06 diciembre, 2024

CFK contra las cuerdas: una causa vinculada a los cuadernos de las coimas avanza hacia el juicio oral

El tribunal que juzgará a la Vicepresidente reactivó el camino hacia el juicio oral.
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Después de 2 años desde que la Cámara de Casación dejó firme el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner por la presunta cartelización en la obra pública, investigada como un caso conexo a los Cuadernos de las Coimas, el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 avanza hacia la realización del juicio oral.

En este tramo que tiene como principal acusada a la vicepresidente, el hecho se concentra en los sobornos que se habrían cobrado a empresas constructoras. Así, CFK suma otra mala noticia en los tribunales. Este expediente que se desprende de la “causa madre” de los Cuadernos, tiene entre los procesados también Julio De Vido, Nelson Periotti, Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), entre otros empresarios.

CFK
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner

La decisión del tribunal de avanzar hacia la realización del juicio oral, se da en un contexto desfavorable para la vicepresidente: a fin de año se leerá la sentencia en el Caso Vialidad, la Cámara de Casación resolverá si afrontará o no, el juicio en los casos Hotesur y Pacto con Irán.

A CFK se la acusó de ser jefa de una asociación ilícita que recaudó sobornos entre contratistas y concesionarios del Estado. En este tramo se investigó la cartelización de la obra pública, a favor de un conjunto de compañías que según la acusación pagaban coimas al extinto Ministerio de Planificación para obtener diversos contratos.

CFK
El ex ministro de Obras Públicas kirchnerista, Julio De Vido

La acusación formal es por los delitos de asociación ilícita y 175 cohechos pasivos por sumas millonarias, cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública entre 2003 y 2015. Ahora quedaron firmes los procesamientos de la vicepresidente, sus ex funcionarios Julio De Vido y Nelson Periotti, como de los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Osvaldo De Sousa (hermano del socio de Cristóbal López), María Rosa y Gerardo Cartellone, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Javier Sánchez Caballero (ex IECSA), entre otros.

Con la confirmación hace 2 años, por parte del máximo tribunal penal, el presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori, firmó el decreto que le pide a todos los acusados que ofrezcan medidas de prueba complementarias a las que ya se realizaron durante la investigación en primera instancia.

CFK
Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri

Junto con ese planteo, las partes también podrán sugerir qué testigos quieren que sean convocados cuando el juicio oral inicie. Una vez que todos los imputados a través de sus abogados, formulen tales pedidos el tribunal estará en condiciones de ir hacia la próxima instancia: decidir qué pruebas se impulsarán, qué testigos se aceptarán y citar a una audiencia preliminar para después, fijar fecha de inicio del debate.

En estas condiciones se encuentran varios tramos del Caso Cuadernos, incluido el expediente central donde ya todos los imputados ofrecieron pruebas y sugirieron testigos. Falta que el TOF 7 se pronuncie al respecto. El mensaje es claro: se busca avanzar hacia el inicio de lo que podría ser uno de los mayores juicios en materia de presunta corrupción.

Ulises Catriel Cuenca

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

La Justicia elevó a juicio oral la denuncia por violencia de género contra Martín Gill, el ministro de Llaryora

El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.

Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.

Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.

Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.

LAS AGRESIONES DENUNCIADAS

La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.

El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.

Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja

No Title

No Description

La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.

En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.

Redacción

info@data24.com.ar

Madres de Plaza de Mayo fueron denunciadas por transformar una sede de la universidad en un boliche clandestino

La Universidad kirchnerista Madres de Plaza de Mayo, que en 2023 recibió subsidios por $4500 millones y que tuvo 0 graduados en ese período, utilizaba un edificio ubicado en Rivadavia al 2700, cedido por el Estado Nacional para uso exclusivo de la universidad. La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento al inmueble en el que se encontró, entre otras irregularidades, un boliche clandestino.

“El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos. Sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, alumnos, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche” explicó Adorni mientras mostraba las fotografías que daban fe de lo que allí se encontraba.

“Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos. Este es el motivo por el cual el Ministerio de Justicia presentó la denuncia penal correspondiente” agregó el vocero presidencial.

Lejos de conformarse con un boliche clandestino, Adorni continuó detallando lo que se encontró en el procedimiento policial: “En el tercer piso, que era en donde se hacían fiestas, además vivía una familia en el lugar. En los dos primeros pisos funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), vinculado a uno de los famosos ex piqueteros -porque ya no cortan más la calle-, en donde se encontraron banners con las frases ‘Vamos a volver’, junto a una imagen de la expresidente condenada, Cristina Kirchner”.

“Además funcionaba la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, la cual funcionaba durante agobiantes y estresantes tres horas diarias, de 15:30 a 18:30, y también la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina. Vaya a saber Dios qué función desempeñaba en un edificio de estas características” cuestionó el funcionario.

– El artículo de la resolución que explicita la sesión a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo

Por su parte, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el edificio será recuperado para posteriormente ser vendido. “El Ministerio de Justicia de la Nación informa que ha presentado una denuncia penal, donde solicitó un allanamiento urgente que está en curso, tras descubrir el uso clandestino e irregular de un inmueble cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos en un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro.”

“Durante la inspección realizada por esta cartera, se constató que en el lugar operaba un establecimiento bailable clandestino con una barra que servía bebidas alcohólicas, pero eso no es todo: el espacio también se utilizaba para actividades políticas partidarias y otras prácticas ilegales, demostrando un absoluto desprecio por los fines para los cuales el Ministerio concedió este inmueble.”

“Como si esto fuera poco, en el año 2023, el Ministerio de Justicia destinó el equivalente a $4500 millones de pesos de hoy a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sin que se recibiera un solo alumno. Este inmueble, lejos de ser un instituto educativo, se convirtió en un centro de juerga y adoctrinamiento político financiado por el dinero de los argentinos.”

“Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por la casta. El inmueble será recuperado para su posterior venta, y los responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, sentenció el comunicado.

Redacción

info@data24.com.ar

Una ‘influencer’ libertaria denunció a “El Dipy” por ABUSO SEXUAL y EXTORSIÓN

El pasado martes diez de septiembre, autoridades de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de CABA, a cargo de la Dra. Mariela Paola De Mincis, escucharon la acusación de una mujer de 35 años identificada por sus iniciales, M.C.A., quien denunció por abuso sexual a David Adrián Martínez, conocido popularmente como “El Dipy”.

– Primer página de la declaración testimonial

DATA24.COM.AR accedió a la declaración testimonial de M.C.A. El documento de 12 páginas detalla tres situaciones de abuso que habrían ocurrido entre marzo y mayo de este año por parte del cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza hacia una militante del espacio que goza de relativa popularidad en sus redes sociales.

Allí, la ‘influencer’ exhibe fotos junto a figuras claves del oficialismo libertario y alfiles clave del entorno del presidente Javier Milei, como lo son la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el escritor Agustín Laje y los comunicadores Mariano Pérez y “Franfijap” (apodo de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol), a quienes llama “amigos”. Incluso compartió espacios de streamings libertarios con personalidades ya olvidadas por el movimiento, como es el caso de Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, el responsable del TikTok de Milei.

¿QUÉ DICE LA DENUNCIA?

La mujer relata que conoció personalmente a El Dipy el 25 de octubre del año pasado. El cantante llegó a ella a través de las redes sociales, conectados por la militancia para La Libertad Avanza, y la invitó a un bar de la calle Ayacucho, en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde tocaba como DJ.

La denunciante señala que Martínez aprovechó su situación de vulnerabilidad económica para ejercer control sobre ella. Según el testimonio, el cantante le prometió un cargo en el Estado bajo la órbita del gobierno de Javier Milei, indicando que “la ayudaría” una vez que este asumiera. Sin embargo, esta promesa nunca se materializó y, según relata, se utilizó como una herramienta de presión para que accediera a los encuentros.

A lo largo de su testimonio, la mujer describe cómo el acusado utilizaba amenazas y su supuesta influencia para intimidarla. En varias ocasiones, Martínez habría mencionado tener armas en su casa y afirmó que podía lastimarla si contaba lo sucedido.

En relación con aquella noche en el bar de San Martín, la mujer dio a entender que El Dipy habría puesto alguna droga en unos tragos que le ofreció. Así lo relata la presunta víctima: “Él estaba en el VIP con amigos y al acercarme me invitó a tomar tragos de Fernet. No tomé mucho. En un momento, me preguntó si quería tomar pastillas y le dije que no. Se puso muy insistente, pero no accedí. Sin perjuicio de no haber consumido tanto alcohol, me empecé a sentir mareada y le dije al aludido que me iba a mi casa. No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele  causar ese efecto de mareo el Fernet”.

Terminada esa noche, ambos se dirigieron a la casa de Dipy, situada en Villa del Parque y tuvieron relaciones sexuales. “Creo que el acto fue consentido, pero como no recuerdo lo que sucedió en detalle, por lo tanto no lo puedo asegurar, como dije estaba muy mareada. En ese preciso momento no me quedé con una mala sensación de lo que pasó, porque hasta entonces, él me trataba bien”, aclara la denunciante.

Luego de ese encuentro, el cantante y la ‘influencier’ libertaria siguieron en contacto a través de WhatsApp y establecieron una suerte de vínculo: “Todavía me trataba bien y me sentía cómoda cuando nos veíamos”, señaló la víctima.

La situación cambió drásticamente un mes después, cuando la denunciante comenzó a percibir “aspectos de su actitud que me parecieron violentos, precisamente, a partir del día que Milei ganó las elecciones”, el 19 de noviembre de 2023. Ese día, la mujer celebraba junto a sus compañeros la victoria del libertario sobre el kirchnerista Sergio Massa en el búnker de La Libertad Avanza, ubicado en el Hotel Libertador.

En la declaración relata que, esa noche de júbilo, El Dipy comenzó a llamarla por celular “con mucha insistencia, a pesar de que no lo atendía. Después, me empezaron a llegar mensajes de él preguntándome por qué no le respondía y me decía que me fuera del bunker para encontrarnos. No respondí porque quería seguir festejando con mis amigos”.

El primero de los hechos que se relata en la declaración testimonial habría ocurrido 117 días después de aquellos festejos, el 15 de marzo de 2024. Según consta en el documento judicial, el cantante citó a la víctima en su departamento de Villa del Parque con la excusa de discutir novedades sobre un puesto de trabajo que le había prometido. Ella detalla que se encontraban tomando mates en los sillones del living “hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar”. Tras el presunto abuso, El Dipy contrató un vehículo de alquiler desde su propio teléfono y le entregó dinero en efectivo para que pague el viaje hasta su casa.

“Al llegar a mi departamento me bañe del asco que me dio la situación. No acudí a ningún centro médico por temor a quedar expuesta públicamente por lo ocurrido y en ese entonces no sabía si podía denunciar lo que me estaba ocurriendo”, relató la mujer tras el primer episodio.

El segundo hecho se dio el 17 de abril de 2024, nuevamente en el departamento del acusado. Presionada por su situación económica y con la esperanza de concretar el trabajo prometido, accedió a la cita. En el lugar, Martínez repitió el patrón: la inmovilizó, ignoró sus negativas y la sometió sexualmente. “Le dije que estaba conociendo a alguien para evitar la situación, pero, lejos de eso, él me contestó que estaba de novio con una chica de Córdoba y que no le importaba. Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales, la penetración fue vaginal y no uso preservativo, a pesar de que se lo pedí (…) Fue todo muy denigrante y me sentí muy angustiada”.

El último episodio tuvo lugar el 16 de mayo de 2024. En esta ocasión, Martínez la forzó a practicarle sexo oral tras insistir, nuevamente, en la promesa de un empleo en el Estado. Así lo desarrolla la víctima: “Fui a su casa, empezamos a charlar en el living, en los sillones, como siempre, y otra vez se tiró encima mío. Le pedí que no lo hiciera, porque tenía puesto un ovulo en mi zona genital. Entonces, me respondió ‘bueno, pero me la podés chupar igual y me forzó a practicarle sexo oral. Se bajó los pantalones y la ropa interior, sacó su miembro y me lo acercó a la cara. A la vez, él me sacó la remera y el corpiño. Después, me tomó de la cabeza y me obligó a practicarle sexo oral. Mientras lo hacía, me repetía ‘dónde querés que te acabe’ y lo hizo ensuciándome el pecho”.

La mujer no pudo precisar los horarios exactos en los que habrían ocurrido los delitos; sin embargo, recordó que “fueron durante el día, ya que era común que él llegara de sus giras y me enviara mensajes aduciendo que tenía novedades del trabajo o que había hablado con alguna persona influyente del gobierno sobre el tema, para que me sintiera obligada a verlo, bajo la amenaza de que si no lo hacía no me daría el puesto”.

Además, afirma tener —utilizando un término aún más contundente, “resguardo”— todos los mensajes intercambiados con El Dipy. En ese sentido, la denunciante ofreció su dispositivo para que se realicen los peritajes correspondientes, así como cualquier otra información requerida por las autoridades judiciales.

AMENAZAS Y “AMIGOS NARCOS”

Un detalle sobre la “relación” entre la denunciante y David Adrián Martínez es que se tornó inquietante desde sus primeros encuentros, según consta en la declaración testimonial a la que accedió este medio. La víctima describió cómo el cantante comenzó a sembrar el temor en ella al presentarle a personas de dudosa reputación y al jactarse de su poder e influencia.

En su declaración, la mujer narró un episodio alarmante ocurrido la primera vez que Martínez la invitó al bar de San Martín (Provincia de Buenos Aires) en octubre de 2023. Aquella noche, además de ofrecerle drogas, “me presentó a un narco. Cuando esta persona se retiró del local, Martínez me aclaró que su conocido era narco”, relató. La situación, lejos de ser casual, dejó a la denunciante con una sensación de inseguridad. “Le respondí que no me presentara a ese tipo de gente. Me dio mucha inseguridad conocerlo, ya que me parecía gente peligrosa”, añadió.

El temor de la víctima se profundizó a medida que Martínez mostraba conductas cada vez más intimidatorias. La denunciante afirmó que el acusado solía alardear de poseer armas y utilizar amenazas para obtener lo que quería. “Me amenazaba diciéndome que, si le contaba a alguien sobre el trabajo que me ofrecía, me iba a matar”, explicó. Además, agregó que Dipy reiteraba frases como “no hay nada más peligroso que un negro con poder” y que “estaba enfierrado, en referencia a las armas que aseguraba tener en su domicilio. Aunque nunca le mostró un arma, estas palabras lograron infundir un profundo miedo.

Martínez también relataba episodios en los que, según sus propias palabras, utilizó la intimidación para alcanzar sus objetivos. “Me contaba anécdotas sobre ocasiones en las que amenazaba gente para obtener cosas que quería. Me empecé a sentir muy insegura”, detalló M.C.A en su testimonio.

Con el paso de los meses, esta sensación de inseguridad se tornó insoportable y fue clave para que la denunciante decidiera romper el silencio y presentar la denuncia: “Siento miedo, incomodidad y vergüenza por las situaciones que atravesé. Me da mucho miedo que me pueda suceder algo malo porque Martínez es una persona muy violenta en su trato y por lo que me contó, es su modalidad amenazar a los demás para conseguir cosas. El me decía que si llegaba a contar algo de lo que sucedía me mataba. Lo repetía siempre (…) Realmente siento mucho temor y necesito una custodia que esté conmigo todo el tiempo, no únicamente en mi domicilio, porque —por trabajo— viajo constantemente de provincia a capital en la actualidad y temo que me suceda algo en cuanto el imputado conozca lo denunciado”.

Redacción

info@data24.com.ar

El abogado Marcelo Peña logró que se archive una FALSA DENUNCIA por abuso, y ahora irá contra la mujer que mintió

Luego de que un funcionario público de La Plata fuera denunciado por el supuesto abuso sexual a sus dos hijos, el abogado Marcelo Peña logró que se archive la causa por “FALSEDAD” y ahora buscará ir contra la mujer y el abogado que la asesoró por llevarse a los hijos a vivir a Brasil.

Según contó Peña en diálogo con medio local El Editor Platense, “este tema es una problemática que viene desde hace tiempo”, y detalló que su representado “hace más de un año que no puede ver a sus hijos por la interposición de denuncias falsas”, y ahora “esta señora, que es la madre de los nenes, se los terminó llevando ilegalmente a Brasil”.

“Nosotros hicimos la denuncia penal, primero una averiguación de paradero, porque nos enteramos por un mail, un mensaje que manda la mamá al colegio de que ellos ya querían radicarlos en Brasil y querían haber comunicado el cese de las actividades escolares y que los niños iban a continuar su desarrollo el año que viene en Brasil”, agregó.

En ese aspecto detalló que “entonces esto puso alerta en el padre, no los encontró por ningún lado, y ahí continuamos con la denuncia penal de sustracción de menores porque con la doctora Cecilia Corfield logramos identificar el uso de WhatsApp desde Brasil”.

De esta forma, para finalizar, Peña señaló: “En esto, es lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es justamente un proyecto de ley para ampliar las penas o los delitos de falsa denuncia y contexto de género, porque justamente yo voy a la protección de la verdadera víctima”.

“Pero hay que empezar, justamente, a ser persuasivos con quienes asesoran con el fin y el norte de buscar una mentira, una falsedad de los hechos. Esto tiene que dejar de ser un juego, sentenció


Redacción

info@data24.com.ar

OTRO CORRUPTO K A CÁRCEL COMÚN | Se trata de Pedro Báez, ministro de Comunicación de Urribarri

El exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial Pedro Báez será trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná tras la decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Báez fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio por corrupción que también implicó al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

La resolución del Tribunal —integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón— se produjo con una votación dividida. Mientras Castagno abogó por la prisión domiciliaria, Vergara y Garzón coincidieron en enviar a Báez a la cárcel. La medida fue ejecutada inmediatamente, y el exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en calle Jozamí al penal ubicado en la intersección de las calles Marcos Sastre y Ruperto Pérez, en Paraná.

La Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, argumentó que Báez, al igual que Urribarri y Aguilera, cuenta con recursos económicos que facilitarían una posible fuga. Este argumento fue respaldado por el juez Garzón, quien citó criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de los delitos y el riesgo de evasión.

El equipo defensor de Báez, integrado por José Velázquez e Ignacio Díaz, solicitó que, de considerarse una medida coercitiva, esta fuera la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Además, ofrecieron que la caución de 20 millones de pesos ya abonada se mantuviera como garantía. Sin embargo, el Tribunal rechazó estas solicitudes y dispuso la prisión preventiva en el penal.

La decisión del Tribunal se enmarca en una serie de medidas adoptadas recientemente contra funcionarios del urribarrismo. El pasado martes, Urribarri y Aguilera fueron detenidos y trasladados a la misma cárcel. La Cámara de Casación Penal de Paraná había ordenado previamente la detención inmediata de ambos, un antecedente que pesó en la resolución de Báez.

Este no es el primer intento de encarcelamiento para el exministro. En ocasiones anteriores, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva argumentando riesgo de fuga, especialmente después de que su abogado defensor no notificara la continuidad de apelaciones contra la sentencia.

Con esta medida, el exministro, quien ocupó un rol clave en el gobierno de Urribarri entre 2007 y 2015, se suma a la lista de altos funcionarios condenados y encarcelados por corrupción en Entre Ríos. A la espera de que se resuelvan sus apelaciones en instancias superiores, Báez comenzará a cumplir su condena en un contexto de creciente presión judicial sobre los actos de corrupción del pasado gobierno provincial.

El Superior Tribunal de Justicia será la última instancia en determinar si Báez, Urribarri y Aguilera continúan en prisión o acceden a la prisión domiciliaria, una decisión que podría redefinir el desenlace de este resonante caso de corrupción.

Redacción

info@data24.com.ar

La Corte Suprema duda de tomarles juramento a Ariel Lijo y García-Mansilla si Milei los nombra por decreto

En medio del revuelo por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que ocupen un lugar en la Corte Suprema y la posibilidad de que sean nombrados por decreto, en el máximo tribunal reflotaron antecedentes y dan señales no estar de acuerdo con la idea de que el Ejecutivo proceda de dicha manera o al menos no sin que sus opiniones sean consultadas.

Desde el Gobierno descreen que la Corte no les tome juramento a los nuevos jueces si estos son nombrados por decreto presidencial, y si llegara a ser así, amenazan con que será el Ejecutivo mismo el que lo haga. En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.

Por el momento, el juez Ariel Lijo cuenta con 9 firmas en su pliego. Una de las mismas es de la senadora Lucía Corpacci, quien accedió a hacerlo por indicación de su jefa política Cristina Kirchner. El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. El pliego de Lijo está demorado porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno, no accediendo así al reclamo del kirchnerismo de acordar por Lijo y, en vez de García-Mansilla, proponer a una mujer. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrarlos en aras de, en 2025, contar con una Corte Suprema con 5 jueces.

En el actual escenario, desde la Corte Suprema sacaron del cajón antecedentes: el más cercano al presente es la vez que el ex presidente Mauricio Macri nominó a los jueces Hernán Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros del máximo tribunal. Fue el fruto de un acuerdo entre el entonces mandatario, los jueces de la Corte y la oposición. Con base en esas designaciones, las máximas autoridades del Poder Judicial quieren intervenir con un diálogo con el Gobierno, como sucedió con Macri.

Los gestos de la Corte Suprema para tomar parte en el procedimiento para designar nuevos miembros se inscribe en el marco de una relación ambivalente con el Gobierno, con ministros de buena relación como Ricardo Lorenzetti, y otros como Hernán Rosatti, que no tiene el visto bueno de Javier Milei y su entorno.

*Fuente: Agencias

Redacción

info@data24.com.ar

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now