“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

El Tribunal Superior de Justicia de CABA falló en favor del periodista: "Se dio importancia a la libertad de expresión por sobre el poder", explicó el abogado Marcelo Peña.
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En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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“Fue una persecución política que les salió mal” | Habló el abogado de El Presto luego de que la Justicia lo absolviera

El miércoles 15 de mayo el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, declaró la absolución del periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, quien había sido denunciado por Adán Humberto Bahl, exvicegobernador de Entre Ríos y exintendente de Paraná, por “instigación a cometer delitos”.

La decisión del juez fue destacada por el abogado de El Presto, Augusto Lafferriere, como “un fuerte espaldarazo a la libertad de expresión y de ideas que tiene todo ciudadano. Fue una persecución política que les salió mal”. Considerando que Entre Ríos ha sido históricamente gobernada por el peronismo, Lafferriere calificó el fallo de Brugo como “valiente y fundado en derecho”.

El momento en que la Justicia absuelve de culpa y cargo a El Presto

“No podemos desconocer el tinte político de este caso”: al momento de la denuncia, Adán Bahl era el candidato a gobernador de Entre Ríos. Aunque el delito investigado es relativamente menor en comparación con otros en el Código Penal, el Ministerio Público Fiscal tomó el caso. Según Lafferriere, “normalmente, este tipo de situaciones se archivan en menos de cinco días, ya que hay casos mucho más importantes y, por el principio de oportunidad, el Ministerio Público Fiscal no puede perseguir todos los delitos que se denuncian”.

La denuncia contra el periodista fue presentada el 5 de mayo de 2020, cuando el peronismo consideraba a Bahl como el futuro gobernador de Entre Ríos, sucediendo a Bordet. Sin embargo, el destino se torció: la pésima gestión de la pandemia, la crisis económica, el malestar social y la aparición de Milei en la escena política, afectó a las proyecciones del peronismo y la lista de Bahl quedó en segundo lugar, siendo derrotada por la de Frigerio. “El expediente se mantuvo cuatro años porque (Adán Bahl) ya se creía Gobernador. Por eso no fue archivado”, agregó Lafferriere.

LOS CONTUNDENTES ARGUMENTOS DEL JUEZ BRUGO:

El magistrado argumentó que la Fiscalía no pudo acreditar varios aspectos “con posterioridad a la viralización del video”: Se desconocía los domicilios de Bahl y del SUOYEM, no se acreditó que terceras personas hayan visitado el domicilio del exintendente después de la viralización del video, y no se comprobó que alguien haya ido a la casa de Bahl el 7 de mayo de 2020. Tampoco se acreditó el temor que supuestamente generó en la esposa e hijos de Bahl, ya que no se pudo acreditar quiénes eran ni fueron ofrecidos como testigos.

En relación al análisis del video publicado por Prestofelippo, Brugo destacó que era un programa de 55 minutos que abordaba diversos temas, como la liberación de presos durante la pandemia y conflictos laborales. Señaló que el programa tenía un claro discurso político, criticaba decisiones judiciales y utilizaba un tono sarcástico y vehemente. A pesar de que se observaban elementos que podrían constituir delitos públicos, como la apología del delito, el magistrado consideró que el discurso de Prestofelippo, aunque controvertido, no tenía la capacidad suficiente para causar una conmoción social.

La respuesta del periodista a Bahl durante el juicio: “No soy ejemplo de nadie, pero yo no le robo a los entrerrianos ni uso al Estado para perseguir gente”

El juez también mencionó que el “consejo” de Prestofelippo de “quemar la casa de Bahl con su familia adentro” se hizo en un contexto político y vehemente, donde previamente había insultado a Bahl y luego, segundos después del exabrupto, el periodista pidió “perdón por la vehemencia”. Consideró que este consejo, aunque repudiable, no fue serio y fue dado de manera irreflexiva, sin la intención de que se llevara a cabo. En base a estos argumentos, el juez concluyó que no se configuró el delito de instigación a cometer delitos en la conducta de Prestofelippo “advierte una pasión encendida, la vehemencia, la irreverencia, su falta absoluta de apego a las formas, la falta de respeto, es un periodista transgresor, el sarcasmo y el cinismo que utiliza para comunicar”.

Redacción

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Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.

Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

Redacción

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Grabois y Fernández Sagasti imputados por malversación de fondos para viviendas

El pasado viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al piquetero Juan Grabois, a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a la militante Ramona Fernanda Miño y a Jorge Tanus, titular del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos se conocieron tras una auditoría solicitada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se centra en posibles irregularidades en los Fondos de Integración Socio Urbana (FISU). Los montos del desfalco implican fondos para la construcción de viviendas sociales por 1 millón de dólares, entregados entre 2020 y 2023, que se habrían utilizado para campañas políticas, viajes y demás gastos que no se rindieron. Según la auditoría del gobierno de Milei, se presupuestaron 6.517 viviendas pero se finalizaron apenas 400.

También se investiga el crecimiento desproporcional de empleados del FISU, cifra que pasó de 60 a 600 trabajadores, de los cuales estaban todos afiliados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partido fundado por Grabois.

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″, indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos.

Según el documento oficial la administración de los fondos que integran ese fideicomiso se encontraría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Redacción

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Con un contundente discurso, El Presto destrozó a Bahl en pleno juicio

Este lunes, Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, cruzó en los Tribunales de Paraná, en Entre Ríos, al exintendente y exvicegobernador de esa provincia, Adán Humberto Bahl. El burócrata denunció al periodista por una declaración que éste realizó durante una emisión en vivo en el año 2020.

El discurso de El Presto

A la declaración del burócrata siguió la de El Presto. En la declaración, de poco menos de 20 minutos, el periodista cargó contra algunos ítems mencionados por Bahl: “El intendente dijo que nunca persiguió a nadie, haciendo referencia a los periodistas. Me pregunto a quién podría perseguir en la ciudad de Paraná si casi la totalidad del periodismo responde, directa o indirectamente, a la pauta oficial”.

Luego, volvió a citar otra de las frases de Bahl. A Prestofelippo le sorprendió que Bahl haya tratado a los empleados municipales de “animales arriados” donde “los sindicalistas dan órdenes y ellos responden”. Finalmente, antes de leer su discurso, contó que, en medio de pequeño encontronazo con su abogado, el exintendente Adán Bahl lo insultó en medio del juicio.

Frases destacadas de su discurso:

– Aquí se están utilizando los mecanismos de la golpeada Justicia entrerriana para llevar adelante un circo político/mediático.

– (Lo que dijo) Fue un exabrupto porque en ese momento, pleno confinamiento, Adán Bahl estaba echando descarada y arbitrariamente, a cientos de trabajadores municipales que cobraban —como ahora— míseros sueldos. Muchos en condiciones laborales deplorables… Ahí no existían ni “compañeros”, ni “justicia social”, ni todos esos slogan que estos populistas utilizan para llegar al poder.

– Este Señor me trae aquí y desea que la Justicia me condene, porque nosotros, en el año 2019, a través de una larga y cuidada investigación, descubrimos que, el por entonces candidato a intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, tenía un hijo extramatrimonial que había abandonado, un hijo al que no dió su apellido ni cuota alimentaria, un hijo que dejó tirado peor que un perro. Y ese era el mismo Señor que quería hacerse cargo de los paranaenses y cuidar a los paranaenses, no tuvo ni el valor ni la hombría para cuidar, como mínimo de manera económica, a su propio hijo. Es por eso que este hombre me aborrece.

Yo no soy ejemplo de nada ni de nadie. Soy un hombre vehemente, que se equivoca mucho. Pero yo no le robo a los entrerrianos, yo no uso al Estado para perseguir gente, ni meter familiares sin talento ni estudios.

Redacción

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El Gobierno restituyó a Parques Nacionales tierras que Alberto entregó a los mapuches

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión del Gobierno de restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras cedidas a “presuntas comunidades indígenas” Mapuches por la gestión de Alberto Fernández. El terreno en cuestión pertenecían a la Universidad del Sur, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche.

Los terrenos fueron entregados a la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, agrupación política liderada por “Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, explicó el vocero.

Franco Dellavalle (Instagram)

Adorni puntualizó que, durante la gestión del Frente de Todos, “se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias”. Además, explicó que unos 81 reconocimientos fueron realizados los últimos 16 días de gestión, “para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones”.

Ayer jueves, autoridades de Parques Nacionales mantuvieron reuniones en San Carlos de Bariloche (Río Negro) con el fin de rescindir la cesión de comodato emitida el 25 de noviembre de 2021.

El acuerdo fue firmado por el extitular de Parques Nacionales, Federico Granato, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y por el titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Fabián Marmoni.

Redacción

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Condenaron a 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a intendente K, por robar planes sociales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó, la semana pasada, al intendente en funciones de la ciudad Correntina, Diego Martín Caram, a 7 años y 6 meses de prisión por haberse quedado con dinero de los planes sociales.

Caram obsequiando un poncho mercedeño a Cristina Fernández durante una reunión de dirigentes del Frente de Todos en el Instituto Patria, julio de 2019

La investigación inició en 2019 cuando el exintendente, Víctor Cemborain, acercó a un juzgado una fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.

LA CONDENA

El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran. Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real son los montos punitivos del juicio en el que Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado.

Además, el tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.

Junto al intendente, fue condenado el contador, Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por otra parte, Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal, deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Redacción

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