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El Poder Ejecutivo prevé inspeccionar técnicamente los contratos de la base china asentada en la provincia de Neuquén tras la alerta que presentó el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.
Mientras que las autoridades chinas señalan que la base militar cumple tareas “estrictamente científica”, el gobierno de Milei considera que “hay algo raro con los contratos de la base. Se les dio un territorio donde prácticamente la Argentina no puede entrar”. El acuerdo en cuestión afirma que el 10% de los recursos de uso (del tiempo de la antena) los debe utilizar la Argentina: “Queremos chequear que eso verdaderamente sea así”.
Entrevistado por La Nación, el norteamericano se manifestó sorprendido ante la decisión de Argentina de permitir que “las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”.
La Estación de Espacio Profundo CLTC-CONAE-NEUQUEN se consolidó como un ícono de la relación de acercamiento del régimen kirchnerismo con la China de Xi Jinping. La base, ubicada en Bajada del Agrio sobre la ruta provincial 33, comenzó a construirse en el año 2014 y finalizó tres años después, en 2017. Cristina Kirchner cedió unas 200 hectáreas por 50 años al Partido Comunista Chino.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.
La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.
Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.
– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares
Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.
El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.
El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.
En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.
Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.
Karina Milei teme debutar como estratega política del gobierno de su hermano con una derrota aplastante. Es la posibilidad que este miércoles conmovió a la Casa Rosada cuando llegaron las primeras encuestas sobre las elecciones de este domingo de convencionales constituyentes en Santa Fe.
Se trata de la elección que abre el calendario electoral y según los números que maneja el gobierno, su candidato el diputado Nicolás Mayoraz puede terminar tercero o cuarto. Incluso Rosario, el ex periodista y libertario bullrichista Juan Pedro Aleart podría perder ante el candidato del intendente Pablo Javkin.
Los sondeos de cierre coinciden que el gobernador Maximiliano Pullaro encabeza cómodamente la intención de votos con 40 puntos, duplicando al peronista Marcelo Lewandowski y relegando al libertario Mayoraz al tercer lugar que podría bajar al cuarto o quinto puesto con Amalia Granata, si el candidato de la segunda lista peronista, Juan Monteverde, sigue creciendo en Rosario.
El impacto de una eventual derrota sobre Karina y los Menem es total porque ellos monopolizaron el armado en Santa Fe, con una dosis de capricho alta que incluyó boicoter la alianza con Granata, que propiciaba Santiago Caputo. Este miércoles, Romina Diez, la delegada de Karina en Santa Fe, tuvo que improvisar un cierre de campaña con caravana y bengalas sin la hermana del presidente, a quien ahora tratan de salvar de una catástrofe.
Es que Karina Milei saboteó todos los intentos de acuerdos con Amalia Granata y se lanzó a la aventura con libertarios puros con la convicción de que el sello ganaba caminando. Pero la estrategia falló y Mayoraz enfrenta el próximo domingo una pelea reñida.
En Casa Rosada ya activaron las defensa para intentar amortiguar el impacto sobre Karina. La idea es adjudicarle la derrota a Lule Menem, quien sugirió el nombre de Mayoraz para encabezar la lista. Una situación que Santiago Caputo piensa aprovechar al máximo por su enfrentamiento con los Menem.
Además, el mal resultado amenaza con arrastrar a Patricia Bullrich y a su delegado en Rosario, Federico Angelini, que impulsaron al conductor del programa más visto de Rosario, Juan Pedro Aleart, que comenzó la campaña liderando las encuestas pero se derrumbó como un piano luego de las fallidas operaciones que intentó instalar el equipo de trolls que lidera Esteban Glavinich, hijo de una funcionaria kirchnerista devenido en libertario fanático.
Asesorado por este troll que opera bajo el nombre TraductorTeAma, Aleart primero inventó una entrevista con un supuesto empresario que terminó siendo candidato de La Libertad Avanza y después minimizó la crisis vial debido al abandono del estado Nacional.
Los malos pronósticos quedaron en evidencia este miércoles, cuando las principales figuras libertarias dejaron sola a la diputada Romina Diez que se tuvo que conformar con una gigantografía de Milei en la caravana que encabezó por Rosario, que se limitó a unos pocos autos, pero suficientes para cortar la avenida Belgrano en hora pico y generar un tremendo embotellamiento, cuando medio Rosario volvía del trabajo a sus casas.
El funcionario de mayor confianza del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, ministro de gobierno de Kicillof, protagonizó un incómodo episodio en plena madrugada del domingo. Fue detenido en un control de alcoholemia sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata y, lejos de colaborar, se negó a realizar el test. La negativa le costó cara: le retuvieron la licencia de conducir y el hecho quedó catalogado como “presunto positivo”.
El funcionario manejaba un Volkswagen Vento gris —patente AA 698 RV— que, casualidad o no, es propiedad del Gobierno de la Provincia. El operativo tuvo lugar en la zona del peaje Dock Sud, partido de Avellaneda.
Según el acta que se labró en el lugar, Bianco no sólo se negó a soplar la pipeta, sino que también habría pedido que no se grabara la escena. Todo un gesto de transparencia.
Alcohol Cero… ¿para todos?
En la provincia de Buenos Aires tiene vigencia la Ley de Alcohol Cero al volante. La norma no distingue entre funcionarios y simples peatones por lo que, negarse al test, equivale a haber dado positivo. Los agentes cumplieron el protocolo: acta, retención del registro, y a seguir viaje. El auto, sin embargo, no fue secuestrado.
Casualmente, Bianco suspendió su habitual conferencia de prensa de los lunes sin dar explicaciones. Oficialmente se adjudicó la ausencia a una cumbre política nocturna entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, en medio de la interna que atraviesa al Frente de Todos.
El incidente ocurrió apenas unas horas después del anuncio de Kicillof sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales, una decisión que cayó como una bomba dentro del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, que hasta hace poco eran aliados, ahora se preparan para medir fuerzas en las urnas.
¿Quién es Carlos Bianco?
Licenciado en Comercio Internacional, profesor universitario y funcionario de carrera, Bianco es el ladero político e ideológico de Kicillof desde hace más de dos décadas. Fue jefe de Gabinete bonaerense y hoy ocupa el cargo de ministro de Gobierno.
Irónicamente, en 2019, puso su Renault Clío a disposición del entonces candidato a gobernador, en un gesto de campaña que quedó grabado como símbolo de la “humildad militante”. A cinco años de aquel recorrido, el panorama -y el automóvil- es otro.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.
En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y Bunge–Viterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.
JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES
En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.
DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:
A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.
El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza se ubicó en 38,1% de la población durante el segundo semestre de 2024, lo que implicó una disminución de casi 15 puntos porcentuales frente al 52,9% que se registró en la primera mitad de ese año. Según la proyección oficial, hubo 17,9 millones de personas pobres en todo el país, mientras que la indigencia retrocedió de 18,1% a 8,2%.
El organismo estadístico señaló que la cantidad de pobres se redujo también en comparación con el 41,7% de fines de 2023, cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El primer año de gestión de Javier Milei concluyó con la pobreza más baja desde el primer semestre de 2022, de la mano de un alza en los ingresos, cierta estabilidad laboral y una desaceleración de la inflación.
En un comunicado oficial, la Oficina de la Presidencia celebró que “la pobreza sin precedentes que había dejado el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que llegó a un pico del 52,9% en la medición del primer semestre de 2024, se redujo al 38,1% en el segundo semestre, mientras que la indigencia disminuyó del 18,1% al 8,2%, como efecto directo de la lucha contra la inflación que ha llevado adelante el Presidente Javier Milei, además de la estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones que durante años limitaron el potencial económico de los argentinos”. El texto añadió: “Dichos índices reflejan el fracaso de las políticas del pasado, que sumieron a millones de argentinos en la precariedad mientras vendían que estaban ayudando a los pobres, pero la pobreza no paraba de aumentar. La gestión actual demuestra que el camino de la libertad económica y la responsabilidad fiscal es la vía para reducir la pobreza a largo plazo”.
El presidente Milei reaccionó con un mensaje en la red social X. Primero publicó: “Saquen del medio mandriles. Fin”. Luego amplió: “La pobreza cayó muy fuertemente. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta, la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones”. Finalmente apuntó: “Lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren mandriles econochantas, el club de los devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados/ignorantes (desde esos que se autoperciben como el centro bienpensante –zurdos no asumidos– hasta la izquierda más rancia)”.
Los datos oficiales provinieron de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y consideraron 31 aglomerados urbanos. Dentro de ese universo, se registraron 11.337.979 personas pobres (38,1%) y 2.451.657 personas indigentes (8,2%). El Gran Buenos Aires concentró la mayor cantidad de personas pobres: 5.987.424, de las cuales 1.382.378 estuvieron en situación de indigencia. Al discriminar esa región, se contabilizaron 5.486.186 pobres y 1.311.698 indigentes en los partidos del conurbano, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) exhibió 501.238 personas pobres (17,9%) y 70.680 indigentes (4,7%).
En el Noreste argentino (NEA) se observó el índice más alto, con un 47,0% de su población urbana bajo la línea de pobreza. En particular, Gran Resistencia (Chaco) registró 60,8% de personas pobres (259.067) y 22,4% de indigentes (95.358). En el Noroeste (NOA), la pobreza alcanzó el 42,8% y la indigencia se situó en 8,1%, con Salta (45% de pobreza y 7,7% de indigencia) y Santiago del Estero-La Banda (48,6% y 11,1%, respectivamente) entre los puntos más afectados.
La región Pampeana, que abarcó 2.278.753 personas pobres (35,6%) y 495.403 indigentes (7,7%), incluyó aglomerados con altos valores, como Concordia (57,1% de pobreza y 13,9% de indigencia) y San Nicolás-Villa Constitución (45,4% y 11,5%). En la zona de Cuyo, la pobreza cerró en 41,9% (782.442 personas) y la indigencia en 6,5% (120.477), con Gran Mendoza y Gran San Juan como los principales conglomerados afectados. Por otro lado, la Patagonia, si bien promedió los índices más bajos (33,5% de pobreza y 4,5% de indigencia), exhibió cifras elevadas en algunos sectores, como Rawson-Trelew (28,1% y 9,2%) o Viedma-Carmen de Patagones (39,4% y 7%).
Según el Indec, la incidencia de la pobreza en menores de 14 años alcanzó al 51,9%, lo que representó cerca de 5,7 millones de niños y niñas en hogares cuyos ingresos no cubrieron la canasta básica total. El ingreso familiar total promedio de los hogares pobres fue de 599.837 pesos mensuales, mientras que la canasta básica total de referencia para ese mismo conjunto promedió los 952.313 pesos. La brecha de la pobreza alcanzó el 37%, con un descenso notorio frente a lo registrado en el primer semestre de 2024.
Entre los pronunciamientos oficiales, La Libertad Avanza publicó: “Los kukas nos dejaron una pobreza de 52,9% y Milei la bajó a 38,1%. Abrazo”. En tanto, el Ministerio de Economía resaltó que “con respecto al primer semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una disminución, tanto en los hogares como en las personas, de 13,9 y 14,8 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en el caso de la indigencia la baja fue de 7,2 en los hogares y 9,9 en las personas”.
El Indec también precisó que, en el área de Gran Córdoba, la pobreza alcanzó al 35,5% de la población, con 25,2% de los hogares en esa condición, mientras que en Río Cuarto se ubicó en 37,5% de las personas y en 27,5% de los hogares. Con estos números, distintos sectores evaluaron los factores que motivaron la caída de los indicadores sociales, en especial la desaceleración de los precios y la recomposición de ingresos en el segmento informal durante los últimos meses de 2024.
A modo de balance, el Gobierno destacó que la pobreza “se redujo al 38,1% en el segundo semestre”, y el propio Milei sostuvo que su administración “profundizará este camino que ha demostrado devolverles a los argentinos la dignidad que les fue negada durante décadas”. El dato oficial finalizó así por debajo de la medición de cierre de la anterior gestión, que había quedado en 41,7%, y lejos del récord de 52,9% de la primera mitad de 2024.
