01 octubre, 2025

Corte de Nueva York ordena reincorporar a los trabajadores despedidos por mandato de vacuna obligatoria

El juez Ralph Porzio señaló que la orden "arbitraria y caprichosa" había violado los derechos de los trabajadores de la ciudad "que se presentaron a trabajar, con gran riesgo para ellos mismos" durante la pandemia
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Un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York ordenó que los trabajadores de la ciudad que fueron despedidos por negarse a cumplir con el mandato de vacunación deben ser reincorporados y recibir salarios retroactivos.

El juez Ralph Porzio señaló en un fallo emitido el lunes que una orden en toda la ciudad que exigía que los trabajadores se vacunaran era “arbitraria y caprichosa” y había violado la doctrina de separación de poderes del estado. “Es hora de que la ciudad de Nueva York haga lo correcto y lo justo”, manifestó el magistrado.

Nueva York
La Corte Suprema de Nueva York.

La orden surgió de una demanda presentada por 16 empleados del Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York, quienes fueron despedidos en febrero por no cumplir con un mandato de vacunación. La orden también se aplicará a los más de 1400 trabajadores de la ciudad, incluidos cientos de policías, bomberos y empleados del Departamento de Educación, que perdieron sus trabajos.

“Acabamos de vencer el mandato de vacunación para todos los empleados de la ciudad”, celebró Chad Laveglia, un abogado que representa a los trabajadores de saneamiento, en un comunicado poco después de que se publicara el fallo judicial.

Chad Laveglia
Chad Laveglia, abogado que representa a los trabajadores de saneamiento.

El candidato republicano a gobernador, Lee Zeldin, observó que era un “fallo 100 por ciento correcto y justo” en una publicación de Twitter. “Nadie debería perder su trabajo por la decisión personal de vacunarse o no contra el Covid-19” subrayó,.

El fallo de 12 páginas del juez Porzio criticó duramente la orden del ex alcalde Bill de Blasio de exigir que los trabajadores de la ciudad recibieran dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, que luego se extendió a los empleadores privados.

Lee Zeldin
El candidato republicano a gobernador, Lee Zeldin.

No hay nada en el expediente que respalde la racionalidad de mantener un mandato de vacunación para los empleados públicos, mientras se suspende el mandato para los empleados del sector privado o se crea una exclusión para ciertas profesiones, como atletas, artistas e intérpretes”, escribió el juez.

Esta es claramente una acción arbitraria y caprichosa porque estamos tratando con personas no vacunadas iguales que reciben un trato diferente por parte de la misma agencia administrativa”, resaltó el magistrado.

Bill de Blasio
El ex alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

El juez Porzio escribió que las tasas de vacunación en Nueva York habían alcanzado casi el 80 por ciento y que “no deberíamos castigar a las personas que se presentaron a trabajar, con gran riesgo para ellos y sus familias, mientras estábamos encerrados”.

En marzo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrentó críticas por permitir que los atletas no vacunados jugaran partidos en casa, mientras la prohibición para los trabajadores de la ciudad no vacunados seguía vigente.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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