El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió elevar a juicio oral la causa contra el líder piquetero del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas, acusadas de haber extorsionado a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y de haber defraudado al Estado. De acuerdo con el dictamen, presentado en 279 páginas, la organización habría desviado los recursos destinados a la asistencia social para usarlos con fines partidarios.
Según el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían instaurado “entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica” y habrían defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”. Pollicita también solicitó que se profundice la investigación respecto de otras personas por asociación ilícita y lavado de dinero.
El pedido de elevación a juicio llegó luego de que, antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país– rechazó los recursos presentados por las defensas de los dirigentes procesados del Polo Obrero, entre ellos Belliboni. La causa avanza asimismo contra dos acusados de la agrupación Barrios de Pie.
Los procesamientos fueron dictados el año pasado por el juez federal Sebastián Casanello y parcialmente confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero al añadir amenazas coactivas y extorsión al delito de administración fraudulenta, tal como lo habían requerido Pollicita y el fiscal ante la Cámara José Agüero Iturbe.
En sus fundamentos, la Cámara de Casación indicó que “aquí se verificó que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización”. Al señalar una de las firmas involucradas, los jueces resaltaron: “El caso más paradigmático –remarcaron los jueces que sellaron la suerte de los acusados del Polo Obrero– es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020”.
De acuerdo con la fiscalía, la maniobra consistía en la presentación de facturas falsas ante el Estado, justificando gastos con empresas presuntamente fantasma, como Rumbos y Coxtex SA. Pollicita señaló en su dictamen: “La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”.
El fiscal agregó: “Esta organización implementó un esquema de extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado ‘gerenciamiento’— a miles de personas a lo largo y ancho del país, lo que les garantizaba el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social”. Además, afirmó que, a febrero de 2024, el Polo Obrero “tenía el manejo de 65 mil planes sociales a quienes les sustraían una parte del dinero público” y que la recaudación esperada entre agosto de 2023 y febrero de 2024 “era mayor a 313 millones de pesos”.
El dictamen indicó también que la organización instauró una suerte de “salario” o “contraprestación” para sus propios miembros. “Se comprobó que la organización instauró una especie de ‘salario’ o ‘contraprestación’ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las ‘cápitas’ extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y hasta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, precisó el fiscal, y afirmó que en el caso de Belliboni ese monto llegó a “522.500 pesos en marzo de 2024”.
La causa se inició a fines de diciembre de 2023, al comienzo del gobierno de Javier Milei, cuando el Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas sobre posibles presiones para que los beneficiarios del plan participaran de la marcha del 20 de diciembre. Tras varios llamados, el Ejecutivo presentó una denuncia en Comodoro Py, que derivó en testimonios bajo identidad reservada y allanamientos en la sede del Polo Obrero, donde se secuestraron cuadernos y computadoras.
Al conocerse el pedido de elevación a juicio, Belliboni criticó al fiscal Pollicita. “Pollicita debe ser apartado de la causa, por mentir y operar para perseguir la protesta social”, dijo, y añadió: “El texto de Pollicita es un compendio de mentiras, presenta como víctimas a las compañeras y compañeros que lucharon en el Polo Obrero y lograron acceder a un programa social gracias a esta lucha, plantea nuevamente que el aporte era obligatorio cuando incluso los testigos de la fiscalía y los llamados ‘arrepentidos’ afirmaron que no era así, afirma falsamente que la base del Polo Obrero se movilizaba obligada por la organización cuando está claro que las movilizaciones respondían a la necesidad de luchar por trabajo genuino y asistencia alimentaria; en suma, vuelve a repetir todo el guión armado por Bullrich para perseguir y criminalizar a las organizaciones piqueteras”. Sobre la acusación de fraude, el dirigente señaló que el fiscal omitió documentación que acreditaría que todos los gastos se hicieron “en base a los convenios, tanto de formación y capacitación, como de construcción, productiva y hasta deportiva”. Calificó el avance de la causa como “un verdadero escándalo”.
Asimismo, la abogada del Polo Obrero, Liliana Alaniz, acusó al fiscal de haber filtrado su dictamen y sostuvo: “El único objetivo de esta maniobra es darle herramientas para golpear al Polo Obrero y el resto de las organizaciones sociales y piqueteras”.
En paralelo, Pollicita solicitó la investigación de otros presuntos delitos, como lavado de dinero y asociación ilícita. Entre los apuntados figura Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández y titular de la organización Barrios de Pie, cuyos dos integrantes están procesados junto a Belliboni. Según el fiscal, la maniobra del Polo Obrero “fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos de la ex Secretaría de Economía Social —encabezados por Emilio Pérsico— quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real”.
Tras la presentación de Pollicita, ahora el juez Casanello deberá correr vista a las defensas y luego resolver el pase a juicio oral y público para el tramo de la causa ya concluido, mientras la investigación continúa por las imputaciones pendientes.
–
