TENSIÓN: El Tribunal Supremo de EE.UU anula el acceso al aborto luego de medio siglo
Crece el malestar en el país comandado por Joe Biden debido a la decisión de la corte suprema. Los movimientos feministas insisten en que se les han quitado derechos.
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El derecho al aborto se veía reflejado en la constitución estadounidense desde el año 1973 luego de la sentencia ”Roe versus Wade”. Hoy, casi 50 años mas tarde, el Tribunal Supremo decidió anularlo.
Samuel Alito, juez asociado de la Corte Suprema Estadounidense, dijo lo siguiente respecto al caso: “Roe fue atrozmente erróneo desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil, y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre la cuestión del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división”.
Samuel Alito, juez de la corte suprema.
Las manifestaciones por parte de sectores afines al gobierno demócrata de Joe Biden no tardaron en llegar. Grupos de activistas por los derechos reproductivos de la mujer se acercaron a la Corte Suprema, aproximadamente mil personas estuvieron presentes con pancartas. Así sucedió también en el resto del territorio norteamericano, desde Nashville hasta Nueva York.
La mayor clínica abortista del mundo, Planned Parenthood, no se quedó atrás luego de esta resolución y presentó una demanda a la corte. Su negocio se ve gravemente afectado por dicha prohibición, ya que se vieron obligados a dejar de practicar abortos momentáneamente.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos está decidido a anular el histórico fallo de ‘Roe versus Wade’ sobre el aborto, que se lleva usando en el país desde 1973 y que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo.
Distintas agrupaciones y sectores políticos se ven preocupados porque este sea el primer paso de muchos para “abolir una serie de derechos que tomaron un largo tiempo conquistar”. Así como el matrimonio homosexual, los derechos para las personas transexuales, o incluso se ha manifestado el miedo por parte de algunas mujeres de ser rastreadas por practicar abortos de ahora en adelante. Sin embargo, lo que no se toma en cuenta, es que el aborto no se ha ilegalizado por completo. Actualmente cada Estado puede abrir la discusión para decidir respecto a como se regulará el aborto dentro de sus fronteras. Más de la mitad de los Estados ha optado por presentar proyectos para prohibir definitivamente el derecho al aborto.
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El Tribunal Constitucional de Polonia tomó una decisión histórica, declarando inconstitucional al Partido Comunista Polaco (KPP) y ordenando su ilegalización inmediata. Esta sentencia culmina tras años de intentos legales por prohibir esta organización política, siendo el más reciente promovido por el presidente de la República de Polonia Karol Nawrocki hace apenas semanas.
“No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, subrayó en el fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz.
La Constitución polaca contiene una disposición muy particular que muchas democracias occidentales no tienen, ya que explícitamente prohíbe la existencia de agrupaciones políticas basadas en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”. Esta cláusula constitucional establece que cualquier formación partidaria que se fundamente en métodos totalitarios o que busque un sistema de gobierno totalitario puede ser declarada ilegal.
Específicamente, la Corte citó el artículo 11, que exige que los partidos se fundan “en el principio de igualdad de los ciudadanos” y busquen influir en la política “por medios democráticos”, y el artículo 13, que prohíbe los partidos basados en ideologías totalitarias o que recurran a la violencia para obtener poder.
– Karol Tadeusz Nawrocki es un historiador y político conservador polaco, actual presidente de la República de Polonia
El Tribunal no solo examinó el programa actual del KPP (que intentó reformarse en 2015 eliminando referencias a la revolución comunista), sino que también se analizó su estatuto fundacional de 2002, sus publicaciones, declaraciones públicas y actividades a lo largo de los años. Esto fue decisivo, siendo que sin un programa explícitamente agresivo, se consideró que la propia naturaleza ideológica—su promoción del marxismo-leninismo—constituía una incompatibilidad fundamental con los valores polacos.
La decisión será remitida al tribunal de distrito de Varsovia, encargado del registro de partidos, para ejecutar la ilegalización formal, lo que implicará la cancelación del registro legal del KPP, la prohibición de su participación electoral y la terminación de su financiamiento público.
El KPP cuenta con unos mil afiliados, ningún representante electo, escasa presencia en medios de comunicación y resultados electorales insignificantes. De hecho, ni los propios dirigentes del KPP consideraban necesaria su prohibición. Su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karoń, argumentó que su programa “es tan poco atractivo” que simplemente no conseguirían apoyo en las elecciones, por lo que legalizarlo o prohibirlo resultaba igualmente irrelevante.
La razón por la cual el Estado invierte recursos en una medida dirigida a un partido ya débil y marginal remite al complejo panorama judicial que atraviesa Polonia en la actualidad. El Tribunal Constitucional está envuelto en una seria disputa sobre su propia legitimidad. El gobierno actual, liderado por el primer ministro Donald Tusk, no reconoce varios fallos del tribunal porque cuestiona que los jueces que los emiten fueron nombrados de manera irregular durante la anterior administración del partido Ley y Justicia (PiS).
Irónicamente, entre los jueces que emitieron este fallo está Stanisław Piotrowicz, un exdiputado del PiS que fue fiscal durante la época comunista, incluso durante la ley marcial de los años 80 bajo el general Wojciech Jaruzelski.
El mandatario Nawrocki, quien ganó las elecciones presidenciales de junio de 2025, es del PiS y reactivó personalmente el caso contra el KPP el 6 de noviembre de 2025, enfatizando que sus objetivos son “contrarios al orden legal de Polonia” y que “la ideología comunista atenta contra los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”. Esta iniciativa formaría parte de la confrontación política más amplia entre el presidente (del PiS) y la gestión de Tusk.
Del Pacto Molotov-Ribbentrop a la Carta Magna
Para entender por qué Polonia tiene una legislación marcadamente anti-comunista, es fundamental comprender su traumática historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Polonia en 1939 bajo el Pacto Molotov-Ribbentrop y sometió a millones de polacos a represión masiva, colectivizaciones forzosas y deportaciones a campos de trabajo en Siberia. Se estima que aproximadamente 1.200.000 polacos fueron deportados entre 1939 y 1941, acusados de ser “enemigos del pueblo”.
Después de 1945, Polonia se convirtió en un estado satélite soviético, sufriendo 44 años de ocupación política y represión bajo regímenes comunistas impuestos por Moscú. A lo largo de este período, los polacos experimentaron décadas de falta de libertades democráticas, políticas y supresión de su identidad nacional. Esta memoria colectiva es profunda y sigue marcando la política contemporánea polaca.
Cuando el bloque comunismo se derrumbó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, Polonia adoptó un régimen democrático en su Carta Magna, pero incluyó salvaguardas explícitas contra el regreso de estas ideologíasque consideraban existencialmente amenazantes.
No obstante, Polonia no sería la única en prohibir partidos comunistas. Alemania, por ejemplo, prohibió el Partido Comunista en 1956 (aunque posteriormente fundó otro partido comunista legal en 1968, el DKP). Ucrania prohibió su Partido Comunista en 2015 como parte de sus leyes de “descomunización” tras el conflicto con Rusia. República Checa y Hungría también han tenido legislación restrictiva respecto a símbolos comunistas.
Sin embargo, estas prohibiciones son profundamente controvertidas. Amnistía Internacional cuestionó severamente la prohibición ucraniana de 2015, considerándola “una violación flagrante de la libertad de expresión y asociación” que “sienta un precedente muy peligroso”. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado la validez constitucional de tales restricciones en democracias modernas estables, argumentando que carecen de “necesidad social clara, apremiante y específica”.
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