Arrancó el juicio contra Mariano Bruera por asociación ilícita y sobornos

Mariano Bruera, hermano de Pablo Bruera ex intendente K de la Plata, está siendo juzgado por "asociación ilícita y cohecho" en la causa denominada "Coimas en el plan Procrear".
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La declaración de Guillermo Andreau, el denunciante de la denominada causa “Coimas en el Procrear”, comenzó a generar ruido entre los pliegos de la sociedad platense. Tal como se informó, en este juicio oral son juzgados los ex funcionarios municipales de La Plata Mariano Bruera, Enrique Sette, Gustavo Petró y el empresario Gustavo Orlandi.

La causa se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo y empresario platense Guillermo Andreau en el año 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 220 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.

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De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados “reserva urbana” y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del ex intendente Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.

“Yo había terminado los trámites de rezonificación, esa noche estaba con amigos tomando café en Bliss”, la tradicional cafetería de City Bell, “y recibo un llamado telefónico, salgo para hablar y cuando regreso les comento ‘estos bandidos me quieren coimear’ (para que se aprueben los expedientes de rezonificación), a lo que el martillero Santiago Mamberto me aconseja que radique la denuncia, así empezó todo”, recordó el denunciante. Ante este panorama, la fiscal de juicio Victoria Huergo citará a declarar al profesional mencionado,

Frente de Todos
El ex intendente platense, Pablo Bruera.

“Cuando fui a denunciar, el fiscal (Jorge) Paolini me dijo ‘todos sabemos que en La Plata hay mucha corrupción, pero nadie se anima a denunciarla’, y enseguida me dijo si aceptaba que me intervengan el teléfono y acepté. Yo nunca pensé que los iba a meter presos a todos, yo lo único que buscaba era que frenaran con los pedidos de coimas”, aseguró Andreau.

Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo “hablá por teléfono con todos” y así se obtuvieron las escuchas telefónicas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al ex funcionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, sostuvo que este le respondió: “Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo”, en relación al ex intendente, hermano de Mariano, uno de los acusados.

Mariano Bruera
El hermano del ex intendente kirchnerista Pablo Bruera, Mariano Bruera.

En otro pasaje de su relato, Andreau recordó otra promesa de Campanaro, quien le dijo según sus dichos: “Ahora Pablo (Bruera) está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer”. Además aseguró que el ex funcionario municipal tuvo en crecimiento exponencial en muy poco tiempo de su patrimonio personal y rememoró que existieron quejas por construir edificios sin tener las habilitaciones aprobadas. Sobre el pedido de coimas que recibió, dijo: “Me cuesta creer que todo termine en Campanaro”, en referencia a que tiene la sospecha personal que la mayor parte de la presunta recaudación de sobornos terminaba en manos del entonces intendente.

Por estos dichos es que la fiscal solicitó que se extraiga copia del testimonio y se remita a la fiscalía en turno para que se abra una investigación sobre el ex concejal radical, abogado y empresario Campanaro, quien fue uno de los fundadores del Frente Renovador Platense con el que Pablo Bruera llegó a la Intendencia de La Plata en el año 2007 y se despidió de ella en diciembre de 2015.

Guillermo Andreau
Guillermo Andreau, vecino de La Plata y denunciante.

En su derrotero, Andreau también mantuvo conversaciones telefónicas con el ex funcionario municipal Ricardo Ridick, quien le refirió: “A mí me echaron por no pedir coimas”. Este figura como testigo en la causa y será citado a declarar en las próximas audiencias.

Mientras se desarrollaba la primera audiencia del juicio oral, un grupo muy pequeño de militantes instalaron un gazebo en la esquina de 8 y 56 en apoyo a los acusados, en particular a Mariano Bruera. No más de ocho personas se acercaron a expresar su acompañamiento.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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