Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
En diálogo con Radio Mitre, la ministra de Seguridad de la Nación reconoció que el oficialismo contempla bajar la edad de imputabilidad. Patricia Bullrich comentó que los funcionarios analizan “cómo impactó la medida en la población” de los países que adoptaron esa postura: “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”.
Lo que tiene claro es que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad. Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”.
En tal sentido, señaló que “hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando”. Por ello, tomó como ejemplo a Estados Unidos, país donde “tenían un tratamiento especial cuando (alguien) comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.
También destacó que se está implementando una política por la que se expulsa a los ilegales que delinquen: “Estamos trabajando con Migraciones, todos los días estamos echando del país a personas que pertenecen a organizaciones criminales y delinquen. Trabajamos para que la Argentina no esté llena de delincuentes extranjeros”, sostuvo Bullrich.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
En una reciente entrevista concedida a la revista Gente, Estanislao Fernández denunció que el rol de su padre en la arena política, en lugar de acercarle posibilidades, se las ha alejado. Sin embargo, “Dyhzy” -tal como se da a conocer en redes sociales en calidad de drag queen-, omite mencionar que, gracias a los contactos de Alberto Fernández, todavía conserva un contrato en Provincia Seguros, una de las empresas del Banco Provincia.
Segú constató el sitio REALPOLITIK, a pesar de residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estanislao logró ingresar a este organismo en diciembre de 2015, el mismo mes en que Daniel Scioli abandonó la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Desde entonces, ha cobrado ininterrumpidamente su sueldo hasta el día de hoy.
“A diferencia de lo que considera la gente, más que darme trabajo, me ha quitado”, aseguró el hijo de Alberto Fernández. “Más que ayudarme, me perjudicó. Lo que sí creo es que soy una persona muy inteligente y trabajadora, y todo lo que he ganado fue gracias a mi esfuerzo”, añadió.
En formato drag queen, completamente de amarillo y con el micrófono de la revista Gente en mano, el hijo de Alberto Fernández acusó al ex presidente de haberle complicado su vida laboral. Los detalles en www.realpolitik.com.ar
Como era de esperar, las declaraciones de Estanislao generaron controversia en la escena pública y, particularmente, en las redes sociales. Actualmente, el hijo del ex presidente cobra un sueldo de organismo estatal bonaerense mayor a $800.000 mensuales, sin cumplir ninguna función. Según fuentes del lugar, jamás lo vieron trabajando en ningún área de Provincia Seguros.
El reciente anuncio de Federico Sturzenegger, nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sobre la implementación de un examen de ingreso para la función pública, generó una rápida y fuerte reacción por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con el funcionario del presidente Javier Milei, calificando la iniciativa como un mal comienzo.
Aguiar criticó duramente a Sturzenegger, señalando: “Empieza con una burrada. Muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06”. Además, tachó de hipócrita al ministro por hablar de condiciones de ingreso mientras el Gobierno “despide y cesantea ilegalmente a empleados”.
El líder sindical enfatizó que ATE siempre ha estado a favor del ingreso por concurso, el derecho a la carrera administrativa y la estabilidad laboral, rechazando el acomodo y el favoritismo. “Me permito, respetuosamente darle un último consejo, no hable mucho de idoneidad, porque se quedan sin medio Gabinete y se les vacía la Vocería Presidencial“, lanzó Aguiar en un mensaje que también difundió en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la propuesta de su nuevo ministro en su cuenta de Instagram, afirmando que el examen de ingreso es para aquellos que deseen trabajar en el Estado y criticando a quienes protestan porque “no lo van a poder pasar”. Este respaldo presidencial subraya el compromiso del gobierno con la iniciativa de Sturzenegger.
Sturzenegger detalló en redes sociales las funciones de su nuevo ministerio, destacando una “agenda de desregulación” con ejes en la agenda legislativa y reglamentaria. Anunció la continuación de la Ley Hojarasca y otros aspectos de la Ley Bases original. Además, mencionó que se buscará eliminar burocracia innecesaria y fomentar cambios simples, como la desregulación del mercado aerocomercial.
La controversia principal radica en la propuesta de exámenes de ingreso, que Sturzenegger justificó como una medida para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del servicio público. “La evaluación permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución”, afirmó el ministro.
A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.
“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones.En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.
El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.
“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.
¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA
El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.
Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.
Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
La concejal Noelia Oxley denunció a Carlos Romo por promover “ataques” en redes para que renuncie a su banca. “Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo.
Arde la interna libertaria en San Miguel, donde el bloque de Milei se fracturó en las últimas horas en medio de acusaciones de ataques en redes y presiones para empujar renuncias, a la par de advertencias ante posibles “accidentes”.
En el foco de la polémica está el armado que a nivel local coordina Agustín Romo, diputado y director de comunicación digital durante la campaña que llevó a la presidencia a Javier Milei.
El concejal Carlos Romo, padre del legislador bonaerense, informó su alejamiento del bloque que integraba con su par Noelia Oxley, quien se refirió en plena sesión al tema y acusó a los “descarrilados soldaditos” de Romo de asediarla buscando su renuncia a la banca.
“Si los bajos ataques continúan, ya todos saben quien los organiza y a quiénes hago responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrirme”, dijo Oxley luego de marcar: “El grupo de ‘trabajo’ de Carlos Romo es el autor de los ataques que sufrí y actualmente sigo sufriendo en redes sociales”.
La concejal detalló la difusión de información falsa y cadenas de mensajes de WhatsApp contra su persona que comenzaron en diciembre del año pasado y que -aseguró- aumentaron luego de pedirle a Romo que cesaran con esas maniobras.
“Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo Oxley, que acusó a Romo padre de perseguir “intereses personales y nepotistas”.
Tanto en San Miguel como en el armado provincial de La Libertad Avanza, diferentes fuentes aseguran que los Romo buscan armar una estructura política que haga viable el deseo de Agustín de suceder a Jaime Méndez en la intendencia de San Miguel.
Cabe recordar que el escándalo de los sobresueldos en Capital Humano tocó al diputado provincial Agustín Romo como parte de “La Banda del Opus Dei”, que tuvo fuerte injerencia en las contrataciones del ministerio de Pettovello.
Aprovechando una larga distracción de los trabajadores, dos jóvenes doblaron los barrotes de hierro del patio interno y se dieron a la fuga. Se comenta que ambos, durante las semanas anteriores, bromeaban con “tomarse vacaciones de invierno”.
Uno de ellos fue interceptado por la Policía Local, quien lo detuvo al verlo caminando en actitud sospechosa a unas seis cuadras del centro. Ahora permanece en la comisaría local. Sin embargo, nada se sabe del otro, quien al momento de escribir estas líneas todavía permanecía prófugo.
De este modo, las fugas de este centro suman tres solo en un mismo fin de semana. Federico Rodríguez, un joven detenido por homicidio que trabajaba en la panadería del centro, escapó mientras realizaba sus actividades diarias de venta de productos. Dejó su canasta en el suelo y corrió, aprovechando un descuido del personal policial.
En este punto, vale destacar que el director del centro, Sebastián Lofredo, ha renunciado dos veces durante el último tiempo, pero fue persuadido para continuar debido a la falta de un reemplazo competente. Por todo ello, la gestión de Andrés Larroque, autoridad máximo detrás del OPNyA, es centro de críticas por no encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad en el organismo.
En un hecho que sacudió a la política local, Gabriel “Lalo” Aranda, concejal de Unión por la Patria y presidente del Club Deportivo Laferrere, fue detenido durante la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza. La noticia generó un gran revuelo en el distrito comandado por el intendente ultra K recientemente procesado por abuso sexual, Fernando Espinoza, y dejó preguntas sin respuesta.
EL VIDEO DE LA DETENCIÓN
Aranda, quien ingresó al Honorable Consejo Deliberante en diciembre pasado a través de la lista del Movimiento Evita liderada por Emilio Pérsico, fue arrestado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que la policía lo saca del recinto en un móvil, generando especulaciones sobre las causas detrás de su detención.
Además de su rol como funcionario, Gabriel Aranda es una figura destacada en el ámbito deportivo local. Desde hace tres años, ocupa la presidencia del Club Deportivo Laferrere, uno de los clubes más importantes de la región oeste de la provincia de Buenos Aires. Aranda asumió la presidencia del club tras la sorpresiva renuncia de Roberto Zeballos, quien se desempeñaba como tesorero y era un referente de la Corriente Clasista y Combativa.
Sospechas y acusaciones: Negocios con planes sociales, barras y narcotráfico
A pesar de que las autoridades aún no confirmaron los motivos de la detención, se rumorea que podría estar relacionada con una causa de planes sociales. Este no es el primer escándalo que envuelve al club presidido por Aranda. Hace un año, el vicepresidente del club, Esteban Quiñones, fue arrestado por presuntos vínculos con un conocido narcotraficante de la zona, conocido como“Chaki Chan”.
En medio de la confusión, Gabriel Aranda publicó un mensaje en su página de Facebook: “ACABAN DE SUBIRME A UNA CAMIONETA, TEMO POR MI VIDA POR FAVOR. Si me pasa algo hago cargo a Matías López de la policía de Alonso de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”.
El Club Deportivo Laferrere, fundado en 1956 y conocido popularmente como “El Villero” o “El Verde”, no es ajeno a la violencia y la polémica. Por ejemplo, en febrero de este año, la barra brava del club llegó a un partido exhibiendo armas de fuego, incluyendo revólveres y al menos una ametralladora, lo que provocó una fuerte condena pública pero pocas acciones concretas para abordar el problema.
