31 mayo, 2025

Condenan a dos funcionarios K por participar de “una campaña de desprestigio” contra Lilita Carrió

Se trata de Fabián Osvaldo Di Risio y Fidel Omar Chiapperi ambos fueron encontrados culpables del delito de abuso de autoridad. También dictaron una condena mínima para Ricardo Etchegaray.
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Este martes, el juez federal Sebastián Casanello dictó un año de condena para Osvaldo Di Risio y seis meses de prisión para Fidel Omar Chiapperi, además de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena. Ambos trabajan en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Di Risio como Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas y Chiapperi como Director de la Dirección Regional Central del organismo.

El magistrado los encontró culpables del delito de abuso de autoridad y consideró que, fueron parte de una campaña de desprestigio contra Carrió, mediante la utilización de facultades y potestades propias de sus cargos durante la campaña electoral del 2013. Además, el juez Casanello también requirió investigar la posible participación en el ilícito de otros funcionarios de la agencia y de terceros que también pudieran haber sido parte de los actos delictivos. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo lunes 26.

El fallo de Casanello no tiene precedentes, ya que se condena a juicio oral y público a altos funcionarios de la AFIP por haber utilizado al organismo

Para llegar a confirmar la condena fue clave la declaración de más de quince testigos, quienes afirmaron las irregularidades cometidas por los funcionarios de la AFIP. Además de los testigos, el juez utilizó “entrecruzamientos de comunicaciones telefónicas” que exhibían la maniobra elaborada que tenía como único fin dañar la imagen de Lilita Carrió durante la campaña electoral del año 2013. Cabe destacar que, esta campaña de desprestigio se realizó durante las presidencias de los Kirchner, es por ello que el juez entendió que se utilizó recursos del organismo recaudador para perseguir y desacreditar a la oposición con obvios fines políticos.

El fallo de Casanello no tiene precedentes, ya que se condena a juicio oral y público a altos funcionarios de la AFIP por haber utilizado al organismo. Esta es la primera vez se le logra probar y condenar a funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos por el delito de persecución fiscal.

Redacción

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La Justicia de Misiones habilitó el voto de fuerzas de seguridad en las elecciones provinciales

El Superior Tribunal de Justicia provincial habilitó a miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, cuyo número representa el 1,6% del padrón electoral, a votar en las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. La medida revoca una disposición previa del Tribunal Electoral que, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial, había excluido a estos efectivos del padrón electoral .

La exclusión inicial generó controversia, ya que el mencionado artículo establece que “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”. Sin embargo, el procurador provincial, Carlos Jorge Giménez, a solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un dictamen en el que señaló que dicha prohibición contraviene la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan el derecho al sufragio.

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La presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a los ministros de la Corte, respaldó la incorporación de los efectivos al padrón electoral, bajo el argumento de que la restricción era “desproporcionada” y violaba principios constitucionales fundamentales .

Desde La Libertad Avanza, su candidato Diego Hartfield celebró la decisión, destacó el trabajo realizado por su equipo al presentar un amparo contra la exclusión: “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA”, expresó en sus redes sociales .

Con la inclusión de los efectivos de seguridad en el padrón, se espera una participación más amplia en los comicios del 8 de junio, donde se renovarán 20 bancas de la Legislatura unicameral y se elegirán representantes en concejos deliberantes de 11 localidades.

El Tribunal Electoral de Misiones deberá ahora ajustar los padrones y garantizar la logística necesaria para que los nuevos votantes puedan ejercer su derecho sin inconvenientes. Se prevé una capacitación adicional para las autoridades de mesa y una coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado.

Redacción

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Denunciaron por violencia de género y acoso laboral a un jefe regional de IOMA

La diputada provincial Natalia Dziakowski denunció que empleadas de las delegaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en General Lavalle y Dolores sufrieron violencia de género, acoso laboral y traslados arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Manuel Casanova. Las afectadas presentaron recursos de amparo y denuncias administrativas, pero no obtuvieron contestación del organismo que conduce Homero Giles ni del Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak.

“Las trabajadoras de IOMA en General Lavalle y Dolores han denunciado acoso laboral, violencia de género y desplazamientos arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Casanova”, remarcó Dziakowski. La legisladora exigió que el gobernador Axel Kicillof intervenga de inmediato: “Exigimos medidas urgentes para proteger a las trabajadoras y sancionar a los responsables. La violencia institucional no puede ser tolerada”.

Referentes de la delegación señalaron que desde la apertura de ambas sedes, en 2001, no se registraron episodios semejantes hasta la designación de Casanova. En poco más de un año se acumularon al menos tres denuncias formales por acoso, hostigamiento, amenazas y violencia de género, lo que despertó alarma dentro del organismo. “Es preocupante que estas situaciones se repitan en varias regiones, evidenciando una red de abusos y complicidades institucionales”, advirtió la diputada.

Casanova, además de su cargo en el IOMA, es concejal de Unión por la Patria en Dolores, militante de La Cámpora y mantiene vínculos políticos con el intendente Juan Pablo García. Llegó a la jefatura regional tras ser removido de la oficina local de la ANSES y afirmó haber trabajado en el área de Minoridad provincial. Amparado en la Ley 10.430, conserva la reserva de su puesto en la administración pública.

– El polémico Víctor Casanova y el intendente Juan Pablo García

Mientras tanto, la crisis del IOMA sumó cuestionamientos legislativos. El senador PRO Marcelo Leguizamón pidió explicaciones sobre la atención en salud mental; su par Ariel Bordaisco impulsó en Change.org una campaña por la autarquía financiera de la obra social. El diputado Diego Rovello reclamó que Homero Giles regrese a la Legislatura para detallar la situación económica del instituto, y el jefe de bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, solicitó discutir la crítica realidad del IOMA durante el tratamiento del Presupuesto 2025.

Hasta la fecha, ni el IOMA ni el Ministerio de Salud dictaron medidas frente a las denuncias, y algunas trabajadoras avanzaron con acciones judiciales para visibilizar los hechos.

Redacción

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