Causa Vialidad | El fiscal Luciani rechazó los pedidos de nulidad y el proceso se encamina al veredicto

Continúan los trámites judiciales previos a la posibilidad de que los acusados digan sus últimas palabras antes de la sentencia.
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El fiscal federal Diego Luciani volvió a hablar en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz en el que pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y pidió que se rechacen los planteos de nulidad de las defensas. El letrado sostuvo que “el alegato se sostiene por sí mismo” y rechazó ingresar a la etapa del juicio de réplicas y dúplicas.

“No tenemos nada que replicar, nada que contestar”, aseguró el funcionario judicial y así despegó la duda de si iba a habilitar esa etapa del proceso. Sin embargo, la defensa del empresario Lázaro Báez objetó a la Fiscalía. Dijo que sí hizo réplicas y pidió el derecho a contestarlas. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aceptaron parcialmente el planteo y el abogado Martín Villanueva podrá responder el viernes.

La audiencia comenzó poco antes de las 10. Estaba destinada a que el fiscal conteste los planteos de nulidad que las defensas hicieron en sus alegatos. Pero iba a ser clave para saber si aceptaba que haya réplicas y dúplicas en el juicio. Luciani dijo que no usará esa etapa.

“No advertimos argumentos jurídicos que ameriten una replica a lo que se escuchó en los alegatos de las defensas. Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar“, dijo Luciani al comienzo de su exposición ante el Tribunal Oral y las defensas.

Causa Vialidad
El fiscal federal Diego Luciani

La decisión del fiscal tiene impacto en el cronograma del juicio. Si aceptaba la etapa de réplicas y dúplicas se debían destinar algunas audiencias a ese momento. Pero así se pasa directamente a las últimas palabras de los acusados. La expectativa es que los jueces armen el cronograma de esa etapa porque cuando hable el último acusado deberán dar el veredicto. Los magistrados tiene la idea de darlo antes de fin de año.

Con la postura del fiscal parecía que todo se encaminaba hacia las últimas palabras y el armado del cronograma por parte del tribunal. Luego, Luciani comenzó a contestar las nulidades que hicieron las defensas durante sus alegatos. Son 5 y corresponden a las defensas de Báez, del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

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La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner

Al cierre de su presentación 2 defensas dijeron que en rigor la Fiscalía sí hizo réplicas y pidieron poder contestar. Fueron el abogado del empresario Lázaro Báez, Martín Villanueva, y el ex funcionario de Vialidad, Mariano Fragueiro Frías.

Tras un cuarto intermedio, los jueces dijeron que efectivamente la Fiscalía había introducido un tema que no se habían tratado en los alegatos. Se trata del acceso a la información pública o no de la defensa de Báez a documentación que expuso. El fiscal dijo que la defensa había anunciado que iba a aportar esa documentación a la causa y no lo hizo. Sobre ese punto contestará la defensa el viernes a las 9.30. Tras esa respuesta se espera que el Tribunal Oral de a conocer el cronograma de las últimas palabras y del veredicto.

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El empresario kirchnerista Lázaro Báez

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la vicepresidente pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para López, para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vilidad, Nelson Periotti, entre los principales acusados.

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“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

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