“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez
El Tribunal Superior de Justicia de CABA falló en favor del periodista: "Se dio importancia a la libertad de expresión por sobre el poder", explicó el abogado Marcelo Peña.
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En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.
El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.
Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).
“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.
A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.
Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.
De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.
“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.
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Durante 2025, el sistema de salud público de Mendoza recaudó $70 millones a partir de los pagos realizados por extranjeros no residentes que se atendieron en hospitales y centros de salud provinciales. Según datos oficiales, la facturación correspondió a 461 personas, lo que arrojó un costo promedio por paciente de aproximadamente $150.000.
La titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), Daniela Correa, destacó que, aunque el monto pareció acotado en términos generales, “equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad”, y representó un aporte para la sostenibilidad del sistema.
El régimen se oficializó el 1 de agosto de 2024, tras su aprobación por la Legislatura mendocina. El mecanismo de cobro se rigió por tarifas establecidas por unidades de medida asistencial y alcanzó a pacientes extranjeros no residentes, en tránsito o con residencia provisoria. En esos casos, los pacientes costearon la atención por su cuenta o a través de su cobertura de salud en el país de origen.
De acuerdo con la información difundida, la mayor parte de las atenciones correspondió a prestaciones ambulatorias. Correa explicó el perfil de demanda y señaló: “Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general”. La mayoría de los pacientes provino de países limítrofes, con mayor incidencia de chilenos, seguidos por bolivianos, brasileños, peruanos y paraguayos.
En el detalle de aranceles, una consulta médica general tuvo un costo de $13.000 y una consulta en subespecialidades ascendió a $19.500. La consulta de urgencia en guardia (hasta 6 horas, con estudios básicos) se valuó en $81.900. Para traslados, el esquema contempló $130.000 por ambulancia con médico (hasta 30 km) y $2,08 millones por traslado aéreo en helicóptero. En internaciones, la clínica en adultos se tarifó desde $299.000 por día; la internación pediátrica de mediana complejidad, en $338.000; y la internación de alta complejidad, en $390.000 por día.
La provincia también registró situaciones excepcionales vinculadas a urgencias en Alta Montaña. En esos casos, se reportaron traslados de urgencia para turistas europeos con costos que alcanzaron los $20 millones.
Los datos consignaron que la atención a extranjeros representó entre el 2% y el 3% del total de pacientes atendidos en el sistema público mendocino.
La gestión de la facturación se canalizó mediante Reforsal, organismo que además coordinó la facturación con prepagas y obras sociales locales. El material indicó que la medida buscó sostener la sustentabilidad de los servicios públicos y acompañar su funcionamiento.
En un contexto más amplio, la decisión de Mendoza se enmarcó en una tendencia regional: además de esa provincia, Salta, Jujuy y Santa Cruz, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecieron mecanismos para facturar atención de salud a extranjeros no residentes. Cada jurisdicción definió alcances, tarifas y excepciones, con el objetivo común de recuperar parte del costo que representó para el Estado la atención de personas que no contribuyeron regularmente con el sistema impositivo provincial.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una actualización tarifaria de 7,17% para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, ambos concesionados a la empresa AUBASA.
La medida se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral regido por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos valores comenzaron a regir a las 00 h del sábado 3 de enero de 2026, tras haberse cumplido la audiencia pública correspondiente y sin haber recibido objeciones por parte de los organismos de control.
El ajuste se basa en una metodología de cálculo que pondera diversos indicadores del INDEC: un “55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados”, un “25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor” y un “20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General – IPC”.
Con esta actualización, las autoridades provinciales buscan ajustar los costos de mantenimiento de los caminos concesionados. Asimismo, se informó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.
En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los precios varían según la estación y el horario de circulación. En las cabinas de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) pagará $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango, mientras que los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, abonarán hasta $16.000.
Por su parte, en los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, el costo para autos quedó fijado en $1.000 para las horas de mayor afluencia y $800 en horario no pico.
Para quienes se dirijan hacia la costa por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los aumentos coinciden con el inicio de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos pesados de categoría 6 deben desembolsar hasta $34.900.
En el caso de la estación de Villa Elisa, las tarifas para autos particulares serán de $700 en hora pico y $600 fuera de dicho horario.
Finalmente, en otras rutas hacia los destinos balnearios, el cruce en General Madariaga tendrá un costo de $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.
En la estación de Mar Chiquita, la tarifa para la categoría 1 quedó establecida en $3.300, ascendiendo a $16.100 para la categoría 6. Estas resoluciones fueron publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
El ascenso de Rocío Ángeles Julieta Gómez, de 22 años, representa la contradicción más cruda del discurso oficial. En abril de 2024 trascendió un video de ella, frente a estudiantes de la UBA, exclamando: “Creemos en la educación pública también como motor del ascenso social, en una sociedad meritocrática, de esfuerzo y de trabajo“. No obstante, su realidad administrativa cuenta una historia diferente: tras desempeñarse como fiscal de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, fue premiada en abril de 2025 con un cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Sin experiencia previa, sin haber pasado por un concurso de oposición y sin cumplir con los requisitos mínimos de formación que exige el Estado, su contrato acaba de ser prorrogado, lo que desató una nueva ola de indignación en redes sociales ante la evidencia de una militancia financiada por el contribuyente.
La ingeniería financiera detrás de su sueldo es un insulto a la carrera administrativa y a la transparencia. Según el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) —el escalafón que regula los salarios estatales según nivel y grado—, a Gómez le correspondería un básico de $1.004.243,76 por su Nivel B de grado 0. Sin embargo, la militante necesitaba un sueldo mayor, pero como no cumple con los requisitos mínimos para ello, Karina Milei firmó unaexcepción y le otorgó un suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV de $1.270.019,70. De esta manera, el Estado más que duplicó su salario para alcanzar los $2.274.263,46 mensuales, cifra que se indexará automáticamente con cada paritaria —la actualización salarial por inflación—, blindando su nivel de vida mientras el resto de la sociedad debe trabajar para pagarle el sueldo.
Para comprender la magnitud de este beneficio, basta comparar los 2.2 millones de Gómez con los ingresos de quienes sostienen los servicios esenciales del país. Mientras la militante mileísta percibe este monto por “seguimiento de proyectos”, un médico clínico promedio en Argentina gana cerca de $950.000, una maestra de primaria con diez años de antigüedad ronda los $750.000 y un policía bonaerense apenas supera los $800.000. Gómez, sin título ni trayectoria profesional, cobra casi tres veces más que los profesionales que cuidan la salud y la seguridad de la población, demostrando que en este esquema, el activismo digital y la lealtad partidaria resultan mucho más rentables que cualquier vocación de servicio o formación académica.
Desde abril de 2025, Gómez se desempeña como “Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales” de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, dependiendo de forma directa de Eduardo “Lule” Menem y, luego, de Karina y Javier Milei.
El antecedente Urbani: de cajero de McDonald’s a la coordinación nacional
Este fenómeno no es un hecho aislado, sino un patrón de colonización estatal que utiliza el dinero público como herramienta de premiación política. El caso de David Urbani es paradigmático y sirve para contextualizar que lo de Gómez no es un error, sino un método: en diciembre de 2023 se hizo público que su única experiencia laboral previa eran ocho meses como cajero en un McDonald’s.
Hoy, con una nula preparación técnica y sólo el bachillerato completo, Urbani acumula funciones como Auxiliar administrativo en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón y como Coordinador de comunicación para LLA Nacional. Es el triunfo del “militante todoterreno” que, tras un breve paso por el sector privado, encontró en el Estado un refugio de doble ingreso.
La situación de Urbani refuerza la idea de una Cámpora mileísta que desprecia la meritocracia que declama. Sin trayectoria en gestión ni especialización en comunicaciones, su nombramiento nacional responde únicamente a su rol como pseudo-referente territorial y digital. Mientras el discurso oficial estigmatiza al empleado público de carrera, premia a jóvenes sin experiencia con sueldos jerárquicos, transformando las oficinas gubernamentales en una sucursal de empleo para el círculo de confianza del partido. Esta recapitalización del caso Urbani permite ver que la estructura estatal está siendo utilizada para profesionalizar a una militancia que, de otro modo, difícilmente accedería a cargos de tal responsabilidad y remuneración.
El mapa del nepotismo y de la casta digital
La lista de beneficiarios de este esquema es extensa y se ramifica por todas las dependencias oficiales, recordando las prácticas que el propio espacio político prometió erradicar. Juan Pablo Carreira (conocido como “Juan Doe”), el tuitero que durante años fustigó al empleo público, hoy encabeza la Dirección Nacional de Comunicación Digital; el youtuber mileísta Tomás Jurado (conocido como “El Peluca Milei”) y Gabriel Iván Gómez (editor de Carajo, el 678 del mileísmo) se refugiaron en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. A ellos se suman Ezequiel Ismael Acuña (conocido como “El Pasante”), panelista del programa de streaming del “Gordo Dan”, y Mariano Pérez (fundador del canal de YouTube “Break Point”), quien percibió un sueldo de la Legislatura Porteña entre el 10 de diciembre de 2021 y el 1 de julio de 2024, mientras cubría la actividad oficial.
Este entramado de militantes rentados se completa con casos como el de Lucas Tomás Luna (conocido como “Sagaz”), tras ser excluido de las listas de 2023 por comentarios discriminatorios contra los discapacitados, luego fue recompensado con una dirección en la empresa estatal Intercargo. Incluso áreas críticas como el Ministerio de Defensa y el INCAA han servido para dar cobijo a panelistas del streaming Carajo como Nicolás Promanzio (anunciado recientemente) y el tuitero Pedro María Lantarón (conocido en redes como “El Pit”), quienes cambiaron sus críticas al sistema por un recibo de sueldo oficial.
Finalmente, la red de contención se extiende a los círculos afectivos de los referentes del espacio, evidenciando un nepotismo sistémico. Agustín Romo, diputado provincial y jefe del bloque de LLA en la Legislatura Bonaerense, ha sido señalado por la inserción de una treintena de allegados, incluyendo a su pareja Valentina Lazbal y a su padre, en la estructura de Ferrocarriles Argentinos. En sintonía, María Belén Casas, pareja de Daniel Parisini (“Gordo Dan”), ocupa una jefatura de gabinete en el área de políticas universitarias; y la simbiosis es total: su jefe directo, el subsecretario Alejandro Álvarez, es un invitado frecuente en el programa de streaming de Parisini, donde utiliza el espacio para validar sus políticas ante la audiencia oficialista.
Este entramado de favores y clientelismo digital confirma que la supuesta batalla cultural que da el mileísmo no es una gesta heroica, sino una estructura de poder que utiliza las cajas del Estado para sostener a su propia casta de seguidores, traicionando la promesa de austeridad hecha a sus votantes.
Radio y Televisión Argentina (RTA) terminó de pagar a fines del año pasado una indemnización de $ 78 millones al periodista Pedro Brieger, tras un acuerdo extrajudicial vinculado a su reclamo por despido. Brieger se consideró despedido de los programas en los que participó durante poco más de 10 años en la TV Pública y Radio Nacional, hasta abril de 2016, y desde entonces inició un proceso judicial que llegó a la Corte Suprema, donde permaneció más de dos años sin resolución.
Según fuentes judiciales, el entendimiento se alcanzó cuando la causa se encontraba en condiciones de resolverse en la Corte, luego de que RTA apeló una sentencia que consideró “exorbitante y desproporcionada”. En 2023, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó pagarle a Brieger $223,84 millones, una cifra que RTA cuestionó por el modo de cálculo de los intereses.
En primera instancia, el juez Alberto Miguel González fijó una condena de $5.873.521, más los intereses correspondientes al período transcurrido entre abril de 2016 y el cobro del fallo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo modificó la tasa de interés y dispuso que se aplicara el “Acta CNAT 2764”, que hasta fines de agosto de 2023 arrojó una tasa del 3.711%, lo que elevó el monto a $223,84 millones.
RTA apeló ante la máxima instancia judicial. La apoderada de la empresa estatal, Silvia Touceda, sostuvo que la aplicación de esos intereses “tendría como resultado la cifra exorbitante y desproporcionada de $223.844.085”. En su planteo, afirmó que, con otros criterios, la suma habría sido menor: indicó que, si se aplicaba la tasa activa efectiva anual vencida del Banco Nación, los intereses alcanzaban el 416% y la indemnización quedaba en $30.333.792, mientras que, con una tasa de interés simple del 268%, correspondía $21.626.307.
Fuentes judiciales explicaron que “el Acta 2764 de cálculo de intereses es muy gravosa para las empleadoras, ya que capitaliza anualmente los mismos. Esa decisión, implica multiplicar exponencialmente el monto de la misma”. Al momento de firmarse el acuerdo extrajudicial, el recurso presentado ante la Corte todavía no se resolvió.
En paralelo, la asociación Periodistas Argentinas se presentó ante la Justicia, en julio del año pasado, para pedir una medida cautelar que permitiera embargar la indemnización por despido que Brieger iba a recibir de la TV Pública, que estimaron en $335 millones, y así garantizar la “reparación efectiva” de las mujeres que denunciaron acoso y agresión sexual. La solicitud se hizo en nombre de 19 mujeres que, según ese colectivo, “han sido víctimas de acoso y agresión sexual en contexto laboral y académico” por parte del periodista, a lo largo de 30 años.
Pese a ese reclamo, RTA decidió cerrar el acuerdo extrajudicial y pagarle $ 78 millones en tres cuotas, con la última en diciembre de 2025. Tras conocerse el pago, Periodistas Argentinas aseguró: “TV Pública logra acuerdo extrajudicial con Pedro Brieger y paga $78 millones de indemnización por despido. Así Brieger eludió la cautelar presentada por Periodistas Argentinas para la reparación efectiva de 19 víctimas de acoso sexual”.
Las denuncias públicas contra Brieger se conocieron en medio del trámite judicial por su indemnización. Fuentes judiciales señalaron que cuando RTA apeló en 2023 todavía no se conocían los casos de acoso sexual. En ese contexto, una discusión pública entre la periodista Cecilia Guardati y Roberto Navarro (dueño de El Destape) incluyó la frase: “El problema es que Pedro Brieger es un acosador sexual”. Ese señalamiento dio origen a una investigación que derivó en la difusión de los primeros casos y en la respuesta del periodista.
En 2024, la investigación del periodista Alejandro Alfie, de Clarín, difundió testimonios de conductoras y productoras que relataron situaciones abusivas. Periodistas Argentinas denunció judicial y públicamente los acosos y presentó en el Congreso un informe de 19 víctimas, entre las que mencionó a una vecina del barrio de Belgrano, dos alumnas de TEA, una estudiante de la Universidad de La Plata, una ex alumna, dos periodistas de la TV Pública, una egresada del doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, una agente de prensa de una asociación civil, una estudiante de Ciencias Políticas, dos reporteras, una ayudante de cátedra y una columnista radial.
En ese marco, Guardati describió uno de los primeros casos difundidos: “Conocí a Brieger en 2008 en una cobertura de un viaje presidencial de Cristina Kirchner al norte de África. Yo era corresponsal de la agencia Télam y él trabajaba en la TV Pública. Por una cuestión laboral me pide que le lleve algo a su habitación y cuando llego, tenía la puerta entreabierta y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, mientras se masturbaba”.
Brieger grabó el 12 de julio de 2024 un video para “pedir perdón” e intentar exculparse. En ese mensaje, afirmó: “Lo que describen existió”, pero “hoy soy otra persona”. Diez días después de la presentación de 19 casos, y tras un pedido de disculpas formulado por la asociación, Brieger publicó un video con disculpas formales y dio crédito a los testimonios, en un cambio de posición respecto de lo que sostuvo el 12 de marzo de ese mismo año, cuando negó los hechos y amenazó con denunciar a un cronista, al diario y a las fuentes.
El PRO de la provincia de Buenos Aires termina de definir su hoja de ruta para el 2026 con un objetivo de supervivencia: blindar sus territorios y fortalecer las gestiones locales frente al peronismo y los libertarios, complejos aliados nacionales. Bajo la conducción de Cristian Ritondo, el macrismo bonaerense mastica tensión con La Libertad Avanza: aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que evite una derrota frente al PJ, la complejidad que imponen los libertarios en el territorio obliga a los amarillos a no descartar una competencia en soledad si el escenario de coalición se vuelve imposible.
A diferencia de la Nación, en la Provincia no hay balotaje. Esa particularidad obliga a una alianza antiperonista para pensar en 2027, pero el PRO advierte que no aceptará una absorción y apuesta por fortalecer su identidad propia. Mientras Diego Santilli —hoy con vidriera en el Ministerio del Interior— y el propio Ritondo asoman como las cartas amarillas, el oficialismo nacional puede mostrar nombres como los de Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.
Ritondo ya dio señales de pragmatismo:
Tras las elecciones de octubre, Ritondo aseguró estar dispuesto a sostener la candidatura del “Colorado” para evitar que los egos le allanen el camino al peronismo. Sin embargo, ese espíritu de unidad choca con la realidad del territorio, donde los libertarios son vistos como una fuerza “destructiva” que juega al límite incluso en los distritos donde el PRO es oficialismo.
Para diferenciarse, el partido avanza en una estrategia de trabajo local y apuesta a sus modelos de gestión: la seguridad en el Vicente López de Soledad Martínez, la atracción de inversiones de Marcelo Matzkin en Zárate y los resultados turísticos de Juan Ibarguren en Pinamar. En los distritos donde son oposición, como Bahía Blanca o Necochea, el foco estará en las presidencias de los Concejos Deliberantes, que manejan. El plan incluye una mesa legislativa articulada – integrada por parlamentarios provinciales y nacionales – con el respaldo de la Fundación Pensar provincial, presidida por Florencia de Sensi, que funcionará como la usina de proyectos técnicos para cada localidad.
A pesar de la sintonía mostrada hasta el momento en el Congreso Nacional, en el barro bonaerense la relación con La Libertad Avanza atraviesa un momento delicado. Si bien el verano habilitó un espacio de no agresión, el 2025 cerró con bombas cruzadas y, hoy por hoy, el PRO trabaja de forma independiente, sin articulación con el gobierno nacional. En la visión de los amarillos, los libertarios arrastran una actitud “destructiva” que se remonta a la campaña, cuando la coordinación de fuerzas se hizo cuesta arriba. El antecedente más dramático es el de La Matanza, donde el PRO llegó al extremo de retirar a sus fiscales ante los malos manejos de sus socios.
Los cortocircuitos escalaron tras las elecciones, cuando el oficialismo nacional amenazó la gobernabilidad de los intendentes amarillos votando sistemáticamente en contra de leyes y presupuestos promovidos por quienes habían sido sus aliados estratégicos. “Juegan sucio y después pretenden nuestro apoyo incondicional”, disparan.
La diputada nacional Florencia De Sensi
La lista de agravios es extensa: desde Vicente López, donde rechazaron el presupuesto, hasta San Isidro, donde ni siquiera permitieron su tratamiento. En Junín y Pergamino aceptaron discutir autoridades para luego frenar cualquier expediente; en 9 de Julio el diálogo es nulo e incluso promovieron la destitución de la intendenta. En Zárate, el concejal violeta votó contra las autoridades del PRO; en Arrecifes encabezaron marchas contra la inseguridad atacando la gestión local en los medios, y en Pinamar intentaron arrebatar la jefatura del Concejo sin éxito.
Si últimamente no hubo nuevos focos de conflicto es sólo por tratarse de enero, un mes de baja intensidad política, pero la herida no sana y no hubo ninguna señal concreta de acercamiento. Hoy, la relación es de independencia: el PRO bonaerense camina solo, convencido de que su estructura territorial es clave posible para lograr la reconstrucción y enfrentar al peronismo.
Radio y Televisión Argentina cerró un acuerdo extrajudicial con el comunicador mientras el caso seguía sin definición en la Corte Suprema. Periodistas Argentinas pidió embargar el dinero para garantizar una “reparación efectiva” a 19 mujeres que denunciaron acoso y agresión sexual.
La firma Coteminas notificó la desvinculación de una parte de su plantel de trabajadores en su planta de La Banda, por caída del consumo y el aumento de competencia importada
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
