Insfrán dilapidó millones en recitales para la localidad más pobre de Formosa, mientras el 70% de los niños viven en la pobreza
Mientras Formosa enfrenta una grave crisis social con índices alarmantes de pobreza e indigencia, el gobierno destinó más de 200 millones de pesos a la contratación de artistas para celebrar el aniversario de una de las localidades más empobrecidas.
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El gobernador ultrakirchnerista Gildo Insfrán dirige la provincia de Formosa con mano de hierro desde 1995, y si culmina su octavo mandato en diciembre de 2027, habrá acumulado 32 años consecutivos al frente del Ejecutivo provincial.
De acuerdo con un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), Formosa enfrenta una grave situación social y económica. Al primer trimestre de este año, el 72% de su población vive en la pobreza, mientras que la tasa de indigencia alcanza el 24%. La situación es aún más crítica entre los niños: 7 de cada 10 menores residen en hogares pobres, y 3 de cada 10 en hogares indigentes, es decir, sin ingresos suficientes para cubrir una Canasta Básica Alimentaria, cuyo valor es de $873.168,77.
Solo por el contrato con El Chaqueño se pagó casi 100 millones de pesos
A pesar de este escenario alarmante, el gobierno de Insfrán destinó millones para la organización de un festival en una de las localidades más empobrecidas de la provincia, Los Chiriguanos (Departamento Bermejo), situada a 408 kilómetros al oeste de la capital provincial. La periodista Julieta González, de Prensa Libre Formosa, reveló que el evento se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre con motivo del 93º aniversario del pueblo.
El gobierno provincial gastó más de 200 millones de pesos en la contratación de artistas de renombre, entre ellos El Chaqueño Palavecino y “El Indio” Lucio Rojas. Solo por el contrato con El Chaqueño, la administración desembolsó alrededor de 32 millones de pesos, cifra que, sumada a otros gastos e impuestos (como el 21% de IVA), eleva el costo total del artista a más de 60 millones de pesos.
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La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.
En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.
María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.
La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.
Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos
Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.
En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña(de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.
En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, quienes plantearon su interés por que se mantenga el actual 82% para el haber jubilatorio. Señalaron además la importancia de modificar algunos aspectos de la redacción en el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para su tratamiento en el Poder Legislativo.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura, subrayó la disposición de su organización para colaborar en la mejora del proyecto. “Compartimos la premisa del Poder Ejecutivo de sanear el déficit y ordenar administrativamente la caja de jubilaciones”, señaló. Agregó además que el objetivo común es asegurar unas jubilaciones adecuadas y tranquilizadoras para todos los afiliados y destacó que esta postura fue respaldada por diversos sectores en las conversaciones mantenidas con el presidente de la Cámara.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos
Uno de los puntos críticos que la asociación planteó durante la reunión fue la necesidad de mantener el actual 82% móvil para el haber jubilatorio. Cánepa enfatizó la importancia de asegurar que este porcentaje no se vea afectado por la reforma: “Queremos hacer valer la promesa del Ejecutivo de no afectar el 82% móvil de nuestras jubilaciones”. La Asociación considera esencial que la ley garantice esta medida para proteger los derechos de los jubilados y evitar recortes en sus ingresos.
El letrado abordó preocupaciones sobre la redacción del proyecto de ley. “Entendemos que hay aspectos en la redacción que no ayudan y que deberían modificarse. Puntualmente, el proyecto establece una base de cálculo para el haber jubilatorio inicial que podría quedar estancada en el tiempo”, explicó. Los profesionales consideran que es crucial que la ley contemple una base de cálculo móvil para evitar que los haberes previsionales queden desactualizados.
“Vamos a defender nuestra Caja provincial y el 82% móvil que es algo que no tienen otras cajas provinciales y mucho menos las jubilaciones nacionales de ANSES”, aseveró el gobernador Frigerio esta semana
Cánepa también destacó la importancia de diferenciar entre reajustes aplicados a haberes existentes y ajustes sobre un haber jubilatorio inicial. “Reajustar sobre haberes que ya tienen reajustes es diferente a hacerlo sobre un haber jubilatorio inicial. La actual redacción podría complicar los reajustes futuros”, advirtió.
La recepción de la propuesta por parte de Hein fue calificada como positiva. Cánepa indicó que el presidente de la Cámara demostró apertura a las observaciones y propuso que las inquietudes de la Asociación se plasmaran en un documento formal para su consideración por la Comisión de Legislación.“Estamos agradecidos por la receptividad y esperamos ser convocados para trabajar en comisión con otros sectores afiliados a la caja”, concluyó.
La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
En la madrugada del día de hoy, a través del Boletín Oficial, la Secretaría de Industria y Comercio a cargo de Pablo Agustín Lavigne, resolvió prohibir que se cobren tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos como la luz, el agua, el gas, etc.
Tal como lo describe el artículo 1° de esta resolución: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable.”
Esta medida busca ayudar a los ciudadanos de distintos municipios que, hasta el día de ayer, se veían obligados a pagar, por ejemplo dentro de la factura de luz, tasas municipales que nada tenían que ver con el servicio de energía eléctrica. Esta fue una medida recurrente de cientos de intendentes que en lugar de enviar la tasa por separado, se escudaban en los servicios públicos para así poder recaudar más para sus municipios.
Un claro ejemplo de esta situación se hizo visible mediante un tweet del ministro de Economía Luis Caputo, que junto al anuncio de esta medida publicó una foto de una boleta de luz, en el que el usuario debía pagar $12838,19 de servicio, y junto a ese importe se agregaban $11109,14 en concepto de diversas tasas municipales, haciendo que el valor total de la factura sea $23947,33. Casi el doble de importe respecto al uso del servicio.
Pablo Agustín Lavigne, secretario de Comercio
El oficialismo cree que este cambio va en búsqueda de transparentar el cobro de los impuestos, que los ciudadanos sepan qué es lo que les cobra el estado nacional, y cuáles son aquellos impuestos o tasas que cobran las provincias y los municipios. Muchos de estos últimos han aprovechado la baja de tributos por parte del Estado Nacional para así aumentar los propios y que la diferencia no se note respecto al pasado.
De todas maneras, el titular del ministerio de Economía se comprometió en continuar con una búsqueda legal de impedir que los municipios aumenten sus tasas a números exorbitantes que impidan al sector privado desarrollarse de manera competitiva.
El gobierno nacional introdujo importantes modificaciones en la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina, adaptándola a las necesidades y realidades del siglo XXI. A través del Decreto 765/2024, el cual actualiza y redefine varios aspectos clave sobre la ejecución pública de obras artísticas, basándose en la Ley N° 11.723, que es la base legal del derecho de autor en el país.
La Ley N° 11.723, sancionada en 1933, establece el régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina, protegiendo el derecho de autor sobre diversas expresiones artísticas y culturales. Esta ley asegura que los autores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, tengan el control sobre la utilización de sus creaciones, permitiéndoles autorizar o prohibir la reproducción, distribución y ejecución pública de las mismas.
Sin embargo, con el paso de los años, la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de consumir contenido hicieron que algunas de las definiciones y regulaciones de la ley queden obsoletas. Este desajuste entre la normativa vigente y la realidad actual generó la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar una protección efectiva de los derechos de los autores.
Uno de los puntos centrales que plantea la norma es la redefinición del concepto de “ejecución pública”. Hasta ahora, la última modificación significativa en esta área se había realizado en 1945, cuando se ajustó el Decreto N° 41.223/34. No obstante, la definición de ejecución pública en ese momento respondía a una realidad muy distinta a la que enfrentamos hoy en día, donde el acceso a obras artísticas y culturales se democratizó y diversificó considerablemente gracias a las tecnologías digitales.
El objetivo de esta actualización es proporcionar una definición más clara y actualizada del término “ejecución pública” que refleje mejor la realidad del siglo XXI. Esto implica reconocer los nuevos medios a través de los cuales las obras pueden ser compartidas y consumidas por el público, como el streaming en Internet y otras plataformas digitales, así como garantizar que los derechos de los autores sean respetados y adecuadamente compensados.
Modificaciones claves en dos artículos fundamentales del Decreto N° 41.223/34, que reglamenta la Ley N° 11.723.
1- Redefinición de la ejecución pública
El nuevo artículo 33 establece que la ejecución pública se refiere a cualquier representación de una obra en un espacio de acceso público, dirigida a una pluralidad de personas, independientemente de los fines que persiga dicha representación. Esta definición amplia incluye tanto las ejecuciones realizadas en vivo por artistas, como aquellas que se realizan a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, como es el caso de las transmisiones por radio, televisión, altavoces e Internet.
Lo que resulta novedoso es la exclusión explícita de las representaciones o ejecuciones que se realicen en ámbitos privados. Es decir, si una obra es interpretada en un lugar de acceso restringido y no está abierta al público general, no se considerará una ejecución pública bajo esta normativa. Esto busca aclarar situaciones donde, por ejemplo, una obra es compartida en reuniones familiares o eventos privados.
2 – Derechos de los autores en la era digital
El artículo 35 también fue revisado para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Según esta modificación, las obras musicales, cinematográficas y los fonogramas no pueden ser objeto de ejecución pública sin la autorización expresa de los titulares de los derechos. Esta autorización puede ser gestionada directamente por los autores o a través de sociedades de gestión colectiva que los representen.
Además, se establece que cualquier persona que obtenga un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, a través de la ejecución pública de una obra, debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos. Esto incluye a quienes utilizan la obra de manera ocasional o permanente en actividades comerciales, como bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos similares.
Un aspecto importante de este artículo es que no será necesario abonar una compensación cuando las obras se utilicen con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales. Esta excepción reconoce el valor social y educativo de la difusión cultural, permitiendo un acceso más amplio a las obras artísticas en contextos que no buscan un beneficio económico.
IMPACTO EN EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL
La idea de la actualización es equilibrar el derecho de los autores a ser remunerados por su trabajo con la necesidad de adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución. La clarificación del concepto de ejecución pública y la incorporación de las nuevas formas de consumo digital son pasos significativos hacia una protección más efectiva de la propiedad intelectual.
Para los artistas, músicos, cineastas y otros creadores, esta actualización representa un reconocimiento de la importancia de su trabajo y un esfuerzo por proteger sus derechos en un contexto donde la tecnología cambió las reglas del juego. Sin embargo, también plantea desafíos, especialmente en la implementación y monitoreo de estas normativas en el vasto y dinámico espacio digital.
Por otro lado, para los establecimientos que utilizan obras protegidas, como bares, restaurantes y gimnasios, el decreto subraya la importancia de contar con las licencias adecuadas para la ejecución pública de obras. De no hacerlo, se arriesgan a enfrentar sanciones por el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.
La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.
Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.
Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.
EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO
Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.
Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.
Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.
De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.
¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.
Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.
Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.
LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO
Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.
Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.
Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.
El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.
La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.
Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
