22 junio, 2024

Condenan a dos funcionarios K por participar de “una campaña de desprestigio” contra Lilita Carrió

Se trata de Fabián Osvaldo Di Risio y Fidel Omar Chiapperi ambos fueron encontrados culpables del delito de abuso de autoridad. También dictaron una condena mínima para Ricardo Etchegaray.
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Este martes, el juez federal Sebastián Casanello dictó un año de condena para Osvaldo Di Risio y seis meses de prisión para Fidel Omar Chiapperi, además de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena. Ambos trabajan en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Di Risio como Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas y Chiapperi como Director de la Dirección Regional Central del organismo.

El magistrado los encontró culpables del delito de abuso de autoridad y consideró que, fueron parte de una campaña de desprestigio contra Carrió, mediante la utilización de facultades y potestades propias de sus cargos durante la campaña electoral del 2013. Además, el juez Casanello también requirió investigar la posible participación en el ilícito de otros funcionarios de la agencia y de terceros que también pudieran haber sido parte de los actos delictivos. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo lunes 26.

El fallo de Casanello no tiene precedentes, ya que se condena a juicio oral y público a altos funcionarios de la AFIP por haber utilizado al organismo

Para llegar a confirmar la condena fue clave la declaración de más de quince testigos, quienes afirmaron las irregularidades cometidas por los funcionarios de la AFIP. Además de los testigos, el juez utilizó “entrecruzamientos de comunicaciones telefónicas” que exhibían la maniobra elaborada que tenía como único fin dañar la imagen de Lilita Carrió durante la campaña electoral del año 2013. Cabe destacar que, esta campaña de desprestigio se realizó durante las presidencias de los Kirchner, es por ello que el juez entendió que se utilizó recursos del organismo recaudador para perseguir y desacreditar a la oposición con obvios fines políticos.

El fallo de Casanello no tiene precedentes, ya que se condena a juicio oral y público a altos funcionarios de la AFIP por haber utilizado al organismo. Esta es la primera vez se le logra probar y condenar a funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos por el delito de persecución fiscal.

Redacción

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SANTA CRUZ | Funcionarios K robaban agua de la red pública para venderla

“Acá hubo negocios con el agua toda la vida”. La ciudad santacruceña Caleta Olivia fue territorio de un accionar delictivo insólito: el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, preocupado por numerosas denuncias de vecinos de la localidad, solicitó renuncias en los cargos de conducción de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Según informaron desde el gobierno de Vidal, se descubrió que la empresa estatal boicoteaba el normal suministro de agua en la ciudad para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular. “La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción. Pequeños grupos de la política que se quedó con el patrimonio de los santacruceños”, detalló Vidal.

El boicot de los funcionarios K que hacían el oscuro negociado afectó, según señalaron las fuentes oficiales, a tres escuelas del barrio. Las autoridades encontraron llaves de paso estranguladas cuando investigaron la zona.

“Hoy he solicitado diversos pedidos de renuncias a los cargos más altos de la empresa de Servicios Públicos en Caleta Olivia”, el tuit del gobernador de Santa Cruz

“Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para ‘robar’ el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, y así cargarla en camiones y venderla en forma particular”, señaló.

Dijo que la planta de Ósmosis invertida en Caleta funciona “en un 35%” y que la toma de agua “está construida en un lugar que no corresponde“. “La planta funcionó solamente 8 años y parte de la tecnología que se utiliza para esto no se fabrica más“, aseveró.

Redacción

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ESCÁNDALO POR LOS ALIMENTOS | La polémica compra millonaria de yerba que complica al diputado misionero Pablo Puerta

Una denuncia por “irregularidades, sobreprecios y mala calidad del producto” realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, puso en evidencia el manejo fraudulento de un “aliado” del propio gobierno nacional.

Ocurrió que, tras el escándalo de los alimentos retenidos, las autoridades preguntaron por un multimillonario gasto en yerba mate realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández: $18.000 millones en yerba mate por un total de 17.000 toneladas. El monto despachado significó casi un 70% del total de $30.500 millones destinados en ese momento a esos productos básicos para conformar un stock alimentario para “emergencias”.

La licitación pública N° 95-0058-LPU23 firmada por la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue denunciada por el gabinete de Pettovello a finales de mayo. Entre otros cuestionamientos, también se señaló sobreprecios y mala calidad del producto.

Un detalle sorprendió a las filas libertarias. La compra fue realizada a la empresa Yerbatera Misiones, perteneciente al yerbatero Pedro Puerta, además de diputado provincial, es hijo del exgobernador misionero y presidente provisorio tras la renuncia de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta.

Desde sus redes sociales, el joven diputado se muestra como un acérrimo liberal libertario de primer ola: Militó la decisión libertaria de recortar las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate e incluso logró sumar al bloque de La Libertad Avanza a la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka, quien integraba el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto.

Florencia Klipauka, de 27 años, electa diputada nacional las pasadas elecciones

La denuncia de Pettovello acusa a la empresa Yerbatera Misiones de vender al gobierno yerba mate adulterada con Poleo, una hierba usualmente utilizada para el tratamiento casero de problemas estomacales y respiratorios y que en dosis no reguladas puede acarrear consecuencias para la salud. Debido a su bajo precio y aspecto similar a la yerba mate, se utiliza para mezclar con otras hierbas y reducir el costo. Las hierbas son muy caras, por lo que se emplea un pequeño porcentaje de otras hierbas y una mayor cantidad de poleo.

Tras la acusación, el empresario y legislador provincial respondió a través de un comunicado en el que afirma que todo se trata de “otra operación berreta” en su contra y se declara “soldado” del presidente Javier Milei.

Según detallaron medios de Misiones, después que salió la denuncia, se filtró un video donde hay cientos de bolsas de palito y poleo, que se están quemando en un extenso campo del interior de Misiones. El peón que grabó y difundió el video aseguró que se trata de una de los cientos de chacras que tienen los Puerta.

Puerta también desmiente que su empresa haya realizado negocios con el gobierno del Frente de Todos, cuando Tolosa Paz, hoy denunciada por la gestión de Pettovello, ocupaba la cartera social del gabinete del presidente Fernández. “Y mucho menos existe (vínculo) con el Estado”, asegura el yerbatero de la localidad de Apóstoles.

“Evidentemente, que le contemos al país que Misiones es una provincia estatista a partir de haber construido un Estado elefantiásico, molesta y mucho”, señala Puerta y desafía: “Pero pueden seguir inventando lo que quieran, nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir proponiendo una provincia mejor”.

Redacción

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Cúneo Libarona denunció penalmente a Nancy Pazos y Darío Villarruel por instigación a cometer delitos

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, denunció por “instigar a cometer delitos” a los periodistas de Radio 10, Darío Villarruel y Nancy Pazos. Según datos proporcionados por el Centro de Información Judicial, las denuncias presentadas ayer lunes, recayeron en los juzgados de Sebastián Ramos y Ariel Lijo.

El motivo de la demanda del funcionario de Javier Milei son las declaraciones de los periodistas sobre el supuesto escándalo de alimentos acopiados en dos depósitos del Ministerio de Capital Humano. La denuncia contra Villarruel fue registrada con el número 2106/2024 y recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 2, a cargo del Juez Sebastián Ramos. Mientras que la presentación contra Pazos, asentada con el número 2129/2024, quedó bajo la órbita del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

Cúneo Libarona aún no dio detalles sobre la presentación judicial pese al revuelo que causado en redes sociales. Sí brindaron su testimonios los comunicadores, ambos cercanos al kirchnerismo: “Está la denuncia porque está el registro. Sé que es por instigación a cometer delitos. No sé con qué pude haber instigado al delito con mis comentarios en este contexto político”, dijo al aire Villarruel.

Por su parte, Nancy Pazos manifestó que “si hay algo que nunca fui en esta profesión es tibia. Cuando estoy convencida de algo lo digo. Me he equivocado mil veces pero la buena leche que tengo para señalar cosas que ha hecho este Gobierno en seis meses, ustedes mismos pueden dar fe. Porque más de una vez ustedes, mis oyentes, me critican por tibia”.

“Yo no soy el enemigo, Javier Milei. Se lo digo a usted señor Presidente. Yo no soy el enemigo, señor ministro de Justicia, que acaba de perder el tiempo presentándose ante un juzgado federal para demandarme a mi. Y la verdad no quiero ser protagonista de la noticia. Esta todo el mundo conmocionado porque Cúneo Libarona tuvo tiempo para demandar a dos periodistas, en dos causas distintas. Estoy intentando rever que diablos dije que les incomodo. Me siento intimidada”, agregó después.

Redacción

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Kicillof y Kreplak denunciados por no entregar 160 ambulancias a hospitales y municipios

El diputado nacional y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, José Luis Espert, avanzó contra la gestión de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, quien fue denunciado por no entregar ambulancias a hospitales y municipios. En la presentación, Espert sostiene que el Poder Ejecutivo provincial tiene “160 ambulancias arrumbadas en Ensenada”.

Para el legislador, Kicillof y Kreplak no dispusieron “la entrega de ambulancias a los hospitales y municipios de la Provincia pese a tenerlas disponibles. Violando así la Constitución de PBA que ordena garantizarle a los bonaerenses el acceso a la salud (art. 36 inc. 8) e incumpliendo los deberes de funcionario público (art. 248 CP)”.

“La denuncia se originó porque sabemos que hay más de 160 ambulancias nuevas, arrumbadas a la intemperie, en el predio del hospital El Dique de Ensenada. Esto ya ha transcendido, incluso hubo algunos informes periodísticos el año pasado. Pero el tema es que aún siguen ahí abandonadas, comentó el funcionario.

Asimismo, Espert criticó el accionar de Kicillof para con su par de Chubut, Ignacio Torres, por haberle donado 15 ambulancias, el pasado 15 de mayo que según Kreplak fue por una “necesidad sanitaria que manifestaron las autoridades de la provincia sureña y un acuerdo conjunto para mejorar la respuesta de salud a esa comuna”.

LA DENUNCIA DE ESPERT A KICILLOF

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“Le pido a Kicillof que se deje de jugar con la salud de los bonaerenses para hacer política, que se deje de jugar con la educación de los bonaerenses para hacer política, que se deje de gastar la plata de los bonaerenses para seguir aumentando el tamaño del Estado con nuevas empresas”, reclamó Espert al momento de dar a conocer que realizó la denuncia penal.

Espert presentó la denuncia a través del abogado Pablo Abdon Torres Barthe y la investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Bravo, de la UFI Nº7 de La Plata, con intervención del Juzgado de garantías Nº3, de Pablo Raele.

Redacción

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