Camporistas HOSTIGAN a periodista que hizo público un caso de ABUSO SEXUAL de concejal K

Una comunicadora se solidarizó con dos víctimas del concejal K Diego Escobedo, acusado de haberlas hostigado y exigido que tengan sexo a cambio de información. Los militantes de la agrupación no la perdonaron.
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En las últimas horas, Gisela se acercó a la fiscalía de General Rodríguez a realizar una denuncia que, según asegura, intentó durante mucho tiempo no hacer, confiando en que las amenazas cesarían en algún momento. Pero no fue así. Llevó como prueba decenas de mails, mensajes de texto y de redes sociales en las que cobardes escudados en el anonimato amenazan con terminar su vida.

La historia comenzó cuando dos mujeres, militantes de La Cámpora, se acercaron a ella para pedirle ayuda por un caso de violencia de género y acoso por parte del concejal local y amigo de Máximo Kirchner, Diego Escobedo. “Si una mujer me pide ayuda, desde mi espacio trato de estar. Es así que cubrí la situación, sobre todo porque estaban siendo hostigadas hasta en sus propias casas”, explicó Gisela a REALPOLITIK.

“Soy una mujer que trabaja en medios de comunicación desde hace unos siete años en General Rodríguez, y llegué a ser una de las más escuchadas en el distrito”, explicó, justificando así la razón por la que las dos víctimas buscaron su ayuda. “Las ayudé porque sé lo que es vivir a diario de este modo. Es horrible. Pensar que en algún momento te van a matar, y no sabés si será cuando dormís o cuando estás haciendo las compras. Te sangra el alma todos los días”.

Fue entonces que Gisela utilizó los medios de comunicación a su disposición para hacer pública la situación de las víctimas de Escobedo. Al tiempo que ocurría esto, el dirigente de La Cámpora era denunciado en la UFI Nro. 9 por violencia de género, hostigamiento y maltratos. No sólo ello, sino que también fue denunciado por exigirle a las mujeres que militaban con él que tengan relaciones sexuales con gente de otras agrupaciones a cambio de información.

Lejos de sostener una postura de contención con las víctimas, los militantes de La Cámpora reaccionaron de forma demagoga y cobarde. Comenzaron a atacar a cualquiera que insinuara que lo que hizo Escobedo estuvo mal, y se ensañaron particularmente con Gisela por hacer pública la alarmante situación.

“Comenzaron con el reparto de mi número personal. Me llegaban mensajes desde números que desconocía. Los bloqueaba y aparecían más. Me enviaban notas de otros medios periodísticos en los que Escobedo aseguraba que las víctimas mentían. Como no les respondí, comenzaron las amenazas por mensajes”, explicó Gisela a este medio.

Pronto la situación comenzó a escalar. “Pocos días después se sumaron las llamadas telefónicas a todas horas del día. Yo no las atendía, y se multiplicaban, todas desde números desconocidos. Tengo reiteradas llamadas hasta la madrugada. Instalé aplicaciones bloqueadoras de llamadas, hice lo que pude. Fue una verdadera tortura”.

Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Todos afirmaban que acabarían con su vida, de distintas maneras y con expresiones con distintos grados de agresividad. Crearon incluso perfiles falsos suyos en las redes sociales, lo que multiplicó los ataques hacia su persona.

Gisela intentó como pudo que los hostigadores se cansen y que el tormento cese, pero nunca ocurrió. Los ataques continuaron y no le quedó otra opción que recurrir a la fiscalía. “Estoy muy cansada. ¿Qué debo esperar? ¿A que efectivicen las denuncias?”.

*Fuente: REALPOLITIK


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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

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