Utilizando a falsos liberales, el kirchnerismo intenta suspender las elecciones en Gualeguaychú

A días de las elecciones generales, el peronismo y una facción de "liberales" emprenden una contienda legal para evitar la participación del candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Mauricio Davico, quien fue habilitado por el Tribunal Electoral. Plantean suspender las elecciones en Gualeguaychú.
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A menos de una semana de las elecciones generales, el peronismo entrerriano hace sus últimos y desesperados intentos con el fin de impedir que el candidato a intendente de Gualeguaychú de Juntos por el Cambio, Mauricio “Palito” Davico, compita en los comicios del 22 de octubre. El manotazo de ahogado de los K es acompañado por polémicos “liberales” de esa provincia. La semana pasada, la apoderada legal de La Libertad Avanza de Entre Ríos, María Pía Lombardo, presentó una “acción declarativa de inconstitucionalidad” al fallo unánime emitido por la máxima autoridad, el Tribunal Electoral de Entre Ríos, en el cual los magistrados permitieron que Davico sea parte del proceso democrático.

Davico representa un verdadero problema para los intereses políticos y económicos para ésos burócratas. Pese a la ofensiva oficialista, en las PASO se impuso con comodidad al cosechar casi 14.000 de los 27.114 votos que cosechó Juntos por Entre Ríos, siendo el frente más votado: sacó el 44% en respecto al 26% del oficialista Más para Entre Ríos (Unión por la Patria).

El documento del Tribunal Electoral —publicado el pasado 11 de octubre— sostiene que el candidato de Rogelio Frigerio acreditó correctamente su residencia en Gualeguaychú. Se advierte además que mencionada localidad y Pueblo General Belgrano son “ciudades colindantes en que las actividades de los ciudadanos se vinculan en forma constante”. Por ello los jueces del organismo decidieron también anular lo resuelto por la junta electoral y rechazar las impugnaciones planteadas por peronistas y “liberales”.

El fallo emitido por el Tribunal Electoral de Entre Ríos donde se oficializa la candidatura de Davico

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En su presentación Lombardo considera, según declaró en medios provinciales, que “está mal interpretada y mal aplicada la normativa sobre la cuestión”. Sobre su pedido de suspender las elecciones en Gualeguaychú, la apoderada de La Libertad Avanza sostuvo que responde a una “demora” del Superior Tribunal de Justicia “a los fines de garantizar los derechos que se encuentran en juego. Si la Justicia llega tarde, no servirá, no habrá justicia”.

En diversos comunicados, Juntos por el Cambio denunció al oficialismo entrerriano, que “busca desesperadamente algún vericueto legal que haga lugar a un pedido sin precedentes en la historia de nuestra provincia”. El candidato a gobernador de ese espacio, Rogelio Frigerio, tildó a la operación como “una actitud típicamente kirchnerista” llevada adelante por “dirigentes del oficialismo camuflados de liberales”.

El intento por suspender los comicios locales es impulsado, además de Lombardo, por la candidata a diputada de Entre Ríos por La Libertad Avanza, Liliana Salinas. Otra nota de este medio desarrolla su oscuro y paradójico prontuario: Comenzó su juventud en las filas en la JP de Concordia, militando bajo las órdenes del oscuro dirigente peronista Augusto “Choclo” Alasino. Desde allí, comenzó a ascender políticamente bajo las diferentes gestiones del burócrata, también peronista, Jorge Pedro Busti, a quién defiende públicamente desde sus redes sociales y en entrevistas radiales, donde admite su ‘pasado’ peronista. Además, acompañó la alianza con el socialismo, la postulación presidencial de Roberto Lavagna en 2015 y sostuvo la expresión local de Consenso Federal —impulsado por Juan Manuel Urtubey—.

Las candidatas de Massa en Entre Ríos que operan a través de La Libertad Avanza

"Yo vengo del peronismo. Acompañé a Jorge Busti hasta su muerte"

Además de su pasado, Salinas estuvo involucrada en la causa que investiga la venta de candidaturas de La Libertad Avanza. En julio de este año, Salinas admitió que pidieron aportes a los candidatos. "Cada candidato tiene que financiar su propia campaña, que son los aportes de campaña. Pero si de todas maneras te queda alguna lo podés hablar con Julio (Serna, uno de los máximos operadores de Milei en el interior del país) (...) Hay un monto, hay un monto mensual que cada candidato debe empezar a cumplir a partir de que es precandidato, así que ya estamos trabajando sobre eso con tiempo récord", puede escucharse en los audios virales.

En otros audios, que corresponden presuntamente a la primera semana de junio —cuando Javier Milei concurrió Paraná para lanzar la candidatura a gobernador de Sebastián Etchevehere—, puede escucharse a Salinas refiriéndose a la venta de candidaturas, mencionando a Benedit Beltrán (candidato a diputado nacional) y Carlos Damasco (segundo candidato a diputado provincial).

Complicando aún más su situación, este mes, Liliana Salinas fue denunciada en la Justicia por el ex precandidato a intendente —apartado abruptamente del espacio— Marcos Bauche, por falsificar documentos electorales. En los archivos, el denunciante expone cómo su nombre conformaba las listas como precandidato a intendente y luego, al ser llevado para hacer el cierre, fue adulterado por Salinas, de acuerdo a lo que comentó a REALPOLITIK. Tachado groseramente con lapicera, la palabras "presidente municipal" fueron reemplazadas por "concejal 2".

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"El 16 de junio llevamos las listas al domicilio particular de Liliana Salinas (en Concordia), días después ya se cumplía el plazo para cargar las listas de los precandidatos. En este caso, yo iba como aspirante a intendente, como no iba a haber internas (a pesar de haber sumado diversas alianzas), Salinas nos decía que sigamos trabajando tranquilos que íbamos a entrar como candidatos", comentó Bauche.

Sin embargo, cuando hacen la precarga de los datos, Bauche pasó de ser candidato a intendente a segundo concejal. Este movimiento no es ilegal siempre y cuando se haya acordado previamente con el o los firmantes, hecho que no solo no ocurrió sino que se ejecutó falsificando la documentación previamente firmada por los candidatos. Al percatarse de la irregularidad, Bauche pidió a Salinas que corrigiera el documento porque no era el que él firmó y la respuesta por parte de la dirigente de LLA lo dejó atónito: "Me dijo: 'Y bueno... así es la política y te la tenés que bancar'. Así que hablé con mi grupo y decidieron renunciar. Yo renuncié el último día que había de plazo para modificar las listas", explicó.

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El Gobierno porteño prohíbe la entrada de materiales de construcción para frenar el crecimiento sin control de la Villa 31

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, implementó un plan de ordenamiento en la Villa 31 (oficialmente Barrio Padre Carlos Mugica) que incluye retenes policiales en los accesos, peatonalización de calles y la prohibición del ingreso de materiales de construcción.

“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sintetizó Jorge Macri.

La medida busca frenar el crecimiento edilicio informal de un asentamiento que alberga aproximadamente 45.000 personas en 72 hectáreas, ubicado entre los barrios de Retiro y Recoleta. Esta no es la primera vez que se intenta esta estrategia. El mismo recurso fue aplicado al menos en 2009 y en 2013, con resultados limitados.

La estrategia lanzada por el Gobierno porteño contempla una serie de intervenciones coordinadas por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Secretaría Legal y Técnica. Entre las medidas más relevantes se encuentran el control de accesos al barrio, donde de los 13 ingresos existentes cinco fueron transformados en calles peatonales, tres quedaron bajo vigilancia permanente de la Policía de la Ciudad, sumándose a otros tres ya instalados, y dos pasaron a tener sentido contramano.

También se desplegaron retenes policiales en puntos considerados críticos, como las intersecciones de Colibrí y Ramos Mejía, junto a la terminal de ómnibus, y de Yaguareté e Islas Galápagos. A eso se agrega la clausura de corralones de materiales de construcción que funcionaban dentro del barrio y no estaban habilitados por la ley de urbanización, además de la fiscalización de obras en curso y el desalojo de unidades y terrenos usurpados.

Las construcciones en altura sin planificación profesional ni materiales adecuados representan riesgos concretos. Los edificios de hasta seis pisos construidos sin asistencia técnica presentan problemas de filtraciones en el 73,8% de los casos y provisión de agua insuficiente en el 81,4% de los hogares, según relevamientos de organismos académicos. La prohibición de corralones y la restricción de materiales apuntan también a eliminar estos riesgos estructurales.

Las autoridades sostienen que la urbanización diseñada desde 2016 “no logró evitar un crecimiento urbano sin control ni consolidar un ordenamiento territorial”, objetivos expresamente establecidos por la Ley 6.129. Según el Ejecutivo porteño, desde 1930 hasta 2016 el barrio creció “sin ningún tipo de control y regulación”, lo que favoreció la apropiación del espacio público tanto para uso habitacional como comercial.

Un fenómeno central que justifica la preocupación oficial —y que tiene sustento real en datos— es el mercado inmobiliario informal que opera dentro del barrio. Los alquileres en la Villa 31 oscilan entre 300.000 y 1 millón de pesos mensuales para viviendas, mientras que los locales comerciales pueden alcanzar entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por mes.

Una práctica especialmente extendida es la venta de “espacios aéreos”. Los dueños de una vivienda venden el techo de su casa para que otro construya un piso más encima, sin ningún tipo de control estructural ni de seguridad. Consultoras especializadas como Reporte Inmobiliario señalaron que en las villas de emergencia se obtienen algunas de las rentabilidades más altas por alquiler de toda Argentina.

El problema afecta especialmente a quienes menos poder tienen. Muchos inquilinos de la Villa 31 son inmigrantes sin documentación o personas que no pueden cumplir los requisitos del mercado formal, lo que los deja expuestos a alquileres abusivos y sin protección legal.

La historia de los intentos de urbanización de la villa

En diciembre de 2009, la Legislatura porteña aprobó la Ley 3.343, impulsada por el legislador Facundo Di Filippo de la Coalición Cívica ARI, que disponía la urbanización obligatoria de la Villa 31 y 31 bis y establecía la creación de una mesa multidisciplinaria con la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Gobierno nacional y el de la Ciudad.

El mismo año, los gobiernos nacional y porteño acordaron también la prohibición del ingreso de materiales de construcción, con retenes en los cinco accesos al asentamiento. Los inspectores fueron capacitados para distinguir entre materiales para nuevas construcciones y los destinados a reparaciones ya existentes.

Pese a esa medida, para 2013 la población había crecido un 48% respecto a 2009, llegando a estimarse en 40.000 personas. Se detuvieron 269 camiones que intentaron ingresar materiales ilegalmente, pero las construcciones continuaron mediante el “contrabando hormiga” con carretillas.

En 2014, los gobiernos nacional y porteño avanzaron con muros y cercos perimetrales —uno de hasta tres metros de altura sobre las vías del ferrocarril San Martín— para delimitar físicamente el barrio y frenar su expansión. Sin embargo, el crecimiento en altura continúa, con edificios que ya alcanzaban los seis pisos.

En 2016 comenzó un proceso de urbanización más sistemático, con obras de infraestructura, escuelas y centros de salud, y en 2018 se sancionó la Ley 6.129, que amplió y reglamentó la urbanización del barrio. Esta ley dispone la reurbanización, zonificación e integración del Barrio Padre Carlos Mugica a la ciudad formal. No obstante, como señalan investigadores y legisladores de la oposición, la ley también eliminó ciertas protecciones para los vecinos, como la restricción de que las hipotecas sólo podían venderse con fines comunitarios.

¿Frenar el crecimiento o abandonar la urbanización?

La principal crítica que formulan organizaciones sociales y legisladores opositores es que el plan de “ordenamiento” llega en un contexto de claro abandono de la política de urbanización. El propio Jorge Macri anunció que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) dejaría de destinar recursos a la urbanización de barrios populares. A su vez, en la Legislatura porteña, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó en marzo de 2026 un proyecto de ley para directamente eliminar el IVC, que emplea a alrededor de 1.300 trabajadores estatales.

La legisladora Claudia Neira respondió a Macri señalando que su gestión “hoy no ponés nada en vivienda para las villas y tampoco ponés nada para la vivienda de la clase media”. El Observatorio del Derecho a la Ciudad argumenta que la narrativa del “orden” encubre una política de “urbanismo de mercado” que abandona el rol del Estado como garante del derecho a la vivienda.

La historia muestra que la restricción de materiales sola no detiene el crecimiento. En 2009, cuando se aplicó una medida similar con retenes en los cinco accesos, la población igualmente creció un 48% en los cuatro años siguientes. Como señala el portal 9deJulio TV, “el efecto inmediato fue el encarecimiento del cemento, arena y piedras, pero las construcciones siguieron”. El “contrabando hormiga” —personas que ingresan materiales a pie o en carretilla— demostró ser difícil de controlar.

Un dato revelador es que ninguno de los más de 1.500 comercios del Barrio Mugica cumple con la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y ordenamiento. Aún así, los vecinos señalan que esto no se debe a una decisión de evadir las reglas, sino a que la falta de urbanización completa hace imposible cumplirlas. Sin títulos de propiedad formales, sin conexiones legales a servicios públicos, no hay forma de obtener las habilitaciones requeridas.

Un municipio bonaerense desvió fondos de la tasa vial y dejó el 96% de los caminos rurales en mal estado

El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, a cargo del juez Pablo Cristián Germain, declaró inválido el cobro de la tasa por conservación y mantenimiento de la red vial rural en casos de productores del partido bonaerense de Daireaux y ordenó la devolución de sumas abonadas cuando no existió una contraprestación efectiva. En otros expedientes dispuso reducciones proporcionales del tributo según el estado de los caminos y el uso que el municipio dio a los fondos recaudados.

La sentencia surgió de una demanda iniciada por cuatro productores y empresas contra la Municipalidad de Daireaux, luego de que agotaran la vía administrativa y cuestionaran los decretos municipales que rechazaron sus reclamos por los períodos 2022-2024

El planteo sostuvo desde el inicio que no se negaban a pagar, pero sí a hacerlo sin recibir el servicio correspondiente.

Sobre ese punto, el magistrado remarcó que las tasas son tributos vinculados a una prestación concreta del Estado. “La organización y puesta a disposición del servicio al contribuyente es condición indispensable; de lo contrario el cobro carecería de causa”, sostuvo la sentencia. El fallo recordó que la tasa no es un impuesto, sino que exige una contraprestación concreta, individualizada y efectiva, y advirtió que el cobro sin prestación del servicio afectó el derecho de propiedad. 

La decisión se apoyó en dos informes técnicos que resultaron centrales. Por un lado, una pericia contable detectó desvíos en el uso de los fondos recaudados por la tasa vial. Por otro, un informe de ingeniería evaluó el estado de los caminos rurales vinculados a los establecimientos reclamantes. Según explicó al medio especializado Bichos de Campo el abogado de los productores, Jorge Moroni, los peritajes permitieron acreditar tanto el desvío de fondos hacia otros gastos municipales como el deterioro de los caminos relevados, donde el 96% presentó un estado malo o regular.

El expediente registró que, pese a que el municipio contaba con recursos suficientes para conservar en estado “muy bueno” cerca del 70% de la red, en los hechos solo el 4% se encontró en esa condición. Los informes también señalaron que el parque de maquinaria municipal resultó obsoleto e insuficiente para cumplir las tareas exigidas. A la vez, los peritos concluyeron que solo el 41% de la red reunió condiciones aceptables, mientras que el 59% restante no cumplió requisitos mínimos para la circulación.

– Esteban Alejandro Acerbo (PJ)

En los tramos específicamente relevados para la causa, el deterioro fue todavía más marcado. El informe técnico describió acumulación de agua, ahuellamientos y otras deficiencias que impedían la circulación normal. Moroni resumió el alcance del fallo: “El juez dijo dos cosas muy claras: los recursos que tiene la municipalidad por tasa vial hay que aplicarlos a tasa vial. Y sin caminos en condiciones, la tasa deviene carente de sustento y por lo tanto es nula”.

La pericia contable confirmó además que parte de la recaudación se destinó a rentas generales y a otros gastos municipales, en contradicción con el principio de afectación específica. En 2022, el desvío alcanzó el 22,95% de la obligación fiscal devengada. En 2023, ese porcentaje subió al 27,88%. El juez ordenó descontar esos montos de las liquidaciones fiscales y declaró ilegítimo el cobro en esas proporciones.

El fallo también consignó que en 2022 apenas el 10% del presupuesto de la tasa vial se tradujo en servicios concretos y que en 2023 ese nivel llegó solo al 17%. Con esos elementos, declaró la nulidad de los actos administrativos dictados por el entonces intendente Esteban Alejandro Acerbo (PJ), hoy legislador provincial, en relación con las liquidaciones reclamadas.

La sentencia aplicó criterios diferenciados según cada caso. En uno de los expedientes, el magistrado determinó que directamente no existió camino transitable desde 2022, por lo que eximió al productor del pago de la tasa desde ese momento y ordenó la devolución íntegra de lo abonado. En los otros tres casos, donde verificó una prestación parcial, mantuvo el tributo solo en la proporción efectivamente aplicada al servicio y dedujo los fondos desviados a otros fines.

Moroni explicó además que el impacto alcanzó situaciones anteriores al fallo. “En algunos casos, la municipalidad había embargado cuentas y esa plata quedó depositada hasta que se resolviera si la tasa era aplicable o no. Si el fallo queda firme, esa plata se tiene que devolver. Y en otros casos, a los que no pagaron, no se las van a poder cobrar”, señaló.

El abogado insistió en que el reclamo de los productores no apuntó a dejar de pagar, sino a exigir la prestación efectiva del servicio. El productor no quiere no pagar. Le cuesta mucho no pagar. No le gusta estar en juicio. Lo que quiere es pagar, pero tener caminos. Porque si no tengo caminos, ¿de qué me sirve no pagar la tasa si tampoco puedo sacar la producción?”.

El conflicto en Daireaux arrastró años de reclamos por el mal estado de los caminos rurales. Según la información incorporada a la causa, los trabajadores documentaron la situación con relevamientos y registros en el territorio, en un contexto en el que, en algunas zonas del partido, sacar la producción se volvió inviable. 

En sus declaraciones, Moroni también planteó que la discusión excedió el caso puntual de los demandantes y apuntó al modo en que se administraron los recursos de la tasa vial. “Esto es un primer peldaño para hacerle entender a los intendentes que tienen que cambiar el paradigma de cómo se administran los recursos de la tasa vial, señaló. 

También cuestionó que, en distintos partidos, se cargaran sobre el sector rural tasas ajenas a la actividad: “En muchos partidos le terminan cargando al productor tasas de todo tipo, hasta para financiar cuestiones que no tienen nada que ver con la actividad rural. Eso no tiene sustento”.

Como alternativa, mencionó esquemas de administración compartida. “La solución es cambiar el paradigma. En algunos lugares ya existe: consorcios donde los productores participan en la administración de los recursos. Ahí los caminos funcionan y no hay juicios”, explicó. Según su relato, antes del conflicto hubo propuestas concretas en Daireaux para avanzar en ese sentido: “Los productores le dijeron al intendente: si hace falta, traemos maquinaria, traemos piedras, pero hagamos un esquema transparente, con participación. Y la respuesta fue negativa”.

Irán acusó a Javier Milei de “cruzar una línea roja” y lanzó una dura amenaza contra la Argentina

El gobierno de Irán acusó a Javier Milei de haber cruzado una “línea roja” al declarar días atrás que la República Islámica era enemiga de la Argentina, en medio de la tensión internacional generada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y del posterior contraataque. La advertencia apareció en una editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional. 

La información fue reportada en una nota de Clarín firmada por Natasha Niebieskikwiat. Luego, fue comentada en el aire televisivo por Eduardo Feinmann.

El artículo llevó la firma de Saleh Abidi Maleki, habitual colaborador del diario, y se publicó bajo el título “Milei, ¿Qué estás haciendo?”

Allí, el autor acusó al presidente de estar “alineado con el eje estadounidense-sionista”, de responder a “presiones externas” y de participar en un supuesto “proyecto de iranofobia”.

El editorial concluye con una dura advertencia contra la administración libertaria: “Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. La mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab (destruida recientemente por un misil estadounidense). Ahora, Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”.

El texto circuló entre periodistas a través de dirigentes cercanos al gobierno iraní, debido a que la página del diario quedó caída desde que comenzó la guerra.

Las críticas de Teherán remitieron al discurso que Milei pronunció el 9 de marzo en la Yeshiva University, en Nueva York. Allí, el presidente se declaró “enemigo” de Irán, expresó su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel y afirmó sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”. 

El Tehran Times sostuvo que el supuesto “proyecto de iranofobia” comenzó hace 31 años y calificó como “falsas” las acusaciones que señalaron a Irán por el atentado a la AMIA. El artículo volvió así a rechazar la responsabilidad iraní en ese ataque, una acusación sostenida por la Justicia argentina desde hace décadas.

El texto avanzó todavía más en sus imputaciones. “Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos (por Milei), calificó explícitamente a Irán como un ‘enemigo’ y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán. Esto, mientras que la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí”.

En ese mismo tramo, el medio extranjero acusó al Gobierno de Milei de “haber convertido a la Argentina en el Israel de América Latina; un lugar donde los grupos de presión y los elementos cercanos al régimen sionista tienen una profunda influencia en los centros de decisión. Esta influencia ha transformado a Argentina en una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán”.

La publicación también aseguró que existieron empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas que “participan en operaciones contra Irán”, “financian o apoyan agresiones militares” y “realizan actividades de espionaje cerca de las fronteras iraníes”, acusaciones que no fueron comprobadas. 

HUMOR por Argüelles​

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