España | La nueva “Ley Trans” que permite el cambio de sexo con una simple declaración

Las leyes trans avanzan en Argentina y en el mundo, tal como sucede ahora mismo en España, país en el que se ha aprobado la “Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”. Se presenta de esta forma como una medida que evocaría por mayor igualdad para las personas de este colectivo.

Parte del preámbulo de la nueva norma dice: “Esta Ley supone un importante avance en el camino recorrido hacia la igualdad y la justicia social que permite consolidar el cambio de concepción social sobre las personas LGTBI. Ello pasa por crear referentes positivos, por entender la diversidad como un valor, por asegurar la cohesión social promoviendo los valores de igualdad y respeto y por extender la cultura de la no discriminación frente a la del odio y el prejuicio”.

Una de las cuestiones principales que introduce es el derecho a la autodeterminación de género, sin necesidad de aportar ningún informe médico que acredite que la persona interesada en cambiar su sexo sufra de disforia de género o que incluso esté bajo tratamiento hormonal, como sí sucedía antes de la introducción de esta ley. Este procedimiento podrán realizarlo adolescentes entre los 12 y 16 años, siempre y cuanto cuenten con acompañamiento de parte de sus padres o tutores y con el aval del tribunal. Además, aquellos menores de 12 años podrán cambiar su nombre en el DNI y deberán ser llamados como sus identificaciones lo digan en los centro educativos.

Una de las principales impulsoras de esta ley ha sido la actual ministro de igualdad de España llamada Irene Montero. Al pronunciarse sobre este asunto dijo: “El Estado reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años y sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas”.

A su vez, la ley prohíbe las terapias de conversión y en caso de realizarse los responsables deberán abonar una multa de entre 10 mil y 150 mil euros. También se regula dentro de la ley las penas por otras cuestiones como insultos, actos de acoso y contenido discriminatorio dentro del material escolar, llegando a poder enfrentar multas de 200 a 2 mil euros.