01 julio, 2025

Arrancó el juicio contra Mariano Bruera por asociación ilícita y sobornos

Mariano Bruera, hermano de Pablo Bruera ex intendente K de la Plata, está siendo juzgado por "asociación ilícita y cohecho" en la causa denominada "Coimas en el plan Procrear".
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La declaración de Guillermo Andreau, el denunciante de la denominada causa “Coimas en el Procrear”, comenzó a generar ruido entre los pliegos de la sociedad platense. Tal como se informó, en este juicio oral son juzgados los ex funcionarios municipales de La Plata Mariano Bruera, Enrique Sette, Gustavo Petró y el empresario Gustavo Orlandi.

La causa se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo y empresario platense Guillermo Andreau en el año 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 220 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.

https://twitter.com/Belisario_M/status/819728796509229056

De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados “reserva urbana” y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del ex intendente Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.

“Yo había terminado los trámites de rezonificación, esa noche estaba con amigos tomando café en Bliss”, la tradicional cafetería de City Bell, “y recibo un llamado telefónico, salgo para hablar y cuando regreso les comento ‘estos bandidos me quieren coimear’ (para que se aprueben los expedientes de rezonificación), a lo que el martillero Santiago Mamberto me aconseja que radique la denuncia, así empezó todo”, recordó el denunciante. Ante este panorama, la fiscal de juicio Victoria Huergo citará a declarar al profesional mencionado,

Frente de Todos
El ex intendente platense, Pablo Bruera.

“Cuando fui a denunciar, el fiscal (Jorge) Paolini me dijo ‘todos sabemos que en La Plata hay mucha corrupción, pero nadie se anima a denunciarla’, y enseguida me dijo si aceptaba que me intervengan el teléfono y acepté. Yo nunca pensé que los iba a meter presos a todos, yo lo único que buscaba era que frenaran con los pedidos de coimas”, aseguró Andreau.

Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo “hablá por teléfono con todos” y así se obtuvieron las escuchas telefónicas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al ex funcionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, sostuvo que este le respondió: “Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo”, en relación al ex intendente, hermano de Mariano, uno de los acusados.

Mariano Bruera
El hermano del ex intendente kirchnerista Pablo Bruera, Mariano Bruera.

En otro pasaje de su relato, Andreau recordó otra promesa de Campanaro, quien le dijo según sus dichos: “Ahora Pablo (Bruera) está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer”. Además aseguró que el ex funcionario municipal tuvo en crecimiento exponencial en muy poco tiempo de su patrimonio personal y rememoró que existieron quejas por construir edificios sin tener las habilitaciones aprobadas. Sobre el pedido de coimas que recibió, dijo: “Me cuesta creer que todo termine en Campanaro”, en referencia a que tiene la sospecha personal que la mayor parte de la presunta recaudación de sobornos terminaba en manos del entonces intendente.

Por estos dichos es que la fiscal solicitó que se extraiga copia del testimonio y se remita a la fiscalía en turno para que se abra una investigación sobre el ex concejal radical, abogado y empresario Campanaro, quien fue uno de los fundadores del Frente Renovador Platense con el que Pablo Bruera llegó a la Intendencia de La Plata en el año 2007 y se despidió de ella en diciembre de 2015.

Guillermo Andreau
Guillermo Andreau, vecino de La Plata y denunciante.

En su derrotero, Andreau también mantuvo conversaciones telefónicas con el ex funcionario municipal Ricardo Ridick, quien le refirió: “A mí me echaron por no pedir coimas”. Este figura como testigo en la causa y será citado a declarar en las próximas audiencias.

Mientras se desarrollaba la primera audiencia del juicio oral, un grupo muy pequeño de militantes instalaron un gazebo en la esquina de 8 y 56 en apoyo a los acusados, en particular a Mariano Bruera. No más de ocho personas se acercaron a expresar su acompañamiento.

Ulises Catriel Cuenca

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Cristina Kirchner deberá devolver $84 mil millones al Estado

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, y con ello dejó firme una de las sanciones económicas más relevantes de la historia judicial argentina: la devolución de aproximadamente 84.000 millones de pesos al Estado Nacional, dinero que, según la sentencia, fue desviado en una maniobra de corrupción mediante contratos de obra pública adjudicados de manera irregular.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones de la defensa de la ex mandataria y de otros ocho condenados, dejando sin efecto cualquier posibilidad de revisión de la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada en noviembre pasado por la Cámara de Casación Penal. La condena incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, como eje central, el decomiso millonario.

Este decomiso, que había sido homologado previamente por la Cámara de Casación, representa el monto que la Justicia determinó como perjuicio directo contra la administración pública tras años de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. La cifra multimillonaria deberá ser reintegrada a las arcas estatales, ya sea mediante bienes, activos o sumas de dinero embargadas y posteriormente liquidadas.

El fallo de la Corte Suprema, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y dejó firme la condena que la responsabiliza como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Según la Justicia, durante su mandato se instrumentaron decisiones administrativas y decretos presidenciales que facilitaron el desvío de fondos públicos a empresas vinculadas a Lázaro Báez, principal beneficiario del esquema de corrupción.

Entre los puntos clave del fallo se destaca la intervención de Cristina Kirchner a través del Decreto PEN N° 54/2009, que modificó el manejo de fondos del fideicomiso vial y permitió la adjudicación directa y sin control de contratos millonarios. La Justicia determinó que estas modificaciones permitieron la maniobra defraudatoria y que la entonces presidente estaba al tanto del perjuicio que estas acciones causarían a las finanzas estatales.

El monto del decomiso se calculó en base a las obras públicas adjudicadas de manera irregular, las licitaciones direccionadas y los pagos anticipados a Austral Construcciones y otras empresas controladas por Báez, aún cuando estas presentaban notorias irregularidades y, en muchos casos, abandonaron las obras sin finalizarlas.

Cristina Kirchner no podrá participar de futuras elecciones por la inhabilitación perpetua y enfrenta además la posibilidad de cumplir su condena bajo arresto domiciliario por su edad. Pero más allá de lo político y lo penal, lo económico marca un precedente: la ex presidenta deberá afrontar la obligación de resarcir al Estado con una cifra histórica que busca recuperar parte del dinero perdido en la maniobra de corrupción.

La Corte, en su fallo, remarcó que la sentencia se apoyó en pruebas sólidas, que el debido proceso fue respetado y que los argumentos de la defensa no lograron desacreditar la evidencia. También quedó firme la responsabilidad de los demás condenados, incluido Lázaro Báez, y el decomiso millonario que los alcanza a todos como parte del perjuicio calculado.

Este fallo no sólo consolida la primera condena firme de cumplimiento efectivo contra Cristina Kirchner, sino que pone en marcha el proceso para la recuperación de los fondos públicos, en una decisión que impacta tanto en lo judicial como en las finanzas del Estado.


*Fuente: AGENCIAS

Redacción

info@data24.com.ar

Detuvieron en El Bolsón al terrorista Facundo Jones Huala

El extremista, Facundo Jones Huala, fue detenido el domingo 8 de junio de 2025 en El Bolsón, provincia de Río Negro, por orden de la Justicia. Los cargos que se le imputan son intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación criminal terrorista.

La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue ejecutada por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en un domicilio de El Bolsón durante horas de la madrugada. El operativo fue comunicado públicamente por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien utilizó sus redes sociales para anunciar el arresto del líder mapuche.

La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten, afirmó el anuncio público por parte de la ministra Bullrich, en su cuenta oficial de X.

La Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo de la investigación, deberá demostrar que las declaraciones del activista configuran efectivamente los ilícitos. El delito de apología del crimen, específicamente tipificado en el artículo 213 del Código Penal argentino, establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

Según fuentes oficiales, las autoridades lograron ubicarlo mediante el seguimiento de las actividades de su madre, Isabel Huala, quien figuraba como oradora en una feria artesanal programada para ese domingo en Bariloche, así como a través del monitoreo de su expareja, Andrea Yanina Millañanco, residente en El Bolsón.

El gobierno nacional y las autoridades chilenas han clasificado a la RAM como una organización terrorista. Los cargos atribuidos se originaron en declaraciones públicas realizadas por su exmandatario a comienzos de 2025, durante la presentación de un libro de su autoría, donde reivindicó la lucha armada y hechos atribuidos a la RAM. Las denuncias fueron impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional y el gobierno de Chubut, quienes sostienen que sus declaraciones podrían acarrear “delitos federales al alentar públicamente la violencia como método de acción política”.

– Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala

La organización en cuestión, se define como un movimiento político y organización paramilitar que busca la “reivindicación y ocupación de territorios que consideran pertenecientes al pueblo mapuche dentro de Argentina”, que opera principalmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, utilizando métodos de ocupaciones territoriales, sabotajes y ataques incendiarios como formas de protesta.

La trayectoria judicial de Jones Huala incluye condenas tanto en Argentina como en Chile. En 2018, fue condenado por la justicia chilena a nueve años de prisión por su participación en un ataque incendiario ocurrido en 2013 en la localidad de Río Bueno, región de Los Ríos, además de cargos por portación de armas de fuego.

En 2022, Jones Huala obtuvo la libertad condicional en Chile, beneficio que posteriormente fue revocado por la Corte Suprema chilena, generando una orden de búsqueda internacional. Tras esta revocación, permaneció prófugo hasta enero de 2023, cuando fue detenido en El Bolsón por fuerzas argentinas. Durante su detención en Argentina, el activista realizó diversas manifestaciones, incluyendo una huelga de hambre, para evitar su extradición a Chile y poder cumplir la condena en territorio argentino. Sin embargo, en enero de 2024, fue efectivamente extraditado a Chile, donde completó el cumplimiento de su condena, siendo liberado en agosto de 2023 al computarse los años ya cumplidos.

Redacción

info@data24.com.ar

Un sindicalista K dirigía una banda narco que lavó $1.200 millones

El juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, procesó a Juan Carlos Insúa, de 55 años, por encabezar una organización que lavó unos $1.200 millones al traficar cocaína desde Buenos Aires hacia San Luis.

Insúa, secretario adjunto del Sindicato Obrero de Frigoríficos y Empleados de la Carne y Afines (SOFECA) y dirigente de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Agrarios (FETARA), cayó preso el 19 de junio de 2024 en La Punilla con poco más de un kilo de droga. Desde esa detención, la Fiscalía Federal local, la PROCUNAR y Gendarmería desmantelaron su red tras 27 allanamientos en Escobar, Merlo y Villa Mercedes que derivaron en 13 nuevos arrestos.

Los investigadores judiciales acreditaron que Insúa compró cinco kilos semanales a un proveedor peruano, los trasladó por la Ruta 7 y los ocultó en el “Camping FETARA”, un predio alquilado como delegado gremial. Allí entregó la cocaína a su mayor comprador, Diego “El Gaucho” Funes, quien la redistribuyó en toda la provincia. 

El flujo le reportó $35 millones por semana —$140 millones al mes— y un acumulado de $840 millones en seis meses; el resto hasta los $1.200 millones provino del lavado mediante vehículos, inmuebles y una concesionaria familiar.

– Juan Carlos Insúa en un viaje a Miami. Los videos surgieron de la investigación que lo tiene preso (El Chorrillero)

La clave para disfrazar el movimiento fue su rol sindical. El 31 de enero de 2023, SOFECA creó la Delegación San Luis y nombró a Insúa “delegado reorganizador”; FETARA lo replicó como “delegado normalizador”. En ese papel, el cabecilla alquiló campos y usó la palabra “novillos” para referirse a la droga. El efectivo viajaba en sobres rotulados “sueldo” y se blanqueaba en la compra–venta de autos.

El engranaje financiero contó con su pareja, Sandra Cnochaert, señalada como testaferro y filmada en Miami a bordo de un yate, y con su hijo, Juan Cruz Insúa, alias “Juancho”, quien manejó una concesionaria en Escobar: recolectó dinero, adquirió bienes y proveyó vehículos para la operatoria.

Las escuchas revelaron la ambición del grupo. En tres o cuatro meses estamos en otra galaxia, amigo, prometió Insúa a su socio Héctor Raúl Ramayo. Esto es como una empresa, estamos construyendo nuestro imperio, añadió antes de plantear la expansión a Córdoba, Mendoza y España. En otro audio fijó el precio mayorista: “7 lucas el g”.

La caída llegó cuando la policía interceptó a la revendedora Natalia Amar, quien coordinaba un nuevo envío: “Raúl viajó a Buenos Aires, preparó todo”. Dos días después, el 19 de junio de 2024, la División Lucha contra el Narcotráfico detuvo a Insúa y Amar con un ladrillo de cocaína. Esa prueba impulsó la causa hasta el reciente operativo que desbarató la estructura. 

Redacción

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Alperovich cumplirá domiciliaria en el lujoso departamento de Puerto Madero donde comenzaron los abusos a su sobrina

La Justicia otorgó este miércoles el arresto domiciliario a José Jorge Alperovich, exsenador nacional y tres veces gobernador de Tucumán, sentenciado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina segunda —seis con acceso carnal y tres simples en grado de tentativa— ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.  La resolución de Juan María Ramos Padilla llegó después de poco más de un año de detención efectiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El magistrado dispuso que el condenado de 70 años permanezca en uno de sus inmuebles del complejo Zencity de Puerto Madero, escenario de uno de los ataques acreditados en el debate oral. Para garantizar la medida impuso monitoreo electrónico permanente y fijó una caución real de 400 millones de pesos. Además, prohibió cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la denunciante y su entorno, así como referencias públicas que pudieran afectarla.

El lugar fijado es uno de los departamentos del imputado en Puerto Madero, precisamente uno de los lugares donde se cometieron los primeros abusos por los que fue condenado.

– TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 29 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 86.765/2019/TO1

“Debe quedar claro que no voy a conceder el arresto domiciliario solicitado como un privilegio ni por compasión, sino como ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, neutralizando los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurando la protección” de la víctima, sostuvo Ramos Padilla. 

El juez advirtió que “cualquier omisión o intento de evasión —por mínimo que sea— habilitará la revocación inmediata del beneficio y el reingreso al establecimiento penitenciario”.

Entre los fundamentos aparecieron la edad de Alperovich y un agudo dolor de columna que, según informes médicos del Servicio Penitenciario Federal, limitaba su movilidad, junto con hipertensión y un cuadro depresivo diagnosticado en marzo de 2025. Durante su estadía en Ezeiza recibió atención en el Hospital Penitenciario Central y fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Italiano.

La familia ya había intentado morigerar la detención tres meses después de la condena. Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich se ofrecieron entonces como “fiadores”, prometieron acompañar a su padre las 24 horas y entregaron sus pasaportes “para demostrar que no existiría riesgo de fuga”. La Justicia rechazó aquella petición en dos oportunidades, pero ahora el juez consideró que mantener al exmandatario en prisión preventiva sería “arbitrario” frente a las condiciones carcelarias y a su estado de salud, aunque la condena y la inhabilitación perpetua para cargos públicos siguen vigentes.

Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 declararon más de 80 testigos, incluido el exgobernador Juan Manzur. En su sentencia, Ramos Padilla subrayó: “Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado”. El tribunal entendió que Alperovich aprovechó “un contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder” para perpetrar los abusos.

Alperovich negó siempre las acusaciones y las atribuyó a motivaciones “políticas y económicas”. Su entonces pareja, la exganadora de Gran Hermano Marianela Mirra, difundió en mayo último una fotografía del exsenador internado que reavivó críticas a las condiciones de detención. El expediente continúa en trámite de apelación y revisión. Mientras se define la instancia superior, el exgobernador permanecerá bajo arresto domiciliario, controlado electrónicamente y sujeto a supervisión judicial periódica.

Redacción

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