Sueño de la casa propia: Volvieron los créditos hipotecarios a 30 años
El Banco Hipotecario anunció que lanzará los créditos a mediados de mayo. Serán de hasta $250 millones a treinta años y se podrá acceder 100% vía digital.
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Tras cinco años de letargo, el Banco Hipotecario anunció un crédito de hasta $250 millones a pagar en 30 años. La entidad financiera implementó una línea de crédito hipotecario en UVA con una tasa de 8,65% final. Según trascendió, la medida estará oficializada en mayo.
Se podrá acceder a las vías de crédito UVA de manera digital. Una es para construir o comprar una vivienda y la otra destinada a la ampliación y refacción.
Sobre el tema, el economista Federico González Rouco —de la consultora Empiria— señaló que el crédito “es el primero que está saliendo después de mucho tiempo de que casi no haya crédito. Existía, pero había poco. El Banco de Córdoba venía con algo, pero era muy específico para esa provincia. Por otro lado, muchos bancos eran muy reacios a dar crédito hipotecario, ya que estaba muy latente la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández modificara las condiciones, algo que se discutía cada ciertos meses”.
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La situación salarial de los docentes en la dictadura formoseña llegó a un punto crítico. Esta semana, el secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereyra, responsabilizó directamente al gobernador, Gildo Insfrán, y a los “secretarios generales dialoguistas” por los bajos sueldos que perciben los trabajadores de la educación.
El gremialista afirmó con dureza: “Acá el único culpable de los malos sueldos es el gobernador y los secretarios generales dialoguistas, no puede ser que se le quiera echar la culpa al gobierno nacional. Formosa es una de las jurisdicciones con los sueldos más bajos de toda la Nación”.
Pereyra señaló que los sueldos docentes están muy por debajo de la canasta básica —actualmente supera los 900 mil pesos— mientras que el salario garantizado ronda los 450 mil. “Estamos lejos de lo que un trabajador necesita para vivir dignamente”, denunció tras criticar el reciente anuncio de un aumento del gobierno provincial, de apenas 28%, calificándolo como una “burla” para el sector. El porcentaje fue acordado sin el consenso de los docentes.
Además de exigir un salario acorde a la canasta básica, Pereyra mencionó el pedido de un bono de 50 mil pesos por el retraso en el pago de la jornada extendida. Según explicó, el dinero fue depositado en vísperas del operativo solidario de la tiranía conocido como Por nuestra gente todo, lo que no permitió a los docentes celebrar el Día del Maestro como corresponde. Ante la falta de respuestas el gremio adelantó que volverá a presentar un pedido formal para participar en la mesa de diálogo y reclamó a los secretarios generales del sector que consideren el desfasaje entre el salario y el costo de vida.
Por su parte, Nilda Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados, también expresó su preocupación por la precarización salarial en la provincia, afirmando que las políticas de Insfrán llevaron al sector a la indigencia.
– Nilda Beatriz Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados
En una entrevista radial, la dirigente destacó que “el hecho de que el gobernador reconozca públicamente que no nos alcanza el salario ya es importante”, pero lamentó que, pese a ello, la situación sigue siendo insostenible.
La gremialista, en línea con Pereyra, precisó que el salario inicial de los docentes en mencionada provincia es “la mitad de la canasta básica”, lo que coloca a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Añadió que las medidas de protestas organizadas por el gremio que representa, además de ser ignoradas por el gobierno, han sido castigadas con descuentos salariales: “Realizar un paro en estas condiciones es sinónimo de fortaleza y convicción”.
El panorama que describen los referentes gremiales se vuelve más complejo al considerar el contexto económico a nivel nacional. Patiño advirtió que “van a ajustar los envíos a la provincia y el año que viene puede que lleguen los despidos”, lo que agravarían la crisis del sector educativo y profundizaría las tensiones sociales en la región.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, quienes plantearon su interés por que se mantenga el actual 82% para el haber jubilatorio. Señalaron además la importancia de modificar algunos aspectos de la redacción en el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para su tratamiento en el Poder Legislativo.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura, subrayó la disposición de su organización para colaborar en la mejora del proyecto. “Compartimos la premisa del Poder Ejecutivo de sanear el déficit y ordenar administrativamente la caja de jubilaciones”, señaló. Agregó además que el objetivo común es asegurar unas jubilaciones adecuadas y tranquilizadoras para todos los afiliados y destacó que esta postura fue respaldada por diversos sectores en las conversaciones mantenidas con el presidente de la Cámara.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos
Uno de los puntos críticos que la asociación planteó durante la reunión fue la necesidad de mantener el actual 82% móvil para el haber jubilatorio. Cánepa enfatizó la importancia de asegurar que este porcentaje no se vea afectado por la reforma: “Queremos hacer valer la promesa del Ejecutivo de no afectar el 82% móvil de nuestras jubilaciones”. La Asociación considera esencial que la ley garantice esta medida para proteger los derechos de los jubilados y evitar recortes en sus ingresos.
El letrado abordó preocupaciones sobre la redacción del proyecto de ley. “Entendemos que hay aspectos en la redacción que no ayudan y que deberían modificarse. Puntualmente, el proyecto establece una base de cálculo para el haber jubilatorio inicial que podría quedar estancada en el tiempo”, explicó. Los profesionales consideran que es crucial que la ley contemple una base de cálculo móvil para evitar que los haberes previsionales queden desactualizados.
“Vamos a defender nuestra Caja provincial y el 82% móvil que es algo que no tienen otras cajas provinciales y mucho menos las jubilaciones nacionales de ANSES”, aseveró el gobernador Frigerio esta semana
Cánepa también destacó la importancia de diferenciar entre reajustes aplicados a haberes existentes y ajustes sobre un haber jubilatorio inicial. “Reajustar sobre haberes que ya tienen reajustes es diferente a hacerlo sobre un haber jubilatorio inicial. La actual redacción podría complicar los reajustes futuros”, advirtió.
La recepción de la propuesta por parte de Hein fue calificada como positiva. Cánepa indicó que el presidente de la Cámara demostró apertura a las observaciones y propuso que las inquietudes de la Asociación se plasmaran en un documento formal para su consideración por la Comisión de Legislación.“Estamos agradecidos por la receptividad y esperamos ser convocados para trabajar en comisión con otros sectores afiliados a la caja”, concluyó.
Luego del escándalo de los funcionarios radicales que dieron vuelta su parecer y apoyaron al veto de Javier Milei, el diputado nacional Rodrigo de Loredo apuntó hacia la conducción de Martín Lousteau al frente de la Unión Cívica Radical.
“Es un clima de época. El partido siempre tuvo pluralidad y diferentes corrientes, pero hoy hay dos cosmovisiones en tensión: una ultra opositora con morfología porteña que rivaliza con el PRO y gobierna poco y nada y un radicalismo ampliamente mayoritario desde lo electoral, con aceptación total y absoluta del horizonte de equilibrio porque tiene cinco gobernadores” dijo De Loredo en una entrevista con Radio Rivadavia.
Luego de una larga jornada en el Congreso, Martín Lousteau dijo que descarto la posibilidad de hacer un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria o con cualquiera de las vertientes del Kirchnerismo. “Sería gravísimo, es algo que no pude pasa en ningún distrito. La identidad del radicalismo puede tener idiosincrasias, pero hay vectores comunes que no van volver al año pasado a una dinámica populista, extractivista, corrupta”.
Y agregó: “Ellos son el problema (Union por la Patria) que vinimos a cambiar y nosotros tenemos que ser oficialistas del cambio”.
Con respecto a los diputados radicales que apoyaron al presidente Javier Milei a vetar la ley de movilidad jubilatoria aseguró que “no se lo tomó nada bien” y que trabajó “para que no sucediera”. “Caen en contradicciones, porque los mismos que la impulsaron anteriormente tuvieron comportamientos indisciplinados de bloque”, cuestionó y sentenció: ” Yo no estuve de acuerdo con la ley bases ni antes ni ahora”.
“Somos un partido con identidad de razonabilidad, no estamos ni en un extremo ni en otro y depende el tema podemos tener una opinión distinta a la del resto”. Y finalizo: “Todos estos quilombos inclinan la balanza y adquieren una vidriera que es superior” manifestó el presidente de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau.
La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.
Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.
Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.
EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO
Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.
Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.
Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.
De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.
¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.
Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.
Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.
LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO
Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.
Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.
Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.
El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.
La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.
Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.
La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).
Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.
No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.
El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.
El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.
Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.
Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.
Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.
La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.
Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.
Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.
El gobierno nacional introdujo importantes modificaciones en la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina, adaptándola a las necesidades y realidades del siglo XXI. A través del Decreto 765/2024, el cual actualiza y redefine varios aspectos clave sobre la ejecución pública de obras artísticas, basándose en la Ley N° 11.723, que es la base legal del derecho de autor en el país.
La Ley N° 11.723, sancionada en 1933, establece el régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina, protegiendo el derecho de autor sobre diversas expresiones artísticas y culturales. Esta ley asegura que los autores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, tengan el control sobre la utilización de sus creaciones, permitiéndoles autorizar o prohibir la reproducción, distribución y ejecución pública de las mismas.
Sin embargo, con el paso de los años, la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de consumir contenido hicieron que algunas de las definiciones y regulaciones de la ley queden obsoletas. Este desajuste entre la normativa vigente y la realidad actual generó la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar una protección efectiva de los derechos de los autores.
Uno de los puntos centrales que plantea la norma es la redefinición del concepto de “ejecución pública”. Hasta ahora, la última modificación significativa en esta área se había realizado en 1945, cuando se ajustó el Decreto N° 41.223/34. No obstante, la definición de ejecución pública en ese momento respondía a una realidad muy distinta a la que enfrentamos hoy en día, donde el acceso a obras artísticas y culturales se democratizó y diversificó considerablemente gracias a las tecnologías digitales.
El objetivo de esta actualización es proporcionar una definición más clara y actualizada del término “ejecución pública” que refleje mejor la realidad del siglo XXI. Esto implica reconocer los nuevos medios a través de los cuales las obras pueden ser compartidas y consumidas por el público, como el streaming en Internet y otras plataformas digitales, así como garantizar que los derechos de los autores sean respetados y adecuadamente compensados.
Modificaciones claves en dos artículos fundamentales del Decreto N° 41.223/34, que reglamenta la Ley N° 11.723.
1- Redefinición de la ejecución pública
El nuevo artículo 33 establece que la ejecución pública se refiere a cualquier representación de una obra en un espacio de acceso público, dirigida a una pluralidad de personas, independientemente de los fines que persiga dicha representación. Esta definición amplia incluye tanto las ejecuciones realizadas en vivo por artistas, como aquellas que se realizan a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, como es el caso de las transmisiones por radio, televisión, altavoces e Internet.
Lo que resulta novedoso es la exclusión explícita de las representaciones o ejecuciones que se realicen en ámbitos privados. Es decir, si una obra es interpretada en un lugar de acceso restringido y no está abierta al público general, no se considerará una ejecución pública bajo esta normativa. Esto busca aclarar situaciones donde, por ejemplo, una obra es compartida en reuniones familiares o eventos privados.
2 – Derechos de los autores en la era digital
El artículo 35 también fue revisado para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Según esta modificación, las obras musicales, cinematográficas y los fonogramas no pueden ser objeto de ejecución pública sin la autorización expresa de los titulares de los derechos. Esta autorización puede ser gestionada directamente por los autores o a través de sociedades de gestión colectiva que los representen.
Además, se establece que cualquier persona que obtenga un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, a través de la ejecución pública de una obra, debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos. Esto incluye a quienes utilizan la obra de manera ocasional o permanente en actividades comerciales, como bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos similares.
Un aspecto importante de este artículo es que no será necesario abonar una compensación cuando las obras se utilicen con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales. Esta excepción reconoce el valor social y educativo de la difusión cultural, permitiendo un acceso más amplio a las obras artísticas en contextos que no buscan un beneficio económico.
IMPACTO EN EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL
La idea de la actualización es equilibrar el derecho de los autores a ser remunerados por su trabajo con la necesidad de adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución. La clarificación del concepto de ejecución pública y la incorporación de las nuevas formas de consumo digital son pasos significativos hacia una protección más efectiva de la propiedad intelectual.
Para los artistas, músicos, cineastas y otros creadores, esta actualización representa un reconocimiento de la importancia de su trabajo y un esfuerzo por proteger sus derechos en un contexto donde la tecnología cambió las reglas del juego. Sin embargo, también plantea desafíos, especialmente en la implementación y monitoreo de estas normativas en el vasto y dinámico espacio digital.
Por otro lado, para los establecimientos que utilizan obras protegidas, como bares, restaurantes y gimnasios, el decreto subraya la importancia de contar con las licencias adecuadas para la ejecución pública de obras. De no hacerlo, se arriesgan a enfrentar sanciones por el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.
