Insfrán dilapidó millones en recitales para la localidad más pobre de Formosa, mientras el 70% de los niños viven en la pobreza
Mientras Formosa enfrenta una grave crisis social con índices alarmantes de pobreza e indigencia, el gobierno destinó más de 200 millones de pesos a la contratación de artistas para celebrar el aniversario de una de las localidades más empobrecidas.
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El gobernador ultrakirchnerista Gildo Insfrán dirige la provincia de Formosa con mano de hierro desde 1995, y si culmina su octavo mandato en diciembre de 2027, habrá acumulado 32 años consecutivos al frente del Ejecutivo provincial.
De acuerdo con un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), Formosa enfrenta una grave situación social y económica. Al primer trimestre de este año, el 72% de su población vive en la pobreza, mientras que la tasa de indigencia alcanza el 24%. La situación es aún más crítica entre los niños: 7 de cada 10 menores residen en hogares pobres, y 3 de cada 10 en hogares indigentes, es decir, sin ingresos suficientes para cubrir una Canasta Básica Alimentaria, cuyo valor es de $873.168,77.
Solo por el contrato con El Chaqueño se pagó casi 100 millones de pesos
A pesar de este escenario alarmante, el gobierno de Insfrán destinó millones para la organización de un festival en una de las localidades más empobrecidas de la provincia, Los Chiriguanos (Departamento Bermejo), situada a 408 kilómetros al oeste de la capital provincial. La periodista Julieta González, de Prensa Libre Formosa, reveló que el evento se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre con motivo del 93º aniversario del pueblo.
El gobierno provincial gastó más de 200 millones de pesos en la contratación de artistas de renombre, entre ellos El Chaqueño Palavecino y “El Indio” Lucio Rojas. Solo por el contrato con El Chaqueño, la administración desembolsó alrededor de 32 millones de pesos, cifra que, sumada a otros gastos e impuestos (como el 21% de IVA), eleva el costo total del artista a más de 60 millones de pesos.
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La movilización reunió a simpatizantes de clubes de Primera División como River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez y Huracán, además de equipos del ascenso como Chacarita Juniors, Nueva Chicago, Almirante Brown y Atlanta, entre otros, principalmente del conurbano bonaerense.
Una figura clave en este entramado es Néstor Di Pierro, presidente del club Chacarita Juniors, reconocido por su cercanía política con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Di Pierro cuenta con una extensa trayectoria, habiendo sido director de la empresa estatal YPF durante gobiernos kirchneristas, además de concejal y diputado por Comodoro Rivadavia.
El involucramiento de Chacarita Juniors comenzó tras un incidente clave: el jubilado conocido como “Don Carlos”, simpatizante del club, fue lastimado por las fuerzas de seguridad durante una represión policial en una protesta previa frente al Congreso, realizada para exigir aumentos en los haberes jubilatorios.
Entre las figuras destacadas en la organización están Mariano Vignozzi, integrante activo de La Cámpora y presidente de la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol argentino; Sergio Smietniansky, dirigente de izquierda al frente de la Coordinadora del Hincha; Agustín Ramal, hincha de Argentinos Juniors vinculado al Partido Obrero e hijo del dirigente trotskista Marcelo Ramal; y la Coordinadora sin Fronteras del Fútbol Femenino, organización dedicada a promover la inclusión y participación femenina en ámbitos futbolísticos y sociales.
Ante esta situación, el gobierno nacional expresó preocupación, calificando la movilización como un intento de desestabilización contra la administración del presidente Javier Milei. En respuesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió advertencias contundentes: “A cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad será identificada y detenida. Ya tenemos el derecho de admisión, les vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir”, y añadió: “No vamos a aceptar esta provocación de ninguna manera”. Bullrich anunció además encuentros con autoridades de los clubes involucrados para solicitar cooperación en la identificación de barras infiltrados.
El operativo de seguridad diseñado por el Ministerio contará con aproximadamente mil efectivos de las Fuerzas Federales, similar al desplegado en eventos de alto riesgo como los superclásicos entre River y Boca. Además, se establecerán controles específicos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como los utilizados en eventos deportivos masivos.
Paralelamente, el gobierno confirmó que impondrá sanciones severas contra quienes protagonicen hechos violentos durante la protesta, incluyendo detenciones e incorporación en un registro oficial de restricción de concurrencia a eventos deportivos en todo el país.
Desde la Coordinadora del Hincha, impulsora inicial de la convocatoria, se difundió el mensaje: “Todos somos hinchas, todos seremos jubilados. Los hinchas de los clubes del país nos organizamos y este miércoles marchamos”.
El reclamo central de la movilización busca mejoras en los ingresos jubilatorios. Actualmente, la jubilación mínima mensual es de $273.086, que alcanza los $343.086 sumando un bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, este monto resulta insuficiente para cubrir el costo actual de la canasta básica, calculado en $1.056.601 para un hogar tipo 2.
Por último, desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que el operativo previsto busca garantizar el orden público, prevenir alteraciones y evitar infiltraciones de barras violentos, en una movilización que el gobierno interpreta como políticamente motivada y potencialmente desestabilizadora.
River Plate denunció este martes a Foster Gillett, magnate estadounidense que había prometido invertir en el fútbol argentino, y a su apoderado local, Guillermo Tofoni, por los delitos de “estafa y defraudación” en la frustrada compra del pase de Rodrigo Villagra. La institución de Núñez sostuvo que “la maniobra desplegada por los empresarios causó graves perjuicios” a su patrimonio y consideró que existió “desbaratamiento de derechos acordados”.
La presentación judicial fue realizada por el apoderado de River, Julio Peña Estrada, quien también incluyó a Juan Manuel Cobián –mencionado en documentos como CEO del grupo Gillett– y a cualquier persona que “haya prestado su concurso o colaboración” en el presunto ilícito. Además, el club pidió un “allanamiento de forma urgente” a las oficinas de Tofoni en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados con la operación.
– Jorge Pablo Brito, presidente de River
El conflicto se originó a fines de enero, cuando River creyó que iba a desprenderse de Villagra mediante la ejecución de su cláusula de rescisión, valorada en una cifra cercana a los 10 millones de dólares (algunas versiones indican que podía trepar a 12 millones). Con el acuerdo supuestamente encaminado, el futbolista dejó de entrenarse con el plantel y la dirigencia avanzó en la búsqueda de un reemplazante (Kevin Castaño, fichado este último martes). Sin embargo, con el correr de las semanas, el pago nunca se concretó. Villagra terminó sin actividad oficial y, finalmente, fue transferido al CSKA de Moscú por cuatro millones de dólares a cambio del 50 por ciento de su pase.
La relación entre River y Gillett ya arrastraba diferencias. El exaccionista del Liverpool había concretado antes la llegada de Cristian Medina desde Boca, para luego cederlo a Estudiantes de La Plata, e hizo contactos con otros clubes como Vélez y Colón por las fichas de Valentín Gómez y Facundo Farías, respectivamente. Tras el fallido traspaso de Villagra, en el club de Núñez se mostraron molestos por lo que entendieron como “desprolijidades” que afectaron de manera directa al mediocampista y, por ende, a las finanzas de la institución.
– Tras las negociaciones frustradas con Foster Gillett, Rodrigo Villagra fue vendido a CSKA de Moscú (Rusia)
Además de verse involucrado en las negociaciones por Villagra, Gillett interfirió en la charla que mantenía River con Austin FC de la MLS para repatriar a Sebastián Driussi, lo que, según fuentes de la institución, endureció la postura del equipo estadounidense. Esta sucesión de episodios derivó en la decisión de llevar el caso ante la Justicia.
Por su parte, Guillermo Tofoni, apoderado de Gillett en Argentina y CEO de World Eleven, respondió: “Es una denuncia sin ningún sentido, ni argumento, porque no hubo contrato firmado. Si no hubo contrato firmado, no hubo daño. Es como que me quieras hacer un juicio porque no te vendí la casa. Él se quedó con el activo, que en este caso es el jugador, y no hubo contrato firmado”. Aclaró también que “personalmente no estuve en ninguna negociación, pero independientemente de esto, que sí los abogados se pasaron borradores de contrato, nunca me avisaron que firmaron un contrato, ni firmé ningún contrato. Incluso si se hubiera firmado y no se hubiera pagado, River no te liberaba el activo y listo”.
– Gillette y Tofoni
Semanas atrás, Tofoni ya había asegurado que “Foster no debe nada porque no se firmó absolutamente nada. Ni Foster firmó con el jugador, ni firmó con River Plate. Por lo cual, Foster no está debiendo nada, no se cometió ningún tipo de desprolijidad en ese sentido”. Y agregó que el problema fue “la especulación de esta posible compra de Foster que al final no se ejecutó”, además de recalcar que “todos los acuerdos que se firman son bajo escribanía. Por lo cual, en este caso, no hubo ningún acuerdo. Ni con el representante del jugador, ni con el jugador, ni con la institución. Foster en ese caso no está debiendo absolutamente ningún pago”.
En relación con la transferencia fallida, Tofoni afirmó que los abogados de su parte “analizarán esta presentación que hizo el apoderado de River para evaluar futuros daños y perjuicios”. Mientras tanto, la causa seguirá su curso judicial una vez que se defina el juzgado a cargo, según informaron fuentes cercanas al club de Núñez.
La edición de los Premios Oscar de 2025 sorprendió a muchos por su tono levemente apolítico, contrario a las ediciones anteriores, donde la temática “progre” dominaba la noche. A pesar de que Hollywood sigue siendo un espacio conocido por su activismo político, se buscó poner paños fríos a la atmósfera en cuanto a los discursos políticos que, en ocasiones previas, fueron utilizados como plataforma para manifestaciones contra figuras como Donald Trump, la administración estadounidense y diversos conflictos internacionales.
Pudo notarse con claridad el control y moderación de los discursos durante la ceremonia. En un intento por evitar la polarización, los discursos fueron elaborados meticulosamente, se minimizaron las referencias a la política y sociedad. Cabe destacar que en ediciones anteriores, figuras como Meryl Streep y Leonardo DiCaprio habían aprovechado su protagonismo para criticar tanto a la política estadounidense como a la global.
Este año, aunque continúan las tensiones internacionales, especialmente la invasión rusa de Ucrania y los derechos humanos, la mayoría de los premios fueron entregados en un ambiente de celebración artística más que de confrontación ideológica.
De acuerdo con los analistas, esta gala menos politizada también se da en un contexto donde las críticas al llamado “woke” (una conciencia social exacerbada, según sus detractores) son cada vez más frecuentes en Hollywood. En los últimos años, la industria del cine funcionó como una caja de resonancia para los movimientos sociales, lo que generaba tensiones tanto dentro de la comunidad artística como con el público conservador. Los Oscar de 2025 se distancian de esta tendencia, buscando un enfoque menos confrontativo.
En vez de ser el centro de un debate político, la ceremonia se dedicó en su mayoría a la celebración del cine, la innovación en la industria y el talento emergente, sin que los discursos sobre temas como el racismo o la igualdad de género sean en el eje de la conversación. Si bien no faltaron algunos momentos de reivindicación social, se presentaron de manera más sutil, sin el tono de denuncia frontal que había caracterizado ediciones previas.
Uno de los puntos clave que marcaron los organizadores de los Oscar de 2025 fue el control sobre los discursos políticos, qué era aceptable y qué no en la ceremonia. En este sentido, se habló de los “discursos no autorizados”, aquellos que no estaban alineados con el guion oficial de la noche. Esto generó una polémica entre algunos activistas, que consideraron que la decisión limitaba la libertad de expresión dentro de un evento de escala global. Sin embargo, para quienes llevaron adelante la gala, el objetivo era lograr una noche en la que el cine y los logros artísticos brillaran por sobre los temas políticos.
La tarde del miércoles se vivió una situación de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la protesta semanal de jubilados. En medio de incidentes, un grupo de militantes kirchneristas y de izquierda agredió a un cronista y a un camarógrafo de la señal LN+ mientras realizaban la cobertura de la marcha.
Al mismo tiempo, las cámaras registraron el momento en que una mujer llevó a una niña equipada con antiparras y barbijo, en un contexto de inminente peligro por la posible utilización de gases lacrimógenos de parte de la policía.
El cronista Nicolás Edwin, fue increpado por un joven de remera gris que le gritó: “Son cómplices ustedes, son cómplices”. Segundos después, el mismo hombre tomó el micrófono y lanzó: “¿Esto vienen a cubrir, cómo le pegan a los jubilados?”, antes de agredir al camarógrafo. Edwin intentó recuperar su herramienta de trabajo, pero el manifestante respondió con un ademán obsceno y volvió a golpear la cámara, acusando a los periodistas de haberlo golpeado primero con el equipo.
En plena agresión, se sumó la mujer que llevaba a una niña del brazo. La menor, con antiparras y barbijo, quedó en el foco de la polémica por estar expuesta a una situación de violencia en la que se aplicaría, según las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquetes para disuadir el corte de la Avenida Rivadavia. Entre insultos y gestos ofensivos, el cronista continuó intentando obtener testimonios más alejados del tumulto. Finalmente, un jubilado se acercó y expresó: “Les agradezco a ustedes que han venido y disculpen que hay algunos que no los entienden a ustedes, y nosotros los entendemos porque están siempre con nosotros”.
El periodista relató luego: “Este es el tercer año en la calle y nunca me pasó algo así”, en referencia a la agresión que padeció junto a su equipo. La protesta concluyó con dos detenidos y dos policías heridos, uno con fractura de tobillo y otro con quebradura de muñeca, según indicaron fuentes policiales.
La utilización de menores en este tipo de protestas ya había generado alto grado de repudio en redes. El 19 de diciembre de 2023, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reconoció durante una entrevista radial con Alejandro Fantino que llevan niños a las marchas para evitar desalojos violentos.
Fantino planteó: “Si se te viene la caballería encima y estás con los chicos, corren riesgo no solo tu vida sino la vida de un chiquito”, a lo que Solano respondió: “¿Sabés cómo se soluciona eso? Que no vaya la caballería”. El conductor sugirió: “O que no lleven a los chicos a la marcha”, frente a lo cual el piquetero contestó: “¿Para que nos caguen a palos?”.
El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Mendoza, donde iba a asistir a la tradicional Fiesta de la Vendimia, debido al trágico temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca. Así lo confirmaron hoy fuentes oficiales a los periodistas acreditados en Casa Rosada, que precisaron: “(El Presidente) se va a quedar monitoreando todo lo de Bahía Blanca desde Olivos”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó: “El Presidente de la Nación ha suspendido las actividades previstas en la provincia de Mendoza para el día de mañana”.
La decisión tuvo como motivo las fuertes lluvias e inundaciones que se registraron en Bahía Blanca. Desde la madrugada hasta pasado el mediodía, la ciudad recibió más de 290 milímetros de precipitación, con un saldo de al menos seis fallecidos y cientos de familias afectadas. Según informó el último parte de la municipalidad, “en cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el número asciende a seis: una mujer en la vía pública en las calles Paroissien y Rawson, cuatro personas en vía pública en la zona de Sarmiento al 1000 y una persona en Cerri. Hasta el momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud del desastre climático, la existencia de mayor cantidad de víctimas mortales”.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, publicó un video en X donde describió la compleja situación: “Bahía Blanca ha sido nuevamente azotada por una catástrofe natural. La situación se ha tornado muy crítica en diversos sectores. En este marco ya se contabilizan más 300 mm de agua acumulada y continuamos trabajando con todos los recursos disponibles para llegar con la asistencia y rescate de las personas afectadas”. Acto seguido, añadió: “Además, hay grandes contingentes de todas las Fuerzas y del Gobierno de la Provincia llegando a Bahía Blanca. Hasta el momento se evacuaron 275 personas en la localidad de Bahía Blanca, y más de 800 en Cerri. En cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el número asciende a seis y de momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud de lo ocurrido, la existencia de mayor cantidad de víctimas fatales”.
El funcionario municipal solicitó a los habitantes no circular por las calles: “A esta hora, gran parte de la ciudad continúa bajo agua, por lo que solicito a los vecinos extremar las medidas de cuidado y no circular por la vía pública. Estamos desde el inicio de esta tragedia trabajando con maquinaria del Municipio y recursos del Ejército, Bomberos, Policía Bonaerense, Defensa Civil y Prefectura Naval para poder llegar a cada uno de los bahienses afectados”.
La magnitud de la tormenta aisló la ciudad. Los accesos por ruta se cerraron, entre ellos el que conecta con la ruta 3, debido a que el agua cedió el pavimento. Otras vías, como el Camino Viejo y la ruta 51, también sufrieron restricciones. El transporte público se suspendió, el aeropuerto quedó cerrado y el suministro eléctrico se cortó en forma preventiva. El hospital municipal y otros centros de salud reportaron filtraciones y complicaciones para atender a los pacientes. Asimismo, se informó que continuaban las clases suspendidas y no había atención en oficinas públicas.
Como parte de la respuesta oficial, se movilizaron equipos de rescate de Policía Federal Argentina y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezados por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Voceros provinciales explicaron que se enviaron más de 40 efectivos especializados, 8 agentes de Defensa Civil, 6 lanchas de rescate urbano, drones con cámaras de alta definición y dos helicópteros, entre otros recursos. Se dispuso además la restricción y corte del servicio eléctrico en áreas comprometidas. En el ámbito nacional, el ministro de Seguridad envió a las fuerzas federales, mientras las autoridades pidieron a la población mantenerse en sus hogares y detener cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso.
Ante este escenario, Milei decidió permanecer en la Residencia Presidencial de Olivos para supervisar la evolución de la emergencia en contacto con las autoridades locales. El Presidente había sido invitado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para asistir al Almuerzo de Bodegas de Argentina y al Acto Central de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, las fuentes oficiales insistieron en que la prioridad quedó enfocada en Bahía Blanca, donde las condiciones climáticas seguían generando serios riesgos para la población.
Efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad formoseña de Las Lomitas organizaron el último sábado una venta de pollos para paliar la “falta de provisión de insumos” que, según denunciaron, dificultó su labor cotidiana. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28 y tuvo como fin recaudar fondos destinados a la compra de artículos de limpieza, pintura, arreglo de oficinas y combustible para los vehículos de la fuerza.
“GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS”, se tituló el comunicado difundido por los agentes, donde explicaron: “Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros”. Los organizadores afirmaron que sus salarios fueron “fuertemente golpeados por la inflación” y que, en muchos casos, no superaron los 780.000 pesos.
La situación salarial de los gendarmes incluyó un aumento del 5% en el primer trimestre, otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pero lo consideraron insuficiente.“La situación es insostenible”, remarcaron los efectivos, quienes también advirtieron que Patricia Bullrich no envió los elementos suficientes para combatir el delito en la región y que “muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos”.
A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon una protesta por los bajos salarios, la imposibilidad de cubrir gastos básicos y la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. “La situación es insostenible. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones”, señalaron los gendarmes. Además, exigieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires.
Los familiares informaron que la protesta se realizaría el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza, aunque aún no indicaron si las medidas de fuerza continuarían tras el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Según los organizadores, su reclamo por una mejora en las condiciones laborales y salariales seguirá vigente hasta recibir respuestas concretas de las autoridades competentes.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
UN JUEZ AVALA QUE QUIENES ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO Y OBSTACULICEN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN PUEDEN SEGUIR COBRANDO PLANES SOCIALES pic.twitter.com/lrCwyspXZs