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Este 26 de mayo se cumplieron 6 meses del fallecimiento de Lucio Dupuy, el menor que murió a manos de su progenitora y la novia. El abuelo de la víctima, Ramón Dupuy, volvió a dar detalles acerca de cómo avanza la juicio y confirmó al portal VíaPaís que la etapa de pruebas ha finalizado y están a la espera de la condena. Además detalló que la parte querellante solicitó que las imputadas reciban cadena perpetua. Se estima que para fin de año estará la sentencia confirmada.
Tanto Magdalena Esposito, como su novia, Abigail Páez, están acusadas por el asesinato de Lucio y además también añadieron el delito de abuso sexual. “Las pruebas están, las cámaras las condenan, los horarios las condenan, la autopsia las condenan. Que se haga Justicia ejemplar”, dictaminó Ramón.
En búsqueda de generar consciencia contra la violencia de menores, el diputado pampeano Martín Maquieyra, presentó un proyecto nombrado Ley Lucio, y con él pretende sancionar la ley contra el maltrato infantil este año.
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Germán Kiczka, diputado libertario por la provincia de Misiones, se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras fugarse de la justicia. Acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, el legislador, de 44 años, es ahora objeto de una intensa búsqueda por parte de la Interpol, después de que la justicia emitiera una orden de captura internacional.
El pasado jueves —horas después de que la Cámara de Diputados de Misiones aprobara su desafuero— Kiczka escapó de su domicilio. Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda, pero no lograron detenerlo. A raíz de esto, el juez penal de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, solicitó la intervención de Interpol, ante la sospecha de que Kiczka había cruzado la frontera de manera clandestina, posiblemente hacia Paraguay o Brasil, y podría estar en camino hacia Europa.
Junto a Germán, también se encuentra prófugo su hermano Sebastián, quien está implicado en los mismos delitos. Ambos enfrentan acusaciones graves que incluyen la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, zoofilia e incesto.
La situación de los hermanos Kiczka se complicó aún más tras el análisis de una notebook incautada en uno de los allanamientos realizados en su domicilio. En el dispositivo, propiedad de Germán Kiczka, se encontraron 603 archivos de fotos y videos que contenían escenas de abuso sexual infantil y zoofilia, ( las víctimas son menores de 13 años). Las investigaciones revelaron que los archivos fueron descargados y distribuidos entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, utilizando aplicaciones de intercambio de archivos encriptados.
Los resultados de la investigación no se limitan a este material. También se descubrieron chats entre Sebastián Kiczka y presuntas víctimas menores de edad, en los que describía explícitamente encuentros sexuales con menores y manifestaba su interés en niñas de tan solo 12 años.
El caso causó un fuerte impacto en la política misionera y nacional. Germán Kiczka, quien ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 como parte de Juntos por el Cambio, había pasado a formar parte del partido libertario Activar, liderado por Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente interino por tres días, en 2001, Ramón Puerta. Ante la gravedad de las acusaciones, la Legislatura de Misiones rechazó la renuncia presentada por Kiczka antes de su fuga y procedió a su desafuero, permitiendo así su arresto. De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad:“Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.
El caso Kiczka no solo involucra a la política provincial y nacional, sino que trascendió fronteras. La investigación que condujo a la imputación de los hermanos se originó en Estados Unidos, donde las autoridades de cibercrimen detectaron la distribución de material de explotación sexual infantil desde dispositivos en Argentina. Esta operación, realizada en colaboración con agencias internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC), incluyó allanamientos en varias provincias argentinas, siendo Misiones uno de los focos principales.
Con la activación de la alerta roja de Interpol, las autoridades de Paraguay, Brasil y otros países de la región han sido notificadas para colaborar en la captura de los hermanos Kiczka. La permeabilidad de las fronteras en la región de Misiones, caracterizada por pasos fronterizos clandestinos, complicó la tarea de localizarlos. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad no cesan en su esfuerzo por encontrarlos y llevarlos ante la justicia.
El ministro de Seguridad de Misiones, MarceloPérez, confirmó que se están realizando operativos en zonas limítrofes y se mantiene la vigilancia en los domicilios de los Kiczka, en espera de cualquier movimiento que permita dar con su paradero. Sin embargo, hasta la fecha, no se han registrado salidas legales del país, lo que refuerza la teoría de una fuga clandestina.
En un polémico nombramiento, Valeria Yolanda Araujo, peluquera de oficio, fue designada en 2021 en Nucleoeléctrica Argentina S.A. por expreso pedido del entonces presidente Alberto Fernández.
La empresa, encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, es conocida por exigir altos niveles de calificación académica y experiencia técnica a sus empleados, condiciones que Araujo no cumplía al momento de su incorporación.
Nucleoeléctrica, una empresa que requiere un currículum altamente especializado para acceder a sus puestos, parece haber hecho una excepción con Araujo. A pesar de no contar con la formación universitaria ni la experiencia técnica requerida para la mayoría de los puestos en la empresa, Araujo fue colocada en un cargo administrativo con un salario de $2 millones mensuales, una suma que supera incluso el piso salarial para empleados con mayor calificación.
El origen de esta controvertida designación parte de las redes sociales: Fernández habría conocido a Araujo a través de Facebook y, aprovechando su cercanía geográfica a la planta de Nucleoeléctrica en Lima, partido de Zárate, solicitó su contratación de manera directa. Esta acción no sería un caso aislado, ya que se ha señalado que el ex presidente solía realizar este tipo de nombramientos, colocando en cargos estatales a personas de su entorno o recomendadas por conocidos.
Desde su nombramiento, Araujo ha mantenido un perfil bajo, eliminando su presencia en redes sociales y evitando cualquier exposición pública. Según testimonios de empleados de la planta de Atucha, Araujo realiza tareas administrativas básicas, similar a las de cualquier empleado en su posición. Sin embargo, su salario y la forma en que accedió al cargo generó malestar entre quienes sí cumplen con los estrictos requisitos para trabajar en la empresa.
A pesar de la polémica, la peluquera continúa en su puesto, cumpliendo con el horario y las tareas asignadas. Sin embargo, el cambio de gestión en Nucleoeléctrica, ahora bajo control del nuevo gobierno, podría poner en revisión estas y otras designaciones realizadas durante el mandato anterior. Santiago Caputo, mano derecha del presidente Milei, junto con Alberto Lamagna y Luis Fasanella, quienes ocupan los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente, se enfrentan a la tarea de reestructurar la empresa, lo que podría incluir una reducción significativa del personal, afectando a entre 500 y 1.000 empleados.
Tras el escándalo revelado anoche que involucra a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, tomó relevancia en los medios el nombre del oscuro abogado de la pareja presidencial más polémica de la historia, Juan Pablo Fioribello. En la tarde de ayer, la exnovia de Alberto decidió reemplazarlo por Mariana Gallego y, además, el letrado fue denunciado por violación ética en el Colegio Público de Abogados de CABA.
Ocurrió que Fioribello representó a ella y al ex presidente del Frente de Todos en la causa conocida como Olivos Gate; además de haberla asesorado en los primeros momentos cuando el juez, Julián Ercolini, le informó sobre los chats y las fotos que se encontraron en el teléfono de la secretaria presidencial María Cantero sobre hechos de violencia.
Sin embargo, la reconstrucción del costado oculto de Fioribello arroja panoramas aún más polémicos y controversiales. En agosto de 2021, este medio publicó hizo eco de una extorsión por parte del abogado. Allí, se detalla que Fioribello se desempeñó como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad y fue asesor del ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.
En el año 2009, Fioribello fue arrestado y procesado por extorsión. Estuvo detenido algunos días hasta que fue liberado luego de pagar una fianza de $50.000 —casi $20 millones a valor acutal—. Según la acusación que se había presentado ante la Fiscalía Nacional de Instrucción 47, el exabogado de Fabiola Yáñez habría intentado extorsionar a un hombre con un video privado.
La víctima que lo denunció que había recibido varios llamados de un presunto sargento de la Policía Federal que investigaba su vida privada. Y agregó que un video en el que se lo veía manteniendo relaciones homosexuales sería repartido entre sus familiares si no pagaba aquella suma.
El denunciante declaró que Fioribello se habría hecho pasar por un sargento de la Policía Federal y que le habría exigido una suma de 25.000 dólares a cambio de no repartir el material. El 26 de junio del 2009, la Policía realizó la detención de Juan Pablo Fioribello y un acompañante, llamado Ramiro Cenoz. Los efectivos le secuestraron credenciales de portación de varias armas de fuego y tarjetas personales que lo presentaban como “Jefe de Asesores del Gobierno de la Ciudad”.
Tras el arresto, la Justicia ordenó un allanamiento a su departamento en un tercer piso, en el que encontraron cajas de proyectiles 9 milímetros, un silenciador, una granada de humo, chalecos antibalas y uniformes de las policías Federal y Bonaerense, además de varias tarjetas con los nombres de oficiales de esas fuerzas. Fioribello estuvo preso tres semanas, pagó la fianza que le permitió recuperar la libertad y quedó procesado en la causa que abrió la Justicia. Para entonces, su contrato en el gobierno porteño ya había sido rescindido, aunque por “razones presupuestarias” y no por su comprometida situación.
LA DENUNCIA DE GRANATA
Luego de que Yañez denunciara a Fernández, Amalia Granata apareció en escena y reveló información que complica a Juan Pablo Fioribello. La diputada utilizó su cuenta de X para decir: “El abogado de la víctima tiene un historial de violencia de género más amplio que el del expresidente. Esto es información, no opinión”.
“Me shockeó mucho escuchar al abogado, yo declaré como testigo en un juicio el año pasado contra él. Lo investigué a este señor que hoy se la da de feminista y en su momento en una nota que estaba haciendo en el programa de Susana Roccasalvo dijo que yo no tenía la moral para hablar porque yo tenía la bombachita bien floja y hoy dice que defiende a las mujeres”, sentenció Granata.
Y agregó que investigó sobre “sus relaciones y sus parejas (…) mandé un chat de una chica que está aterrada y que nunca quiso hablar, no lo quiere denunciar. Lo que dice esta persona es que cada vez que lo ve en la tele tiene que cambiar porque le agarran ataques de pánico”, dijo, tras sostener que también habló con otra mujer que habría tenido una relación amorosa con el letrado y que habría sido víctima de violencia, pero que no se anima a denunciarlo: “Las amenaza constantemente”.
Además, contó una experiencia propia con Fioribello: “En el country donde vivía él una vez se la encuentra a mi hija porque su padre vive en el mismo lugar y se saca una foto con Uma y se la manda a mi marido y le dice ‘mirá con quién estoy’”.
En medio de la reestructuración y reducción de personal impulsada por la administración de Javier Milei, un escándalo que envuelve a AerolíneasArgentinas salió a la luz. La Justicia investiga un insólito caso de fraude laboral que pone en duda la efectividad de los sistemas biométricos de control de asistencia en la empresa estatal. La investigación, a cargo del juez federal Julián Ercolini, apunta a un grupo de empleados que utilizaban dedos de goma con huellas digitales truchas para registrar su presencia en el trabajo, a pesar de no acudir físicamente.
Este caso fue inicialmente revelado en 2019 por Infobae y fue actualizado recientemente por la agencia Noticias Argentinas, en el contexto de la actual administración. En aquel año, el primero del Frente de Todos, la investigación realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) culminó con el despido de seis trabajadores de mantenimiento de Austral, una de las filiales de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, las sospechas de la Justicia indican que el número de implicados podría ser mucho mayor y que esta práctica fraudulenta habría continuado durante la gestión de Alberto y Cristina Fernández.
El esquema delictivo era ingenioso y a la vez simple: de un grupo de seis empleados, solo uno asistía al trabajo, mientras que los otros cinco no se presentaban. Para burlar los controles, el trabajador presente utilizaba dedos de silicona que replicaban las huellas digitales de sus compañeros ausentes, permitiendo que todos ellos figuraran como presentes y cobraran sus salarios. Este método, si bien sofisticado en su ejecución, expone las vulnerabilidades de los sistemas biométricos que, en teoría, deberían ser infalibles.
Una investigación en marcha
El juez Ercolini tiene en su poder uno de los dedos de goma utilizados en el fraude, así como la declaración de un testigo de identidad reservada, quien tuvo que ser trasladado del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery a una estación aeroportuaria en el interior del país para garantizar su seguridad. La investigación, sin embargo, enfrenta obstáculos significativos.
Julián Ercolini
Según fuentes judiciales, la PSA solicitó en su momento una revisión más profunda, incluyendo la apertura de los lockers de los empleados en Aeroparque, lo que podría haber arrojado más pruebas y revelado a más implicados. No obstante, esta solicitud no fue autorizada, lo que limitó la capacidad de la Justicia para desmantelar por completo la operación fraudulenta.
Dentro de la empresa, se señala a Héctor Binda, subgerente de mantenimiento, y PascualFederico Loffa, del mismo sector, por su presunta falta de acción ante las irregularidades. Aunque Loffa —que también fue vocal suplente en el gremio Unión Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA)— asegura que no tenía responsabilidad directa, la investigación lo mantiene bajo escrutinio.
La reestructuración de la aerolínea del Estado
Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas avanza con un plan de reestructuración bajo la dirección de Fabián Lombardo. El objetivo es reducir la plantilla en unos 500 empleados, parte de una estrategia más amplia que incluye la apertura de un programa de retiros voluntarios con un fondo de 60 millones de dólares y un plan de jubilaciones anticipadas. Entre junio y agosto de 2024, la compañíaredujo su personal en 274 trabajadores, con recortes que abarcan diversos gremios, incluyendo 41 empleados de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), 113 del personal de tierra (APA), y 37 técnicos aeronáuticos (APTA).
Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas
A pesar de estas medidas, los números oficiales han generado controversia. En diciembre de 2023, Aerolíneas Argentinas contaba con 11.926 empleados para operar 84 aeronaves, lo que arrojaba un promedio de 142 empleados por avión. Para mayo de 2024, la empresa reportaba 11.497 empleados, aunque fuentes internas aseguran que el número real era de 11.924. Al 6 de agosto de 2024, la dotación se redujo a 11.171 empleados para 86 aeronaves, disminuyendo el promedio a 129,9 empleados por avión.
Durante el transcurso de la semana pasada, desde la Fundación Apolo —que se encuentra integrada por el legislador Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio— solicitaron se le retire la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fernández, toda vez que no cumple con los requisitos de “mérito y honor” tras la denuncia de su ex pareja Fabiola Yáñez, que se encuentra en España.
La ONG, plantea que el expresidente violó ese mandato y los requisitos en cuestión con la fiesta en Olivos, con la causa de los seguros, con la violencia de género a Yáñez y con el vacunatorio VIP.
Indican que el expresidente de la Nación “no ha tenido conductas o comportamientos que han sido loables y permitiesen ser tachadas de ‘honorables’ requisito que resulta sine qua non para poder solicitar la asignación vitalicia”.
En diálogo con Periódico Tribuna de Periodistas, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos y el fundador y director ejecutivo de la Fundación Apolo para conocer, Yamil Santoro, señaló que, en vista de la cantidad de información que había disponible sobre la situación, el equipo “trabajó en dos líneas: la primera fue un reclamo administrativo presentado ante ANSES para solicitar que se le retire la pensión de exmandatario. Este fue presentado ante el director de la Agencia”.
Por otra parte, el legislador detalló que se trabajó una denuncia contra Alberto Fernández por abuso de poder, otra contra Santiago Cafiero —actual diputado de UxP y Canciller durante el último gobierno K— por encubrimiento, y una ampliación de la denuncia original de OlivosGate. En esa actualización se solicitó que sean incorporados los nuevos videos de Tamara Pettinato junto al expediente. Esta última se presentó ante el Juzgado Criminal Federal y Correccional número dos de San Isidro.
Periódico Tribuna: Los argumentos y fundamentos que plantearon en la denuncia ¿Se basan en “falta de requisitos de mérito y honor “relativo a la suspensión de la asignación mensual vitalicia del exmandatario o agregaron algo más?
Yamil Santoro: Esos son los fundamentos por los cuales pedimos le retiren la asignación mensual vitalicia. Trabajamos en esa línea desde diciembre de 2023 y no sólo para Alberto Fernández. Hemos hecho este mismo pedido para Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y María Estela Martínez de Perón. En este caso, volvimos a insistir con la presentación contra Alberto Fernández fundamentándonos en el nuevo material.
En el escrito que entregamos el viernes agregamos situaciones como la acusación que tiene actualmente sobre su cabeza el expresidente en el escándalo relacionado a los Brokers de seguros que contrató su gobierno.
TDP: Tanto para usted como legislador y de la Fundación Apolo que preside ¿Encuentran apoyo y han recibido adhesión de otros colegas y /o medios para visibilizar esta situación además de la presentación y denuncia efectuada?
YS: Lo primero que creo necesario decir, es que la principal colaboración viene del equipo de personas muy preocupadas por combatir la corrupción en Argentina, que integran la parte legal de la Fundación Apolo y que se han sumado a nuestro espacio político. Atrás de este trabajo hay muchas horas de esfuerzo voluntario. Basta el ejemplo de nuestros últimos tres días de trabajo, donde interrumpíamos la tarea a las tres de la mañana para arrancar de nuevo en torno a las seis y tener toda la documentación lista para para las denuncias.
El fiscal Guillermo Marijuan reveló un nuevo escándalo en la administración de pensiones: la existencia de 3.288 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que viven en el extranjero y continúan recibiendo pagos del Estado argentino.
Este hallazgo representa un costo anual de más de $6.000 millones para las arcas públicas.
De acuerdo con la investigación, estos adultos mayores, que supuestamente se encuentran en situación vulnerable, regresaron a sus países de origen hace más de 90 días y no han reingresado a Argentina, según los registros de la Dirección de Migraciones.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha solicitado a la ANSES realizar un cruce de datos para identificar y dar de baja inmediatamente a estos beneficiarios que están cobrando de manera irregular. “El objetivo es eliminar los pagos fuera de la normativa vigente y evitar un mayor perjuicio económico para el país”, declaró Pettovello.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, también está investigando a otros 7.512 titulares de la PUAM que habrían permanecido fuera del país por más de 60 días, lo que también contraviene las reglas establecidas.
Fuentes judiciales informaron que de los 334 nuevos casos detectados, la ANSES ya ha dado de baja a 235 beneficiarios, y los 99 restantes serán judicializados. Estos últimos casos fueron identificados gracias a una actualización de la información migratoria.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue instaurada en mayo de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri y está destinada a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad. Actualmente, el monto mensual es de $172.464,66, más un bono extraordinario previsional de $70.000, sumando un total de $242.464,66.
Para acceder y mantener este beneficio, los beneficiarios deben cumplir con varios requisitos, incluyendo la permanencia en el país. “La normativa es clara en cuanto a la residencia. Aquellos que la incumplen están cometiendo una irregularidad y deben ser dados de baja inmediatamente”, afirmó Marijuan. El fiscal ha solicitado a la ministra Pettovello que evalúe la suspensión inmediata de las pensiones de los beneficiarios que no cumplen con los requisitos de residencia, con el fin de cesar los efectos de posibles conductas delictivas vinculadas al incumplimiento de las normativas vigentes.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
