CORREO ARGENTINO | Los Macri mejoraron la oferta a último momento

El Grupo Socma ofreció pagar el 100% de la deuda al Estado Nacional; mejoró su propuesta horas antes de la audiencia que debía definir el salvataje o la quiebra de la empresa.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Por orden de la familia Macri, los abogados del Grupo Socma presentaron una nueva propuesta. Incluyó el pago del 100% de lo que se le adeuda al Estado, en una cuota.

El holding familiar mejoró su oferta al Estado y a los acreedores quirografarios horas antes de que comenzara la audiencia que la Justicia convocó para definir el futuro de Correo Argentino.

Los abogados del Grupo Socma ofrecieron “el pago íntegro (100% cien por ciento) del capital verificado y/o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”, que se abonaría en una cuota a los 30 días de adquirida firmeza la homologación del acuerdo preventivo”.

Para el Grupo Socma, su oferta permitirá verificar si los representantes del Estado buscan defender los intereses públicos o si, por el contrario, buscan otro instrumento para perseguir al expresidente Mauricio Macri y su familia.

“El principal responsable de la cesación de pagos de la empresa y su posterior agravamiento es el Estado Nacional al incumplir sus obligaciones contractuales y luego expropiarle por decreto, y sin compensación alguna todos los bienes de su propiedad y sin absorber (como en todo proceso de expropiación de una empresa), sus deudas”, argumentaron. “Con posterioridad a semejante acto de arbitrariedad, el Estado Nacional ha demostrado en este expediente una hostilidad manifiesta que ha ido oscilando en su virulencia en función de los intereses políticos del Poder Ejecutivo de turno, atento el vínculo del expresidente de la Nación con la sociedad accionista de Correo Argentino.”

Con abogados del Banco Nación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Procuración del Tesoro presentes en la audiencia, representantes de la sindicatura general y verificante, una primera pregunta derivada de la propuesta del Grupo Socma pasa por la cuantía definitiva de su propuesta.

El Grupo Socma determinó la deuda en $1011 millones, mientras que el Estado Nacional sostiene que podría rondar los $4300 millones y el Ministerio Público Fiscal entiende que superaría los $70.000 millones.

El holding familiar presentó la semana pasada otro escrito en el que cifró esa deuda con el Estado Nacional en $1011 millones, presentación que la Procuración del Tesoro rechazó “en todos sus términos”.

El monto de esa deuda es objeto de todo tipo de cálculos. Si para el Grupo Socma apenas superaría los $1000 millones, para el Estado nacional podría rondar los $4300 millones, en tanto que un cálculo actualizado por Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal, elevó ese monto hasta superar los $70.000 millones.


Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

Cayó preso el jefe antidrogas de la Policía Federal en Córdoba por robar en los procedimientos

La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.

A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.

La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.

El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).

Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.

Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.

Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.

El costado político que complica a Monteoliva

El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.

El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.

HUMOR por Argüelles​

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2025

Subscribe Now