Waldo Wolff impulsa un proyecto para endurecer las penas contra los trapitos
Tras el violento ataque a un médico en Flores, el gobierno porteño busca endurecer las sanciones contra los “cuidacoches”. El ministro de Seguridad destacó la necesidad de cambios legislativos y reveló que 600 detenidos fueron liberados en enero por falta de herramientas legales.
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El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, WaldoWolff, confirmó este jueves que el gobierno presentará en marzo un proyecto para endurecer las penas contra los cuidacoches, más conocidos como “trapitos”, tras el brutal ataque a un médico en el barrio de Flores. La iniciativa busca modificar la legislación actual, que solo considera esta actividad como una contravención, y permitir la detención efectiva de los infractores.
La decisión se tomó luego de episodios recientes de violencia, entre los que destacó el caso del médico golpeado con una madera por negarse a pagar $5000 por el estacionamiento. El agresor, actualmente detenido, fue uno de los 600 “trapitos” arrestados durante enero, aunque todos fueron liberados debido a que la normativa vigente no permite retenciones prolongadas sin agresiones comprobadas.
“Tenemos un problema legislativo porque hoy es una contravención y ni siquiera va detenida la persona”, explicó Wolff. Según detalló, la ley actual establece penas de uno a dos días de trabajo comunitario o multas de alrededor de $30.000, que “nunca se cobran”. El ministro subrayó que, sin cambios en el Código Penal, la policía “no puede hacer más” y pidió que los legisladores nacionales avancen con el proyecto de reiterancia delictiva, que busca evitar la “puerta giratoria” judicial.
Wolff criticó la falta de avances en el tratamiento de la reiterancia a nivel nacional, clave para endurecer las consecuencias ante reincidencias. “Si no cambiamos la legislación, la policía más no puede hacer”, afirmó. El proyecto nacional propone considerar reincidente a quien haya recibido dos o más condenas firmes a penas privativas de libertad, excluyendo delitos amnistiados o cometidos por menores de 18 años. Además, establece que las condenas en el extranjero serán válidas si el delito amerita extradición.
La víctima del ataque en Flores, cuyo caso impulsó la medida, relató que sigue “conmocionado” por lo ocurrido. “Estoy para ayudar a la gente, y estar implicado en una situación en la que te tenés que agarrar a trompadas para salvarte la vida es una locura”, declaró. Narró que, al estacionar, el “trapito” le exigió dinero y, al no tener efectivo, el sujeto lo amenazó: “Si no, te rompo todo, te mato”. Tras intentar calmarlo, el médico recibió un golpe en la cara con una tabla, lo que le provocó lesiones en la boca y la pera.
Wolff mencionó que, en eventos masivos, los “trapitos” detenidos son llevados a un “corralito” temporal, pero deben ser liberados por orden fiscal. La propuesta porteña, coordinada con el jefe de gobierno Jorge Macri, apunta a que estos casos deriven en prisión efectiva. El ministro insistió en que “quienes están en el ámbito legislativo deben darle herramientas a la policía y fiscales” para evitar más episodios violentos.
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El kilo de merluza perforó los mil pesos más IVA en muelle, ante la reducción de la oferta. Para quien no conoce el sector, ese número puede parecer una referencia de mercado más. Para quienes capturan, procesan y exportan pescado fresco desde Mar del Plata, es la constatación de un doble punto de quebranto: al barco no le alcanza para cubrir los gastos de un viaje, y a la planta le resulta imposible siquiera llegar al costo de producción.
Ese es el diagnóstico que la Cámara Pesquera Argentina – Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR ALFA) plasmó en un contundente informe técnico que recorre, uno por uno, los frentes abiertos que tiene el sector. La estructura de costos de la flota pesquera argentina está sobredimensionada por una acumulación de impuestos y tasas que la convierten en una carga excesiva e insostenible.
Contribuciones patronales y ART, el Derecho Único de Extracción, los cánones que corresponden a la Subsecretaría de Pesca (se incluye las Cuotas Individuales Transferibles de Captura, los Certificados de Captura Legal y los inspectores de pesca a bordo) los aranceles de SENASA, los Consorcios Portuarios Regionales, la Prefectura Naval Argentina, la Aduana y, como telón de fondo permanente, los derechos de exportación en concepto de retenciones.
Una lista que, leída de corrido, resulta casi kafkiana para un sector que genera divisas genuinas y opera en mercados internacionales donde no tiene ningún poder para fijar precios.
Los expertos del sector ubican, en ese punto, el nudo del problema. Nuestro país no es formador de precios en el mercado pesquero global: los valores los dicta el mercado internacional, y punto. Eso significa que la única palanca real para mejorar la competitividad es reducir los costos operativos y de producción.
La lógica tributaria vigente opera, sin embargo, en sentido exactamente contrario: cada impuesto, cada tasa, cada canon que se agrega a la cadena erosiona un margen que ya de por sí no alcanza. “No pedimos subsidios sino que se eliminen impuestos que asfixian a un sector que no los puede exportar”, sintetizó la cámara en su informe. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre en otros rubros de la economía, el sector pesquero no puede trasladar esa presión fiscal al precio final, porque ese precio lo pone el comprador europeo o asiático, no el exportador nacional.
El margen que debería traducirse en ganancia se convierte en mera subsistencia. Las consecuencias concretas de la presión fiscal ya son visibles. Eso se traduce en menores inversiones tecnológicas y, en una mirada que abarca el tiempo, en la pérdida sostenida de puestos de trabajo registrado, tanto para tripulantes como para personal en tierra.
Aunque ocupen un lugar central en el reclamo, el informe de CAPEAR ALFA elaboró una radiografía que va mucho más allá de las retenciones.
El impuesto a las ganancias, por ejemplo, no solo afecta los márgenes de las empresas sino que impacta directamente en la remuneración de las tripulaciones, un sector sometido a ciclos de alta volatilidad en el que los ingresos variables por marea y los premios a la producción son parte esencial de la ecuación salarial. Cuando esos ingresos quedan atrapados en lo que el propio documento llama una “doble pinza” (ganancias + contribuciones elevadas), el resultado es un sistema que desalienta la productividad y complica las paritarias.
Precisamente en ese terreno, la cámara reconoció una dificultad estructural: “Conformar a los sindicatos en paritarias por inflación en pesos es imposible. Aumentar en pesos equivale a aumentar en dólares, lo que profundiza el desequilibrio.” En la flota fresquera, las paritarias todavía no se cerraron al momento del informe, con las partes convocadas a una audiencia y la flota retenida por una asamblea de los oficiales de máquinas. En los frigoríficos que exportan la producción, la situación es idéntica con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, que sigue negociando bajo los mismos parámetros.
A este escenario se sumó el impacto del precio del barril de petróleo, que golpeó a toda la cadena sin distinción. El combustible y los lubricantes para la flota, el transporte, los cajones, las bachas y las cunitas en las plantas, los paños de red, los cabos y los sunchos. Ningún insumo crítico de la industria escapó al efecto multiplicador del crudo: “Cada variación en el precio internacional del petróleo repercute en toda la cadena productiva, multiplicando los costos y erosionando la rentabilidad” subrayó el documento.
A eso se añadió la demora en la zarpada que el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (nuclea a los oficiales de máquinas de los buques) aplica desde hace cinco días y el proyecto gubernamental de permitir la transferencia de cuota de captura fresquera a la flota congeladora, lo que amenaza con profundizar aún más la presión sobre un segmento ya al límite.
Tampoco ayudaron los plazos que el Estado demora en devolver el IVA a las empresas exportadoras. Según el informe, esos plazos superaron los seis meses, un período que ahoga financieramente a compañías que no pueden sostener operaciones mientras esperan que el fisco les devuelva lo que por derecho les corresponde. La cámara también reclamó la eliminación del IVA al combustible como medida de alivio inmediata.
Pero la presión fiscal no es el único ancla que carga el sector. Citado relevamiento dedicó un capítulo entero a la maraña regulatoria que lo enreda. La normativa REFOCAPEMM (Decreto 572/94) junto con la norma N° 1-2024 (publicada en la Ordenanza N° 3-09 del DPSN Tomo 5) exige dotaciones a bordo que ya no se corresponden con los avances tecnológicos en la construcción de buques modernos, que permiten operar con tripulaciones más reducidas sin afectar ni la seguridad ni el rendimiento.
Prefectura Naval Argentina, lejos de adaptarse a esa realidad, advierten voces autorizadas, intensificó sus requerimientos de personal embarcado y negó las excepciones operativas incluso en casos de buques de baja potencia o tonelaje. El resultado es una contradicción que el propio documento califica de incoherente ya que se termina promoviendo la incorporación de tecnología sin ajustar las normativas, lo que genera una doble carga operativa y financiera para el armador.
A eso se suman las ART. Los valores actuales son elevados en función del riesgo real: no tienen correlato con la siniestralidad efectiva ni contemplan una prevención financiada, y engloban en una única nómina a todo el personal de las empresas sin considerar las particularidades de cada función. Como si fuera poco, organismos como la PNA, SENASA, FONAPE y los distintos Consorcios Regionales Portuarios se convirtieron en múltiples ventanillas que multiplican las demoras y la carga administrativa diaria, con funciones que muchas veces se superponen y costos de cumplimiento que se acumulan sin generar valor.
Frente a este diagnóstico, CAPEAR ALFA presentó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso un conjunto de propuestas concretas. En materia tributaria, la cámara pidió la exención o tasa cero de los derechos de exportación para los productos pesqueros, la suspensión y revisión de las retenciones del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de las tripulaciones, la reducción transitoria de las contribuciones patronales para sostener el empleo formal, y la implementación de un crédito fiscal acelerado para inversiones en seguridad, electrónica y eficiencia energética. Se insistió también en la liberación de la importación de insumos y maquinarias, y en la posibilidad de contratar seguros internacionales con un esquema de ART competitivos.
En el plano regulatorio, la propuesta central es la creación de una Ventanilla Única Pesquera que integre a la PNA, SENASA, FONAPE y los Consorcios Regionales Portuarios en una plataforma digital unificada, con un arancel único consolidado, un calendario previsible y trazabilidad documental. A eso se suma la consolidación de inspecciones y la unificación de los certificados por marea o campaña, con el objetivo de reducir la duplicidad de controles.
La cámara propuso además un calendario regulatorio anual que publique aranceles y requisitos con doce meses de anticipación y una cláusula de estabilidad, junto con la implementación de un expediente digital compartido que evite a los armadores la duplicidad de trámites. En cuanto a las dotaciones, reclamó una revisión urgente de la normativa REFOCAPEMM para adecuarla a las capacidades tecnológicas actuales de los buques.
La entidad pesquera proyectó el impacto esperado de estas medidas si llegaran a implementarse. En un plazo de doce meses podrían lograrse aumentos de entre el 10% y el 15% en la estabilidad de las dotaciones y la formalización de tripulantes. La reducción de imposiciones permitiría recuperar entre cinco y ocho puntos de margen, mejorando la oferta argentina en los mercados internacionales. En dieciocho meses, el sector podría incrementar un 20% su inversión en capital y reducir un 15% la siniestralidad reportada. Por su parte, la implementación de la ventanilla única y el expediente digital podría recortar un 40% los plazos burocráticos y un 30% los costos administrativos.
La cámara propuso que todos estos indicadores sean auditados trimestralmente y reportados a las autoridades competentes, con trazabilidad pública.
En ese marco el sector solicitó integrar una mesa de trabajo con la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Pesca y los diversos organismos técnicos involucrados. La cámara encuadró su pedido dentro del contexto de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional, basada en el DNU 70/2023 y en los textos derivados del Pacto de Mayo.
La conclusión del documento no deja margen para la ambigüedad. Tanto la flota como las plantas de procesamiento en tierra no son inviables por naturaleza. Son inviables por exceso de impuestos, regulaciones y costos artificiales que distorsionan la actividad. “Si queremos que la pesca argentina sea un motor de divisas, debemos quitarle el peso muerto del Estado. No pedimos que nos den, pedimos que nos dejen producir”.
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.
“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.
Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.
La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.
– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.
Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.
– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez
Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.
La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.
Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.
Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.
Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.
Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.
El núcleo de este escándalo no reside sólo en una disputa de cargos, sino en la institucionalización de una práctica que el liberalismo denunció como el punto más bajo del autoritarismo estatal: el armado de listas negras. Lo que comenzó como una supuesta reunión de diálogo con la base militante terminaría en un empadronamiento de “traidores” con nombre, apellido y DNI, listados que hoy serían utilizados como munición para amedrentar a quienes cuestionan la gestión de Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires.
Para entender cómo el movimiento que llegó para romper las cadenas terminó construyendo sus propios cepos digitales, es necesario desarmar el entramado de amenazas y judicialización que hoy fractura al oficialismo. Pero para comprender la magnitud de este “lawfare” interno, hay que empezar por el principio y ponerle nombre a los ejecutores de la vigilancia.
Martín Menem, Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich.
El “lawfare” interno y las amenazas de Seivane
La interna de La Libertad Avanza ha cruzado el límite de la disputa política para adentrarse en el terreno de la persecución penal. El brazo ejecutor de esta táctica es el abogado de Lilia Lemoine, quien actúa bajo su venia, Hernán Emilio Seivane, beneficiario de subsidios por parte del gobierno de Alberto Fernández, como se demuestra en esta investigación.
Además, luego de expresar textualmente “necesitamos más abogados como Hernán”, Lemoine ha admitido que su abogado también representa a la diputada María Celeste Ponce, y a los influencers Lourdes Palavecino, del canal de streaming oficialista Carajo a “Marilongui” (Mariela Marilú Medina), y del canal de streaming oficialista Ánima Digital a “Mate con mote” (Christopher Marchesini), a “En el ojo del poder” (Lucas Apollonio) y a “Herrero Liberal” (Matías Bernal).
El tuit del abogado de Lemoine confirmando las listas negras.
A través de la red social X (ex Twitter), Seivane ha lanzado advertencias explícitas sobre el inicio de denuncias penales contra aquellos integrantes del espacio que manifiesten disidencia frente a las directivas de la dirigencia nacional; aunque luego borró la publicación y se justificó diciendo que “era click bait“. Esta utilización del sistema judicial para inhibir la crítica interna ha sido diseñada para silenciar las voces que cuestionan el armado territorial en la provincia.
Seivane amenazando con incorporar a la causa a una militante disidente y admitiendo sumar críticas provenientes de conversaciones privadas.
La legisladora ex cosplayer no sólo ha respaldado estas acciones, sino que ha validado públicamente laexistencia de un sistema de vigilancia sobre la propia militancia. En diversas intervenciones, la diputada admitió poseer los listadosde quienes, según su óptica, “operan” contra la conducción de Sebastián Pareja. Lo que para la base electoral representaba una fuerza basada en el mérito ideológico y la libertad de expresión, hoy se traduce en un régimen de ultimátums donde la lealtad al armador político se impone bajo la amenaza de la justicia penal.
La diputada nacional Lilia Lemoine junto a Hernan Seivane, su abogado.
La fragilidad de los argumentos para judicializar la política quedó expuesta por el propio Hernán Seivane, quien intentó disfrazar de “asociación ilícita” lo que en realidad son un par de militantes quejándose de su representada. El abogado de la diputada justificó su amenaza de denuncia penal alegando que un grupo de militantes había “organizado un ataque en manada” contra Lemoine.Sin embargo, la captura de pantalla de WhatsApp que él mismo adjuntó como supuesta prueba incriminatoria sólo muestra a un puñado de jóvenes proponiendo redactar un tuit crítico hacia la legisladora. Seivane lo justificó diciendo que estos hechos organizados terminan en que le tiren piedras a Lemoine en su casa.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Este hecho no sólo confirma que lo más “fuerte” que tiene la cúpula para perseguir a su base es la libre expresión de ideas, sino que además constituye una prueba irrefutable de que el oficialismo accede y monitorea conversaciones privadas para alimentar sus listados de persecución. Lo que para el entorno de Lemoine es una “manada”, para cualquier sociedad democrática es el ejercicio básico de la disidencia política en un entorno privado.
Seivane, el abogado de Lemoine que elabora las listas negras.
Del NODIO kirchnerista a las listas negras del mileísmo
La mayor contradicción de este proceso de vigilancia reside en el espejo histórico que refleja. En 2020, el arco liberal y la derecha argentina reaccionaron con unánime rechazo ante la creación del NODIO, el observatorio de la desinformación impulsado por el kirchnerismo que fue denunciado como un esquema de persecución a opositores y una amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, lo que hoy ocurre en las entrañas de La Libertad Avanza guarda una similitud alarmante con aquel organismo de control. La recolección de datos personales de militantes bajo el pretexto de “ordenar el espacio” se ha transformado en un mecanismo de empadronamiento de la disidencia.
Sergio “Tronco” Figliuolo junto a las diputadas Karen Reichardt y Virginia Gallardo, frente a Casa Rosada.
El caso del diputado nacional de La Libertad Avanza, Sergio “Tronco” Figliuolo, resultaría paradigmático en esta metamorfosis. Quien fuera una figura de confianza para la militancia joven debido a su perfil mediático en Neura, según señala la militancia mileísta en redes sociales, ha sido el encargado de organizar una reunión con el supuesto fin de escuchar las críticassobre la gestión de Sebastián Pareja junto a Lilia Lemoine.
El abogado de Lemoine, Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (izq.) y Sebastián Pareja (der.).
No obstante, los testimonios y capturas de pantalla posteriores revelarían, según la base de La Libertad Avanza, que el encuentro fue una trampa logística para identificar activamente a los focos de resistencia interna. Durante la jornada, se procedió a recolectar nombres, apellidos y números de DNI de los asistentes disconformes, información que luego terminó en manos de la cúpula legislativa para su posterior uso punitivo.
La paradoja es total: las mismas banderas que se alzaron contra el control estatal de la palabra hoy se utilizan para justificar archivos de “traidores” internos.
El obsesivo pasado anti-Milei de Seivane, antes de notar la veta de derecha.
Guerra abierta en X
El conflicto alcanzó su punto de ebullición pública en las redes sociales, donde se produjo un quiebre definitivo en la vanguardia comunicacional del movimiento.El enfrentamiento entre la diputada Lilia Lemoine y Daniel Parisini(alias “Gordo Dan”) simboliza la fractura entre los arquitectos de la narrativa desde la campaña de 2023y la estructura institucional que hoy busca blindar a sus armadores. Parisini —vinculado al asesor presidencial, Santiago Caputo— hizo eco de las denuncias sobre la “limpieza” de militantes propios en la provincia, encontrando como respuesta un ultimátum defensivo de Lemoine hacia la figura de Pareja.
Parte del cruce en redes entre Lemoine y Parisini.
La situación se tornó aún más opaca para la militancia disidente tras el acto oficial en Suipacha. Allí, Karina Milei, flanqueada por Sebastián Pareja y el ex-dirigente del PRO, Diego Santilli(ex vicejefe de gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, apodado “El Siniestro” por el propio Milei), confirmó que uno de los dos sería el candidato a gobernador para el 2027. Esta revelación fue interpretada como la claudicación final ante la “casta amarilla”, desplazando cualquier posibilidad de una opción puramente libertaria en el distrito electoral más grande del país y confirmando que la estructura verticalista prefiere la alianza con el establishment tradicional antes que el sostenimiento de sus bases fundacionales.
Sebastián Pareja, Karina Milei y Diego Santilli.
El factor Pareja y el desplazamiento de la base
La raíz de esta paranoia institucional y la consecuente persecución tiene un nombre propio: Sebastián Pareja. El diputado nacional y armador territorial de la Provincia de Buenos Aires se ha convertido, recientemente, en el epicentro de una crisis de identidad que amenaza con devorar los cimientos de La Libertad Avanza.
Si bien Pareja se encarga del armado bonaerense desde 2022 —y, desde entonces, comenzó a incorporar a “ex” kirchneristas en lugares estratégicos—, las revelaciones sobre su trayectoria política han herido la sensibilidad de la militancia más doctrinaria. Esto ocurrió, en parte, al documentarse sus vínculos estrechos con las estructuras que el movimiento mileísta prometió desmantelar, incluyendo su rol como financista en la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
El registro del aporte de Sebastián Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou.
La ironía de que la mano derecha de Pareja, Ramón “Nene” Vera, cargue con denuncias por irregularidades en la gestión de suministros escolares —específicamente la distribución de alimentos en mal estado en escuelas, como ya explicamos en Data 24— ha generado una fractura simbólica imposible de ignorar.
Para sostener esta estructura cuestionada, la estrategia de Pareja ha consistido en la cooptación sistemática de dirigentes provenientes del kirchnerismo y el peronismo tradicional, bajo una supuesta premisa de “gobernabilidad”. Este proceso ha derivado en el desplazamiento de los cuadros jóvenes que, de manera orgánica y sin recursos públicos, sostuvieron la narrativa del partido en sus inicios.
La implementación de las listas negras y las amenazas judiciales aparecen, entonces, como la única herramienta capaz de contener el descontento de una base que ve cómo los espacios de gestión en ANSES, PAMI y ministerios provinciales son ocupados por los mismos actores de la “vieja política” que Milei denunció durante años.
Ramón “Nene” Vera, el candidato de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
Vigilancia orwelliana y el espejo de los regímenes autoritarios
La justificación de Seivane para esta persecución alcanza niveles propios de la ciencia ficción distópica al alegar que estos “hechos organizados” —en referencia a la coordinación de tuits— son el preludio necesario para agresiones físicas, como el lanzamiento de piedras al domicilio de la diputada. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente al “sistema penal” de la conocida novela 1984 de George Orwell donde el cuestionamiento a la infalibilidad de la cúpula ya no se debate, sino que se procesa como un “crimen de pensamiento” que debe ser neutralizado mediante el monitoreo y la amenaza judicial. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente a la sociedad de Minority Report, donde el sistema penal no castiga hechos consumados, sino que persigue el “pre-crimen”, sancionando a ciudadanos por acciones que todavía no han ocurrido pero que el poder imagina como inevitables.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Al vincular un mensaje de WhatsApp con un potencial ataque físico, el entorno de Lemoine abandona el derecho penal liberal para abrazar un modelo de castigo basado en la suposición y el miedo, donde cualquier disidencia es etiquetada como una amenaza a la integridad física de la dirigencia con el único fin de justificar la censura previa y el disciplinamiento de la militancia.
Cuando un partido que nació bajo la premisa de la libertad individual recurre a las “listas negras” y al “doxeo” (publicación de datos personales) institucionalizado para disciplinar a sus bases, cruza un punto de no retorno; algo que se ha visto en los años ’70, cuando el diario argentino “El Caudillo” —vinculado a la Triple A— publicaba la información privada de los considerados “enemigos del gobierno”.
Pasado trosko: Seivane junto a Manuela Castañeira, política feminista y troskista.
El riesgo de que La Libertad Avanza implosione bajo el peso de sus propias contradicciones es real; si la cúpula prefiere la vigilancia interna y la cooptación de la vieja política sobre la integridad de su proyecto fundacional, el movimiento continua siendo una cáscara vacía, habitada por los mismos actores que Milei prometió desterrar.
La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.
Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.
Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.
La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.
Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.
La derrota del “amigo” del Presidente
La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.
Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de rematepara que los empresarios amigos sigan levantandotorres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.
La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.
Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA
Sin techo y con sueldos de miseria
Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.
El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.
Vista satelital del predio rematado.
La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientrasla Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.
Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.
Entrada a lo que era el predio de la PFA
El modelo extractivo del Estado
La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.
Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.
Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.
Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó el desempeño del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) durante 2024 y detectó una serie de debilidades en la designación de capacitadores, la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa del organismo encargado de formar a los aspirantes y al personal de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios responsables de diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.
El informe, aprobado por unanimidad el 10 de septiembre de 2025 y dirigido a la presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, tuvo como supervisor al Dr. Guillermo A. García y como director de proyecto al Lic. Favio Pirone.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2025.
El Instituto, situado en un predio de 10 hectáreas en el barrio de Bajo Flores,invirtió más de $1.587 millones en la contratación de capacitadores durante el período auditado. De ese total, el 79,8% se destinó a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para aspirantes a Oficial de Policía; el 15,6%, a los Cursos de Ascenso; y el 4,5% restante, a otras instancias formativas. A partir de esa distribución, la AGCBA concluyó que el organismo reflejó una “clara priorización institucional de la formación inicial de los aspirantes a la Policía de la Ciudad”.
En 2024, el Instituto recibió 23.176 solicitudes para cursar la Tecnicatura, pero solo 955 personas firmaron vacante para ingresar al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad bajo la modalidad de internado con beca. De ese total, 919 aprobaron el primer cuatrimestre y 899, el segundo.
A lo largo del período se graduaron 1.515 Técnicos Superiores en Seguridad Pública – Oficial de Policía.
Respecto de las bajas, el Instituto informó 110 en total: 98 voluntarias y 12 obligatorias. Sin embargo, el relevamiento de las resoluciones institucionales identificó 104 bajas voluntarias y 15 reincorporaciones; descontadas estas últimas, la auditoría constató una diferencia de 9 bajas voluntarias respecto de lo informado por el organismo.
Pese a la inversión y a la magnitud de la actividad, la auditoría detectó irregularidades sistemáticas en la designación de los formadores.
La planta de la Tecnicatura contaba con 800 capacitadores y la de los Cursos de Ascenso, con 161. Del análisis de una muestra de 86 expedientes de los primeros, surgió que en 84 casos “la fecha de requerimiento del capacitador para cubrir una materia o curso es posterior a la fecha de inicio de estos” y que en 85 expedientes no constaban las actas de la Comisión Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales.
En los Cursos de Ascenso, de 60 expedientes examinados, 54 presentaron la misma anomalía en la fecha de requerimiento y ninguno contó con las actas de esa comisión.
La AGCBA identificó, además, documentación personal faltante en los legajos de recursos humanos, constancias vencidas de Deudores Alimentarios y Ciudadanía Porteña, y ausencia de publicación oficial y comunicación interna de las resoluciones de designación.
En el plano académico la medición oficial señaló que algunas materias “tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa” y que existían “desfasajes” en la distribución de la carga horaria semanal. En cuanto a los cursos de ascenso, la auditoría detectó falta de planificación y comunicación entre las autoridades y el Instituto, sobrecarga operativa por alta demanda y escasos recursos humanos, y la necesidad de establecer criterios objetivos para regular la participación.
Las deficiencias más agudas se registraron en las denominadas “áreas estratégicas”.
De las 2.400 notebooks adquiridas en 2018, durante 2024 solo 600 permanecían operativas, y se estimó que para finales de 2025 el 80% del “parque tecnológico” quedaría obsoleto.
La escasez de netbooks afectó también el acceso de los cadetes al campus virtual Moodle (plataforma que en 2024 dio soporte a más de 113.000 alumnos y 396 docentes), lo que generó costos adicionales por la impresión masiva de materiales y exámenes. El kit de elementos entregado a cada cadete al inicio del cursado no incluyó netbooks, lo que limitó el acceso a contenidos y evaluaciones interactivas.
Los simuladores de realidad virtual de conducción vehicular y de polígonos 2D, utilizados para la instrucción en “diversos escenarios, situaciones de emergencia y la programación de fallas mecánicas” con el objeto de evitar riesgos en la etapa de aprendizaje, resultaron insuficientes ante la demanda y sobrecargaron a los instructores.
En 2024, alrededor de 2.558 cursantes y visitantes usufructuaron los simuladores vehiculares. Los polígonos virtuales registraron 1.102 usuarios distribuidos entre 650 cadetes, 180 policías, 25 representantes de embajadas, 25 integrantes de fuerzas nacionales y federales, 20 de fuerzas extranjeras, 57 visitas judiciales, 85 pertenecientes a organismos y organizaciones no gubernamentales y 60 visitas institucionales. El área de e-learning del Instituto, encargada de sostener la educación virtual, el campus digital y el soporte pedagógico, también mostró signos de saturación, con equipos existentes y soporte técnico desbordados, lo que derivó en un “mayor gasto en soluciones alternativas” con riesgos operativos que comprometieron el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios.
La flota vehicular del Instituto (dos ómnibus, tres minibuses y cuatro vehículos utilitarios tipo camioneta) tampoco resultó suficiente para cubrir la demanda. Esos medios trasladaron a 18.912 agentes durante 2024 en el marco de actividades académicas, servicios de seguridad y visitas culturales, entre ellas al Teatro Colón, al Congreso de la Nación y a la Morgue Judicial.
El informe concluyó que la flota disponible no resultaría suficiente para cubrir adecuadamente la demanda anual de traslados requerida por las distintas actividades académicas y operativas.
La AGCBA también advirtió que no se pudo verificar una formación académica continuada sobre Derechos Humanos en la formación inicial de los policías, aunque sí constató la existencia de contenido curricular en la temática. De manera análoga, el informe señaló que no se contó con información que acreditara actividades académicas de capacitación continua en la atención al público.
Como contrapunto, el examen sobre una muestra de 90 expedientes de cadetes egresados determinó que todos contaban con la totalidad de la documentación exigida, sin incumplimientos a la normativa vigente.
La renuncia de Sergio Maldonado dejó al descubierto la interna con Carlos Presti y golpeó a una obra social militar ya desbordada por las deudas, la falta de prestaciones y el suicidio de un suboficial retirado que había denunciado abandono médico.
Mientras el relato oficial se aferra a una “tábula rasa” mal entendida, el armado de LLA se convirtió en un refugio de ex militantes de Moreno, abogados del kirchnerismo, barrabravas, comunistas y dirigentes peronistas denunciados por acoso. Del slogan de la “Argentina distinta” a una estructura nacional plagada de “los mismos de siempre” que el Presidente prometió barrer.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
