Allanaron un búnker de Barrios de Pie que se hacía pasar por merendero y encontraron varios kilos de marihuana

El lugar era investigado en una causa por defraudación contra la administración pública. Hay tres detenidos.
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Este miércoles, la DUOF Esquel de la Policía Federal allanó un merendero de la organización social Barrios de Pie en Lago Puelo, Chubut, en la esquina de Arrayanes y Coihues. Investigaban en lugar por una orden judicial, a cargo del magistrado federal Guido Otranto y el fiscal Federico Baquioni. El delito: defraudación contra la administración pública.

Se llevaron una sorpresa al entrar al lugar: encontraron más de un kilo de marihuana. El operativo terminó con tres detenidos y teléfonos incautados, así como una balanza de precisión. Un segundo allanamiento a los sospechosos reveló 4 kilos de marihuana más. Una de las detenidas, de 26 años, está registrada como docente en la AFIP y es empleada del Ministerio de Educación chubutense.

Parte de la marihuana y la documentación incautada en el búnker de Barrios de Pie.
Parte de la marihuana y la documentación incautada en el búnker de Barrios de Pie.

La denuncia que dio comienzo al caso provino de beneficiarios del plan social Progresar. Los investigados “les exigían el pago de un porcentaje en forma mensual del plan que percibían, a fin de ser incorporados a Barrios de Pie”. La investigación incluyó seguimientos y vigilancias encubiertas. Así, se encontró un lugar que supuestamente funcionaba como merendero, pero no se asistía a los vecinos ni se servían almuerzos. Según afirmaron fuentes policiales a Infobae, era una pantalla. En el merendero se encontró poco más de un kilo de hierba, el resto estaba en otro domicilio allanado vinculado a los detenidos.

Hoy, el lugar se encuentra clausurado. La prensa se comunicó con autoridades de Barrios de Pie, que confirmaron la vinculación del merendero con la organización. El lugar tenía un perfil en Facebook que mostraba actividades en 2020 como un ropero solidario y ollas populares con locro para el 25 de mayo.

Parte de la marihuana allanada en el búnker de Barrios de Pie por la Policía Federal.
Parte de la marihuana allanada en el búnker de Barrios de Pie por la Policía Federal.

Las plantaciones de cannabis son una nueva constante en la Patagonia. La DUOF General Roca de la PFA allanó la semana pasada otro predio en la ciudad homónima de Río Negro. Encontraron 21 plantas que pesaban más de 47 kilos, algunas de más de dos metros de alto, así como 350 gramos de cogollos, luego de una investigación propia, con un detenido a cargo del juez federal Hugo Greca.

A comienzos de marzo, la misma DUOF había realizado otra redada en General Roca, con dos domicilios que fueron allanados en el barrio Mosconi. Allí, se encontraron 88 plantas que tras ser taladas pesaron más de 200 kilos. 3 sospechosos fueron detenidos.

Barrios de Pie
El patrullero afuera del lugar.

Operativos similares fueron realizados por los brazos provinciales de la Policía Federal Argentina en las últimas semanas en puntos como Paraná (Entre Ríos), Eldorado (Misiones) y San Miguel de Tucumán.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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