CORREO ARGENTINO | Los Macri mejoraron la oferta a último momento

El Grupo Socma ofreció pagar el 100% de la deuda al Estado Nacional; mejoró su propuesta horas antes de la audiencia que debía definir el salvataje o la quiebra de la empresa.
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Por orden de la familia Macri, los abogados del Grupo Socma presentaron una nueva propuesta. Incluyó el pago del 100% de lo que se le adeuda al Estado, en una cuota.

El holding familiar mejoró su oferta al Estado y a los acreedores quirografarios horas antes de que comenzara la audiencia que la Justicia convocó para definir el futuro de Correo Argentino.

Los abogados del Grupo Socma ofrecieron “el pago íntegro (100% cien por ciento) del capital verificado y/o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”, que se abonaría en una cuota a los 30 días de adquirida firmeza la homologación del acuerdo preventivo”.

Para el Grupo Socma, su oferta permitirá verificar si los representantes del Estado buscan defender los intereses públicos o si, por el contrario, buscan otro instrumento para perseguir al expresidente Mauricio Macri y su familia.

“El principal responsable de la cesación de pagos de la empresa y su posterior agravamiento es el Estado Nacional al incumplir sus obligaciones contractuales y luego expropiarle por decreto, y sin compensación alguna todos los bienes de su propiedad y sin absorber (como en todo proceso de expropiación de una empresa), sus deudas”, argumentaron. “Con posterioridad a semejante acto de arbitrariedad, el Estado Nacional ha demostrado en este expediente una hostilidad manifiesta que ha ido oscilando en su virulencia en función de los intereses políticos del Poder Ejecutivo de turno, atento el vínculo del expresidente de la Nación con la sociedad accionista de Correo Argentino.”

Con abogados del Banco Nación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Procuración del Tesoro presentes en la audiencia, representantes de la sindicatura general y verificante, una primera pregunta derivada de la propuesta del Grupo Socma pasa por la cuantía definitiva de su propuesta.

El Grupo Socma determinó la deuda en $1011 millones, mientras que el Estado Nacional sostiene que podría rondar los $4300 millones y el Ministerio Público Fiscal entiende que superaría los $70.000 millones.

El holding familiar presentó la semana pasada otro escrito en el que cifró esa deuda con el Estado Nacional en $1011 millones, presentación que la Procuración del Tesoro rechazó “en todos sus términos”.

El monto de esa deuda es objeto de todo tipo de cálculos. Si para el Grupo Socma apenas superaría los $1000 millones, para el Estado nacional podría rondar los $4300 millones, en tanto que un cálculo actualizado por Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal, elevó ese monto hasta superar los $70.000 millones.


Redacción

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Denuncian a funcionarios de Alicia Kirchner: “Siguieron robando después de dejar el gobierno”

En el marco de los allanamientos realizados en Río Gallegos, Julio Gutiérrez señaló al la anterior gestión de la cartera de Trabajo por estafa y robo al Estado provincial. Según explicaron fuentes oficiales, los exfuncionarios habrían logrado seguir actuando con los ilícitos a pesar del cambio de gobierno.

Los funcionarios de Alicia Kirchner no entregaron a las nuevas autoridades claves, datos de plataformas de compra y cuentas, de un convenio del Ministerio de Trabajo para comprar artículos necesarios para el área en el rubro de mantenimiento y servicios. El desfalco, según estiman los miembros de la actual gestión es de $27 millones.

Con ese modus operandi, siguieron comprando repuestos, cubiertas y otros servicios a nombre del Ministerio de Trabajo, que fueron almacenando en galpones de su propiedad que se encuentran en la zona industrial, y que forman parte de la empresa “Cielos Patagónicos, viviendas industrializadas”.

Las compras se habrían realizado en comercios como Toyota, Pirelli y Austral Gomas, y habrían sido retirados por un empleado de la empresa de Romina Silva que fue “pescado infraganti” cuando realizaba una de estas maniobras.

Gutiérrez precisó que “la principal autora de todo esto es la anterior secretaria del Ministro de Trabajo”. Romina Silva fue o es la mano derecha de Teodoro “Lalo” Caminos, exministro de Trabajo de Santa Cruz. “En la época cuando se hizo la transición (de gobierno) no nos entregaron claves, ni plataformas, ni cuentas que tenían que ver con cuestiones de mantenimiento y servicios”, explicó el actual ministro.

Indignado, Julio Gutiérrez afirmó: “No les bastó con robar cuando estaban en el gobierno, sino que siguieron robando después de dejarlo, lo que demuestra la impunidad de esta gente, la falta de respeto y la absoluta desconsideración y burla hacia toda la sociedad santacruceña que está viviendo momentos difíciles. Pero como dijo el gobernador Vidal desde que asumió, se ha terminado el robo en Santa Cruz y los responsables irán a prisión por sus acciones delictivas”.

Redacción

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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