27 diciembre, 2024

Arrancó el juicio contra Mariano Bruera por asociación ilícita y sobornos

Mariano Bruera, hermano de Pablo Bruera ex intendente K de la Plata, está siendo juzgado por "asociación ilícita y cohecho" en la causa denominada "Coimas en el plan Procrear".
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La declaración de Guillermo Andreau, el denunciante de la denominada causa “Coimas en el Procrear”, comenzó a generar ruido entre los pliegos de la sociedad platense. Tal como se informó, en este juicio oral son juzgados los ex funcionarios municipales de La Plata Mariano Bruera, Enrique Sette, Gustavo Petró y el empresario Gustavo Orlandi.

La causa se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo y empresario platense Guillermo Andreau en el año 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 220 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.

https://twitter.com/Belisario_M/status/819728796509229056

De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados “reserva urbana” y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del ex intendente Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.

“Yo había terminado los trámites de rezonificación, esa noche estaba con amigos tomando café en Bliss”, la tradicional cafetería de City Bell, “y recibo un llamado telefónico, salgo para hablar y cuando regreso les comento ‘estos bandidos me quieren coimear’ (para que se aprueben los expedientes de rezonificación), a lo que el martillero Santiago Mamberto me aconseja que radique la denuncia, así empezó todo”, recordó el denunciante. Ante este panorama, la fiscal de juicio Victoria Huergo citará a declarar al profesional mencionado,

Frente de Todos
El ex intendente platense, Pablo Bruera.

“Cuando fui a denunciar, el fiscal (Jorge) Paolini me dijo ‘todos sabemos que en La Plata hay mucha corrupción, pero nadie se anima a denunciarla’, y enseguida me dijo si aceptaba que me intervengan el teléfono y acepté. Yo nunca pensé que los iba a meter presos a todos, yo lo único que buscaba era que frenaran con los pedidos de coimas”, aseguró Andreau.

Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo “hablá por teléfono con todos” y así se obtuvieron las escuchas telefónicas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al ex funcionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, sostuvo que este le respondió: “Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo”, en relación al ex intendente, hermano de Mariano, uno de los acusados.

Mariano Bruera
El hermano del ex intendente kirchnerista Pablo Bruera, Mariano Bruera.

En otro pasaje de su relato, Andreau recordó otra promesa de Campanaro, quien le dijo según sus dichos: “Ahora Pablo (Bruera) está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer”. Además aseguró que el ex funcionario municipal tuvo en crecimiento exponencial en muy poco tiempo de su patrimonio personal y rememoró que existieron quejas por construir edificios sin tener las habilitaciones aprobadas. Sobre el pedido de coimas que recibió, dijo: “Me cuesta creer que todo termine en Campanaro”, en referencia a que tiene la sospecha personal que la mayor parte de la presunta recaudación de sobornos terminaba en manos del entonces intendente.

Por estos dichos es que la fiscal solicitó que se extraiga copia del testimonio y se remita a la fiscalía en turno para que se abra una investigación sobre el ex concejal radical, abogado y empresario Campanaro, quien fue uno de los fundadores del Frente Renovador Platense con el que Pablo Bruera llegó a la Intendencia de La Plata en el año 2007 y se despidió de ella en diciembre de 2015.

Guillermo Andreau
Guillermo Andreau, vecino de La Plata y denunciante.

En su derrotero, Andreau también mantuvo conversaciones telefónicas con el ex funcionario municipal Ricardo Ridick, quien le refirió: “A mí me echaron por no pedir coimas”. Este figura como testigo en la causa y será citado a declarar en las próximas audiencias.

Mientras se desarrollaba la primera audiencia del juicio oral, un grupo muy pequeño de militantes instalaron un gazebo en la esquina de 8 y 56 en apoyo a los acusados, en particular a Mariano Bruera. No más de ocho personas se acercaron a expresar su acompañamiento.

Ulises Catriel Cuenca

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Denuncian a diputada de LLA por usar instalaciones públicas como búnker militante y religioso en Neuquén

Mariano Mansilla, abogado y exdiputado provincial, formalizó una denuncia penal contra la diputada nacional Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, y Pablo Ruiz, hermano de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz. Las acusaciones se centran en el supuesto delito de peculado y malversación de bienes públicos por haber transformado el Complejo Casa de las Leyes en un espacio de actividades partidarias y religiosas.

De acuerdo con Mansilla, Pablo Ruiz, en su rol como coordinador del complejo, habría permitido que se realizaran reuniones partidarias y religiosas lideradas por Márquez, quien también ejerce como pastora evangélica. La denuncia sostiene que durante los meses de julio y agosto de este año, el edificio histórico, cuya función principal es cultural y legislativa, se utilizó como un “búnker” de La Libertad Avanza. Esto incluye no solo encuentros políticos, sino también actividades religiosas que, según Mansilla, no tienen cabida en un espacio financiado con recursos públicos.

La relación entre Nadia Márquez y Gloria Ruiz también fue un foco de atención en el caso. Ambas figuras mantenían una afinidad que habría sido una de las razones detrás de la suspensión de Ruiz. Críticas dirigidas hacia Márquez destacaron que esta cercanía facilitó su acceso y utilización de las instalaciones de Casa de las Leyes, lo que agrega una capa de complejidad a las acusaciones.

“Esto es parte de una estructura de corrupción que desvía bienes y fondos públicos destinados a fines culturales hacia usos partidarios y religiosos”, afirmó Mansilla. Además, subrayó que el rol de Márquez como funcionaria pública agrava su participación como cómplice primaria. Para el abogado, este tipo de acciones representan un claro abuso de poder que debe ser sancionado para garantizar la transparencia en la gestión pública.

La denuncia incluye material probatorio como videos, fotos y publicaciones de Márquez en redes sociales, en las que se evidencia su participación en reuniones dentro del complejo. Entre las pruebas destacan capturas de Instagram donde se promocionaban encuentros de La Libertad Avanza y testimonios de empleados legislativos que confirmaron la realización de estas actividades. Estas pruebas también incluyen registros en libros de visitas que muestran un uso constante de las instalaciones por parte de la diputada y su equipo.

“Los trabajadores incluso escuchaban salmos recitados en las oficinas, lo que claramente no corresponde a las funciones del edificio”, declaró Mansilla. Este testimonio se complementa con videos captados por los propios empleados, que muestran a personas ingresando al edificio para actividades religiosas y reuniones políticas. Para Mansilla, este tipo de evidencias refuerza la gravedad de las acusaciones y obliga a las autoridades a actuar con celeridad.

Otro aspecto relevante del desarrollo cronológico es que Carlos Eguía, exlibertario y ahora crítico del sector, fue quien primero denunció la situación de manera pública. Eguía reveló la existencia de reuniones políticas en las instalaciones de Casa de las Leyes y presentó videos y publicaciones de redes sociales de Márquez como evidencia.

El caso se produce en un contexto ya complejo debido a la suspensión de Gloria Ruiz, acusada de inhabilidad moral tras irregularidades en la administración del complejo. Mansilla vinculó este hecho a la cercana relación entre Ruiz y Márquez, insinuando que la vicegobernadora pudo haber facilitado el acceso a las instalaciones. La afinidad entre ambas figuras políticas ha sido motivo de críticas desde distintos sectores, que cuestionan cómo estas relaciones personales y partidarias podrían haber influido en la administración de bienes públicos.

En respuesta, Márquez desestimó las acusaciones. “La casta quiere mancharme con falsas denuncias. Que quede clara una sola cosa: La Libertad Avanza en Neuquén y no nos van a frenar”, expresó en un comunicado difundido en sus redes sociales. También sostuvo que estas denuncias responden a una persecución política motivada por el crecimiento de su espacio. En sus declaraciones, destacó que los ciudadanos neuquinos están despertando y que su movimiento representa una amenaza para los sectores tradicionales de poder.

El partido libertario respaldó a Márquez mediante un comunicado en el que acusaron a Mansilla de ser un “opositor funcional” y criticaron su trayectoria política. También denunciaron que las acusaciones contra Márquez forman parte de un intento por desacreditar a La Libertad Avanza, un espacio que ha ganado relevancia en la región.

La denuncia presentada será incorporada al expediente del Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya investiga desvíos de fondos en la Legislatura neuquina. Este caso está bajo la supervisión de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, quienes recientemente llevaron a cabo allanamientos relacionados con presuntas operaciones fraudulentas bajo la gestión de Pablo Ruiz. En este contexto, se están analizando documentos y registros que podrían ampliar el alcance de las imputaciones.

Se espera que tanto Nadia Márquez como Pablo Ruiz sean citados a declarar en los próximos días. “Ahora corresponde que la Justicia investigue y determine responsabilidades”, concluyó Mansilla. Para el abogado, este caso podría sentar un precedente importante sobre el uso de bienes públicos y la responsabilidad de los funcionarios en su gestión.

Redacción

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LAVADO DE DINERO | Levantaron el secreto bancario de un ministro de Kicillof

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, quien también fue imputado en la causa por presunto lavado de dinero, y de otros implicados en esta investigación. Entre los involucrados se encuentra Claudia Pombo, concejal de Pilar y estrecha colaboradora del funcionario, además de familiares de esta y otros actores clave en el esquema investigado.

La causa, que está en etapa inicial, se centra en supuestas maniobras ilegales vinculadas al cobro de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La denuncia fue presentada por Leandro Camani, presidente de Secutrans, quien reportó pérdidas millonarias debido a un sistema paralelo de “gestores”. Estos intermediarios habrían eliminado multas a cambio de pagos ilegales, afectando la recaudación de Secutrans y desviando enormes sumas a cuentas personales de los acusados. Según la presentación judicial, esta red operaba con el consentimiento y participación activa de altos funcionarios públicos y figuras del ámbito judicial.

La investigación judicial reveló que solo el 2% de las multas de tránsito se cobran por vías legales, mientras que un estimado de 340.000 infracciones mensuales, por un valor aproximado de 60.000 millones de pesos, habrían sido gestionadas de manera ilícita. Esta cifra ilustra la magnitud del esquema de corrupción y su impacto sobre las finanzas provinciales. Este sistema, según la denuncia, involucraba jueces de faltas, funcionarios provinciales y operadores políticos que actuaban en complicidad. La estructura ilegal se extendía a varias localidades bonaerenses, generando un impacto económico significativo en la recaudación provincial.

– D’Onofrio y Pombo

Entre los investigados se encuentran Roxana Pombo, hermana de Claudia y funcionaria del Ministerio de Transporte, y Mario Quattrochi, juez de faltas platense señalado como pieza clave en la estructura ilegal. Según el fiscal Sebastián Bringas, la red de corrupción podría extenderse incluso fuera del país. En este sentido, se solicitó a las autoridades españolas información sobre la firma Cattleya Blue SL, vinculada a Pombo y Quattrochi, que operaba restaurantes en Málaga con fondos presuntamente desviados. Además, se ordenó el levantamiento del secreto bancario de Quattrochi y se solicitó al Registro de la Propiedad del Inmueble información sobre los bienes que posea.

Además, el juez ordenó a entidades como el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que proporcionen información detallada sobre las cuentas, bienes y transacciones de los involucrados. Estas medidas también incluyeron solicitudes a la Caja de Valores para identificar posibles tenencias de acciones y bonos, e Interbanking SA para obtener detalles sobre transacciones realizadas mediante medios electrónicos. Adicionalmente, se busca rastrear operaciones vinculadas a criptomonedas y transferencias internacionales, ampliando significativamente el alcance de la investigación.

El clan Pombo, cuyo nivel de vida despertó sospechas, reside en una lujosa propiedad en un country exclusivo de Zona Norte y exhibe en redes sociales un alto poder adquisitivo. Investigadores judiciales señalan que el dinero obtenido del esquema de corrupción habría sido utilizado para adquirir propiedades y bienes de lujo en Argentina y España. Además, se estima que el esquema generó pérdidas mensuales de entre 4 y 10 millones de dólares para Secutrans.

Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica en Pilar, destacó: “Nunca podrían justificar su vida de millonaria”. Las acusaciones incluyen el consumo de bienes extravagantes como champagne Lamborghini y la contratación de personal doméstico, a pesar de ingresos formales que no lo justificarían. Entre las propiedades bajo investigación se encuentra una casona con ascensor y varios vehículos de alta gama, mientras que en el extranjero se habrían realizado inversiones millonarias en inmuebles.

La trama no solo afecta al área de Transporte provincial. En paralelo, el fiscal platense Álvaro Garganta investiga contratos irregulares relacionados con la VTV y supuestas concesiones amañadas a empresas privadas vinculadas al entorno de D’Onofrio. Entre estas se encuentra Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., presidida por Sebastián Desio, contratada por concesionarias de la VTV para brindar servicios tecnológicos a cambio de un 8,5% adicional por cada verificación.

Garganta también puso el foco en una propiedad en La Plata supuestamente vinculada al esquema y en contratos firmados con concesionarios del sistema de VTV que habrían beneficiado a socios y allegados del ministro. Además, tiene en su poder 22 cajas con pliegos y otra documentación entregada por el Ministerio de Transporte, que será analizada como parte de la investigación. Por su parte, el entorno de D’Onofrio asegura que el fiscal recibió toda la información solicitada y más, con el fin de demostrar que no hubo irregularidades en los procesos de contratación. Según fuentes judiciales, la empresa de Desio carecía de experiencia en el sector antes de recibir contratos millonarios, lo que refuerza las sospechas sobre irregularidades en los procesos de adjudicación.

Desde el Frente Renovador, espacio político de D’Onofrio, han surgido cuestionamientos internos. Voceros señalaron que “hace cinco meses le dijimos a (Axel) Kicillof que se necesitaba un cambio en Transporte”. No obstante, el gobernador bonaerense mantiene al ministro en el cargo.

En el plano local, Claudia Pombo fue desplazada como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar en medio del escándalo, siendo reemplazada por Juan Pablo Trovatelli, también del oficialismo local liderado por el intendente ultra-K, Federico de Achával. La concejal no asistió a la sesión extraordinaria donde se definió su salida, una muestra de las tensiones políticas generadas por la causa. Desde sectores opositores, señalan que este cambio en la conducción del Concejo busca desvincular al gobierno local de las acusaciones que pesan sobre Pombo y su entorno.

Redacción

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Fernando Espinoza y una insólita contradicción en su pericia psicológica

La causa por abuso sexual que enfrenta el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sigue sumando episodios de indignación. En el marco del juicio, plagado de dilaciones y maniobras políticas, se reveló un sutil pero increíble comportamiento del jefe comunal, quien había asegurado en la pericia judicial que lo investiga por abuso sexual haber dejado de fumar hace quince años. Sin embargo, en la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista, Espinoza reapareció en escena fumando en público y hasta fue fotografíado portando un paquete de cigarrillos en la mano.

La incongruencia entre sus dichos ante la Justicia y su comportamiento público es sólo un detalle en un caso que escandaliza por su gravedad. Melody Rakauskas, la denunciante, sigue esperando que la Justicia avance en un juicio que parece empantanado por intereses políticos. La figura de Espinoza, acusado de un delito tan aberrante como el abuso sexual, contrasta sobremanera tanto con su libertad para pasearse por actos políticos de alto perfil como por su apoyo a la exvicepresidenta de la Nación.

La situación adquiere una dimensión aún más escandalosa en el contexto de otro caso que sacude la moralina peronista: el del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider. Vale recordar que este fue detenido cruzando la frontera con 200 mil dólares sin declarar, y aunque ascendió a su banca de la mano de Unión por la Patria, ahora Cristina intenta desvincularlo de su espacio y asociarlo al gobierno de Javier Milei.

La doble moral exhibida resulta, a todas luces, indignante. Mientras por un lado se repudia el accionar de Milei y se enarbolan banderas de ética y justicia, por el otro se ampara a figuras como Espinoza, cuyo prontuario judicial es una mancha para cualquier fuerza política que lo respalde.

LA PERICIA

En el marco de la causa (CCC 24074/2021), las pericias judiciales revelaron un detallado informe sobre la vida personal y antecedentes de Espinoza. Entre los puntos destacados, se evaluó si presenta trastornos de personalidad, conductas violentas o inmadurez psicosexual. Sin embargo, el dato que ha trascendido y encendido las críticas es su declaración de no haber fumado en quince años, desmentida por su reciente aparición pública.

La pregunta que queda flotando en el aire es cómo una figura con semejantes acusaciones puede seguir caminando libremente y, aún más, representar al municipio más poblado del país con la anuencia de figuras como Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La denuncia de Melody Rakauskas no sólo señala un supuesto delito sexual, sino también pone bajo la lupa las estructuras de poder que lo protegen. La Justicia, mientras tanto, parece no estar a la altura de las circunstancias, dejando a la víctima en un estado de vulnerabilidad y al acusado en una posición de privilegio.

El caso de Fernando Espinoza es un reflejo de las contradicciones que carcomen a la política argentina, donde la moral se convierte en una herramienta de conveniencia y los ciudadanos son testigos de un sistema que prioriza los intereses partidarios por sobre la verdad y la justicia.

*Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

Redacción

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La Fiscalía pidió el sobreseimiento de Gonzalo Montiel en la causa por abuso sexual

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del futbolista Gonzalo Montiel en la causa judicial que lo investiga por presunto abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2019 en la casa de su familia, ubicada en González Catán. El fiscal Luis Alberto Brogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, argumentó que las pruebas recopiladas no permiten sostener la acusación.

En un extenso escrito de 122 páginas, Brogna afirmó: “Aparece aconsejable el dictado de un pronunciamiento que desvincule al imputado de manera definitiva del presente proceso”. Además, destacó que, tras una exhaustiva investigación que incluyó declaraciones de 15 testigos, pericias psicológicas y revisión de los hechos, no se encontraron elementos que vinculen al jugador con el hecho denunciado. “En lo esencial, los testigos coinciden en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye”, agregó.

La denunciante, una joven que había tenido un vínculo sentimental con el futbolista, declaró haber sido drogada y abusada sexualmente en una fiesta de Año Nuevo en la residencia familiar de Montiel. Según su abogada, Raquel Hermida, los gritos de la víctima durante el episodio fueron corroborados en la investigación, aunque el fiscal consideró que los testimonios y pericias no sostienen la hipótesis del abuso.

El fiscal señaló “inconsistencias” en el relato de la denunciante, incluyendo su incapacidad para recordar detalles esenciales que otros testigos afirmaron haber observado. En sus primeras declaraciones, la joven había afirmado no recordar lo sucedido, pero más adelante, tras un tratamiento psicológico, declaró haber sido abusada. “La recuperación tardía de los supuestos recuerdos y su incapacidad para recordar detalles esenciales arrojan sombras de duda sobre la credibilidad de su versión de los acontecimientos”, explicó Brogna.

LA DEFENSA DE MONTIEL Y LOS ELEMENTOS A SU FAVOR

Un mes atrás, los abogados defensores de Montiel, Daniel Rubinovich y Rafael San Lari, habían solicitado el sobreseimiento del jugador argumentando que la denuncia presentaba “múltiples inconsistencias”. Según la investigación, Montiel no estuvo presente durante el presunto hecho, ya que habría salido de la fiesta para trasladar a un amigo en su vehículo. Además, el fiscal mencionó que otro de los involucrados, Alexis Acosta, también fue acusado, pero su participación tampoco pudo ser probada de manera concluyente.

Brogna concluyó que “la Fiscalía debe actuar de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado, y no convertirse en un acusador ciego y parcial”. En este sentido, consideró que la falta de pruebas impide avanzar hacia una instancia de juicio oral.

LA POSTURA DE LA QUERELLA

Por su parte, Hermida solicitó a la Fiscal General que se rechace el pedido de sobreseimiento y se designe a otro fiscal para continuar la investigación. La abogada argumentó que existieron “incumplimientos” en el proceso y que el juicio oral sería la “instancia donde los imputados podrán desarrollar ampliamente su defensa”.

El caso, que desde un principio generó repercusión mediática por la fama del futbolista, plantea un desafío en la aplicación de principios de garantía como la presunción de inocencia y el análisis bajo perspectiva de género. La decisión final sobre el pedido de sobreseimiento quedará en manos del juez a cargo del caso.

Redacción

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Una inmigrante boliviana abusó a una niña argentina en Mar del Plata

La Unidad Funcional de Instrucción (UFi) 7 de Mar del Plata, en el marco de la IPP 49.852-24, inició una investigación contra Andrea Calderon Chosgo, una inmigrante boliviana acusada de cometer el delito de abuso sexual agravado contra una niña de 10 años. El caso es representado por el abogado penalista Julio Razona, quien actúa como particular damnificado de la menor afectada.

Los hechos, que ocurrieron hace aproximadamente un mes en la zona de quintas de Sierra de los Padres, provocaron un notable cambio en el comportamiento de la niña.

Según allegados, la víctima dejó de jugar con sus amigos y hermanos, evitó la socialización, y se mostraba extremadamente temerosa y escondida. La hermana mayor de la niña, de 20 años, fue quien primero notó una lesión en el hombro de la menor, inicialmente atribuida a un posible golpe, pero que se reveló como una agresión física perpetrada por la acusada.

La madre de la niña, al revisar el teléfono celular de su hija, descubrió un inquietante intercambio de mensajes y audios a través de WhatsApp entre Andrea Calderon Chosgo, quien trabajaba en la quinta, y la menor.

– El abogado de la víctima, Julio Razona

En estos mensajes, Chosgo no solo reconocía haber tenido un primer contacto sexual con la niña, sino que también manifestaba un “amor” enfermizo, exigía fotos de contenido sexual y amenazaba con suicidarse si no era correspondida. Uno de estos mensajes incluía la frase: “Soy la primera marca en tu vida”.

El doctor Razona presentó estos mensajes a la fiscalía para su incorporación en la investigación, solicitando, además, la detención inmediata de Calderon Chosgo o, al menos, una orden de restricción de acercamiento para proteger a la menor de cualquier posible contacto con su abusadora.

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Actualmente, la niña víctima está bajo el cuidado de profesionales especializados en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde ha sido trasladada por seguridad desde su hogar familiar.

La comunidad de Mar del Plata y la opinión pública siguen de cerca este caso, esperando justicia para la menor y una resolución pronta y efectiva por parte de las autoridades judiciales.

Redacción

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¿COIMAS? | Detienen al senador peronista Edgardo Kueider en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar

El senador nacional Edgardo Kueider, representante de la provincia de Entre Ríos y miembro del bloque Unidad Federal, fue detenido hoy miércoles en Paraguay cuando intentaba ingresar a ese país con más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. La retención ocurrió durante un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad —que conecta Paraguay con Brasil— según confirmó Oscar Orué, jefe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay.

“Se abrió el vehículo y se encontraron paquetes que contenían dólares no declarados. Se informó al fiscal interviniente y el dinero fue incautado. También se retuvo el auto del senador”, explicó Orué en declaraciones a la radio paraguaya AM780. Según el funcionario, Kueider no colaboró en el procedimiento ni justificó el origen del dinero.

El incidente generó una fuerte conmoción en el Senado. Aliado estratégico del oficialismo, Kueider fue una figura clave en votaciones recientes, como la aprobación de la Ley Bases, que consolidó apoyo legislativo para el gobierno de Javier Milei.

Desde el kirchnerismo, que “ya había roto relaciones” con el legislador tras su distanciamiento del bloque oficialista en 2022, la reacción fue contundente. El senador Oscar Parrilli sugirió un pedido de desafuero para que sea investigado “como cualquier otro ciudadano”. Por su parte, el interbloque Las Provincias Unidas, al que pertenece Kueider, emitió un comunicado en el que manifestó su disposición a que “la Justicia esclarezca los hechos”.

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel, optó por la cautela, esperando mayores precisiones. Sin embargo, legisladores opositores se mostraron críticos. “Es tremendo que un senador esté involucrado en esto”, expresó un dirigente de Unión por la Patria.

ACUSACIONES PREVIAS Y VÍNCULOS POLÉMICOS

El nombre de Kueider ya estaba bajo escrutinio antes de su detención. En su provincia enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre las pruebas en su contra se encuentran inversiones inmobiliarias a nombre de terceros, incluidos departamentos de lujo registrados a nombre de su secretaria y de una empresa vinculada al senador.

A nivel federal, la jueza Sandra Arroyo Salgado también investiga su patrimonio, que, según su última declaración jurada de 2021, ascendía a 5 millones de pesos. Sin embargo, Kueider no presentó actualizaciones desde entonces, incumpliendo la normativa que exige declaraciones patrimoniales anuales.

SU RELACIÓN CON EL OFICIALISMO DE MILEI

Kueider jugó un rol estratégico en el Senado al acercarse al actual gobierno a través del asesor presidencial Santiago Caputo. Este vínculo lo consolidó como un aliado clave en votaciones esenciales y le valió propuestas como liderar la Comisión de Asuntos Constitucionales y, eventualmente, ocupar la embajada argentina en Uruguay.

La detención en Paraguay podría derrumbar estas aspiraciones y agravar su situación judicial. Según fuentes judiciales, el origen del dinero incautado podría estar relacionado con presuntas coimas. En Entre Ríos, hay versiones indican que Kueider habría recibido 500 mil dólares para votar a favor de la Ley Bases.

El caso Kueider reavivó el debate sobre la transparencia y la ética. Con 17 asesores en el Senado y una carrera política que comenzó de la mano de el actual diputado Bordet, el escándalo amenaza con sepultar su trayectoria. “Este episodio demuestra el deterioro ético en la política”, señaló un dirigente opositor.

El senador deberá declarar en las próximas horas ante la fiscalía de Ciudad del Este, donde se determinará si será imputado formalmente. Mientras tanto, su futuro político y judicial pende de un hilo.

Redacción

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