CFK contra las cuerdas: una causa vinculada a los cuadernos de las coimas avanza hacia el juicio oral

El tribunal que juzgará a la Vicepresidente reactivó el camino hacia el juicio oral.
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Después de 2 años desde que la Cámara de Casación dejó firme el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner por la presunta cartelización en la obra pública, investigada como un caso conexo a los Cuadernos de las Coimas, el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 avanza hacia la realización del juicio oral.

En este tramo que tiene como principal acusada a la vicepresidente, el hecho se concentra en los sobornos que se habrían cobrado a empresas constructoras. Así, CFK suma otra mala noticia en los tribunales. Este expediente que se desprende de la “causa madre” de los Cuadernos, tiene entre los procesados también Julio De Vido, Nelson Periotti, Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), entre otros empresarios.

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La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner

La decisión del tribunal de avanzar hacia la realización del juicio oral, se da en un contexto desfavorable para la vicepresidente: a fin de año se leerá la sentencia en el Caso Vialidad, la Cámara de Casación resolverá si afrontará o no, el juicio en los casos Hotesur y Pacto con Irán.

A CFK se la acusó de ser jefa de una asociación ilícita que recaudó sobornos entre contratistas y concesionarios del Estado. En este tramo se investigó la cartelización de la obra pública, a favor de un conjunto de compañías que según la acusación pagaban coimas al extinto Ministerio de Planificación para obtener diversos contratos.

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El ex ministro de Obras Públicas kirchnerista, Julio De Vido

La acusación formal es por los delitos de asociación ilícita y 175 cohechos pasivos por sumas millonarias, cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública entre 2003 y 2015. Ahora quedaron firmes los procesamientos de la vicepresidente, sus ex funcionarios Julio De Vido y Nelson Periotti, como de los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Osvaldo De Sousa (hermano del socio de Cristóbal López), María Rosa y Gerardo Cartellone, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Javier Sánchez Caballero (ex IECSA), entre otros.

Con la confirmación hace 2 años, por parte del máximo tribunal penal, el presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori, firmó el decreto que le pide a todos los acusados que ofrezcan medidas de prueba complementarias a las que ya se realizaron durante la investigación en primera instancia.

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Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri

Junto con ese planteo, las partes también podrán sugerir qué testigos quieren que sean convocados cuando el juicio oral inicie. Una vez que todos los imputados a través de sus abogados, formulen tales pedidos el tribunal estará en condiciones de ir hacia la próxima instancia: decidir qué pruebas se impulsarán, qué testigos se aceptarán y citar a una audiencia preliminar para después, fijar fecha de inicio del debate.

En estas condiciones se encuentran varios tramos del Caso Cuadernos, incluido el expediente central donde ya todos los imputados ofrecieron pruebas y sugirieron testigos. Falta que el TOF 7 se pronuncie al respecto. El mensaje es claro: se busca avanzar hacia el inicio de lo que podría ser uno de los mayores juicios en materia de presunta corrupción.

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Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

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