el lugar para un emprendimiento inmobiliario. Montenegro respondió que “ni siquiera saben inventar mentiras que tengan algún tipo de coherencia y así lograr engañar a la gente. Esas personas las trajo una organización piquetera y política con apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos, que es el AABE. Por eso decidimos presentar denuncias penales por lo que consideramos un atropello”.
Este no es el primer caso de intento de ocupación de terrenos en la zona: en el último tiempo hubo tres situaciones similares a la actual. En dos de ellas, la justicia ordenó el desalojo correspondiente, mientras que en la tercera se encuentra en proceso de resolución.
Montenegro afirmó que hará “lo imposible” para que la ocupación no se lleve a cabo, y agregó que“por más que sea un acto administrativo, no puede ser tomado a la ligera. No puedo entregar un edificio del Municipio a un grupo de personas porque a mí se me ocurre”.
El abogado mediático y candidato a Gobernador de Buenos Aires admitió que asesoró a Juan Martín Rago en la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual.
Negreabas a tu empleada y la quisiste callar con un contrato o un subsidio. Viqui, aunque sea cállate y seguí cobrando como Subsecretaria de coso con Kicilloff https://t.co/0ZOn8pYL1c
