Adolescente no fue atendido en la guardia y murió: “La doctora estaba durmiendo”

Cuando se descompensó, llamaron para pedir una ambulancia pero no atendieron. Su mamá afirmó que falleció luego de que se negaran a atenderlo en la guardia del hospital.
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Sergio Ramón Ríos, un adolescente de 17 años, falleció luego de que se negaran a atenderlo en la guardia del hospital de Itatí, Corrientes. “Me respondieron que la doctora estaba durmiendo, contó Marta Ríos, su mamá.

Varias veces, en los últimos meses, visito el hospital, y en las anteriores ocasiones también la atención fue deficiente o nula. Hoy está muerto. Su familia no tenía ni para el cajón y la Municipalidad le envío uno rajado.

“¿Cómo es posible que una médica duerma en su guardia y cuando se la necesita te manda a tu casa? ¿Quién responde por la muerte de mi hijo, que pudo ser evitada? Ni siquiera me dieron un certificado de defunción con la causa real de la muerte, porque nadie lo revisó”, cuestionó Marta.

El adolescente, que sufría una discapacidad por daño neurológico desde los 6 meses de edad a causa de un cuadro de meningitis, se descompensó en su casa y su madre llamó al hospital para pedir una ambulancia: “Nunca atendieron mis llamados, así que lo envolví en una frazada, lo cargué y fui caminando hasta allá”.

“Llegué al hospital con mi niño con convulsiones. Yo vivo lejos del lugar[…] Cuando llegué nadie me atendía la puerta. Después de insistir, con la ayuda de mi hija de 12 años, nos abrieron y lo pusieron en una camilla”, relató Marta a El Litoral. 

“Volví a mi casa y mi hijito lloraba, pero nunca supe qué era. Él no hablaba, sólo decía ‘mamá’ y golpeaba las manos para comunicarse”, recordó. Finalmente, el joven falleció en sus brazos a las 6 de la mañana. 

Luego de la denuncia de su madre la causa quedó en manos de Sonia Meza, fiscal de Instrucción Nº 4. Fue caratulada como “supuesto homicidio culposo” e iniciaron la investigación correspondiente para determinar si hubo mala praxis. 

“Yo personalmente hablé con esa madre. Instruí que le reciban declaración de imputada a la médica”, confirmó Meza. Además, sostuvo que están en plena investigación y que la profesional de salud declarará de forma oficial esta semana en la Comisaría de Itatí.

Según la versión de Raúl Marín, director del hospital, Sergio era “paciente del hospital regularmente entonces se sabía lo que se tenía que hacer. Estaba saturando bajo oxígeno pero la temperatura y la presión estaban normal. Eso es lo que informa la enfermera a la doctora y por eso la médica da la orden de colocar el oxígeno”. 

Según contó, al regresar la ambulancia junto a una nueva enfermera, la médica ordena la aplicación de Dexametasona/Dipirona. “Se logró normalizar su saturación y es la madre quien decide llevarlo a su casa”, sostuvo Marín. “Voluntariamente la enfermera sugirió llevarla a su casa. El niño se había recuperado y llegó bien a su casa. Lamentablemente horas después falleció”, relató.

Respecto a la llamada a la ambulancia que habría realizado Marta, el médico aclaró que el número telefónico no funciona desde hace varias semanas. “El 107, que es el número de emergencias, no funciona desde hace mucho tiempo. Ya realicé los reclamos correspondientes y todavía no se arregló. Es un grave problema que tenemos”, sostuvo. 

Necesito que me ayuden porque no quiero un Sergio más. Sergio era mi bebé y no quiero que haya uno más. Perdí a mi hijo en mis brazos y es lo más feo que me pasó en la vida”, finalizó Marta.

Karin Leiva

Política Nacional, Interior y Economía kleiva@data24.com.ar

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Denuncian a funcionarios de Alicia Kirchner: “Siguieron robando después de dejar el gobierno”

En el marco de los allanamientos realizados en Río Gallegos, Julio Gutiérrez señaló al la anterior gestión de la cartera de Trabajo por estafa y robo al Estado provincial. Según explicaron fuentes oficiales, los exfuncionarios habrían logrado seguir actuando con los ilícitos a pesar del cambio de gobierno.

Los funcionarios de Alicia Kirchner no entregaron a las nuevas autoridades claves, datos de plataformas de compra y cuentas, de un convenio del Ministerio de Trabajo para comprar artículos necesarios para el área en el rubro de mantenimiento y servicios. El desfalco, según estiman los miembros de la actual gestión es de $27 millones.

Con ese modus operandi, siguieron comprando repuestos, cubiertas y otros servicios a nombre del Ministerio de Trabajo, que fueron almacenando en galpones de su propiedad que se encuentran en la zona industrial, y que forman parte de la empresa “Cielos Patagónicos, viviendas industrializadas”.

Las compras se habrían realizado en comercios como Toyota, Pirelli y Austral Gomas, y habrían sido retirados por un empleado de la empresa de Romina Silva que fue “pescado infraganti” cuando realizaba una de estas maniobras.

Gutiérrez precisó que “la principal autora de todo esto es la anterior secretaria del Ministro de Trabajo”. Romina Silva fue o es la mano derecha de Teodoro “Lalo” Caminos, exministro de Trabajo de Santa Cruz. “En la época cuando se hizo la transición (de gobierno) no nos entregaron claves, ni plataformas, ni cuentas que tenían que ver con cuestiones de mantenimiento y servicios”, explicó el actual ministro.

Indignado, Julio Gutiérrez afirmó: “No les bastó con robar cuando estaban en el gobierno, sino que siguieron robando después de dejarlo, lo que demuestra la impunidad de esta gente, la falta de respeto y la absoluta desconsideración y burla hacia toda la sociedad santacruceña que está viviendo momentos difíciles. Pero como dijo el gobernador Vidal desde que asumió, se ha terminado el robo en Santa Cruz y los responsables irán a prisión por sus acciones delictivas”.

Redacción

info@data24.com.ar

“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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