Camporistas HOSTIGAN a periodista que hizo público un caso de ABUSO SEXUAL de concejal K

Una comunicadora se solidarizó con dos víctimas del concejal K Diego Escobedo, acusado de haberlas hostigado y exigido que tengan sexo a cambio de información. Los militantes de la agrupación no la perdonaron.
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En las últimas horas, Gisela se acercó a la fiscalía de General Rodríguez a realizar una denuncia que, según asegura, intentó durante mucho tiempo no hacer, confiando en que las amenazas cesarían en algún momento. Pero no fue así. Llevó como prueba decenas de mails, mensajes de texto y de redes sociales en las que cobardes escudados en el anonimato amenazan con terminar su vida.

La historia comenzó cuando dos mujeres, militantes de La Cámpora, se acercaron a ella para pedirle ayuda por un caso de violencia de género y acoso por parte del concejal local y amigo de Máximo Kirchner, Diego Escobedo. “Si una mujer me pide ayuda, desde mi espacio trato de estar. Es así que cubrí la situación, sobre todo porque estaban siendo hostigadas hasta en sus propias casas”, explicó Gisela a REALPOLITIK.

“Soy una mujer que trabaja en medios de comunicación desde hace unos siete años en General Rodríguez, y llegué a ser una de las más escuchadas en el distrito”, explicó, justificando así la razón por la que las dos víctimas buscaron su ayuda. “Las ayudé porque sé lo que es vivir a diario de este modo. Es horrible. Pensar que en algún momento te van a matar, y no sabés si será cuando dormís o cuando estás haciendo las compras. Te sangra el alma todos los días”.

Fue entonces que Gisela utilizó los medios de comunicación a su disposición para hacer pública la situación de las víctimas de Escobedo. Al tiempo que ocurría esto, el dirigente de La Cámpora era denunciado en la UFI Nro. 9 por violencia de género, hostigamiento y maltratos. No sólo ello, sino que también fue denunciado por exigirle a las mujeres que militaban con él que tengan relaciones sexuales con gente de otras agrupaciones a cambio de información.

Lejos de sostener una postura de contención con las víctimas, los militantes de La Cámpora reaccionaron de forma demagoga y cobarde. Comenzaron a atacar a cualquiera que insinuara que lo que hizo Escobedo estuvo mal, y se ensañaron particularmente con Gisela por hacer pública la alarmante situación.

“Comenzaron con el reparto de mi número personal. Me llegaban mensajes desde números que desconocía. Los bloqueaba y aparecían más. Me enviaban notas de otros medios periodísticos en los que Escobedo aseguraba que las víctimas mentían. Como no les respondí, comenzaron las amenazas por mensajes”, explicó Gisela a este medio.

Pronto la situación comenzó a escalar. “Pocos días después se sumaron las llamadas telefónicas a todas horas del día. Yo no las atendía, y se multiplicaban, todas desde números desconocidos. Tengo reiteradas llamadas hasta la madrugada. Instalé aplicaciones bloqueadoras de llamadas, hice lo que pude. Fue una verdadera tortura”.

Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Todos afirmaban que acabarían con su vida, de distintas maneras y con expresiones con distintos grados de agresividad. Crearon incluso perfiles falsos suyos en las redes sociales, lo que multiplicó los ataques hacia su persona.

Gisela intentó como pudo que los hostigadores se cansen y que el tormento cese, pero nunca ocurrió. Los ataques continuaron y no le quedó otra opción que recurrir a la fiscalía. “Estoy muy cansada. ¿Qué debo esperar? ¿A que efectivicen las denuncias?”.

*Fuente: REALPOLITIK


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El Min. de Justicia detectó 100 expedientes truchos que cobraron indemnizaciones de víctimas de la dictadura

En base a declaraciones realizadas Mariano Cúneo Libarona, trascendió que hay 22.500 expedientes en revisión y se analizan “el respaldo documental, la veracidad y legalidad” de la documentación que se presentó en cada caso para cobrar las reparaciones.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones y en total, según reveló el Ministro, la cifra reconocida por el kirchnerismo superó los $14.000 millones. Hasta el momento se detectaron 100 expedientes irregulares y pagos duplicados.

La Justicia investiga una supuesta asociación ilícita, que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones y por este motivo, la Jueza María Eugenia Capuchetti ya ordenó notificar de procesamiento firme y embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, que representa a varios de los solicitantes.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones

Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.

Cúneo Libarona dio el ejemplo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas. En el fraude al Estado, estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

Redacción

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Con un contundente discurso, El Presto destrozó a Bahl en pleno juicio

Este lunes, Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, cruzó en los Tribunales de Paraná, en Entre Ríos, al exintendente y exvicegobernador de esa provincia, Adán Humberto Bahl. El burócrata denunció al periodista por una declaración que éste realizó durante una emisión en vivo en el año 2020.

El discurso de El Presto

A la declaración del burócrata siguió la de El Presto. En la declaración, de poco menos de 20 minutos, el periodista cargó contra algunos ítems mencionados por Bahl: “El intendente dijo que nunca persiguió a nadie, haciendo referencia a los periodistas. Me pregunto a quién podría perseguir en la ciudad de Paraná si casi la totalidad del periodismo responde, directa o indirectamente, a la pauta oficial”.

Luego, volvió a citar otra de las frases de Bahl. A Prestofelippo le sorprendió que Bahl haya tratado a los empleados municipales de “animales arriados” donde “los sindicalistas dan órdenes y ellos responden”. Finalmente, antes de leer su discurso, contó que, en medio de pequeño encontronazo con su abogado, el exintendente Adán Bahl lo insultó en medio del juicio.

Frases destacadas de su discurso:

– Aquí se están utilizando los mecanismos de la golpeada Justicia entrerriana para llevar adelante un circo político/mediático.

– (Lo que dijo) Fue un exabrupto porque en ese momento, pleno confinamiento, Adán Bahl estaba echando descarada y arbitrariamente, a cientos de trabajadores municipales que cobraban —como ahora— míseros sueldos. Muchos en condiciones laborales deplorables… Ahí no existían ni “compañeros”, ni “justicia social”, ni todos esos slogan que estos populistas utilizan para llegar al poder.

– Este Señor me trae aquí y desea que la Justicia me condene, porque nosotros, en el año 2019, a través de una larga y cuidada investigación, descubrimos que, el por entonces candidato a intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, tenía un hijo extramatrimonial que había abandonado, un hijo al que no dió su apellido ni cuota alimentaria, un hijo que dejó tirado peor que un perro. Y ese era el mismo Señor que quería hacerse cargo de los paranaenses y cuidar a los paranaenses, no tuvo ni el valor ni la hombría para cuidar, como mínimo de manera económica, a su propio hijo. Es por eso que este hombre me aborrece.

Yo no soy ejemplo de nada ni de nadie. Soy un hombre vehemente, que se equivoca mucho. Pero yo no le robo a los entrerrianos, yo no uso al Estado para perseguir gente, ni meter familiares sin talento ni estudios.

Redacción

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Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.

Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

Redacción

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

Redacción

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Condenaron a 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a intendente K, por robar planes sociales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó, la semana pasada, al intendente en funciones de la ciudad Correntina, Diego Martín Caram, a 7 años y 6 meses de prisión por haberse quedado con dinero de los planes sociales.

Caram obsequiando un poncho mercedeño a Cristina Fernández durante una reunión de dirigentes del Frente de Todos en el Instituto Patria, julio de 2019

La investigación inició en 2019 cuando el exintendente, Víctor Cemborain, acercó a un juzgado una fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.

LA CONDENA

El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran. Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real son los montos punitivos del juicio en el que Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado.

Además, el tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.

Junto al intendente, fue condenado el contador, Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por otra parte, Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal, deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Redacción

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Grabois y Fernández Sagasti imputados por malversación de fondos para viviendas

El pasado viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al piquetero Juan Grabois, a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a la militante Ramona Fernanda Miño y a Jorge Tanus, titular del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos se conocieron tras una auditoría solicitada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se centra en posibles irregularidades en los Fondos de Integración Socio Urbana (FISU). Los montos del desfalco implican fondos para la construcción de viviendas sociales por 1 millón de dólares, entregados entre 2020 y 2023, que se habrían utilizado para campañas políticas, viajes y demás gastos que no se rindieron. Según la auditoría del gobierno de Milei, se presupuestaron 6.517 viviendas pero se finalizaron apenas 400.

También se investiga el crecimiento desproporcional de empleados del FISU, cifra que pasó de 60 a 600 trabajadores, de los cuales estaban todos afiliados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partido fundado por Grabois.

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″, indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos.

Según el documento oficial la administración de los fondos que integran ese fideicomiso se encontraría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Redacción

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