18 septiembre, 2025

Caso Fernando Báez Sosa: La defensa de los imputados pidió la absolución de los tres condenados a 15 años

El abogado de los rugbiers presentó un recurso ante Casación y también solicitó que reduzcan la condena contra los cinco que recibieron perpetua.
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A menos de un mes de que se dicte la condena contra Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el defensor de los imputados apeló las penas. El abogado Hugo Tomei insiste en la hipótesis del homicidio en riña, por eso pidió la nulidad de las tres condenas de 15 años y bajar las penas de los cinco que fueron condenados a cadena perpetua.

El viernes 24 de febrero, los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, solicitaron ante el tribunal que no sean cinco sino ocho los condenados por el crimen y que fueran considerados coautores del “homicidio agravado” y reciban perpetua. Tres días después, este lunes, el abogado Hugo Tomei presentó su apelación para revertir la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, pero recién este martes saldrá el escrito del particular damnificado a cargo de Fernando Burlando y Facundo Améndola.

Hugo Tomei, abogado de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Hugo Tomei, abogado de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Tal como lo expuso en el debate, Tomei pidió que se declare “la ilegalidad” de las indagatorias tomadas a los ocho acusado la noche del 19 de enero del 2020, alegando que “en ese procedimiento se falsificaron las actas del expediente entre el fiscal, la defensora oficial y dos secretarios del Ministerio Público Fiscal”.

Asimismo, la defensa requirió que se declare la “parcialidad” de los jueces integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores, el 14 de abril de 2020, por llamar a los acusados “mentirosos, fríos, calculadores, que salieron de cacería humana y que eran poseedores de una maldad inhumana”.

Hugo Tomei durante los alegatos, previo a la condena
Hugo Tomei durante los alegatos, previo a la condena

El fundamento de la presentación de Tomei también hizo mención a “la violación del principio de congruencia de la sentencia” dado que, a su criterio, sus defendidos llegaron al debate con una acusación genérica y, luego, la fiscalía modificó los hechos con una imputación más detallada: “Se tata de una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta”, comentó el letrado.

Por lo mencionado, Tomei pidió la absolución de Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, quienes fueron condenados a 15 años de prisión como “partícipes secundarios” del asesinato de Fernando Báez Sosa. Y también pidió que se le reduzca la condena a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi, quienes fueron condenados a reclusión perpetua por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, cuando en realidad deberían haber sido juzgados por el delito de “homicidio en agresión tumultuosa” que tiene penas de dos a seis años de prisión, según planteó el abogado.

Los ocho imputados condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.
Los ocho imputados condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa

En paralelo, los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila cuestionaron la condenas menores de Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi.

“Para nosotros, los ocho actuaron como ‘coautores’ porque tuvieron en todo momento el dominio del hecho y, por lo tanto, la posibilidad de decidir continuar o detener la golpiza a Fernando y no lo hicieron. Para demostrarlo analizamos nuevamente, en forma correcta (como lo hicimos) en el juicio, que los otros tres también golpearon a la víctima o impidieron que los amigos pudieran intervenir para detener la golpiza, por lo cual todos contribuyeron o hicieron su aporte para matar a Báez Sosa“, sostuvo García en diálogo con Infobae.

Lectura del veredicto por el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente a…

“Todo el análisis de la prueba lo hicimos complementándolo con fotogramas que elaboramos con capturas de los videos filmados por Lucas Pertossi y el particular desde enfrente, indicando en distintos momentos dónde estaban ubicados Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi, lo cual también ofrecimos como prueba para el recurso al igual que los videos sincronizados”, agregó.

Por ello, coincidieron en que debe desplazarse la calificación de “partícipes secundarios” y deben recibir condena perpetua al igual que los otros cinco.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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