Chaco | Se enteró que liberaron a su abusador y decidió quitarse la vida

Malena Pierina Pelozo había sido abusada a los 13 años por Sergio Alila, y cuando supo que este había quedado en libertad, se quitó la vida.
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Malena Pierina Pelozo, quien había sido abusada a los 13 años, se suicidó tras enterarse que Sergio Alila, condenado por violarla cuando era apenas una niña, había quedado en libertad. La joven que fue hallada sin vida el 5 de junio en su casa de Resistencia (Chaco) por su mamá. Tenía 20 años y había denunciado públicamente varias veces el acoso y hostigamiento que seguía sufriendo por parte del entorno del delincuente.

El acusado, que ahora se hace llamar “Arielita” debido a su nueva identidad y cambio de género, posterior a la recuperación de su libertad, tenía también una condena por lavado de dinero, pero gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria desde diciembre de 2022. A principios de este año obtuvo la condicional, y fue allí cuando se descubrió que estaba trabajando como chofer de UBER.

La difunta víctima Malena Pierina Pelozo y su abusador.

A mediados de 2022, Alila fue condenado por la jueza Natalia Fernández Floriani a la pena de 4 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad. A esta condena se le sumó este año un juicio abreviado en el también fue encontrado culpable de abuso sexual agravado en contra de una nena que tenía 13 años al momento del hecho.

Este caso puede referenciarse con el de Paula Martínez, una joven de 23 años que hace casi 7 años denunció ser víctima de una violación grupal y, debido al abandono por parte de la justicia, se suicidó en diciembre del año 2021 en su casa de la localidad de Florencio Varela (Buenos Aires).

Paula Martínez
La difunta víctima Paula Martínez.

Después del ataque, Martínez tuvo varios intentos para quitarse la vida y hasta permaneció internada en un hospital psiquiátrico. La información agrega que su tío la encontró colgada de un ventilador con una cadena, en la propiedad que habitaba.

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“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

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