La República de Annobón denunció al régimen de Obiang ante el Comité contra la Tortura
En un contundente documento, Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de la República de Annobón, denunció ante el Comité contra la Tortura graves violaciones a los derechos humanos en Annobón y Malabo.
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A lo largo del tiempo, y muy especialmente a partir de su vinculación con la dictadura de Guinea Ecuatorial, la isla de Annobón ha sido escenario de abusos sistemáticos de todo tipo. Sin dudas, esta historia encontró un punto de inflexión hace poco más de diez días, cuando una carta firmada por dieciséis annoboneses condenó los abusos del régimen mediante el uso de explosivos a solo algunos metros de la zona habitada de la capital. La iniciativa llevó al gobierno guineoecuatoriano a perpetrar numerosas detenciones arbitrarias y violentas.
El régimen respondió militarizando fuertemente la isla y agrediendo a la comunidad. Para evitar la difusión de información, Obiang ordenó el aislamiento completo de Annobón, cortando todo tipo de comunicación externas, incluyendo las líneas telefónicas e internet.
El dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Desde el 18 de julio, casi cuarenta personas han sido objeto de desaparición forzada y torturas sin que se conozca su paradero ni se les permita acceso a asistencia legal. Familias desesperadas y organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Foundation, manifestaron su preocupación por la vida e integridad física de las personas detenidas.
En ese marco, el Primer Ministro Cartagena Lagar exigió al Comité contra la Tortura que actúe con absoluta celeridad. La denuncia solicita:
Información inmediata: Que el régimen de Guinea Ecuatorial informe sobre el paradero de las víctimas.
Liberación urgente: Que se ordene la liberación de las víctimas detenidas arbitrariamente.
Protección y seguridad: Garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas.
Investigación exhaustiva: Llevar adelante una investigación imparcial sobre las desapariciones y torturas, llevando a los responsables ante la Justicia Internacional.
Prevención futura: Proponer medidas para evitar que estos hechos se repitan.
UN CASO URGENTE
El representante annobonés confía en que el Comité contra la Tortura actuará con urgencia para proteger los derechos fundamentales de las víctimas y asegurar que se haga justicia. La situación del pueblo annobonés, tanto dentro de la isla como fuera, es crítica, y la comunidad internacional debe responder ante estos atroces abusos.
El régimen de Obiang ha estado en el poder durante más de cuatro décadas, con un historial marcado por la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. Las denuncias recientes solo subrayan la gravedad de la situación en una isla que ha sido aislada y silenciada por el régimen, con escalofriante impunidad.
*Con información de REALPOLITIK
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Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
