Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras tensiones con Milei y su ausencia en el Mercosur
El embajador brasileño en Argentina fue convocado para consultas en Brasilia sobre el rumbo de las relaciones tras la participación de Milei en eventos conservadores y su ausencia en el Mercosur.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador brasileño en Buenos Aires, JulioBitelli, para consultas en Brasilia sobre la relación del país con el presidente, Javier Milei. Esta convocatoria se dio en medio de tensiones surgidas tras la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora y su ausencia en la reunión del Mercosur en Asunción.
Bitelli se reunió este lunes con el canciller brasileño, Mauro Vieira, y tiene encuentros programados con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin, según informaron medios como CNN Brasil, G1 y UOL.
Diana Mondino y Julio Bitelli
Fuentes del gobierno brasileño señalaron que la convocatoria es inusual pero no constituye una represalia contra Argentina. El objetivo es evaluar la dirección de la relación bilateral, que actualmente “atraviesa un momento diferente”.
“La idea es conversar sobre temas de la relación bilateral, cómo llevarla adelante de la mejor manera posible, con la atención que merece tener”, mencionó Bitelli. “Lula tiene claro que la relación entre los dos países debe continuar siendo importante, independientemente de las diferencias de prioridades y visiones de mundo”, agregó el embajador.
Desde su elección en noviembre de 2023, Milei no ha tenido un encuentro directo con Lula, a pesar de su reciente visita a Brasil. Bitelli, reconocido por su experiencia diplomática y buenas relaciones en Argentina, ha jugado un papel clave en la aproximación entre Vieira y la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino.
El embajador brasileño también comentó sobre una reciente publicación de Milei en redes sociales, donde se refirió de manera crítica a ciertas opiniones que consideró como típicas de un “perfecto dinosaurio idiota”. Aunque no mencionó nombres, las declaraciones de Milei causaron incomodidad en el Palacio del Planalto, aunque Lula optó por no pronunciarse al respecto.
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La medida surge en medio de crecientes preocupaciones sobre los efectos negativos que el uso excesivo de plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat puede tener en la salud mental de los jóvenes.
El plan del Gobierno, que se espera se convierta en ley antes de finalizar 2024, incluye la introducción de un sistema de verificación de edad para evitar que menores accedan a redes sociales sin la supervisión adecuada.
El Gobierno australiano ya ha invertido 6,5 millones en pruebas piloto de tecnologías de verificación de edad que podrían incluir métodos como la identificación a través de documentos oficiales o tecnologías de estimación de edad mediante inteligencia artificial.
Motivos detrás de la nueva legislación
La propuesta del Gobierno australiano responde a estudios que vinculan el uso excesivo de redes sociales en menores con problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la falta de sueño.
“Sabemos que las redes sociales están causando un daño social significativo, alejando a nuestros niños de interacciones reales con amigos y experiencias de vida”, declaró Anthony Albanese Primer ministro de Australia. “Es momento de tomar acciones decisivas para proteger el bienestar de nuestros jóvenes”.
Este enfoque ha sido respaldado por líderes de distintos estados, como el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien sugirió que la edad mínima de acceso podría establecerse en los 14 años, requiriendo consentimiento parental hasta los 16.
Desafíos y críticas
A pesar del amplio apoyo, la implementación de esta política enfrenta varios desafíos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la efectividad de las tecnologías de verificación de edad.
Algunos expertos en seguridad digital han expresado su preocupación sobre cómo las plataformas manejarán la recopilación de datos personales para verificar la edad de sus usuarios, lo que podría generar riesgos adicionales en términos de ciberseguridad.
Además, organizaciones que trabajan en pro del bienestar juvenil, como ReachOut, han señalado que, si bien es importante limitar el acceso a contenidos dañinos, las redes sociales también proporcionan un espacio crucial para que los jóvenes busquen apoyo emocional y recursos de salud mental, especialmente en áreas donde los servicios presenciales son limitados.
Esta propuesta está programada para ser debatida en el parlamento a finales de año y, de aprobarse, podría cambiar significativamente el panorama de las redes sociales no solo en Australia, sino también influenciar políticas similares en otros países.
El Gobierno nacional está evaluando la demolición del edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente conocido como Capital Humano, ubicado en la Avenida 9 de Julio. Este inmueble lleva desde 2011 las imágenes gigantes de Eva Perón.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló este sábado que desde el Poder Ejecutivo analizan demoler el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Desarrollo Social, emplazado sobre la avenida 9 de Julio, que tiene la imagen característica de Eva Perón. La noticia se conoce luego del anuncio de Sandra Pettovello de avanzar con un “proceso de reordenamiento” en sus espacios públicos para “garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política”.
“La demolición del edificio que está en medio de la 9 de Julio no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires por los ‘90 y era un tema que siempre estaba en discusión”, recordó Francos en diálogo con Radio Mitre.
“NO ES CONTRA EL PERONISMO, ES PARA MEJORAR EL TRÁNSITO”
En ese sentido, el funcionario detalló que el “edificio está en muy malas condiciones” y “entorpece el tránsito dentro de una avenida troncal y central”. “Lo que la ministra Sandra Pettovello está analizando es toda la infraestructura que tiene su Ministerio en todos los órdenes. Está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio enorme, que tiene un costo de funcionamiento enorme porque no está en buen estado y ella será la que le proponga al Poder Ejecutivo cómo seguir con ese edificio”, concluyó.
El funcionario libertario explicó que la propuesta responde a un proyecto de apertura del tránsito en la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires. “No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, por lo que la Ciudad no tiene injerencia”, aseguró.
En la mañana de este viernes, operarios retiraron un busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ubicadas en la avenida Paseo Colón 239, en la zona del Bajo porteño, en el barrio de Monserrat (Comuna 1).
Según trascendió, la orden fue dictada por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. En redes la funcionaria expresó: “En el día de hoy, se retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de ANSES de la Av. Paseo Colón”.
Esto se da un día después de que la funcionaria emitiera una resolución para dar de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner y también la pensión que le correspondía por ser viuda de un expresidente.
A eso sumó cuatro fotos de los momentos en que dos operarios retiraban la estatua del expresidente, que estaba ubicada en una tarima en la zona del ingreso. En la secuencia se observa después a estos dos hombres con gorra y guantes subir el busto a una camioneta Peugeot Partner ploteada con la insignia oficial y, por último, a la representación ubicada en un lugar que parece un depósito, arriba de un pallet de madera.
Tanto detrás en la pared como en la parte inferior de la estatua había dos carteles idénticos pegados. “Las y los trabajadores de la Anses no olvidamos”, decía, junto a una foto de Néstor y Cristina Kirchner abrazados.
La noticia no pasó desapercibida para los representantes del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Anses (Secasfpi), que publicaron en sus redes sociales un comunicado para repudiar la medida tomada por Pettovello. Primero, a través de una grabación mostraron el momento en que los dos operarios retiraban de la sede gubernamental del centro porteño el busto y lo colocaban en la camioneta, detenida en plena calle con balizas.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó una denuncia judicial contra el piquetero K, Juan Grabois, a quien responsabilizó por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantuvo en el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de Mar del Plata. La medida de fuerza, que duró una semana, interrumpió el ingreso y salida de vehículos destinados a tareas esenciales y tuvo graves consecuencias para la comunidad. La tensión alcanzó su punto crítico el pasado domingo por la noche, cuando un incendio en Sierra de los Padres no pudo ser atendido oportunamente debido a que el bloqueo impedía la salida de los guardaparques con sus vehículos y herramientas de combate.
En una conferencia de prensa, Montenegro expresó la gravedad de la situación y acusó a Grabois y al MTE de “tener de rehenes” a los vecinos de la ciudad. “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos”, declaró el jefe comunal, quien subrayó que no negociará “bajo extorsión”. Montenegro fue enfático al señalar que el piquete representa “un delito” y que afecta la seguridad de los marplatenses, indicando que no se cederá a presiones mientras se mantengan acciones que “ponen en peligro la vida de los vecinos”.
El conflicto entre el municipio y Grabois
El bloqueo en el Emsur fue implementado por la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quienes demandaban la construcción de un baño y un playón de hormigón en el predio de reciclado ubicado en las calles República del Líbano y Alberti. Pese a la insistencia de los manifestantes, Montenegro sostuvo que no dialogará mientras los vecinos de la ciudad se vean afectados.
La protesta, que incluyó el corte total de los accesos al Emsur, impactó de forma directa en varios servicios municipales, como la recolección de residuos, la fumigación y otras tareas de salubridad pública.
La emergencia por el incendio en Sierra de los Padres
La situación se volvió crítica el domingo por la noche, cuando un incendio forestal en Sierra de los Padres puso en riesgo áreas naturales de la región, incluyendo la Reserva Natural Laguna de los Padres. La imposibilidad de que los guardaparques dispusieran de sus vehículos y equipos de combate para controlar el fuego generó un ambiente de alarma entre las autoridades y los vecinos. Según el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, y la bióloga del Departamento de Recursos Naturales, Natalia Martino, el personal tuvo que combatir las llamas “a pie” debido al bloqueo. En un comunicado conjunto, ambos funcionarios advirtieron que la falta de movilidad y equipos exponía a la ciudad a un riesgo extremo de incendio forestal en toda el área natural.
Frente a la urgencia de la situación, el Emsur, representado por su apoderada legal, Laura MuñózMora, presentó un pedido de medida cautelar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata. La solicitud judicial buscaba obtener una autorización inmediata para garantizar el libre tránsito de los vehículos del Emsur con el fin de “combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres”, resaltando la imposibilidad de llegar a pie a varios sectores de riesgo.
Tras la denuncia del intendente, el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, intervino en el conflicto comprometiéndose a cumplir con parte de las demandas del MTE. Bonifatti acordó la construcción del baño y el playón de hormigón exigidos por los manifestantes, además de la colocación de dos contenedores de uso exclusivo para los trabajadores del reciclado. Asimismo, el funcionario municipal garantizó que, en caso de necesidad, se proveerán herramientas adicionales antes de finalizar el año para optimizar las condiciones de trabajo en el predio.
Por su parte, la Cooperativa RUM y el MTE destacaron en un comunicado que, tras la promesa de Bonifatti, la medida de fuerza fue levantada. En el documento difundido, los manifestantes enfatizaron que este avance representaba “un logro que genera dignidad en el trabajo diario y la posibilidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de reciclado”.
Un antecedente de tensiones políticas y sociales: La injerencia de Grabois en Mar del Plata
El conflicto actual entre el municipio y el MTE no es el primero entre la gestión de Montenegro y el dirigente Juan Grabois. En su declaración, Montenegro hizo referencia a un episodio anterior cuando Grabois lideró la toma de 140 hectáreas de tierras en primera línea frente al mar en la zona de El Marquesado. Según el intendente, “la política está metida en esto” y el conflicto actual se suma a un historial de disputas con el dirigente social, quien ha promovido múltiples ocupaciones y protestas en la ciudad. El intendente reiteró que “donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente”.
Finalmente, y tras una semana de bloqueo y múltiples presentaciones judiciales, el municipio logró el desbloqueo del acceso al Emsur. Sin embargo, Montenegro advirtió que no tolerará futuras acciones de protesta que afecten a la comunidad bajo ninguna circunstancia. “No podemos tener de rehenes a los vecinos”, insistió, reiterando que cualquier instancia de negociación se debe desarrollar en un marco de respeto a la legalidad y sin afectar a terceros.
El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, MaríaSoledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.
Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.
Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.
Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.
LAS AGRESIONES DENUNCIADAS
La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.
El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.
Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja
La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.
En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.
El legislador porteño Eugenio Casielles presentó, esta semana, tres proyectos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires orientados a mejorar la seguridad. Las iniciativas se centran en tres áreas clave: la actualización del Código Contravencional, la instalación obligatoria de cámaras de seguridad en el transporte público y la implementación de controles de narcotest en los operativos de tránsito.
Uno de los ejes centrales del paquete legislativo es la reforma del Código Contravencional, cuyo objetivo es actualizar las sanciones y extender los plazos de prescripción para ciertos delitos. Casielles argumenta que las sanciones actuales, especialmente las económicas, no reflejan la realidad inflacionaria del país, lo que llevó a que multas por delitos graves sean insignificantes: “Hoy, con muy poco dinero se pueden pagar multas por delitos graves como acosar en la vía pública o disponer de menores de edad pidiendo plata en la calle”, señaló el legislador en sus redes sociales.
El proyecto propone calcular las multas en Unidades Fijas (UF), un valor que se actualiza de acuerdo con la inflación, asegurando que las sanciones no pierdan su efecto disuasorio. Además, el proyecto de Casielles busca extender los plazos de prescripción de la acción y de la sanción a dos años. Actualmente, muchas contravenciones prescriben en plazos más cortos, lo que, según el legislador, deja a numerosos infractores sin castigo adecuado.
Las sanciones propuestas en la reforma incluyen trabajo de utilidad pública, multas ajustadas a la nueva normativa y arresto. Enfocándose en la protección de menores, la propuesta endurece las penas para delitos que involucren a menores, como la inducción a la mendicidad o la distribución de material pornográfico.
Otro de los proyectos presentados establece la obligatoriedad de cámaras de seguridad en todas las unidades de transporte público de la Ciudad (colectivos, subtes y trenes). Según Casielles, la falta de cámaras facilita la comisión de delitos como robos y agresiones. “Estamos cansados de que nos roben a cualquier hora en cualquier centro de trasbordo”, comentó.
Las imágenes captadas por las cámaras tendrán carácter secreto y sólo podrán ser solicitadas por las autoridades policiales, judiciales o administrativas en el marco de investigaciones o prevención de delitos. Las empresas concesionarias de transporte serán responsables de la instalación y mantenimiento de estos dispositivos.
Casielles subrayó que la instalación de cámaras es una medida indispensable para reducir la sensación de inseguridad en los medios de transporte y contribuir al bienestar de los porteños.
Por último, en el ámbito de la seguridad vial, presentó un proyecto que exhorta al Gobierno de la Ciudad a garantizar la incorporación de dispositivos para la detección de estupefacientes en los controles vehiculares. Esta medida busca complementar los actuales controles de alcoholemia y mitigar los riesgos de accidentes causados por conductores bajo los efectos de drogas.
“Hay un accidente cada 28 minutos en la Ciudad y las calles están cada vez más llenas de irresponsables al volante”, destacó Casielles.
El consumo de narcóticos —tanto legales como ilegales— afecta la capacidad de reacción y percepción de los conductores, incrementando el riesgo de accidentes. Casielles relaciona esta situación con lo que denomina “una epidemia de accidentes de tránsito” y considera que la implementación de narcotest no solo castigaría a los infractores, sino que también serviría como una herramienta preventiva y educativa.
“El control de narcóticos es fundamental”, afirmó Casielles, quien ya había impulsado previamente una ley de Alcohol Cero al volante. Si bien la propuesta fue recibida con críticas, el legislador sostiene que es una medida clave para mejorar la seguridad vial.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
