13 septiembre, 2025

CORREO ARGENTINO | Los Macri mejoraron la oferta a último momento

El Grupo Socma ofreció pagar el 100% de la deuda al Estado Nacional; mejoró su propuesta horas antes de la audiencia que debía definir el salvataje o la quiebra de la empresa.
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Por orden de la familia Macri, los abogados del Grupo Socma presentaron una nueva propuesta. Incluyó el pago del 100% de lo que se le adeuda al Estado, en una cuota.

El holding familiar mejoró su oferta al Estado y a los acreedores quirografarios horas antes de que comenzara la audiencia que la Justicia convocó para definir el futuro de Correo Argentino.

Los abogados del Grupo Socma ofrecieron “el pago íntegro (100% cien por ciento) del capital verificado y/o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”, que se abonaría en una cuota a los 30 días de adquirida firmeza la homologación del acuerdo preventivo”.

Para el Grupo Socma, su oferta permitirá verificar si los representantes del Estado buscan defender los intereses públicos o si, por el contrario, buscan otro instrumento para perseguir al expresidente Mauricio Macri y su familia.

“El principal responsable de la cesación de pagos de la empresa y su posterior agravamiento es el Estado Nacional al incumplir sus obligaciones contractuales y luego expropiarle por decreto, y sin compensación alguna todos los bienes de su propiedad y sin absorber (como en todo proceso de expropiación de una empresa), sus deudas”, argumentaron. “Con posterioridad a semejante acto de arbitrariedad, el Estado Nacional ha demostrado en este expediente una hostilidad manifiesta que ha ido oscilando en su virulencia en función de los intereses políticos del Poder Ejecutivo de turno, atento el vínculo del expresidente de la Nación con la sociedad accionista de Correo Argentino.”

Con abogados del Banco Nación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Procuración del Tesoro presentes en la audiencia, representantes de la sindicatura general y verificante, una primera pregunta derivada de la propuesta del Grupo Socma pasa por la cuantía definitiva de su propuesta.

El Grupo Socma determinó la deuda en $1011 millones, mientras que el Estado Nacional sostiene que podría rondar los $4300 millones y el Ministerio Público Fiscal entiende que superaría los $70.000 millones.

El holding familiar presentó la semana pasada otro escrito en el que cifró esa deuda con el Estado Nacional en $1011 millones, presentación que la Procuración del Tesoro rechazó “en todos sus términos”.

El monto de esa deuda es objeto de todo tipo de cálculos. Si para el Grupo Socma apenas superaría los $1000 millones, para el Estado nacional podría rondar los $4300 millones, en tanto que un cálculo actualizado por Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal, elevó ese monto hasta superar los $70.000 millones.


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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