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La semana pasada, Mario Pergolini tomó algunos minutos de su programa en Vorterix para desmentir el cierre de la radio: “El viernes hicimos un chiste, estábamos hablando de un tema sobre la luz, además porque estamos por tomar una acción, y nos venía bien hacer el chiste de… ‘Se acabó, vamos a salir del 92.1′. A partir de ahí, hacemos como una conferencia de prensa, un chiste bastante común que hacemos desde hace muchos años, de simular como una conferencia donde todos te hacen preguntas y vos vas diciendo pavadas”.
El recorte que utilizaron los medios para anunciar el “cierre” de Vorterix
“Alguien levanta, hace un corte de eso, y dice: ‘Precios obscenos de la luz’ o ‘Vamos a cerrar Vorterix’. Tres minutos antes de este video queda claro que lo que decimos es un chiste”, agregó el conductor radial. Seguidamente, explicó que cambiará de frecuencia “porque la que tenemos la verdad es que no suena bien, preferimos mejorar la calidad de la transmisión”.
Frente a la confusión generada por lo medios, que levantaron un recorte del programa que se publicó en redes sociales, Pergolini cuestionó el rol de los periodistas: “¿A nadie se le dio por ver si ese video fue parte de un chiste, si realmente estábamos anunciando el cierre de Vorterix? Hemos visto cómo algunos lo tomaban para pegarle al Gobierno, se empiezan a preocupar por qué hará Pergolini con los empleados. Mal informados y tomándolo para pegarle al Gobierno. Y también aquellos que creían que le estábamos pegando al Gobierno”.
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“No nos dejemos llevar por los cortes. El problema es cuando los medios, o lo que entendemos por medios, dan por cierto fragmentos, y es muy complicado porque entre las fake news y las caras reemplazables y las voces clonadas… si desde lo básico de ver un video sin corroborar si es cierto, es complicado”, agregó además.
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“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.
El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.
Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.
En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.
Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.
El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.
Jorge Lanata, figura trascendental del periodismo, murió hoy a los 64 años luego de complicaciones médicas que lo mantuvieron internado desde junio de este año. Su fallecimiento marca el final de una carrera que dejó una huella imborrable en los medios y una profunda influencia en generaciones de periodistas. Tras varias recaídas, su estado se deterioró gravemente el 27 de diciembre, culminando en su deceso.
Nacido el 12 de septiembre de 1960 en Mar del Plata, Lanata inició su trayectoria periodística a los 14 años, cuando ingresó como redactor en el informativo de Radio Nacional. Este primer trabajo lo obtuvo gracias al consentimiento de su padre, ya que era menor de edad.
En 1987 —con apenas 26 años— fundó el diario Página/12, que redefinió los estándares del periodismo nacional. Este medio, que empezó como un modesto proyecto de 16 páginas, se convirtió rápidamente en un referente por su lenguaje innovador, su enfoque crítico y su capacidad para influir en la agenda pública.
Lanata no se limitó al ámbito gráfico e incursionó en todos los ambientes comunicacionales. En radio, su programa Lanata Sin Filtro, transmitido por Radio Mitre, se mantuvo como líder indiscutido de audiencia durante años. En televisión, fue el creador y conductor de ciclos emblemáticos como Día D y el mítico Periodismo Para Todos (PPT), este último reconocido por sus investigaciones que desentrañaron casos de corrupción de alto impacto, como, por ejemplo, la “Ruta del Dinero K”.
Además de su presencia en los medios, Lanata dejó una marca significativa en la literatura y la producción documental. Escribió libros como Argentinos (extensos tomos de historia nacional desde la fundación de Buenos Aires) y 10K: La década robada, que exploraron la identidad nacional y las complejidades del país desde una perspectiva crítica. En el ámbito documental, produjo trabajos como Deuda y 26 personas para salvar al mundo, que fueron transmitidos en toda América Latina.
Su obra fue reconocida con múltiples premios, incluyendo 26 Martín Fierro, el Konex de Platino y un Emmy Internacional por su labor investigativa. Durante la entrega de los Martín Fierro en 2013, acuñó el término “La Grieta” para describir la polarización política que caracteriza al país, consolidándose como una figura central en el análisis de la realidad nacional.
Lanata vivió una vida intensa y marcada por grandes desafíos personales. Se casó cinco veces y tuvo dos hijas, Lola y Bárbara. A nivel personal, enfrentó un descubrimiento impactante a los 55 años: era adoptado.
Sus problemas de salud fueron una constante en los últimos años. En 2015, se sometió a un trasplante de riñón en el que participó su entonces esposa, Sara Stewart Brown, como donante cruzada. También enfrentó complicaciones derivadas de la diabetes y la hipertensión, enfermedades que lo llevaron a numerosas internaciones. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, Lanata mantuvo su presencia en los medios, desafiando las limitaciones físicas con una determinación notable.
A lo largo de su carrera se destacó no solo por su trabajo, sino también por su capacidad para detectar y formar nuevos talentos en el periodismo. Incontables figuras periodísticas de la actualidad comenzaron sus carreras bajo su tutela, beneficiándose de su aguda percepción y estilo de liderazgo: “Veo en ellos algo que ellos mismos no ven, y mi trabajo es ayudarlos a ser lo más libres que puedan dentro de lo que son”, comentó en una entrevista.
Siempre polémico, Lanata entendía el periodismo como una herramienta para incomodar y desafiar. “El periodismo debe molestar, no ser complaciente. Nuestra responsabilidad es decir aquello que los poderosos quieren callar”, afirmó. Esta filosofía definió su estilo y lo llevó a convertirse en una figura polarizadora, admirada por muchos y criticada por otros, pero nunca ignorada.
En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores MarianoGallegos y MarinaAlegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo.Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.
La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.
Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.
Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.
En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.
Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.
El golpe a los afiliados
Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre.Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.
Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.
Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.
Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.
“La eficiencia administrativa es esencial“
Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.
Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.
Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.
Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.
Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.
Hoy viernes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la reforma al Código Electoral provincial, convirtiéndola en ley. Este cambio establece la adopción de la Boleta Única de Papel a partir de las elecciones de 2027. La iniciativa, promovida desde el Poder Ejecutivo, tuvo como principal defensor al gobernador Rogelio Frigerio, quien la describió como un avance histórico en modernidad y eficiencia democrática.
La nueva ley representa un quiebre con casi un siglo de tradición electoral basada en boletas partidarias. Con esta reforma, Entre Ríos se alinea con otras provincias como Santa Fe y Córdoba, que ya implementaron sistemas similares. El gobernador Frigerio se refirió a este hito de manera enfática: “Después de casi un siglo, los entrerrianos votarán de manera más moderna, ágil y transparente. Es un salto de calidad democrática que nos acerca a las mejores prácticas electorales de la región”.
El mandatario también destacó los beneficios económicos y ambientales asociados con la reforma: “Con la implementación de la BUP, se ahorrarán alrededor de 1.500 millones de pesos y se reducirá drásticamente el uso de papel. En las últimas elecciones, se emplearon 30.000 kilómetros de papel para imprimir boletas; este gasto es insostenible en términos ecológicos y financieros”.
La Boleta Única de Papel consiste en un documento de tamaño A3 que incluye todas las opciones electorales disponibles. Cada votante marca su elección con una cruz y luego deposita la boleta en la urna. Este modelo, además de simplificar el proceso de votación, agiliza el escrutinio. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, aseguró que “este sistema es más sencillo y seguro, permitiendo un conteo más transparente y eficiente de los votos”.
Además, se mantienen las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y se introduce un esquema de financiamiento estatal para las campañas, limitando los aportes privados. Esto busca nivelar las condiciones entre partidos grandes y pequeños, reduciendo las desigualdades en las competencias electorales.
La aprobación de la reforma no estuvo exenta de controversias. Aunque la mayoría oficialista de Juntos por el Cambio logró los votos necesarios, el peronismo optó por abstenerse en Diputados, generando tensiones internas. La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, argumentó que “no se incluyeron puntos clave que podrían haber fortalecido la reforma”. Sin embargo, esta postura contrastó con el respaldo que el peronismo había dado al proyecto en el Senado, donde algunos de sus miembros votaron a favor tras negociar modificaciones.
Rafael Cavagna, senador de Juntos por Entre Ríos, subrayó el carácter participativo del proyecto: “Esta ley es el resultado de un proceso abierto y transparente, en el que participaron partidos políticos, entidades educativas, gremios y organismos judiciales”. Cavagna también destacó que la reforma responde a una demanda histórica de 90 años por parte de la sociedad entrerriana.
Uno de los principales desafíos será garantizar que los ciudadanos comprendan cómo utilizar la nueva boleta. El gobierno provincial anunció un plan de capacitación masivo dirigido a votantes y autoridades de mesa. “Queremos que cada entrerriano llegue al día de las elecciones completamente informado y preparado para usar este sistema”, explicó Maneiro.
La reforma electoral se perfila como un avance integral para la democracia en Entre Ríos. Además de modernizar el proceso de votación, promete reforzar la transparencia y la equidad en las elecciones. Para Frigerio, esta medida representa “un legado para las próximas generaciones” y consolida su gestión como un punto de inflexión en la política provincial.
El impacto de esta reforma también se extenderá al financiamiento de las campañas, con topes más estrictos para los aportes privados y un monitoreo más riguroso. Esto no solo garantizará una competencia más justa, sino que también reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
En un nuevo acto de agresión al patrimonio cultural, integrantes de la organización Just Stop Oil llevaron a cabo un acto disruptivo que consistió en pintar con aerosol la lápida de Charles Darwin, ubicada en la Abadía de Westminster en Londres. Los activistas pintaron con aerosol naranja la inscripción “1,5 está muerto” sobre la lápida del destacado científico británico, en alusión al límite crítico de 1,5 grados Celsius de calentamiento global, superado por primera vez en 2024. Este mensaje pretendió subrayar el fracaso de las políticas climáticas para mantener las temperaturas dentro de un rango seguro para el planeta.
El ataque ocurrió este lunes y fue perpetrado por dos mujeres identificadas como Alyson Lee, de 66 años, y Di Bligh, de 77, quienes fueron arrestadas por causar daños criminales. Ambas mujeres, vinculadas al movimiento ambientalista, expresaron que su acción buscaba alertar sobre la inacción gubernamental frente al cambio climático. Lee declaró a los medios: “Estamos intentando que el gobierno actúe frente al cambio climático, pero no están haciendo lo suficiente”.
El ataque generó una fuerte indignación entre la opinión pública debido a la naturaleza vandálica de la acción y al hecho de que se perpetrara en un sitio histórico de alta relevancia cultural y científica. La Abadía de Westminster, conocida por su importancia histórica, alberga las tumbas de figuras prominentes como Isaac Newton, Stephen Hawking y el propio Charles Darwin, además de ser sede de coronaciones y bodas reales. Los activistas interrumpieron la tranquilidad del lugar y dejaron aerosoles junto a la tumba tras escribir el mensaje. La frase aludía al umbral climático de 1,5 grados Celsius, considerado un límite crucial para evitar efectos catastróficos del cambio climático. Según los activistas, Darwin “se revolvería en su tumba” al observar la situación actual.
Sin embargo, la acción despertó una fuerte condena debido a su naturaleza vandálica y la elección de un sitio histórico como escenario de “protesta”. Los guardias de la Abadía, presentes en el momento del incidente, no lograron evitar el ataque, que fue registrado por visitantes y compartido ampliamente en redes sociales.
Este episodio no es un caso aislado. Just Stop Oil, fundada en 2022, es conocida por sus manifestaciones disruptivas que buscan presionar al gobierno del Reino Unido para que detenga la exploración de petróleo y gas. El grupo ha protagonizado otros actos similares, como el daño a obras de arte icónicas en museos de Europa, incluyendo “Los girasoles” de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres y “La maja vestida” de Francisco de Goya en el Museo del Prado en España.
En 2024, dos miembros del grupo también vandalizaron las piedras de Stonehenge con pintura en polvo naranja. En todos los casos, los responsables fueron arrestados bajo cargos de alteración del orden público y vandalismo.
La Policía Metropolitana de Londres confirmó que las detenidas fueron trasladadas a una comisaría central, donde permanecen bajo custodia. Un portavoz de la Abadía declaró que los daños no serán permanentes y que las puertas del templo permanecerán abiertas para los fieles y visitantes.
Mientras tanto, la organización Just Stop Oil defendió las acciones de sus integrantes, argumentando que los verdaderos culpables son quienes promueven la explotación de combustibles fósiles. En un comunicado, lamentaron que “se les prohíba el derecho a protestar mientras los verdaderos criminales siguen libres”.
La frase “La ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento”, escrita por Darwin, adquiere una irónica relevancia en este contexto. Mientras los activistas buscan concienciar sobre la crisis climática, sus métodos generaron controversia por dañar patrimonios culturales y obras de arte.
El próximo miércoles 18 de diciembre, el escritor y analista político experto en relaciones internacionales, Álvaro Zicarelli y el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, disertarán en el Salón Lapacho del Club San Martín (calle Mariano Moreno 917) de la Ciudad de Corrientes a las 19:00 horas.
La charla “Argentina y el mundo: Los que se van y los que vienen”, organizada por la Escuelade Gobierno del PartidoPopular, una iniciativa orientada a la formación de líderes y la capacitación en temas de relevancia actual, se desarrollará en torno a los sucesos más relevantes del año saliente y los desafiantes pronósticos que aguarda 2025 en materia de política nacional, internacional y comunicacional.
El evento es gratuito. Para participar, solamente debe completarse el siguiente formulario:
Charla – Debate sobre lo vivido durante el 2024 y lo que se vendrá en 2025 en materia política y comunicación, a nivel nacional e internacional. Miércoles 18/12. Lugar: Salón Lapacho, Club San Martín. (Ciudad de Corrientes) Hora: 19hs.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
