Marra criticó la gestión económica y la reforma electoral de Larreta: “Tiene obsesión por un cargo”
El legislador porteño cuestiona la gestión económica de Larreta y destaca el mal manejo de las cuentas públicas. Además, critica la lógica de la grieta y la falta de coherencia de Macri y Cristina.
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Ramiro Marra, legislador por La Libertad Avanza, criticó la gestión económica y la reforma electoral del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entrevistado por América 24. Declaró que “no somos pobres como ciudadanos, somos pobres en términos económicos por lo que sucede con nuestra moneda”.
Continuando con este concepto, remarcó que “somos ricos en recursos y en capital humano, pero todo está mal gestionado desde las cuentas públicas y esto nos termina empobreciendo”.
En contraste con la situación mundial, reflexionó que en “el mundo se ha desarrollado y la pobreza se ha reducido”. Sin embargo, señaló que Larreta tiene una obsesión por un cargo y no está trabajando para cambiar el rumbo de Argentina. “Lo hizo por una interna de su propio partido político”, agregó.
Marra también criticó la decisión de modificar el sistema electoral porteño y sugirió que hay una alianza con Martín Lousteau. “No hay dudas al respecto”, afirmó. A pesar de esto, aclaró que desde La Libertad Avanza, “vamos a jugar con las reglas que nos planteen”.
Por último, el legislador se refirió a la lógica de la grieta y declaró que “Argentina está discutiendo cosas distintas. Macri y Cristina vienen sosteniendo esta falsa grieta de hacerse los opositores el uno al otro, pero las medidas que tomaron durante sus gobiernos no estuvieron en línea”.
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El bloque de La Libertad Avanza en el ConcejoDeliberante de LaMatanza presentó un proyecto para que el intendente, FernandoEspinoza, tomara licencia luego de que la Justicia confirmara la elevación a juicio oral y público de la causa en la que lo acusaron de abuso sexual simple y desobediencia. La denuncia se originó cuando su exsecretaria, Melody Rakauskas, lo denunció por hechos ocurridos mientras trabajaba en la secretaría privada del municipio. Según la causa, Espinoza también habría incumplido una orden judicial de restricción al contactar supuestamente a Rakauskas a través de su expareja, Gustavo Cilia, un allegado al jefe comunal.
– Melody Rakauskas, la víctima de Espinoza
La edil libertaria Lorena Ramos señaló que se le solicitará al burócrata que “se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Ese artículo indica que “el Intendente, cuando incurra en transgresiones, será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”. Sin embargo, el artículo 248 de la misma norma estipula que la suspensión preventiva procede únicamente si existe prisión preventiva, o la destitución se aplica tras una condena firme por delito doloso, situación que no se daba en el caso de Espinoza.
La propuesta de LLA requería para su aprobación el respaldo de dos tercios de los 24 concejales del cuerpo, 13 de los cuales respondían al intendente. De prosperar, el reemplazo recaería en quien figuró primero en la lista del jefe comunal; en este caso, se trataba de la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún. El trámite legislativo contemplaba la conformación de una comisión investigadora con representantes de todos los bloques, un período de defensa para Espinoza y la elaboración de un informe final, para luego convocar a una sesión especial donde, nuevamente, se necesitarían dos tercios de los votos. La próxima reunión del Concejo quedó pautada para el 15 de abril.
– La concejal de LLA, Lorena Ramos
Rakauskas celebró la decisión de la Justicia de elevar la causa a juicio y cuestionó la actuación de dos fiscales, a quienes acusó de haberla atacado durante la investigación: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.
El año pasado, cuando Espinoza fue procesado por la denuncia de Rakauskas, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda ya habían impulsado sin éxito iniciativas para que el intendente se apartara del cargo. La fuerza opositora presentó un pedido de licencia formal, mientras que el Frente de Izquierda propuso crear un protocolo específico contra la violencia de género y reclamó la intervención de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.
– EL COMUNICADO: “El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentará un proyecto para que Fernando Espinoza sea suspendido de manera preventiva hasta que su situación judicial se regularice. Gastan millones de pesos en el Ministerio de la Mujer, pero son ellos los primeros en cometer los peores delitos contra ellas. Hipocresía al palo”.
En el peronismo de La Matanza se generó tensión interna. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, sostuvo un dirigente matancero. Otro referente subrayó que “no corresponde (que se aparte al intendente). Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”. El exconcejal y exdiputado nacional Fernando Asencio agregó: “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”.
Mientras tanto, trabajadores municipales de la salud intensificaron sus reclamos con un “ruidazo” en el Policlínico de San Justo para exigir mejoras en sus salarios, que, según denunciaron, rondaban los $400.000. Un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal) indicó que La Matanza destinaba alrededor del 24% de su presupuesto al pago de sueldos.
Las fuerzas policiales detuvieron el jueves 10 de abril en Bahía Blanca a la consejera escolar de La Libertad Avanza, Fiorella Damiani (27), acusada de “falso testimonio agravado”. En 2017, la funcionaria había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra por “abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas”, delito que prevé penas de 6 a 15 años de prisión.
Ambos hombres estuvieron detenidos, pero recuperaron la libertad cuando la fiscal Mariana Lara obtuvo videos que, según la investigación, probaban el consentimiento de la relación.
Tras la presentación de esas grabaciones, la justicia avanzó contra Damiani por presuntas mentiras vertidas en su denuncia. El fiscal Mauricio DelCero confirmó que la imputada “había mentido en al menos tres oportunidades e inculpaba de un delito grave, con penas de 6 años a 15 de prisión, a las dos personas”. Por ese motivo, solicitó la detención de la consejera escolar y explicó que el cargo de “falso testimonio agravado” contempla penas de 1 a 10 años de prisión: “Se trata de un delito particularmente grave”.
Damiani ejerció su cargo en el Consejo Escolar de Bahía Blanca durante todo este tiempo, sin fueros que la protegieran. Medios locales indicaron que el jueves fue indagada por Del Cero, a lo que la acusada respondió que “siempre dijo la verdad” y sostuvo que a los videos “les faltan partes”. El fiscal le preguntó por qué “si ella dijo que había sido inmovilizada por alguna sustancia y sometida sexualmente a la fuerza eso no se observaba en los videos”.
La supuesta falta de resistencia en las imágenes fue decisiva para el sobreseimiento de los dos hombres. Uno de los acusados señaló ante la justicia: “Sabíamos muy bien lo que hacíamos. Se conversó antes, nosotros acostumbrábamos a hacer tríos, inclusive a filmar. Desde ya que no lo hacíamos viral ni nada, era para tenerlo nosotros documentado”.
Además, contó que Damiani “se enojó después con mi amigo y se fue” y que “al irse del departamento se llevó mi teléfono celular pensando que se llevaba las pruebas fílmicas”. Sin embargo, los registros se habían guardado en otra plataforma con autenticación y PIN.
Damiani fue asistida inicialmente por la abogada Fernanda Petersen, pero este viernes cambió su representación al penalista Sebastián Martínez. Mientras el caso avanza en los tribunales de Bahía Blanca, la imputada continúa detenida bajo la acusación de “falso testimonio agravado”.
El Tribunal Supremo del Reino Unido emitió el pasado martes, una sentencia trascendental que dictaminó que la definición legal de “mujer” en la legislación británica se basa exclusivamente en el sexo biológico. Este fallo histórico establece claramente que, a efectos de la Ley de Igualdad de 2010, las mujeres transgénero, incluso aquellas con certificados de reconocimiento de género, no entran dentro de la definición legal de “mujer”.
“La decisión unánime de este tribunal es que los términos ‘mujer’ y ‘sexo’ en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico”, afirmaron los cinco magistrados del Tribunal Supremo británico. Esta definición excluye explícitamente a las mujeres transgénero, incluso a aquellas que poseen un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG).
El dictamen, contenido en un documento de 88 folios, puntualiza además que una persona con un CRG en el género femenino no entra dentro de la definición de “mujer”, por lo que la posición legal que mantenía el Gobierno escocés fue declarada “incorrecta”. Es importante destacar que el Tribunal también precisó que su fallo no debe interpretarse como un triunfo para una u otra parte, ya que la Justicia continúa otorgando a las personas transgénero protección contra la discriminación.
– Susan Smith y Marion Calder, cofundadoras del grupo For Women Scotland, realizan declaraciones frente a la Corte Suprema en Londres mientras se espera el fallo sobre su apelación
Los CRG se crearon con la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 y permiten que las personas sean reconocidas legalmente y de forma permanente como del sexo opuesto a su sexo biológico. Para obtener un CRG, una persona debe haber sido diagnosticada con disforia de género por dos médicos y haber vivido en su género adquirido durante al menos dos años.
En el espectro político, Kemi Badenoch, dirigente del Partido Conservador británico, calificó el dictamen como “una victoria para todas las mujeres que sufrieron abusos personales o perdieron sus trabajos por decir lo obvio. Las mujeres son mujeres y los hombres son hombres: no se puede cambiar el sexo biológico”.
Hasta este fallo, existía ambigüedad respecto a si poseer un CRG otorgaba a una persona transgénero todos los derechos y protecciones asociados con el género reconocido en todos los ámbitos legales. Con esta clarificación legal, instituciones como clubes deportivos, escuelas y otros establecimientos que cuentan con espacios diferenciados por sexo (como vestuarios, baños o determinados servicios) ahora tienen directrices más claras sobre cómo aplicar las políticas de acceso y uso.
“Hoy los jueces han dicho lo que siempre creímos: que las mujeres están protegidas (en la ley) por su sexo biológico. El sexo es real y las mujeres pueden ahora sentirse seguras de que los espacios y servicios designados para ellas son efectivamente para mujeres”, declaró al respecto, Susan Smith, cofundadora de la organización “For Women Scotland”.
Figuras públicas como J.K. Rowling, autora de Harry Potter y conocida por sus posiciones en este debate, también expresaron su satisfacción. Rowling escribió en redes sociales: “Fueron necesarias tres extraordinarias y tenaces mujeres escocesas con un ejército detrás de ellas para lograr que este caso fuera escuchado por la Corte Suprema y, al ganar, han protegido los derechos de las mujeres y las niñas en todo el Reino Unido”.
Por otro lado, grupos feministas denominados “críticos con el género”, como la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC), organismo supervisor de la igualdad en el Reino Unido, ha celebrado el dictamen, afirmando que “un certificado trans no cambia el sexo legal de una persona a efectos de la Ley de Igualdad”.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.
Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.
“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.
El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.
Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.
El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria
En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.
– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.
Productores ganaderos de la localidad entrerriana de Victoria (Entre Ríos) denunciaron una tasa de hasta $12.000 por cabeza y reclamaron puertos alternativos. A inicios del año pasado el impuesto era de $300.
La intendenta kirchnerista de Victoria, Isa Castagnino, aprobó en abril de 2024 un fuerte incremento en la tasa por carga y descarga de hacienda en el Delta. Varios productores exhibieron facturas cercanas a $3 millones y pidieron que la provincia y Nación habilitaran puertos alternativos para evitar este “peaje” desmedido.
El esquema actual estableció un cálculo basado en la cantidad de kilos de novillo, tomando como referencia la cotización en el Mercado Agroganadero (MAG) de la categoría 431/460 kilos. Para quienes trasladaban hasta 100 cabezas se aplicó una tasa equivalente a dos kilos de novillo; de 101 a 400, tres kilos; y para más de 400, cuatro kilos. La normativa incluyó que “el 60% de los fondos recaudados serán destinados a rentas generales, el 30% al Programa de Becas Estudiantiles Primarias y solo el 10% destinado a gastos operativos y de infraestructura, para el mantenimiento de Bretes y Corrales”.
El presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux, describió el impacto: “Ahora, un productor grande, mediano o chico en cada entrada y cada salida tiene que pagar hasta $12.000 por vaca, novillo o vaquillona, dependiendo de cuántos animales tiene en la isla. Eso es solamente de servicio de pasarela, en realidad el municipio presta un servicio precario. Es pura recaudación, no es más que eso: el servicio es casi nulo y el productor queda en quebranto total. Es una fortuna”.
– La ordenanza del municipio de Victoria
En sintonía, los ganaderos resaltaron que este costo dejó en situación crítica la actividad en el Delta.
El reclamo se dirigió, además, al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo “Willy” Bernaudo, para que se habilitaran puertos alternativos que compitieran con el de Victoria. Grimaux aseguró: “Estamos haciendo fuerzas desde las rurales para que el gobernador, Rogelio Frigerio, y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo ‘Willy’ Bernaudo, traten de apurar que Vialidad Nacional avance en la habilitación que desde hace 11 meses está en marcha”.
La idea consistió en establecer tres o cuatro puntos de carga y descarga a lo largo del corredor vial 174 en territorio nacional, manejados por el sector privado, de modo que los productores pudieran elegir un mejor servicio y precio. “Es libre competencia, como dice el presidente Javier Milei”, afirmó Grimaux. Bernaudo, por su parte, confirmó la lentitud del trámite: “Estamos viendo qué margen de acción tiene la provincia, porque es una atribución del municipio el tema de las tasas. Pero los puertos provinciales que tienen carga y descarga de animales tienen un precio establecido de 70 centavos de dólar, o sea, algo como $850. Por lo que esta tasa de Victoria es por lo menos 10 veces más de lo que cobra la provincia en los otros puertos. Estamos viendo si hay algún mecanismo extraordinario para poder involucrarnos y actuar”.
En las últimas semanas, el debate se reavivó cuando un productor, bajo el seudónimo “Heredoto”, mostró en redes sociales una factura emitida por la Municipalidad de Victoria. Pagó $2.994.750 por el traspaso de 363 bovinos, más un recargo de 10%, lo que totalizó $3.294.225, equivalente a $8.250 por animal.“¡Costo Argentino! Por usar un corral 20 minutos, como transbordo de barco a camión, en Islas de Victoria, Entre Ríos. La Municipalidad de Victoria se queda con 7 terneros. ¡Inviable!”, escribió en su publicación y reclamó la intervención del gobernador Frigerio y de los ministros provinciales y nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
– El pago de la tasa de un productor
Desde la Comunidad Islera Asociación Civil, su presidente, Leonardo Scarparo, describió que las islas no son solo pasturas gratuitas, sino que implican costos de sanidad, manejo y fletes, a lo que ahora se sumó lo que consideró un arancel desproporcionado. “El valor es totalmente inaceptable. La ecuación da que ese peaje que pagás por pasar 10 minutos por la manga supera al valor del costo del flete del barco. Lo que hace que, cuando uno lleva hacienda a una isla y paga el pastaje, el valor del peaje es aproximadamente el 40% del costo por pastaje y cuidado. Es desproporcionado absolutamente, sin ningún beneficio. Es una locura. No se puede trabajar de esta manera, es una cosa que no se puede mantener. Realmente esto atenta contra la producción de hacienda en las islas”.
La Mesa de Enlace provincial ya había advertido en un comunicado que este tarifazo significaba un “golpe de muerte a la ganadería de islas”. Otros dirigentes, como el vicepresidente de la Sociedad Rural de Victoria, Oscar Larracoechea, mencionaron que la tasa impuesta no se condijo con los costos de mercado ni contempló las contingencias de la actividad en humedales. El gobierno provincial aseguró que agilizaría la creación de puertos adicionales, mientras Vialidad Nacional evaluaba la documentación técnica para aprobar los nuevos cargaderos.
