Mauricio Macri apuntó contra Lula da Silva por el resultado de las elecciones en Venezuela
El expresidente cargó duramente contra Venezuela por lo sucedido en las elecciones y cargó contra el presidente de Brasil, al que le pidió que se exprese al respecto.
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El expresidente Mauricio Macri rechazó los resultados electorales en Venezuela que dan por vencedor al dictador Nicolás Maduro, habló de fraude en las elecciones y le pidió a Lula Da Silva, presidente de Brasil, que se exprese al respecto. Además, aseguró que “Maduro debe dejar el poder”.
“Espero que el Presidente Lula, a quien mas alla de nuestras diferencias ideologicas considero un demócrata, no permanezca callado. Lo que esta pasando en Venezuela atenta contra la democracia y es un enorme riesgo que perdure esta dictadura en nuestra región”, publicó Mauricio Macri en sus redes sociales.
Y agregó: “Los venezolanos y muchos lideres de América Latina y el mundo espera su palabra en este momento difícil”.
Por otro lado, el exmandatario realizó un llamado a las Fuerzas Armadas para “ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo”.
“Llamamos a la comunidad internacional, y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia, a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo”, concluyó el expresidente.
*Fuente: MDZ – Ámbito Financiero
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El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
El Gobierno de Javier Milei reglamentó el 12 de junio de 2025, mediante su publicación en el Boletín Oficial, el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y el Estado de Israel, y habilitó el pago de subsidios y asignaciones para ciudadanos israelíes con residencia legal en el país. El instrumento había sido firmado en Jerusalén el 7 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 1 de mayo de ese mismo año.
El tratado bilateral original fue suscripto en Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017 y aprobado por la Ley 27.641. Ambas partes corrigieron posteriormente la fecha de entrada en vigor. Con la reglamentación oficial, las disposiciones dejaron de ser meramente declarativas y pasaron a incorporarse plenamente al sistema jurídico argentino.
El convenio estableció que cualquier ciudadano israelí con residencia legal accedería a las mismas prestaciones que un ciudadanoargentino: jubilaciones ordinarias, pensiones por fallecimiento, asignaciones por maternidad, cobertura por discapacidad y demás beneficios contributivos previstos en la legislación previsional. A cambio, los argentinos que residan en Israel recibirán cobertura equivalente dentro del sistema de seguridad social de ese país, bajo un esquema de plena reciprocidad que abarca tanto aportes ya efectuados como los futuros.
Para garantizar la operatividad, el texto reglamentado precisó que los períodos de aportes realizados en uno u otro territorio podrán sumarse a los fines de completar los requisitos de años de servicio exigidos por cada régimen. También contempló la transferencia de documentos laborales y la coordinación administrativa entre las cajas previsionales de ambos Estados.
La decisión de avanzar con la reglamentación se conoció pocos días después de la visita oficial de Javier Milei a Tel Aviv, donde pronunció un discurso ante el Parlamento israelí junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu. “He dicho, desde el principio de mi gestión, que considero a Israel, junto a los Estados Unidos, nuestro socio estratégico más importante”, afirmó el Presidente. En la misma presentación añadió: “No hemos titubeado en declarar a Hamás como una organización terrorista, y tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que, en 2026, haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la Ciudad de Jerusalén Occidental, como lo prometimos”.
“No voy a hablar de eso”: El Canciller argentino, Gerardo Werthein
Los detractores de la medida subrayaron en las redes la contradicción entre la extensión de beneficios a extranjeros y el ajuste aplicado sobre la población local; el oficialismo respondió que el convenio forma parte del acercamiento estratégico con Israel y que las erogaciones estarán compensadas por las prestaciones que el sistema israelí brindará a los argentinos que residen allí.
Además se enfatizó que el convenio opera sobre la base contributiva, por lo que los beneficiarios deberán realizar los aportes correspondientes para acceder a las prestaciones.
El Poder Ejecutivo destacó que la reglamentación garantiza “seguridad jurídica” y brinda un marco claro a trabajadores y empleadores de ambas nacionalidades. Con el texto operativo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y su contraparte israelí iniciarán los trámites de reconocimiento recíproco de períodos de aporte y el intercambio de información previsional.
En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.
Controles de ARCA sobre compras en el exterior
La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.
La información que deberán enviar al organismo de control incluye:
Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país. Número de tarjeta. Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Fecha de la operación. Identificación del país. Identificación de la moneda de origen. Monto de la operación en moneda extranjera. Monto de la operación en pesos. Nombre del comercio. Código de rubro del comercio. Número de identificación del comercio. Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.
Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país
Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:
Mercadería con fines comerciales o industriales. Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Explosivos, inflamables y estupefacientes. Material arqueológico y cultural. Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos. Límites y excepciones para ingresar compras del exterior A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.
Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:
300 dólares para quienes regresen por vía terrestre. 500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.
Consejos para evitar inconvenientes con ARCA
Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:
Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos. Declarar los productos ante Aduana. Evitar productos prohibidos. Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración. Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales. Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado. Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar. Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes. Empaquetar bien para facilitar inspecciones.
Mercado Libre anunció que cerró su oficina de 1.800 m² en el complejo Capitalinas y trasladó a sus 1.260 trabajadores a la modalidad 100% remoto. En su comunicado explicó que abonó $770 millones al mes en tasas municipales, una alícuota consolidada del 2,11% en Córdoba aplicada sobre su actividad financiera y comercial, equivalente al precio de 24 alquileres del inmueble.
“Ante el impacto generado por las tasas municipales en la Ciudad de Córdoba, Mercado Libre decidió implementar la modalidad de trabajo remoto para la totalidad de los empleados que hoy trabajan desde su oficina local”, expresó la compañía, y aseguró que “se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad”.
El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, declaró: “Creemos que, cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país”. Añadió que las tasas cordobesas “obligaron a redefinir dónde localizar nuestras operaciones”.
La empresa comparó la presión fiscal cordobesa con la de otras ciudades: en Rafaela paga aproximadamente el 10 % de lo que abona en Córdoba (alrededor de un décimo), en Santa Fe un tercio, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tributa tasas municipales. Además de CABA y Córdoba, mantiene oficinas en San Luis, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, y tres centros logísticos de última milla en territorio cordobés.
Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología y Producto, aclaró: “No hacemos política. Hacemos negocios y decidimos gastar de la mejor manera posible, con eficiencia”. Confirmó que el equipo tecnológico siguió trabajando desde Córdoba para todo el país y que la compañía planeó incorporar 150 empleados más en la provincia este año.
El 1 de julio Mercado Libre anunció un esquema de comisiones diferenciales según la carga tributaria de cada provincia. Desde mañana, los usuarios cordobeses pagarán entre 12,46% y 17,14% por operaciones en Mercado Libre y Mercado Pago, por encima del promedio nacional, debido al impacto de Ingresos Brutos.
La firma recordó que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, distintas entidades financieras cerraron 180 sucursales por la presión impositiva municipal; dentro de ese total el Banco Nación clausuró 60. También señaló que el Ejecutivo nacional impulsa una reforma tributaria con competencia fiscal entre provincias y la unificación de IVA e Ingresos Brutos.
Durante 2023 Mercado Libre superó los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios fintech mensuales activos. Facturó US$ 20.777 millones, un 37,5% más que en 2022, y obtuvo una ganancia neta de US$ 1.911 millones. En mayo, Marcos Galperin comunicó que dejará la dirección ejecutiva el 1 de enero de 2026; lo sucederá Ariel Szarfesteijn.
La compañía destacó que la medida en Córdoba no implicó despidos y que evaluó instalar nuevas locaciones en ciudades del interior de la provincia. Asimismo, informó a sus accionistas que analizaba mudar su domicilio societario en Estados Unidos de Delaware a Texas para optimizar su carga fiscal.
En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido.
En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.
La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.
La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas.
Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.
Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.
La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.
Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei han marcado un punto de inflexión en la política exterior argentina. Durante una entrevista con LN+, afirmó categóricamente que “Irán es un enemigo de Argentina” y expresó su “apoyo incondicional” a Israel y Estados Unidos en el contexto de la escalada bélica en Medio Oriente.
El diputado Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria (UxP), presentó un pedido formal de juicio político contra el mandatario. “No solo dijo que Irán es nuestro enemigo, sino que declaró el apoyo incondicional de Argentina a Israel y Estados Unidos. Queremos ser claros: esto es causal de juicio político”, destacó.
“El intento de involucramiento de Argentina en un conflicto bélico internacional sin pasar por el Congreso es una violación de toda nuestra normativa”, agregó Toniolli. El legislador argumenta que “es el Congreso el que habilita, o no, al Poder Ejecutivo a la paz y a la guerra”.
– El diputado Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria
Dichas declaraciones oficiales, se produjeron en el momento preciso en que Estados Unidos e Israel llevaban a cabo bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahan. Además, el presidente no solo habría respaldado estas acciones militares, sino que las calificó como un “ataque preventivo necesario”, argumentando que “Israel está haciendo el trabajo sucio que otros no hacen”.
A su vez, llegó a reafirmar que Israel “ya nos salvó de Irak en 1981, de Siria en 2007, y ahora lo está haciendo de nuevo. Está salvando la cultura occidental”. Para fundamentar su posición, se apoyó en los trágicos atentados terroristas que sufrió Argentina en los años 90, específicamente los ataques contra la Embajada de Israel en 1992, que dejó 22 muertos y 242 heridos, y el atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos y más de 300 heridos.
“Acá hubo dos atentados: AMIA y Embajada de Israel. 114 muertos. Irán es un enemigo de Argentina”, declaró el mandatario. La posición ha generado una fuerte reacción en el Congreso Nacional.
Los promotores del juicio político sostienen que estas declaraciones constituyen “una práctica usual del gobierno” de “esquivar al Congreso” en asuntos de política exterior. No es la primera vez que el bloque opositor presenta iniciativas similares: anteriormente habían iniciado un proceso contra la canciller Diana Mondino por un acuerdo con Reino Unido.
Una de las revelaciones más controvertidas ha sido la información trascendida por el comunicador kirchnerista, Pablo Duggan, quien aseguró que el ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas un informe sobre “qué recursos puede poner Argentina para ayudar a Israel” en la guerra con Irán. Esta información ha encendido alarmas adicionales sobre el grado de involucramiento que pretende el gobierno.
El ministro Petri, por su parte, ha intensificado la cooperación militar con Israel mediante múltiples visitas oficiales. En diciembre de 2024, se reunió con su homólogo israelí Israel Katz para discutir acuerdos en ciberdefensa, vehículos aéreos no tripulados, protección fronteriza y comunicaciones satelitales. También se abordaron contratos de gobierno a gobierno relacionados con armas ligeras, municiones y equipos militares.
La nueva posición argentina genera preocupaciones sobre las posibles represalias contra la seguridad nacional. Como señaló el diputado Toniolli, “cualquier beligerante puede tomar esto como una declaración de guerra”. La amenaza iraní contra el argentino Rafael Grossi, director del OIEA, por su supuesta parcialidad en los informes sobre el programa nuclear iraní, ilustra el clima de tensión existente.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
