Denuncian a un juez por favorecer y privilegiar a Milagro Sala

Sergio Lello titular del Ministerio Público de Acusación, denunció al juez Cattan por favorecer y privilegiar a Milagro Sala.
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El fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, denunció ante el Superior Tribunal de Justicia a magistrados que habrían favorecido con resoluciones a la dirigente social piquetera Milagro Sala.

El fiscal general apuntó a los jueces que intervienen en la ejecución de condenas de prisión que pesan sobre Milagro Sala, en especial contra del juez Carlos Emilio Cattan, entendiendo que incurren en “dilaciones indebidas” como así también “reticencias injustificadas”, “al desempeño de sus funciones” e “incumplimiento de los deberes a su cargo”, conforme el Artículo 172 Inciso 2 de la Constitución Provincial.

Juez Carlos Emilio Cattan

En la misma denuncia, elevada al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Federico Francisco Otaola, también se requiere “emplace a quien corresponda” en relación a los procesos de ejecución de las condenas dictadas en contra de la dirigente condenada, y de esta manera se inicie la ejecución de la pena, se realice su cómputo y se disponga el traslado a una cárcel común para comenzar el tratamiento penitenciario y proceda a la unificación de las dos condenas por las causas Nº 822/2018, conocida como “Pibes Villeros”; y Nº 59/2017, por Amenazas Coactivas.

En otro tramo se advierte además, que la dirigente piquetera k está acusada de delitos cuando cumplía la medida cautelar de prisión domiciliaria (Fiesta de cumpleaños por ejemplo), lo que pone en evidencia la necesidad imperiosa de comenzar cuanto antes el tratamiento penitenciario contra Sala.

Redacción

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“BASTA DE PRIVILEGIOS” | Diputados de Entre Ríos aprobaron la eliminación de las pensiones vitalicias para exfuncionarios

Ayer miércoles, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el dictamen de mayoría para derogar la ley sobre el régimen de pensiones especiales o de privilegio. La media sanción, votada durante la cuarta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, se logró por unanimidad.

La iniciativa es, en palabras del presidente de la Cámara, Gustavo Hein, un “paso muy importante para terminar con los privilegios de la política”. En concreto, el proyecto busca derogar la Ley 4.506 y sus modificatorias sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia.

De tal manera, el proyecto enviado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, “elimina las pensiones vitalicias que actualmente perciben exgobernadores y exvicegobernadores”, puntualizó Hein, quien consideró la medida como “un avance más para tener una sociedad más justa, donde los que tenemos la responsabilidad transitoria de gobernar y legislar, no gocemos de beneficios que nos alejan de la comunidad entrerriana”.

“Este proyecto tiene que ver con la igualdad ante la ley. Esto que el ciudadano común interpreta como jubilaciones de privilegio, no es equitativo cuando a los trabajadores se les exige una determinada edad y una determinada cantidad de años de aportes para poder jubilarse”, argumentó la diputada Érica Vilma Vázquez, de Juntos por Entre Ríos, quien preside la comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social.

Redacción

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“Dejen de perseguir a los que pensamos distinto” | El gran discurso de una joven liberal en la UBA

El miércoles 10 de abril, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria. “En las condiciones actuales se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial”, afirmaron los miembros.

Por ello, los estudiantes liberales de la universidad también manifestaron su preocupación. Rocío Gómez, presidenta de Jóvenes Republicanos Unidos y miembro del centro estudiantil Somos Libres, expresó: “Estudio en la UBA, soy liberal y también quiero a la UBA. A mi también me preocupa la situación” que atraviesa la Universidad.

Desde las escalinatas de la Facultad de Ciencias Económicas, la joven mencionó que, “a diferencia del discurso actual impuesto” por las agrupaciones de izquierda y kirchneristas, el problema presupuestario “no es algo nuevo, viene de años. Durante los últimos años hubo un congelamiento del presupuesto, tanto del Superministro (Sergio) Massa y del gobierno kirchnerista anterior”.

Gómez incentivó a pedir una auditoría del presupuesto de la Universidad. “Nos dicen que cuidemos la UBA ¿pero cuidemos qué realmente? ¿a dónde va la guita? Porque tenemos muchos docentes que trabajan gratis. Y conocemos la situación actual de la Universidad”.

Luego, hizo hincapié en la porción de militantes violentos que habitan la facultad, instándolos a no perseguir a quienes piensan diferente: “Los pibes que defendemos las ideas de la libertad vamos a seguir acá, no nos vamos a ir. Los liberales creemos en la educación pública también como motor del ascenso social, en una sociedad meritocrática y de trabajo. Creemos en la educación popular, en la educación de todos los habitantes, que es una tarea prioritaria para la construcción de una nación”.

Redacción

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En medio del ajuste, Pullaro destina pauta millonaria a un medio de Rosario

Esta asignación millonaria, anunciada en un contexto donde el presidente Javier Milei ha instado a recortar fuertemente el gasto público, ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno provincial. Por caso, en lugar de destinar recursos a áreas urgentes como Educación, con las escuelas en franco deterioro y los estudiantes sufriendo la amenaza permanente del narcotráfico, Maximiliano Pullaro optó por canalizar una cantidad exorbitante de dinero hacia un conglomerado mediático para cuidar su imagen.

El acuerdo con Scaglione, que implica el salvamento del pasivo económico de sus empresas y el compromiso anual de 2.000 millones en pauta publicitaria, se presenta en un momento en el que La Capital de Rosario, el diario más antiguo de Argentina, enfrenta dificultades financieras debido a la caída de la publicidad y la circulación, problemas que también afectan a otros medios del interior del país.

El hecho de que Pullaro haya decidido destinar esta suma significativa de dinero a un medio de comunicación, mientras la crisis económica golpea a la población y otros sectores están en riesgo, ha despertado críticas contundentes. Especialmente cuando se considera que parte de los recursos de Scaglione se utilizaron para financiar la llegada de Marcelo Tinelli al Grupo América, en lugar de invertir en el fortalecimiento del periodismo local y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de La Capital.

Daniel Vila y Gustavo Scaglione
Daniel Vila y Gustavo Scaglione

La decisión del gobernador, en un momento donde la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos son imperativas, plantea interrogantes sobre las prioridades de Pullaro y sus relaciones con los poderes económicos. Mientras tanto, el debate sobre el rol de los medios de comunicación y su relación con el poder político y económico continúa abierto, alimentando preocupaciones sobre la independencia y la ética periodística en un contexto de crisis y desafíos para el periodismo argentino.

Redacción

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Empleado de ANSES y concejal K de Lanús increpó a una mujer que estaba filmándolo

En el marco de las protestas que lleva adelante ANSES por el recorte de gastos que lleva adelante el Gobierno, desde Lanús, cobró relevancia en redes el nombre de Daniel Dragoni, empleado del organismo estatal y también concejal del distrito de Unión por la Patria.

Una vecina afectada por la protesta de los trabajadores fue increpada por Dragoni: “¿Vos qué te pensas, que somos todos ñoquis?”, vociferó, antes de ser frenado por sus propios compañeros, que evitaron que la situación pase a mayores.

Dragoni fue concejal de Lanús durante el período 2017-2021 por el Frente de Todos, y conservará el cargo hasta 2027, por Unión por la Patria. Además de ser empleado de ANSES, integra la comisión directiva de Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada.

Redacción

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

Redacción

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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