A cinco años de la tragedia del ARA San Juan que terminó con la vida de sus 44 tripulantes, la Justicia trabaja en pericias técnicas e informáticas sobre los tres discos rígidos con más de 67.000 fotos y registros fílmicos que aportó Ocean Infinity, la misma empresa que localizó el submarino a 907 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica.

La jueza federal de Caleta, Marta Yáñez dio declaraciones acerca del avance de la investigación, pero se mostró pesimista ante los posibles resultados: “Esta tragedia va a llevar a que el resultado final no sea, quizás, satisfactorio para todo el mundo“, señaló y se lamentó ante la imposibilidad de “poder bajar a peritar el arma submarina”.

La jueza también cargó con las eventuales responsabilidades políticas que los familiares le atribuyeron al entonces presidente, Mauricio Macri; el exministro de Defensa, Osar Aguad y el jefe de la Armada de ese momento, el almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur. A pesar de la insistencia de los familiares de las víctimas y varios funcionarios kirchneristas, en noviembre del 2020 al confirmar los procesamientos del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo; los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Aníbal Miguel Correa -por incumplimiento de los deberes y estrago culposo agravado- la jueza no consideró que existieran méritos para llamar a indagatoria al expresidente, sus exfuncionarios y Srur.

Yáñez explicó que Ocean Infinity aportó a la causa judicial un mosaico de imágenes del lecho marino, el campo de escombros y material que muestra cómo quedó la nave, que por la implosión pasó de tener 66 metros de eslora a 33 metros, según detalló: “No se puede terminar de establecer qué pasó ahí adentro, por lo que todos los elementos son necesarios“, agregó la magistrada.

“Las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia y las nuevas prioridades que el mundo enfrenta con la guerra entre Rusia y Ucrania dificultan la colaboración que ya en 2018 habían comprometido Estados Unidos y Francia, por ejemplo, para ofrecer peritos submarinistas. Eso es fundamental para la constitución de una junta de técnicos e ingenieros navales, destinada a graficar el modo en que se habría producido la implosión”, explicó la jueza que, además, solicitó información a la Cancillería sobre qué países cuentan con peritos submarinos.

También está a la espera de que prosperen las gestiones ante el Consejo de la Magistratura para que el juzgado pueda aportar elementos tecnológicos requeridos para el avance de la investigación.

Tras solicitar 30 días de prórroga para los estudios técnicos e informáticos, la Cámara Federal le informó a la jueza que ordene la pericia técnica a una junta de expertos submarinistas e ingenieros navales, una medida que consideró “necesaria para el total esclarecimiento de estos hechos, que revisten de gravedad inusitada en nuestro país”.

Seguidamente afirmó que esta tarea “permitirá despejar cualquier posible duda sobre los motivos que habrían justificado la decisión de manipular la válvula E 19 en la navegación de julio -cuatro meses previos a la tragedia- y, conociendo el sistema de ventilación del submarino, si alguna otra válvula del sistema de ventilación puede encontrarse comprometida o haber sido manipulada”, advirtió.

Tras exponer la complejidad que conlleva avanzar en esta investigación la magistrada comentó: “No paramos de trabajar un solo día y muchas cosas demandaron mucho tiempo. En 2021 siguieron los coletazos de la pandemia y tuvimos que tomar testimonios por Zoom a miembros de la Armada y exjefes de la fuerza retirados”.

En paralelo se refirió a las sanciones disciplinarias aplicadas por el Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas que determinaron que el capitán Villamide había tenido a su cargo la dirección de la Fuerza de Submarinos, en Mar del Plata: “Pedí al Consejo de Guerra todas las pruebas y fundamentos de su decisión para contar con más elementos en la investigación judicial, pero no terminan de enviármelas”, concluyó.