27 julio, 2024

Comenzó el juicio por abuso sexual contra el exgobernador ultra K, José Alperovich

El burócrata está acusado de cometer nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y empleada. La fiscalía sostiene que "existen numerosas pruebas que han podido recabarse y que permiten afirmar, con la certeza requerida en esta etapa, que los hechos denunciados ocurrieron".
Comenzó el juicio por abuso sexual contra el exgobernador ultra K, José Alperovich
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El exgobernador y exsenador tucumano es acusado de perpetrar nueve hechos de abuso sexual —de los cuales dos fueron cometidos en tentativa y seis en condición de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal— contra su sobrina y empleada. Los delitos ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y se prolongaron hasta el mismo mes de 2018. Algunos ocurrieron en Puerto Madero (CABA), otros en Tucumán.

El juicio esta a cargo del juez kirchnerista, José María Ramos Padilla, se espera que por los pasillos del Tribunal Oral en lo Criminal 29 desfilen unos 80 testigos. En un requerimiento realizado en mayo de 2022, la fiscalía comentó que “quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”.

“Los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás. El efecto de esta técnica es convencer a la víctima de que el abusador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane indulgencia a través de la sumisión absoluta”, según consta en el portal Fiscales.gob (Noticias del Ministerio Público Fiscal), sobre la declaración de los profesionales.

Las autoridades judiciales sostuvieron, además, que tanto el informe pericial psicológico como las constancias médicas, las declaraciones de los testigos y las constancias de las conversaciones entre Alperovich y la víctima fortalecieron el relato realizado por la denunciante. En esa línea, manifestaron que “no estamos en presencia de un único y aislado testimonio, sino que existen numerosas pruebas que han podido recabarse y que permiten afirmar, con la certeza requerida en esta etapa, que los hechos denunciados ocurrieron del modo que hemos expuesto, y que su autor ha sido el aquí imputado José Jorge Alperovich”.

Después de revisar las indagatorias realizadas durante la fase de instrucción, el tribunal dispuso la evacuación de la sala para facilitar la declaración testimonial de la denunciante. El proceso continuará el 15 de febrero, y se programaron hasta julio. La declaración de la denunciante se realizó a puertas cerradas y duró más de dos horas.

¿Qué dijo Alperovich?

Mientras tanto, el burócrata dijo: “Sí, señor juez, mis abogados me piden que postergue la declaración para el final. Le pido autorización a usted. Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos… Quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez, si puede, o el señor fiscal, a todas las pruebas”.

“Soy un hombre de 67 años, esposo, padre y abuelo. ¿Voy a arruinar mi vida a esta edad? Yo no abusé de ella”, agregó, y continuó, desmintiendo un vínculo familiar con la víctima y describiendo la relación laboral, en donde la joven se encargaba de manejar agenda y dinero. “Señor juez, claramente no había sumisión. Había un empoderamiento”. Sostuvo que nunca buscó “deliberadamente estar a solas con ella para supuestamente atacarla”, que nunca le entregó dinero (como había dicho la joven) y se preguntó por qué no volvió a trabajar al Ministerio de Gobierno de Tucumán, donde era planta permanente, “si había sido abusada y violada”. “Todos volvieron a su cargo menos FL… Si yo la sometía y humillaba ¿por qué no volvió a su trabajo?”:

“FL no tenía personalidad sumisa. Tenía una fuerte personalidad, Para manejar lo que manejaba, lo necesita porque si no dura nada en ese cargo. Usted le pidió que presente el teléfono y no lo entregó. FL reseteó dos veces el teléfono. Sería hermoso que usted entre a la nube y logre recuperar los mensajes. Si fue abusada, ¿por qué borró el teléfono? La perito psicóloga no analizó los chats. Eso es relevante porque ahí se ve revelada su verdadera personalidad”, agregó, casi sobre el final de su declaración.

“Esta causa fue armada”. Y añadió: “Es una causa falsa, yo no abusé de FL. Declararon más de 30 testigos y nadie vio nada. Es falso lo que dice. Después de renunciar, ella se dedica a fabricar pruebas. Señor juez, hay una prueba que también le quiero contar. Ella había hablado con un publicista y le contó del abuso sexual”.

Rafael Garduño

Jefe de Redacción rgarduno@data24.com.ar

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VACUNATORIO VIP | Procesaron a Ginés González García por peculado y abuso de autoridad con embargo millonario

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.

El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.

Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.

A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.

María Eugenia Capuchetti

Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo Ariel Guille, secretario privado del Ministro, Alberto Alejandro Maceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.

Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.

Redacción

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Capitanich y Aníbal en el banquillo de acusados | Arranca el juicio por corrupción en Fútbol Para Todos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”. Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.

En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.

Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.

El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.

Redacción

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El fin de semana, Larroque sumó tres fugas en el centro de menores de Lomas de Zamora

Aprovechando una larga distracción de los trabajadores, dos jóvenes doblaron los barrotes de hierro del patio interno y se dieron a la fuga. Se comenta que ambos, durante las semanas anteriores, bromeaban con “tomarse vacaciones de invierno”.

Uno de ellos fue interceptado por la Policía Local, quien lo detuvo al verlo caminando en actitud sospechosa a unas seis cuadras del centro. Ahora permanece en la comisaría local. Sin embargo, nada se sabe del otro, quien al momento de escribir estas líneas todavía permanecía prófugo.

De este modo, las fugas de este centro suman tres solo en un mismo fin de semana. Federico Rodríguez, un joven detenido por homicidio que trabajaba en la panadería del centro, escapó mientras realizaba sus actividades diarias de venta de productos. Dejó su canasta en el suelo y corrió, aprovechando un descuido del personal policial.

En este punto, vale destacar que el director del centro, Sebastián Lofredo, ha renunciado dos veces durante el último tiempo, pero fue persuadido para continuar debido a la falta de un reemplazo competente. Por todo ello, la gestión de Andrés Larroque, autoridad máximo detrás del OPNyA, es centro de críticas por no encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad en el organismo.

*Con información de REALPOLITIK

Redacción

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Caputo: “La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”

Tras la compra por parte del Banco Central de 13,7 billones en PUTS, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los avances en la migración hacia un nuevo esquema monetario.

Durante la noche del jueves, el funcionario respondió a una pregunta que le hizo un usuario en la red social X y señaló que “la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”; la frase llamó la atención en algunos círculos.

“Toto te hago una consulta, si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por CCL, lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos por ejemplo?”, indagó Victor Ybarra.

Fue entonces que Caputo citó la pregunta y respondió: “Los pesos emitidos son por compras en el Mulc. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”.

Y agregó: “La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”.

Horas antes, había celebrado la “desactivación” de los PUTS.

“Una bomba más desactivada! Impresionante trabajo del presidente del BCRA (Santiago Bausili) y su equipo!!! Aprovecho para reconocer también la dignidad de la gran mayoría de los banqueros, que priorizaron el futuro del país por sobre los intereses de sus instituciones”.



Redacción

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Denuncian a Larreta y Moyano por multimillonario contrato con el sistema de grúas y acarreo de CABA

Damián Vera, abogado con reconocida trayectoria, formalizó una denuncia ante la Justicia que acusa a Rodríguez Larreta y a Pablo Moyano de una serie de delitos graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, entre otros. Según la denuncia, en diciembre de 2023, el entonces Jefe de gobierno porteño firmó un contrato por 360 millones de dólares para el sistema de grúas y acarreo, favoreciendo a empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros. Este acto fue ejecutado al final de su mandato, tras una derrota en su candidatura presidencial y sin poder imponer a su sucesor en la Ciudad.

El actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, canceló esta adjudicación debido a la carga financiera que implicaba para la ciudad y los beneficios indebidos que otorgaba al sindicato. Como respuesta, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, organizó una protesta los días 22 y 23 de julio de 2024, dejando basura en las calles de CABA. El conflicto se intensificó cuando un camión recolector arrojó residuos en la vía pública, exacerbando el problema de la recolección de basura en la ciudad. “La relación histórica entre los líderes de Camioneros y varios gobiernos municipales muestra un patrón de negociaciones tensas pero fructíferas para sus intereses”, concluye el documento.

¿Qué irregularidades consideró Vera?

El documento judicial al que tuvo acceso DATA24.COM.AR incluye una serie de acusaciones específicas. Se alega que Rodríguez Larreta permitió irregularidades en la adjudicación del sistema de acarreo de vehículos, incluyendo firmas de documentos por funcionarios que ya no estaban en funciones. Además, el gremio de camioneros habría ejercido presiones para evitar la privatización de los servicios de recolección de basura, utilizando tácticas coercitivas para influir en decisiones gubernamentales.

Empresas como UTE Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio, presuntamente vinculadas al sindicato, habrían sido favorecidas en la licitación, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Las acciones del sindicato afectaron directamente a los ciudadanos de Buenos Aires, utilizando el desorden como herramienta de negociación. El incendio de un camión recolector y la dispersión de basura en las calles apuntan a una posible intención de intimidar y causar daño a la propiedad pública.

Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22, que se refiere al servicio de grúas para el acarreo de vehículos en la ciudad. Se han preseleccionado tres ofertas en cada una de las zonas, y se ha adjudicado un monto total de $57.169.446.266,96.

La denuncia sostiene que los hechos configuran múltiples delitos según el Código Penal. Entre estos se incluyen el abuso de autoridad, que implica la utilización de la posición de poder para beneficiar al sindicato; el tráfico de influencias, con presiones ejercidas para adjudicar contratos y realizar pagos indebidos; el cohecho, con la posible recepción de beneficios económicos a cambio de favores políticos; y la coacción, con amenazas para afectar servicios esenciales. Además, se señala la extorsión, la obtención de beneficios mediante amenazas o violencia; el daño intencional a la propiedad, con el incendio del camión recolector; la administración fraudulenta, con gestión indebida de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con la función pública, con decisiones en beneficio de intereses privados; y la malversación de fondos públicos, con el uso indebido de recursos públicos.

LA DENUNCIA DEL ABOGADO VERA

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Redacción

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CERCA DEL JUICIO FINAL | Confirmaron el procesamiento de Espinoza por abuso sexual

Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.

Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.

La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.

El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.

Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.

En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.


Redacción

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