Estados Unidos: Se aprobó la ley para deportar inmigrantes en caso de que agredan a la policía
En el país americano han aprobado la media sanción de la reforma de la Ley de Nacionalidad e Inmigración para deportar a aquellos extranjeros que agredan a las fuerzas policiales.
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Durante la tarde del pasado jueves 18 de mayo, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos terminó por aprobarse un proyecto de ley que deportará a aquellos inmigrantes que embistan a un agente policial. Ésta adoptará el nombre de “H.R 2494 – Police Act. 2023”, la cual hará varios cambios dentro de la INA (Nacionalidad e Inmigración).
La reglamentación constaría que en caso de que un extranjero ataque a un miembro de la policía, así conserve Green Card, será deportado a su país de origen. Esto se debe principalmente al haberse dado a luz el récord de personas detenidas, que tuvo una cifra cerca de las 8 millones.
The House voted to PASS the POLICE Act with bipartisan Support. As the border crisis rages on and assaults against law enforcement continue to rise, my bill sends a clear message that any non-citizen who commits acts of violence against police should be subject to deportation. pic.twitter.com/v5YbtnLkZr
La misma fue apoyada por 36 congresistas demócratas en la Cámara Baja, para que luego el resultado definitivo terminara con 255 votos a favor y 175, en contra. Por su parte, desde el Partido Republicano, quienes 219 dieron el positivo a dicha norma, celebraron la conformidad de ésta.
El congresista Andrew Garbarino, quien fue la primera persona en patrocinar y debatir el proyecto, en sus redes sociales, soltó: “A medida que la crisis fronteriza avanza sin control y las agresiones contra los agentes del orden siguen aumentando, esta legislación envía un mensaje muy claro de que cualquier no ciudadano que cometa actos de violencia contra la Policía debe ser objeto de deportación”.
Y, por último, sentenció: “Aplaudo a mis colegas de la Cámara por aprobar esta medida de sentido común e insto al Senado a retomar la Law Police sin demora para demostrar a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas del orden”.
La reacción de Joe Biden, tras haber sido apoyada por un sector demócrata:
Este aval no tardaría llegar al actual mandatario estadounidense, el cual demostró su descontento por el apoyo que tuvo desde la Cámara de Representantes. Desde el entorno del presidente, en la Casa Blanca, catalogaron a esta normativa como “preocupante”.
“Nos preocupa la manera en la que está redactada, ya que puede abarcar potencialmente incluso conductas no violentas o no intencionada. Esto puede darle lugar a la deportación incluso de residentes legales permanentes de larga duración con un historial intachable”, sentenció.
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El gobierno de Donald Trump pidió eliminar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro donde la Argentina sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo llegó el pasado jueves 15, durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General en Nueva York. Allí, la representante estadounidense Tammy Bruce solicitó la finalización del mandato del organismo y calificó parte de su actividad como un despilfarro de recursos.
Desde el principal aliado internacional de la Casa Rosada llegó así una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos. Ocurrió en plena ofensiva del Gobierno por el archipiélago y contra la explotación petrolera en sus aguas.
—El comunicado oficial de la ONU que da cuenta del pedido de Estados Unidos para terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización
De acuerdo con el comunicado de prensa GA/SPD/841 que difundió la ONU, la funcionaria afirmó que el comité “dejó de cumplir su propósito original”. Recordó que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros, mientras el organismo “opera como si nada hubiera cambiado” y revisa los mismos textos cada año. También apuntó contra “los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur”, que consideró una pérdida de tiempo y de dinero para la organización.
Como ejemplo eligió a Puerto Rico. La Asamblea General quitó a la isla de la lista de territorios no autónomos en 1953, pero el comité celebra audiencias sobre ella todos los años. “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas, remató. Su intervención no mencionó a las Malvinas.
El C-24, como se lo conoce en la jerga diplomática, nació en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General para impulsar el fin del colonialismo. Lo integran 29 Estados y examina 17 territorios no autónomos, diez de ellos bajo administración británica, Malvinas incluida. Desde 1983 aprueba cada año una resolución que insta a Buenos Aires y Londres a negociar la soberanía, en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General, de 1965. Estados Unidos abandonó el comité en 1971, con el argumento de que no le permitía cumplir un rol constructivo.
En esa misma sesión, la Cuarta Comisión aprobó más de 20 proyectos de resolución y una decisión, muchos surgidos de recomendaciones del C-24. Estados Unidos, el Reino Unido e Israel fueron los únicos votos en contra del texto sobre difusión de información sobre descolonización, que reunió 164 apoyos. La delegación británica, por su parte, reclamó que el comité reconozca la “modernización” de su vínculo con los territorios de ultramar.
Para Javier Milei, la jugada abrió la primera diferencia geopolítica con Trump. El Presidente comparte con el republicano la desconfianza hacia la eficacia de la ONU, pero considera al C-24 uno de los pocos escenarios multilaterales disponibles para el reclamo.
Se espera que el canciller Pablo Quirno anuncie el rechazo argentino ante el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, que llegan esta semana a Buenos Aires para promover una iniciativa de infraestructura con inversión estadounidense. El viernes, Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos “reafirmaron la solidez de la asociación”, aunque no trascendió si conversaron sobre las islas.
Para cerrar el comité hace falta la aprobación de la Asamblea General. Allí Estados Unidos no tiene poder de veto, y el C-24 cuenta con el aval de una amplia mayoría de países.
La postura de Washington choca con el discurso de Milei en la última Asamblea General. “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional”, dijo el Presidente desde el atril neoyorquino, donde acusó a la ONU de “inútil” y de “mirar hacia otro lado con la causa”. Recordó que hace 50 años la resolución 31/49 pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales y se preguntó “de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario”.
Los tres cancilleres de Milei defendieron el reclamo ante el C-24. Diana Mondino recordó en 2024 los 191 años de ocupación británica. Un año después, Gerardo Werthein la definió como “un acto colonial, contrario al derecho internacional”. En junio pasado, Quirno denunció la “militarización” del archipiélago y rechazó el argumento británico de la libre determinación: “Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.
El pedido de Washington coincidió con el momento de mayor tensión con Londres. La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y el Reino Unido respaldó de manera explícita a las empresas involucradas. Compañías estadounidenses también expresaron su preocupación por las sanciones que prevé la Ley de Soberanía.
Trump había alentado la estrategia oficial cuando evaluó revisar la neutralidad histórica de su país sobre el archipiélago y se ofreció como mediador. Sin embargo, después de reunirse el 22 de septiembre con el primer ministro británico, Andy Burnham, descartó esa mediación.
La ofensiva contra el C-24 forma parte de los recortes que Washington impulsa en la ONU como su principal contribuyente. Esos recortes coinciden con la carrera para suceder a António Guterres, en la que compite el argentino Rafael Grossi con el apoyo de Milei.
La Secretaría General de la Presidencia figura entre los organismos que contrataron a OCP Tech, compañía vinculada al empresario relacionado con Santiago Caputo. Recibió adjudicaciones de distintas dependencias nacionales por casi 7 millones de dólares y más de 1.400 millones de pesos.
El sector perdió más de 16.000 puestos de trabajo en dos años. Con la bolsa de harina al doble de precio y boletas de luz que promedian los $800.000 mensuales, los panaderos admitieron que ya trabajan a pérdida para no bajar la persiana.
En tres temporadas, la Provincia más que triplicó el pago a los cazadores. Para controlar a la especie, exigirá contar, medir y registrar el sexo de cada pieza.
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