Causa atentado contra CFK: La Cámara Federal ordenó abrir el celular de Milman

Este jueves, la causa que investiga el intento de asesinato contra la Vicepresidente a manos de Fernando Sabag Montiel volvió a tener movimiento. La Sala I hizo lugar al pedido de abrir el celular del diputado Gerardo Milman.
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La Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del celular del diputado del PRO Gerardo Milman, a casi un año del intento de homicidio de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Si bien fue una decisión dividida, finalmente el fallo fue en contra del diputado y se estableció que el telefono celular sea analizado desde el día 1° de julio de 2022 hasta el 10 de mayo 2023, limitándose únicamente a los hechos relacionados con la causa que se está investigando para evitar vulnerar la privacidad de Milman.

Para los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el intento de asesinato contra la Vicemandataria es un asunto de gravedad institucional y es esencial investigar a fondo para eliminar cualquier duda en torno al caso. 

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“Ya hemos mencionado la importancia institucional del ataque a la Vicepresidenta de la Nación. Es nuestro deber jurisdiccional aclarar cualquier incertidumbre relacionada con los indicios presentes en el expediente. Esta es la vía adecuada para responder a la víctima, la sociedad y al propio diputado, quien tiene el derecho de que se aclare con certeza cualquier suposición sobre sus declaraciones y cualquier posible participación en el evento”, señala el fallo publicado este jueves. 

En paralelo, el juez Mariano Llorens fundamentó que la única prueba que existe contra el diputado opositor es a la que denominaron “pista Casablanca” (en honor al bar frente al Congreso), pero que seguir la misma no ha generado ningún resultado, por lo que no se justifica invadir la privacidad de Milman. 

El libro que firmó Cristina Fernández de Kirchner mientras Fernando Sabag Montiel intentaba dispararle

En tanto, el fiscal Carlos Rívolo pidió que se avance con la revisión del artefacto, tras una declaración reciente de una asesora del diputado. Ella habría relatado cómo le habían borrado el teléfono y cómo podría haber sido manipulado a manos del legislador con la intención de borrar posibles pruebas incriminantes. 

A raíz de ello, la fiscalía solicitó el análisis del celular de Milman, aunque para la fiscalía, él no estaba formalmente imputado.  A pesar de esto, el diputado decidió presentarse con un abogado defensor y solicitó que no se le incautara el celular, alegando que era una “excursión de pesca”. En tanto, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, exigieron su secuestro.

Fuente: Periodismo y Punto PyP

Redacción

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

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Grabois y Fernández Sagasti imputados por malversación de fondos para viviendas

El pasado viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al piquetero Juan Grabois, a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a la militante Ramona Fernanda Miño y a Jorge Tanus, titular del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos se conocieron tras una auditoría solicitada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se centra en posibles irregularidades en los Fondos de Integración Socio Urbana (FISU). Los montos del desfalco implican fondos para la construcción de viviendas sociales por 1 millón de dólares, entregados entre 2020 y 2023, que se habrían utilizado para campañas políticas, viajes y demás gastos que no se rindieron. Según la auditoría del gobierno de Milei, se presupuestaron 6.517 viviendas pero se finalizaron apenas 400.

También se investiga el crecimiento desproporcional de empleados del FISU, cifra que pasó de 60 a 600 trabajadores, de los cuales estaban todos afiliados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partido fundado por Grabois.

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″, indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos.

Según el documento oficial la administración de los fondos que integran ese fideicomiso se encontraría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

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“Fue una persecución política que les salió mal” | Habló el abogado de El Presto luego de que la Justicia lo absolviera

El miércoles 15 de mayo el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, declaró la absolución del periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, quien había sido denunciado por Adán Humberto Bahl, exvicegobernador de Entre Ríos y exintendente de Paraná, por “instigación a cometer delitos”.

La decisión del juez fue destacada por el abogado de El Presto, Augusto Lafferriere, como “un fuerte espaldarazo a la libertad de expresión y de ideas que tiene todo ciudadano. Fue una persecución política que les salió mal”. Considerando que Entre Ríos ha sido históricamente gobernada por el peronismo, Lafferriere calificó el fallo de Brugo como “valiente y fundado en derecho”.

El momento en que la Justicia absuelve de culpa y cargo a El Presto

“No podemos desconocer el tinte político de este caso”: al momento de la denuncia, Adán Bahl era el candidato a gobernador de Entre Ríos. Aunque el delito investigado es relativamente menor en comparación con otros en el Código Penal, el Ministerio Público Fiscal tomó el caso. Según Lafferriere, “normalmente, este tipo de situaciones se archivan en menos de cinco días, ya que hay casos mucho más importantes y, por el principio de oportunidad, el Ministerio Público Fiscal no puede perseguir todos los delitos que se denuncian”.

La denuncia contra el periodista fue presentada el 5 de mayo de 2020, cuando el peronismo consideraba a Bahl como el futuro gobernador de Entre Ríos, sucediendo a Bordet. Sin embargo, el destino se torció: la pésima gestión de la pandemia, la crisis económica, el malestar social y la aparición de Milei en la escena política, afectó a las proyecciones del peronismo y la lista de Bahl quedó en segundo lugar, siendo derrotada por la de Frigerio. “El expediente se mantuvo cuatro años porque (Adán Bahl) ya se creía Gobernador. Por eso no fue archivado”, agregó Lafferriere.

LOS CONTUNDENTES ARGUMENTOS DEL JUEZ BRUGO:

El magistrado argumentó que la Fiscalía no pudo acreditar varios aspectos “con posterioridad a la viralización del video”: Se desconocía los domicilios de Bahl y del SUOYEM, no se acreditó que terceras personas hayan visitado el domicilio del exintendente después de la viralización del video, y no se comprobó que alguien haya ido a la casa de Bahl el 7 de mayo de 2020. Tampoco se acreditó el temor que supuestamente generó en la esposa e hijos de Bahl, ya que no se pudo acreditar quiénes eran ni fueron ofrecidos como testigos.

En relación al análisis del video publicado por Prestofelippo, Brugo destacó que era un programa de 55 minutos que abordaba diversos temas, como la liberación de presos durante la pandemia y conflictos laborales. Señaló que el programa tenía un claro discurso político, criticaba decisiones judiciales y utilizaba un tono sarcástico y vehemente. A pesar de que se observaban elementos que podrían constituir delitos públicos, como la apología del delito, el magistrado consideró que el discurso de Prestofelippo, aunque controvertido, no tenía la capacidad suficiente para causar una conmoción social.

La respuesta del periodista a Bahl durante el juicio: “No soy ejemplo de nadie, pero yo no le robo a los entrerrianos ni uso al Estado para perseguir gente”

El juez también mencionó que el “consejo” de Prestofelippo de “quemar la casa de Bahl con su familia adentro” se hizo en un contexto político y vehemente, donde previamente había insultado a Bahl y luego, segundos después del exabrupto, el periodista pidió “perdón por la vehemencia”. Consideró que este consejo, aunque repudiable, no fue serio y fue dado de manera irreflexiva, sin la intención de que se llevara a cabo. En base a estos argumentos, el juez concluyó que no se configuró el delito de instigación a cometer delitos en la conducta de Prestofelippo “advierte una pasión encendida, la vehemencia, la irreverencia, su falta absoluta de apego a las formas, la falta de respeto, es un periodista transgresor, el sarcasmo y el cinismo que utiliza para comunicar”.

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Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.

Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

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El Min. de Justicia detectó 100 expedientes truchos que cobraron indemnizaciones de víctimas de la dictadura

En base a declaraciones realizadas Mariano Cúneo Libarona, trascendió que hay 22.500 expedientes en revisión y se analizan “el respaldo documental, la veracidad y legalidad” de la documentación que se presentó en cada caso para cobrar las reparaciones.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones y en total, según reveló el Ministro, la cifra reconocida por el kirchnerismo superó los $14.000 millones. Hasta el momento se detectaron 100 expedientes irregulares y pagos duplicados.

La Justicia investiga una supuesta asociación ilícita, que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones y por este motivo, la Jueza María Eugenia Capuchetti ya ordenó notificar de procesamiento firme y embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, que representa a varios de los solicitantes.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones

Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.

Cúneo Libarona dio el ejemplo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas. En el fraude al Estado, estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

Redacción

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Condenaron a 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a intendente K, por robar planes sociales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó, la semana pasada, al intendente en funciones de la ciudad Correntina, Diego Martín Caram, a 7 años y 6 meses de prisión por haberse quedado con dinero de los planes sociales.

Caram obsequiando un poncho mercedeño a Cristina Fernández durante una reunión de dirigentes del Frente de Todos en el Instituto Patria, julio de 2019

La investigación inició en 2019 cuando el exintendente, Víctor Cemborain, acercó a un juzgado una fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.

LA CONDENA

El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran. Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real son los montos punitivos del juicio en el que Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado.

Además, el tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.

Junto al intendente, fue condenado el contador, Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por otra parte, Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal, deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Redacción

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