Causa Vialidad | El fiscal Luciani rechazó los pedidos de nulidad y el proceso se encamina al veredicto

Continúan los trámites judiciales previos a la posibilidad de que los acusados digan sus últimas palabras antes de la sentencia.
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El fiscal federal Diego Luciani volvió a hablar en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz en el que pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y pidió que se rechacen los planteos de nulidad de las defensas. El letrado sostuvo que “el alegato se sostiene por sí mismo” y rechazó ingresar a la etapa del juicio de réplicas y dúplicas.

“No tenemos nada que replicar, nada que contestar”, aseguró el funcionario judicial y así despegó la duda de si iba a habilitar esa etapa del proceso. Sin embargo, la defensa del empresario Lázaro Báez objetó a la Fiscalía. Dijo que sí hizo réplicas y pidió el derecho a contestarlas. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aceptaron parcialmente el planteo y el abogado Martín Villanueva podrá responder el viernes.

La audiencia comenzó poco antes de las 10. Estaba destinada a que el fiscal conteste los planteos de nulidad que las defensas hicieron en sus alegatos. Pero iba a ser clave para saber si aceptaba que haya réplicas y dúplicas en el juicio. Luciani dijo que no usará esa etapa.

“No advertimos argumentos jurídicos que ameriten una replica a lo que se escuchó en los alegatos de las defensas. Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar“, dijo Luciani al comienzo de su exposición ante el Tribunal Oral y las defensas.

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El fiscal federal Diego Luciani

La decisión del fiscal tiene impacto en el cronograma del juicio. Si aceptaba la etapa de réplicas y dúplicas se debían destinar algunas audiencias a ese momento. Pero así se pasa directamente a las últimas palabras de los acusados. La expectativa es que los jueces armen el cronograma de esa etapa porque cuando hable el último acusado deberán dar el veredicto. Los magistrados tiene la idea de darlo antes de fin de año.

Con la postura del fiscal parecía que todo se encaminaba hacia las últimas palabras y el armado del cronograma por parte del tribunal. Luego, Luciani comenzó a contestar las nulidades que hicieron las defensas durante sus alegatos. Son 5 y corresponden a las defensas de Báez, del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

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La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner

Al cierre de su presentación 2 defensas dijeron que en rigor la Fiscalía sí hizo réplicas y pidieron poder contestar. Fueron el abogado del empresario Lázaro Báez, Martín Villanueva, y el ex funcionario de Vialidad, Mariano Fragueiro Frías.

Tras un cuarto intermedio, los jueces dijeron que efectivamente la Fiscalía había introducido un tema que no se habían tratado en los alegatos. Se trata del acceso a la información pública o no de la defensa de Báez a documentación que expuso. El fiscal dijo que la defensa había anunciado que iba a aportar esa documentación a la causa y no lo hizo. Sobre ese punto contestará la defensa el viernes a las 9.30. Tras esa respuesta se espera que el Tribunal Oral de a conocer el cronograma de las últimas palabras y del veredicto.

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El empresario kirchnerista Lázaro Báez

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la vicepresidente pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para López, para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vilidad, Nelson Periotti, entre los principales acusados.

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ESCÁNDALO: Detuvieron a un concejal de LLA por amenazar a su pareja con un arma

El concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio “Nacho” Contreras, de 51 años, fue detenido ayer domingo acusado de amenazar a su pareja con un arma de fuego y de realizar disparos dentro de su vivienda. El dirigente liberal, empresario y propietario de la reconocida cadena de comercios “Lácteos Mi Viejo”, había sido electo en las elecciones municipales del 7 de septiembre y tenía previsto asumir su banca en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre.

El episodio tuvo lugar en el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre el camino Once Boca, una propiedad rural perteneciente a Contreras. Según indicaron fuentes policiales, efectivos del Comando de Prevención Rural de San Vicente acudieron al lugar luego de recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un conflicto familiar y detonaciones de arma de fuego en el interior del inmueble. Cuando los agentes llegaron, la situación estaba bajo tensión y fue necesario intervenir con precaución para resguardar la seguridad de los presentes.

Los uniformados se entrevistaron con su pareja, una mujer de 24 años, quien declaró que había mantenido una fuerte discusión con el libertario y que, en medio del altercado, el hombre habría efectuado al menos dos disparos dentro de la casa. Durante la inspección ocular, los agentes hallaron una pistola calibre 9 milímetros en el baño de la planta baja, junto a varias vainas servidas, además de constatar un notable desorden general en el interior de la vivienda. El arma fue secuestrada y será sometida a peritajes balísticos para determinar si coincide con los proyectiles encontrados.

Tras comunicarse con la fiscal Karina Guyot, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de San Vicente, se ordenó la inmediata aprehensión del concejal electo, la intervención de peritos especializados en criminalística y el secuestro de los elementos encontrados en la escena. La causa fue caratulada como amenazas agravadas, dado el uso del arma de fuego como medio de intimidación.

El mensaje del armador de LLA, Sebastián Pareja

Contreras fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente, donde permanece detenido a la espera de una resolución judicial sobre su situación procesal. Por su parte, la joven fue acompañada a la Comisaría de la Mujer y la Familia del distrito, donde brindó su testimonio formal y recibió asistencia del personal especializado en casos de violencia de género.

De forma paralela, en las últimas horas se viralizó un video, presuntamente grabado por la víctima, en el que se observa una discusión entre ambos por una supuesta infidelidad del dirigente libertario. El material fue difundido inicialmente en redes sociales y en grupos de mensajería, y según las fuentes consultadas, el intercambio habría precedido a los disparos que derivaron en la denuncia y posterior intervención policial.

Las autoridades judiciales trabajan para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad del acusado. Mientras tanto, el hecho provocó una fuerte conmoción política en San Vicente, ya que Contreras encabezó la lista local de La Libertad Avanza en las últimas elecciones y estaba próximo a asumir su banca en el Concejo Deliberante. Hasta el momento, el espacio político no emitió declaraciones oficiales sobre la detención de su representante.

Tucumán | La Justicia prohibió a un medio televisivo emitir críticas a fiscales y jueces durante seis meses

La Justicia de Tucumán dictó como medida cautelar prohibir al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a los trabajadores de dicha empresa realizar críticas a jueces y fiscales. La decisión judicial generó reacciones negativas y la Asociación de Prensa (APT) de esa provincia calificó que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”.

La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán y a su personal emitir contenidos que desacrediten o cuestionen la labor de fiscales y jueces provinciales. El fallo advierte que cualquier incumplimiento será sancionado por “desobediencia judicial”.

La sentencia, fechada el 4 de noviembre, responde a una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC. Se lo acusa de “entorpecer y ofender el ejercicio de funciones públicas, ejercer coacción institucional e incitar a la violencia o al descrédito institucional” a través de su labor periodística.

El conflicto de fondo surge por el malestar del jefe de los fiscales tucumanos, luego de que en distintas entrevistas y programas emitidos por CCC se cuestionara el desempeño de los fiscales alineados con Jiménez en “causas de alto perfil público”. Según la sentencia, el propietario del medio de comunicación habría “llevado a cabo una campaña pública de hostigamiento y ataque mediático contra distintos fiscales”.

El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados y el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al ser consultado sobre la controversial resolución, respondió ante la prensa: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones”.

Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.

En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) cuestionó la medida y planteó que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”, y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.

Por su parte la APT señaló en un comunicado: “La Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohibir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos”.

Y concluye: “Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales”.

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