08 julio, 2024

CERCA DEL JUICIO FINAL | Confirmaron el procesamiento de Espinoza por abuso sexual

El intendente de La Matanza fue denunciado por su ex secretaria privada por distintos intentos de abuso y acoso sexual. A pesar del avance de la Justicia sigue al frente del municipio bonaerense.
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Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.

Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.

La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.

El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.

Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.

En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.


Redacción

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SANTA CRUZ | Funcionarios K robaban agua de la red pública para venderla

“Acá hubo negocios con el agua toda la vida”. La ciudad santacruceña Caleta Olivia fue territorio de un accionar delictivo insólito: el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, preocupado por numerosas denuncias de vecinos de la localidad, solicitó renuncias en los cargos de conducción de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Según informaron desde el gobierno de Vidal, se descubrió que la empresa estatal boicoteaba el normal suministro de agua en la ciudad para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular. “La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción. Pequeños grupos de la política que se quedó con el patrimonio de los santacruceños”, detalló Vidal.

El boicot de los funcionarios K que hacían el oscuro negociado afectó, según señalaron las fuentes oficiales, a tres escuelas del barrio. Las autoridades encontraron llaves de paso estranguladas cuando investigaron la zona.

“Hoy he solicitado diversos pedidos de renuncias a los cargos más altos de la empresa de Servicios Públicos en Caleta Olivia”, el tuit del gobernador de Santa Cruz

“Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para ‘robar’ el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, y así cargarla en camiones y venderla en forma particular”, señaló.

Dijo que la planta de Ósmosis invertida en Caleta funciona “en un 35%” y que la toma de agua “está construida en un lugar que no corresponde“. “La planta funcionó solamente 8 años y parte de la tecnología que se utiliza para esto no se fabrica más“, aseveró.

Redacción

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Río Negro: la Corte Suprema anuló la transferencia de tierras del Ejército a la comunidad mapuche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.

El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.

El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.

La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.

En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.

En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.

Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.

El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.

La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.

El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar.


*FUENTE: Agencias

Redacción

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ESCÁNDALO POR LOS ALIMENTOS | La polémica compra millonaria de yerba que complica al diputado misionero Pablo Puerta

Una denuncia por “irregularidades, sobreprecios y mala calidad del producto” realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, puso en evidencia el manejo fraudulento de un “aliado” del propio gobierno nacional.

Ocurrió que, tras el escándalo de los alimentos retenidos, las autoridades preguntaron por un multimillonario gasto en yerba mate realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández: $18.000 millones en yerba mate por un total de 17.000 toneladas. El monto despachado significó casi un 70% del total de $30.500 millones destinados en ese momento a esos productos básicos para conformar un stock alimentario para “emergencias”.

La licitación pública N° 95-0058-LPU23 firmada por la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue denunciada por el gabinete de Pettovello a finales de mayo. Entre otros cuestionamientos, también se señaló sobreprecios y mala calidad del producto.

Un detalle sorprendió a las filas libertarias. La compra fue realizada a la empresa Yerbatera Misiones, perteneciente al yerbatero Pedro Puerta, además de diputado provincial, es hijo del exgobernador misionero y presidente provisorio tras la renuncia de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta.

Desde sus redes sociales, el joven diputado se muestra como un acérrimo liberal libertario de primer ola: Militó la decisión libertaria de recortar las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate e incluso logró sumar al bloque de La Libertad Avanza a la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka, quien integraba el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto.

Florencia Klipauka, de 27 años, electa diputada nacional las pasadas elecciones

La denuncia de Pettovello acusa a la empresa Yerbatera Misiones de vender al gobierno yerba mate adulterada con Poleo, una hierba usualmente utilizada para el tratamiento casero de problemas estomacales y respiratorios y que en dosis no reguladas puede acarrear consecuencias para la salud. Debido a su bajo precio y aspecto similar a la yerba mate, se utiliza para mezclar con otras hierbas y reducir el costo. Las hierbas son muy caras, por lo que se emplea un pequeño porcentaje de otras hierbas y una mayor cantidad de poleo.

Tras la acusación, el empresario y legislador provincial respondió a través de un comunicado en el que afirma que todo se trata de “otra operación berreta” en su contra y se declara “soldado” del presidente Javier Milei.

Según detallaron medios de Misiones, después que salió la denuncia, se filtró un video donde hay cientos de bolsas de palito y poleo, que se están quemando en un extenso campo del interior de Misiones. El peón que grabó y difundió el video aseguró que se trata de una de los cientos de chacras que tienen los Puerta.

Puerta también desmiente que su empresa haya realizado negocios con el gobierno del Frente de Todos, cuando Tolosa Paz, hoy denunciada por la gestión de Pettovello, ocupaba la cartera social del gabinete del presidente Fernández. “Y mucho menos existe (vínculo) con el Estado”, asegura el yerbatero de la localidad de Apóstoles.

“Evidentemente, que le contemos al país que Misiones es una provincia estatista a partir de haber construido un Estado elefantiásico, molesta y mucho”, señala Puerta y desafía: “Pero pueden seguir inventando lo que quieran, nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir proponiendo una provincia mejor”.

Redacción

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Trump propone tarjetas de residencia automáticas para graduados extranjeros en EE.UU

En una reciente entrevista, el expresidente Donald Trump propuso un cambio radical en la política de inmigración de Estados Unidos, sugiriendo la otorgación automática de tarjetas de residencia a estudiantes extranjeros que se gradúen de universidades de ese país. Esta propuesta —que marca un notable alejamiento de su conocida retórica antiinmigrante— fue discutida en el podcast All-In con capitalistas de riesgo e inversores en tecnología.

Durante la entrevista, Trump afirmó que los graduados de universidades estadounidenses deberían recibir automáticamente una tarjeta verde, documento que les permitiría residir y trabajar en el país. “Lo que quiero hacer y lo que haré es que te gradúes de una universidad, y creo que deberías obtener automáticamente, como parte de tu diploma, una tarjeta verde para poder permanecer en este país. Y eso también incluye las universidades junior, cualquiera que se gradúe de una universidad. Vas allí por dos o cuatro años”, declaró Trump, comprometiéndose a abordar esta preocupación desde el primer día de su posible nuevo mandato.

La propuesta de Trump representa una expansión significativa del sistema de inmigración de Estados Unidos, potencialmente beneficiando a cientos de miles de graduados extranjeros.

Además, Trump atribuyó a la pandemia de coronavirus la incapacidad de implementar estas medidas durante su presidencia. Señaló que conoce numerosas historias de graduados de las mejores universidades que desean quedarse en Estados Unidos, pero no pueden obtener visas, lo que los obliga a regresar a sus países de origen, como India y China. Según Trump, muchos de estos individuos se convierten en multimillonarios y crean miles de empleos en sus países natales, en lugar de contribuir a la economía estadounidense.

Horas después de la publicación del podcast, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña de Trump, emitió una declaración aclarando la propuesta. “El presidente Trump ha esbozado el proceso de investigación más agresivo en la historia de Estados Unidos, para excluir a todos los comunistas, islamistas radicales, partidarios de Hamás, los que odian a Estados Unidos y las cargas públicas. Él cree que sólo después de que se haya llevado a cabo esa investigación deberíamos conservar a los graduados más capacitados que puedan hacer contribuciones significativas a Estados Unidos. Esto sólo se aplicaría a los graduados universitarios más minuciosamente examinados que nunca socavarían los salarios o los trabajadores estadounidenses”, explicó Leavitt.

Redacción

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Tras la condena a Alperovich, tiembla Fernando Espinoza

“No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe”, había escrito en una carta abierta la sobrina del condenado exgobernador de Tucumán y exsenador del peronismo.

En paralelo a conocerse la sentencia a 16 años de prisión e inhabilitación permanente a ocupar cargos públicos de parte del condenado José Alperovich, está la situación del procesado intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Un caso similar donde una mujer lo denunció al Barón matancero de haber abusado sexualmente, al compartir una cena en el departamento de la víctima. Según consta en la denuncia, ella se habría negado ante la insistencia del político que se le tiró encima. Luego, se señaló que el jefe de gabinete del intendente la habría presionado para retirar la demanda.

La pregunta que cabe, aguardando la decisión en este caso de la justicia es, ¿Cómo estando procesado, Espinosa, no se hizo a un lado de la gestión municipal?

Con Alperovich, el partido peronista tomó la debida distancia ante el increscendo del escándalo. En cambio, a Espinoza lo siguen bancando sobre todo en el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Fotos con el gobernador Kicillof y varios actos oficiales de fingir demencia o hacer de cuenta que “aquí no pasó nada”.

También es cierto que colectivos feministas no hicieron igual hincapié en estas dos causas que en otras de también impacto como las del actor Juan Darthes, también condenado pero por la justicia brasileña.

Cuenta la historia que la moral de Cristina le hizo bajar el pulgar de un dirigente cercano cuando descubrió que le era infiel a su mujer, encima ella muy cercana colaboradora, entonces, de la ex presidenta.

¿Ser infiel resultaría más gravoso que ser abusador de mujeres?

Quizás Alperovich corrió con la mala suerte de no ser un dirigente con vigencia de poder. Su esposa, Beatris Rojkés, cultivó mucha cercanía con Cristina cuando la líder del kirchnerismo era presidenta. La reemplazó en la primera magistratura ante uno de sus viajes. El actual mandatario tucumano aliado de Milei, Osvaldo Jaldo, intentó ubicar a una de las hijas de Alperovich en la Secretaría de la Mujer. Agrupaciones feministas tucumanas alertaron de la barrabasada que hubiera sido la medida.

El magistrado que condenó a Alperovich es Ramos Padilla, un viejo conocido de la justicia. Cercano a organismo de derechos humanos y ex miembro de Justicia Legítima, actuó leyendo un cambio de época. No está nada mal para comenzar a soñar que muchos otros lo imiten.

*Con información de Expediente Político (Horacio Caride)

Redacción

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Río Negro | La Justicia podría voltear al Partido Libertario: ¿crisis en el armado de Karina Milei?

La Justicia Federal de Río Negro puso en jaque a La Libertad Avanza al exigir la presentación de las actas originales de constitución del partido en esa provincia. Esta medida surge tras una denuncia por falsificación de firmas, lo que podría desencadenar una crisis en el armado del partido a nivel provincial y afectar los planes políticos de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

El juez federal Hugo Greca ordenó que el apoderado del partido, Jonathan O’Rourke, entregue la documentación original para verificar la autenticidad de las firmas, tras las acusaciones de Ariel Zúñiga, vicepresidente de la Junta Promotora de La Libertad Avanza. Zúñiga aseguró que las firmas que aparecen como suyas en las actas de constitución del partido fueron falsificadas, añadiendo que no fue convocado a los actos donde supuestamente firmó y que otras personas en la misma situación también habrían sido víctimas de esta maniobra.

Hugo Greca

El documento judicial, presentado la semana pasada, se basa en que las firmas en las Actas N° 3 y 4 de la Junta Promotora son apócrifas, lo que podría llevar a la nulidad de los trámites para la conformación del partido. Zúñiga apuntó directamente a Lorena Villaverde, diputada y responsable del armado del partido en Río Negro, acusándola de orquestar estas maniobras ilegítimas con la intención de obtener el “sello partidario” a toda costa.

En respuesta a la denuncia, el juez Greca dio un plazo de cinco días hábiles para que los miembros fundadores del partido se expidan respecto al contenido de las actas mediante un instrumento con firmas certificadas. Además, se llevará a cabo un peritaje caligráfico para determinar si las rúbricas son falsificadas.

Para La Libertad Avanza, la situación ya es un gran problema: podría significar un golpe devastador para sus planes de expansión. La formación de la estructura partidaria en Río Negro, ya estaba envuelta en controversias debido a la presentación de fichas de adhesión irregulares, y ahora la amenaza de anulación de las firmas podría sepultar las aspiraciones de Karina Milei, quien tenía previsto contar con cinco provincias operativas para las próximas elecciones de medio término.

La legisladora nacional, Lorena Villaverde, junto a Ariel Zúñiga, el vicepresidente de la Junta Promotora

La posibilidad de que se caiga el partido en la provincia patagónica llevó a la renuncia de Martín Iriarte, uno de los miembros de la junta promotora, y aumentó la tensión contra Villaverde dentro de las filas libertarias.

En caso de confirmarse la falsificación, el proceso de formación del partido se vería afectado por plazos más largos de los disponibles antes de la competencia electoral, lo que podría forzar a Villaverde a buscar otro partido bajo el cual presentarse como candidata a senadora.

Redacción

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