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El fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, denunció ante el Superior Tribunal de Justicia a magistrados que habrían favorecido con resoluciones a la dirigente social piquetera Milagro Sala.
El fiscal general apuntó a los jueces que intervienen en la ejecución de condenas de prisión que pesan sobre Milagro Sala, en especial contra del juez Carlos Emilio Cattan, entendiendo que incurren en “dilaciones indebidas” como así también “reticencias injustificadas”, “al desempeño de sus funciones” e “incumplimiento de los deberes a su cargo”, conforme el Artículo 172 Inciso 2 de la Constitución Provincial.
Juez Carlos Emilio Cattan
En la misma denuncia, elevada al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Federico Francisco Otaola, también se requiere “emplace a quien corresponda” en relación a los procesos de ejecución de las condenas dictadas en contra de la dirigente condenada, y de esta manera se inicie la ejecución de la pena, se realice su cómputo y se disponga el traslado a una cárcel común para comenzar el tratamiento penitenciario y proceda a la unificación de las dos condenas por las causas Nº 822/2018, conocida como “Pibes Villeros”; y Nº 59/2017, por Amenazas Coactivas.
En otro tramo se advierte además, que la dirigente piquetera k está acusada de delitos cuando cumplía la medida cautelar de prisión domiciliaria (Fiesta de cumpleaños por ejemplo), lo que pone en evidencia la necesidad imperiosa de comenzar cuanto antes el tratamiento penitenciario contra Sala.
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Otro curro más salpica al gobierno de Axel Kicillof, vinculado nuevamente al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su banda comandada por Claudia Pombo (presidenta del Concejo Deliberante de Pilar e íntima del intendente Federico Achaval), Mario Quattrochi (juez de faltas bonaerense de La Plata y San Isidro), Pablo Sanguinetti (director provincial del ministerio), y Lourdes Giménez (subsecretaria Legal y Técnica y, a la par, armadora de la estructura criminal de la banda), y Laura Angeletti (funcionaria de Transporte e integrante de la comisión de preadjudicación de las VTV).
Ahora se vieron involucrados en un entramado que relaciona una “empresa” sin experiencia en el rubro, encargada de prestar un supuesto servicio a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, a cambio de un importante porcentaje que abonan los conductores bonaerenses a la hora de realizar el trámite de verificación técnica vehicular.
La maniobra denunciada derivó en la causa caratulada como “FSM 23688/2024 D’Onofrio Jorge Alberto y otro S/ Infracción ART. 303″, la cual recayó en el juzgado Federal de Campana – secretaría Penal Nro. 2, a cargo del juez Adrián González Charvay, el cual en primera instancia se declaró incompetente para investigar, por un presunto pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval, a fin de proteger a su colega pilarense, Claudia Pombo.
Finalmente, la cuestión fue resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual revocó la decisión del Juez Charvay, y le ordenó que investigue a los funcionarios denunciados por lavado de activos.
HECHOS
El 15 de mayo de 2023, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (CUIT 30-70798737-1) realizó una “oferta irrevocable para la implementación de innovaciones tecnológicas para la gestión de servicio de VTV” a las empresas de VTV:
1.- VTV Norte SA (CUIT 30-68520007-0);
2.- SGS Argentina SA (CUIT 30-54711042-7);
3.- Applus Iteuve Argentina SA (CUIT 30-68520014-3);
4.- VTV Noroeste SA (CUIT 30-68492348-6);
Esta “oferta irrevocable”, atento a que se realizó de manera previa a la licitación del servicio de VTV que realizara el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires el 15 de junio del 2023, se encontraba misteriosamente supeditada a que dichas empresas resultaren finalmente adjudicadas de dicho servicio.
La mencionada oferta, se convertiría en caso de efectivizarse tal condición -según cita textual- en un “acuerdo estratégico permitiendo un esquema de colaboración mutua que habilite a las concesionarias (empresas de VTV) dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el ministerio de Transporte tendiente a implementar innovaciones tecnológicas en el sistema de VTV”.
En concreto, el ministerio de Transporte realizó supuestos requerimientos tecnológicos (vaya a saber a quién, cuándo y cómo), de los cuales tomó conocimiento la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, por ende se anticipó a ofrecer brindar “esa solución” a las empresas de VTV, a quienes evidentemente les tenía mucha fe de que resultarían adjudicatarias de un futuro llamado a licitación realizado por la cartera ministerial de Jorge D’Onofrio.
La empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, es presidida por Sebastián Desio, y su vicepresidente resulta ser Diego Fornesi.
Sebastián Desio, en el medio. A su izquierda, Tomás Uthurriague (director de Sistemas de Transporte). A su derecha, Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, dependiente también del ministerio de Transporte, y miembro reconocido del club platense de Rubgy San Luis.
Sebastián Desio, a quien se puede observar en la foto en un acto de campaña del ministro Jorge D’Onofrio, resultar ser entonces el presidente de la empresa que, sin ningún tipo de licitación ni antecedentes en el rubro, percibe el 8,5 por ciento + IVA, del 70 por ciento del producido de las empresas de VTV adjudicadas de la provincia que conduce Axel Kicillof, conforme la cláusula séptima del convenio: “La proveedora tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado a través de los medios de pago habilitados, en el marco de los contratos de concesión, incluidas las prórrogas, adendas y/o enmiendas correspondientes, que a cada una de las empresas concesionarias le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTC neta de IVA”.
Uno puede preguntarse: ¿Qué garantía tenían las empresas, las cuales cederían un importante porcentaje del cobro de VTV, de que se cumpla con la promesa de adjudicación? Sucede que todo estaba expresamente supeditado a que el ministerio de Transporte emita el acto administrativo de aprobación de dicho acuerdo.
La “propuesta tecnológica” de la empresa de Sebastián Desio, vaya sorpresa, fue posteriormente aprobada por parte de ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de esta forma consumada la asociación ilícita para el desvío de los fondos que representan un 8,5 por ciento más IVA de cada pago que los contribuyentes bonaerenses realicen a cada una de las empresas de VTV concesionadas.
Ello explica por qué el ministro Jorge D’Onofrio junto a Axel Kicillof, decidieron aumentar, en un plazo de diez meses, un 296,7 por ciento los valores de la VTV en el territorio bonaerense. El 4 de abril del 2024, el valor de la tarifa básica fue de 15.997 pesos, y por la resolución dictada en septiembre de este año, el costo de verificación fijado para febrero del 2025 será de 63.463 pesos, es decir, casi el triple de lo fijado para abril del año en curso.
Para cuantificar la importante caja que queda en manos de Axel Kicillof y su ministro de transporte, veamos que, según datos oficiales, cada año se realizan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más de 3.1 millones de verificaciones. Y casi una décima parte de lo recaudado queda en manos de la empresa fantasma cuyos socios son los amigos de transporte.
Ahora bien, ahondando un poco más acerca de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, su vicepresidente resulta ser, Diego Ernesto Fornisi, presidente del querido club San Luis, íntimo amigo de Mario Quattrochi, socio histórico del club, al cual concurren sus dos hijos Francisco e Ignacio Quattrochi.
El denunciado e investigado por la justicia Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires tanto del departamento La Plata como el de San Isidro, participó también de la evaluación de las ofertas de las luego adjudicadas empresas de VTV. En la imagen a la que tuvo acceso el medio Real Politik, se los ve a Mario Quattrochi junto a Sebastián Desio y uno de los empresarios de la VTV, en pleno proceso de adjudicación. Resulta más que extraña la relación que puede tener un juez de Faltas provincial con la adjudicación de un servicio de verificación técnica vehicular.
Mario Quattrochi a la derecha de la foto, y a su izquierda, Claudia Pombo, mano derecha de Jorge Donofrio y presidente del Concejo Deliberante de Pilar, cuyo intendente es Federico Achaval.
Recordemos que Mario Quattrochi tiene un intenso vínculo con Claudia Pombo, compañera de muchos viajes a la localidad de Málaga, España. Ambos constituyeron, Mario Quattrochi y Claudia Pombo, al menos tres empresas en Málaga, denominadas “Cattleya Blue”, “Almus Blue” y “Balin Europa SL”, las cuales se encuentran actualmente investigadas por la Justicia de nuestro país. Ello implica el motivo por el cual, de acuerdo al informe de Migraciones requerido por la Justicia, ambos cuentan con catorce salidas del país, tanto Claudia Pombo como Mario Quattrochi, en su mayoría a España.
A la izquierda de la imagen, Mario Quattrochi, y su derecha, Claudia Pombo, en el lujoso bar que comparten en Málaga “Tardeo Soho”.
Claudia Pombo, con un exclusivo champagne “Lamborghini” en el bar Tardeo Soho.
Volviendo al entramado de las VTV, los socios de los funcionarios de transporte, Sebastián Desio y Diego Fornisi, titulares de la empresa en cuestión, se aseguraron de quedar atados en una importante suma, durante todo el período de la concesión de las empresas VTV, en caso de que éstas resultaren finalmente adjudicatarias.
En caso de resultar adjudicatarias las empresas de VTV mencionadas, según la cláusula séptima “Contraprestación económica – Retribución de la proveedora”, la visionaria sociedad de Sebastián Desio, cita textual, “tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado que a cada empresa le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTV neto de IVA”.
Finalmente, vaya sorpresa, las cuatro empresas que recibieron la “oferta irrevocable para soluciones tecnológicas”, resultaron adjudicatarias de once zonas, de un total de dieciséis licitadas. Es decir, ganaron el 70 por ciento del total licitado. Ello surge de la resolución dictada por el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 4 de enero de 2024, N° RESO-2024-2-GDEBA-MTRAGP, en el marco del expediente EX2023-03711402-GDEBA-DSTECMTRAGP.
EMPRESAS EXTRANJERAS PARA DESVÍO DE FONDOS:
Capítulo aparte merece el entramado de expresas extranjeras que impunemente han constituido los funcionarios de la cartera ministerial de Transporte.
Tal como se ha denunciado en el expediente judicial, se han utilizado al menos tres empresas en el Reino de España, concretamente de Málaga, constituidas a partir del desvío de fondos de las maniobras identificadas, para concretar el lavado de dinero de los fondos recaudados en Argentina mediante las operaciones denunciadas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la destitución de Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien había investigado al exgobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión por corrupción. En una decisión unánime, el máximo tribunal consideró que el proceso que culminó con la exoneración de la fiscal en 2022 estuvo plagado de irregularidades que vulneraron el debido proceso y la garantía de defensa.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, determinó la nulidad de todas las actuaciones desde que se conformó el jurado que destituyó a Goyeneche. Según la Corte, hubo graves defectos en la integración del Jurado de Enjuiciamiento y en la designación del acusador, lo que afectó la imparcialidad del procedimiento. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también fue cuestionado por no abordar de manera adecuada los planteos sobre la falta de objetividad en el caso.
Cecilia Goyeneche, quien era procuradora adjunta de Entre Ríos, se destacó por investigar casos de corrupción de alto impacto, incluido el entramado de desvío de fondos públicos conocido como el caso de los “Contratos de la Legislatura”. Sin embargo, en 2021 fue acusada de “mal desempeño” por no haberse excusado en una causa donde mantenía vínculos personales con uno de los imputados. Tras un proceso calificado como “venganza política” por la propia fiscal, fue destituida en mayo de 2022.
En ese momento, Goyeneche denunció públicamente la falta de garantías en el proceso y la motivación política detrás de su destitución. “Lo que hicieron da asco”, expresó entonces, señalando que su remoción buscaba desactivar investigaciones futuras sobre corrupción en la provincia.
El fallo de la Corte no implica una evaluación sobre los hechos que originaron el juicio político, pero sí establece que las irregularidades procesales descalificaron todo lo actuado. Ricardo Lorenzetti, en un fundamento adicional, enfatizó la importancia de que las sentencias sean claras y fundadas para garantizar la legitimidad del Poder Judicial. “Los jueces y juezas no solo deben dar resultados, sino argumentos que constituyan una guía para que la sociedad comprenda los principios del Estado de Derecho”, escribió.
La resolución ordena que la causa regrese a Entre Ríos para un nuevo pronunciamiento, aunque las irregularidades detectadas podrían dificultar una eventual ratificación del proceso. Goyeneche, en tanto, recupera su lugar en un caso que marca un precedente en la defensa de los principios constitucionales frente a la arbitrariedad institucional.
Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.
El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.
La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.
LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:
Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.
“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.
“Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.
Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.
EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”
La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.
“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.
AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:
La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.
Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.
Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.
El exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial Pedro Báez será trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná tras la decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Báez fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio por corrupción que también implicó al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
La resolución del Tribunal —integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón— se produjo con una votación dividida. Mientras Castagno abogó por la prisión domiciliaria, Vergara y Garzón coincidieron en enviar a Báez a la cárcel. La medida fue ejecutada inmediatamente, y el exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en calle Jozamí al penal ubicado en la intersección de las calles Marcos Sastre y Ruperto Pérez, en Paraná.
La Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, argumentó que Báez, al igual que Urribarri y Aguilera, cuenta con recursos económicos que facilitarían una posible fuga. Este argumento fue respaldado por el juez Garzón, quien citó criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de los delitos y el riesgo de evasión.
El equipo defensor de Báez, integrado por José Velázquez e Ignacio Díaz, solicitó que, de considerarse una medida coercitiva, esta fuera la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Además, ofrecieron que la caución de 20 millones de pesos ya abonada se mantuviera como garantía. Sin embargo, el Tribunal rechazó estas solicitudes y dispuso la prisión preventiva en el penal.
La decisión del Tribunal se enmarca en una serie de medidas adoptadas recientemente contra funcionarios del urribarrismo. El pasado martes, Urribarri y Aguilera fueron detenidos y trasladados a la misma cárcel. La Cámara de Casación Penal de Paraná había ordenado previamente la detención inmediata de ambos, un antecedente que pesó en la resolución de Báez.
Este no es el primer intento de encarcelamiento para el exministro. En ocasiones anteriores, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva argumentando riesgo de fuga, especialmente después de que su abogado defensor no notificara la continuidad de apelaciones contra la sentencia.
Con esta medida, el exministro, quien ocupó un rol clave en el gobierno de Urribarri entre 2007 y 2015, se suma a la lista de altos funcionarios condenados y encarcelados por corrupción en Entre Ríos. A la espera de que se resuelvan sus apelaciones en instancias superiores, Báez comenzará a cumplir su condena en un contexto de creciente presión judicial sobre los actos de corrupción del pasado gobierno provincial.
El Superior Tribunal de Justicia será la última instancia en determinar si Báez, Urribarri y Aguilera continúan en prisión o acceden a la prisión domiciliaria, una decisión que podría redefinir el desenlace de este resonante caso de corrupción.
En la mañana de este viernes, operarios retiraron un busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ubicadas en la avenida Paseo Colón 239, en la zona del Bajo porteño, en el barrio de Monserrat (Comuna 1).
Según trascendió, la orden fue dictada por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. En redes la funcionaria expresó: “En el día de hoy, se retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de ANSES de la Av. Paseo Colón”.
Esto se da un día después de que la funcionaria emitiera una resolución para dar de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner y también la pensión que le correspondía por ser viuda de un expresidente.
A eso sumó cuatro fotos de los momentos en que dos operarios retiraban la estatua del expresidente, que estaba ubicada en una tarima en la zona del ingreso. En la secuencia se observa después a estos dos hombres con gorra y guantes subir el busto a una camioneta Peugeot Partner ploteada con la insignia oficial y, por último, a la representación ubicada en un lugar que parece un depósito, arriba de un pallet de madera.
Tanto detrás en la pared como en la parte inferior de la estatua había dos carteles idénticos pegados. “Las y los trabajadores de la Anses no olvidamos”, decía, junto a una foto de Néstor y Cristina Kirchner abrazados.
La noticia no pasó desapercibida para los representantes del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Anses (Secasfpi), que publicaron en sus redes sociales un comunicado para repudiar la medida tomada por Pettovello. Primero, a través de una grabación mostraron el momento en que los dos operarios retiraban de la sede gubernamental del centro porteño el busto y lo colocaban en la camioneta, detenida en plena calle con balizas.
El pasado viernes 8 de noviembre, el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como “El Presto,” donó un busto del General José de San Martín a Villa Yacanto, una localidad situada a poco más de 150 kilómetros de la capital de Córdoba.
“Inauguramos un busto en honor al General José de San Martín, uno de los grandes próceres de nuestra historia. Este espacio no solo celebra la memoria de quien luchó incansablemente por nuestra independencia, sino que también invita a reflexionar sobre los valores que San Martín nos legó: libertad, justicia y sacrificio”, publicó El Presto en sus redes tras el evento, donde estuvo acompañado por vecinos y autoridades municipales.
El periodista agradeció la participación de quienes asistieron a la ceremonia y subrayó la importancia del nuevo monumento: “Este nuevo símbolo en nuestro pueblo será un espacio para conectarnos con nuestra historia, rindiendo tributo a quienes nos dieron patria”.
El acto contó con la presencia del intendente Fernando Moiso, de La Libertad Avanza; la legisladora provincial NancyAlmada; el historiador FabiánAgostini, vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Maipú; y Manuel Bustos, veterano de Malvinas. Agostini, junto con Martín Vargas, realizó una contribución simbólica especial al incorporar al monumento arena del puerto peruano de Paracas —donde desembarcó San Martín— y tierra de Boulogne-sur-Mer, en Francia, lugar donde el prócer pasó sus últimos días.
La idea del busto surgió cuando Prestofelippo visitó Villa Yacanto meses atrás, en el marco de su serie de informes “Municipios Destruidos”, que expone los desafíos que enfrentan los nuevos gobiernos municipales tras largos años de administración kirchnerista. En esa visita, el periodista se enteró de que la ciudad no contaba con un monumento en honor al “Padre de la Patria”.
Prestofelippo encargó entonces el busto a Carlos Benavídez, un reconocido escultor cordobés, recientemente autor del galardón Marca América Award, entregado a LionelMessi. La escultura se distingue de las demás por una placa que recoge las máximas que San Martín escribió para su hija, Mercedes Tomasa San Martín y Escalada.
“¡San Martín ya está en Villa Yacanto! Con mucho esfuerzo y cariño pudimos lograr que el Gral. San Martín tenga su monumento en esta localidad cordobesa. ¿Por qué doné el monumento? Porque me parecía VERGONZOSO que un pedazo de nuestra patria no cuente con un homenaje a nuestro libertador”, expresó el periodista en un posteo en sus redes sociales.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos maten? Estamos hartos. En lugar de preocuparse por lo que decimos y mandar al caradura de @M_Saredi a mentir con estadísticas que no le importan a nadie, hagan algo de una vez, @FerEspinozaOK, @Kicillofok. Hace 40 años que gobiernan… https://t.co/vSkAo96VJG
