Causa Vialidad: se rechazó el pedido de CFK para apartar a los jueces y al fiscal que la juzgan

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra acorralada por la Justicia tras un rechazo a su pedido.
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La Cámara de Casación rechazó el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner contra la recusación de los jueces del tribunal que la juzgan en la Causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Como también contra los fiscales del caso Diego Luciani y Sergio Molas, con lo que ahora la vicepresidente podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

El abogado de CFK, Alberto Beraldi, había cuestionado a Giménez Uriburu y Luciani porque habían jugado al fútbol juntos en el mismo equipo amateur, Liverpool, en un torneo en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. En la misma línea, había cuestionado al juez Gorini por una reunión que mantuvo con la ex ministra y titular de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, en su despacho.

CFK
El fiscal de la Causa Vialidad, Diego Luciani

El magistrado dijo que se debió a que las fuerzas de seguridad ya habían fotografiado a Amado Boudou en pijama, cuando fue preso, y quería evitar que ocurriera lo mismo en el caso de las detenciones que dispuso por la tragedia de Once.

A estas recusaciones de Beraldi, contra los dos jueces y los fiscales Luciani y Mola, se sumaron luego los doctores defensores K de Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez y Nelson Guillermo Periotti.

CFK
El abogado de CFK, Alberto Beraldi

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 a cargo del juicio, Gimenez Uriburu, Gorini y Andrés Basso, rechazaron “in limine” las recusaciones que habían planteado los defensores, ya que ninguna era causal para apartarse del caso, según informaron fuentes judiciales.

Contra esa decisión, CFK planteó un recurso de casación ante los propios jueces del tribunal oral federal número 2, pero los magistrados lo rechazaron por inadmisible. Por eso es que “La Jefa” planteó un recurso de queja directamente ante los estrados de la propia Cámara de Casación. Y este recurso de queja es el que ahora rechazó el tribunal con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

CFK
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra contra las cuerdas

Los camaristas dijeron que “las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia. Pues, no se trata de la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco de alguna equiparable a ella”. Y señalaron que la Corte ratificó esta jurisprudencia.

Agregaron que la vicepresidente “no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o una cuestión federal debidamente fundada”, que permita considerar el caso como una excepción y habilitar la intervención de la Casación.

CFK
Los jueces que deben juzgar a CFK: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso

Asimismo, reiteraron que la defensa no demostró la arbitrariedad de la decisión de los jueces del tribunal contra el rechazo del recurso. Por eso, concluyeron de manera unánime “no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, sin costas en la instancia”.

Ulises Catriel Cuenca

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El Min. de Justicia detectó 100 expedientes truchos que cobraron indemnizaciones de víctimas de la dictadura

En base a declaraciones realizadas Mariano Cúneo Libarona, trascendió que hay 22.500 expedientes en revisión y se analizan “el respaldo documental, la veracidad y legalidad” de la documentación que se presentó en cada caso para cobrar las reparaciones.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones y en total, según reveló el Ministro, la cifra reconocida por el kirchnerismo superó los $14.000 millones. Hasta el momento se detectaron 100 expedientes irregulares y pagos duplicados.

La Justicia investiga una supuesta asociación ilícita, que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones y por este motivo, la Jueza María Eugenia Capuchetti ya ordenó notificar de procesamiento firme y embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, que representa a varios de los solicitantes.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones

Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.

Cúneo Libarona dio el ejemplo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas. En el fraude al Estado, estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

Redacción

info@data24.com.ar

Grabois y Fernández Sagasti imputados por malversación de fondos para viviendas

El pasado viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al piquetero Juan Grabois, a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a la militante Ramona Fernanda Miño y a Jorge Tanus, titular del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos se conocieron tras una auditoría solicitada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se centra en posibles irregularidades en los Fondos de Integración Socio Urbana (FISU). Los montos del desfalco implican fondos para la construcción de viviendas sociales por 1 millón de dólares, entregados entre 2020 y 2023, que se habrían utilizado para campañas políticas, viajes y demás gastos que no se rindieron. Según la auditoría del gobierno de Milei, se presupuestaron 6.517 viviendas pero se finalizaron apenas 400.

También se investiga el crecimiento desproporcional de empleados del FISU, cifra que pasó de 60 a 600 trabajadores, de los cuales estaban todos afiliados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partido fundado por Grabois.

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″, indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos.

Según el documento oficial la administración de los fondos que integran ese fideicomiso se encontraría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Redacción

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Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.

Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

Redacción

info@data24.com.ar

Procesaron por abuso sexual a Fernando Espinoza, el intendente ultra K de La Matanza

Este lunes la jueza María Galletti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, procesó por abuso sexual simple a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien fue denunciado hace dos años en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal por su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. La magistrada también dispuso un embargo por la suma de $1,5 millones, sin afectar su libertad por el momento.

Rakauskas denunció también haber sufrió varios aprietes e intentos de asesinato. Incluso afirmó que Claudio Letini, por entonces jefe de Gabinete de Espinoza, le habría ofrecido firmar un papel para declinar de la denuncia a cambio de una designación laboral.

La causa contiene dos hechos: uno por el abuso, y el otro por desobedecer la orden de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima, que se sostiene hasta la actualidad con el la firma de Galletti.

El intendente es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de la denunciante.

Redacción

info@data24.com.ar

Condenaron a 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a intendente K, por robar planes sociales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó, la semana pasada, al intendente en funciones de la ciudad Correntina, Diego Martín Caram, a 7 años y 6 meses de prisión por haberse quedado con dinero de los planes sociales.

Caram obsequiando un poncho mercedeño a Cristina Fernández durante una reunión de dirigentes del Frente de Todos en el Instituto Patria, julio de 2019

La investigación inició en 2019 cuando el exintendente, Víctor Cemborain, acercó a un juzgado una fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.

LA CONDENA

El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran. Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real son los montos punitivos del juicio en el que Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado.

Además, el tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.

Junto al intendente, fue condenado el contador, Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por otra parte, Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal, deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Redacción

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Con un contundente discurso, El Presto destrozó a Bahl en pleno juicio

Este lunes, Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, cruzó en los Tribunales de Paraná, en Entre Ríos, al exintendente y exvicegobernador de esa provincia, Adán Humberto Bahl. El burócrata denunció al periodista por una declaración que éste realizó durante una emisión en vivo en el año 2020.

El discurso de El Presto

A la declaración del burócrata siguió la de El Presto. En la declaración, de poco menos de 20 minutos, el periodista cargó contra algunos ítems mencionados por Bahl: “El intendente dijo que nunca persiguió a nadie, haciendo referencia a los periodistas. Me pregunto a quién podría perseguir en la ciudad de Paraná si casi la totalidad del periodismo responde, directa o indirectamente, a la pauta oficial”.

Luego, volvió a citar otra de las frases de Bahl. A Prestofelippo le sorprendió que Bahl haya tratado a los empleados municipales de “animales arriados” donde “los sindicalistas dan órdenes y ellos responden”. Finalmente, antes de leer su discurso, contó que, en medio de pequeño encontronazo con su abogado, el exintendente Adán Bahl lo insultó en medio del juicio.

Frases destacadas de su discurso:

– Aquí se están utilizando los mecanismos de la golpeada Justicia entrerriana para llevar adelante un circo político/mediático.

– (Lo que dijo) Fue un exabrupto porque en ese momento, pleno confinamiento, Adán Bahl estaba echando descarada y arbitrariamente, a cientos de trabajadores municipales que cobraban —como ahora— míseros sueldos. Muchos en condiciones laborales deplorables… Ahí no existían ni “compañeros”, ni “justicia social”, ni todos esos slogan que estos populistas utilizan para llegar al poder.

– Este Señor me trae aquí y desea que la Justicia me condene, porque nosotros, en el año 2019, a través de una larga y cuidada investigación, descubrimos que, el por entonces candidato a intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, tenía un hijo extramatrimonial que había abandonado, un hijo al que no dió su apellido ni cuota alimentaria, un hijo que dejó tirado peor que un perro. Y ese era el mismo Señor que quería hacerse cargo de los paranaenses y cuidar a los paranaenses, no tuvo ni el valor ni la hombría para cuidar, como mínimo de manera económica, a su propio hijo. Es por eso que este hombre me aborrece.

Yo no soy ejemplo de nada ni de nadie. Soy un hombre vehemente, que se equivoca mucho. Pero yo no le robo a los entrerrianos, yo no uso al Estado para perseguir gente, ni meter familiares sin talento ni estudios.

Redacción

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