Caso Fernando Báez Sosa: La defensa de los imputados pidió la absolución de los tres condenados a 15 años

El abogado de los rugbiers presentó un recurso ante Casación y también solicitó que reduzcan la condena contra los cinco que recibieron perpetua.
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A menos de un mes de que se dicte la condena contra Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el defensor de los imputados apeló las penas. El abogado Hugo Tomei insiste en la hipótesis del homicidio en riña, por eso pidió la nulidad de las tres condenas de 15 años y bajar las penas de los cinco que fueron condenados a cadena perpetua.

El viernes 24 de febrero, los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, solicitaron ante el tribunal que no sean cinco sino ocho los condenados por el crimen y que fueran considerados coautores del “homicidio agravado” y reciban perpetua. Tres días después, este lunes, el abogado Hugo Tomei presentó su apelación para revertir la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, pero recién este martes saldrá el escrito del particular damnificado a cargo de Fernando Burlando y Facundo Améndola.

Hugo Tomei, abogado de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Hugo Tomei, abogado de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Tal como lo expuso en el debate, Tomei pidió que se declare “la ilegalidad” de las indagatorias tomadas a los ocho acusado la noche del 19 de enero del 2020, alegando que “en ese procedimiento se falsificaron las actas del expediente entre el fiscal, la defensora oficial y dos secretarios del Ministerio Público Fiscal”.

Asimismo, la defensa requirió que se declare la “parcialidad” de los jueces integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores, el 14 de abril de 2020, por llamar a los acusados “mentirosos, fríos, calculadores, que salieron de cacería humana y que eran poseedores de una maldad inhumana”.

Hugo Tomei durante los alegatos, previo a la condena
Hugo Tomei durante los alegatos, previo a la condena

El fundamento de la presentación de Tomei también hizo mención a “la violación del principio de congruencia de la sentencia” dado que, a su criterio, sus defendidos llegaron al debate con una acusación genérica y, luego, la fiscalía modificó los hechos con una imputación más detallada: “Se tata de una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta”, comentó el letrado.

Por lo mencionado, Tomei pidió la absolución de Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, quienes fueron condenados a 15 años de prisión como “partícipes secundarios” del asesinato de Fernando Báez Sosa. Y también pidió que se le reduzca la condena a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi, quienes fueron condenados a reclusión perpetua por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, cuando en realidad deberían haber sido juzgados por el delito de “homicidio en agresión tumultuosa” que tiene penas de dos a seis años de prisión, según planteó el abogado.

Los ocho imputados condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.
Los ocho imputados condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa

En paralelo, los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila cuestionaron la condenas menores de Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi.

“Para nosotros, los ocho actuaron como ‘coautores’ porque tuvieron en todo momento el dominio del hecho y, por lo tanto, la posibilidad de decidir continuar o detener la golpiza a Fernando y no lo hicieron. Para demostrarlo analizamos nuevamente, en forma correcta (como lo hicimos) en el juicio, que los otros tres también golpearon a la víctima o impidieron que los amigos pudieran intervenir para detener la golpiza, por lo cual todos contribuyeron o hicieron su aporte para matar a Báez Sosa“, sostuvo García en diálogo con Infobae.

Lectura del veredicto por el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente a…

“Todo el análisis de la prueba lo hicimos complementándolo con fotogramas que elaboramos con capturas de los videos filmados por Lucas Pertossi y el particular desde enfrente, indicando en distintos momentos dónde estaban ubicados Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi, lo cual también ofrecimos como prueba para el recurso al igual que los videos sincronizados”, agregó.

Por ello, coincidieron en que debe desplazarse la calificación de “partícipes secundarios” y deben recibir condena perpetua al igual que los otros cinco.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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