FASCISTA Y BRUTO | Pablo Moyano amenazó a Caputo, pero después aclaró que se trató de una “frase METABÓLICA”
Después de la intensa indignación en las redes sociales provocada por Moyano, quien advirtió al ministro de Economía que "los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo", el líder sindical reconsideró sus palabras y aclaró que se trataba de una "frase metabólica".
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El líder camionero dio un discurso durante el paro general de la Confederación General del Trabajo en donde amenazó al ministro de Economía, Luis Caputo: “Si lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo”, aseveró Pablo Moyano.
Horas más tarde, en diálogo con los medios, un Moyano más relajado intentó explicar que se trató de “una frase metabólica”, confundiéndose —quiso decir, en realidad, “una frase metafórica”—. El furcio despertó las carcajadas de los usuarios de las redes.
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Este mediodía, a través de un comunicado publicado en redes, el Gobierno anunció el cierre del 40% de los registros automotores de todo el país. Según argumentaron desde el Ministerio de Justicia, la medida se tomó para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”. En ese marco, también se recortó en un 30% el personal de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), que depende la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona.
Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
Los registros automotores son los organismos responsables de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan en el país. Según la base de datos de la DNRPA, existen 1.558 registros automotores seccionales, que, durante el año 2023, realizaron un promedio de 254.940 trámites mensuales (3.059.285 a nivel nacional).
“A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”, explicaron desde mencionado Ministerio.
¿Qué dice el comunicado del Gobierno?
Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
Se eliminará la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
En diálogo con Radio Mitre, la ministra de Seguridad de la Nación reconoció que el oficialismo contempla bajar la edad de imputabilidad. Patricia Bullrich comentó que los funcionarios analizan “cómo impactó la medida en la población” de los países que adoptaron esa postura: “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”.
Lo que tiene claro es que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad. Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”.
En tal sentido, señaló que “hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando”. Por ello, tomó como ejemplo a Estados Unidos, país donde “tenían un tratamiento especial cuando (alguien) comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.
También destacó que se está implementando una política por la que se expulsa a los ilegales que delinquen: “Estamos trabajando con Migraciones, todos los días estamos echando del país a personas que pertenecen a organizaciones criminales y delinquen. Trabajamos para que la Argentina no esté llena de delincuentes extranjeros”, sostuvo Bullrich.
Un reducido grupo de personas, compuesto por expresidentes, exvicepresidentes, viudas y una hija de un exmandatario, cobra el equivalente a 833 jubilaciones mínimas.
Mientras, la mayoría de los jubilados sufre una pérdida significativa en su poder adquisitivo: cayó 81% tan solo durante la gestión del gobierno precedente.
El listado
Cristina Kirchner: Recibe 28,1 millones de pesos mensuales en bruto entre su jubilación y la pensión ilegal que recibe de su exesposo y expresidente, Néstor Kirchner. Estos 28 millones equivalen a 147 jubilaciones mínimas, de 190.141 pesos cada una.
Daniel Scioli: Cobra 17,5 millones de pesos. Actual funcionario “ad honorem” del Gobierno Nacional.
Mauricio Macri: Recibe 13,5 millones de pesos.
Alberto Fernández: 13 millones de pesos.
Adolfo Rodríguez Saá: A pesar de haber sido presidente durante tan solo una semana, recibe 12,9 millones de pesos.
Zulema Yoma: Recibe 11,1 millones de pesos como exesposa de Carlos Menem.
Gabriela Michetti: Cobra 9,8 millones de pesos por haber sido vicepresidenta.
Julio Cobos: Recibe 9,7 millones de pesos por haber sido vicepresidente.
Amalia Guido: Recibe 9,5 millones de pesos como hija de José María Guido.
Inés Pertiné: Recibe 9,4 millones de pesos como exesposa de Fernando de la Rúa.
Bety Andrés: Recibe 8,7 millones de pesos como exesposa de Roberto Levingston.
Amado Boudou: Recibe 8,2 millones de pesos, a pesar de estar condenado judicialmente en el caso Ciccone.
María Estela Martínez de Perón: Recibe 7 millones de pesos.
Vale tener en cuenta que los montos, correspondientes a abril, se duplicaron si se los compara con los percibidos en febrero.
A principios de marzo, el presidente anunció ocho medidas durante su discurso en el Congreso. El paquete de leyes “anti casta” incluye la eliminación de las jubilaciones de privilegio
Además del proyecto de Milei que busca derogar estas jubilaciones de privilegio, la diputada Graciela Ocaña, solicitó que se adopte algún tipo de medidas respecto de quienes hoy cobran esos suculentos haberes, ya que “resulta inconcebible que las capas más encumbradas del país sigan disfrutando de sus prerrogativas, las que se mantienen incólumes en detrimento de los más necesitados”.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.
Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.
Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.
El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.
El abogado del periodista, Augusto Lafferriere, dio detalles sobre la primer audiencia, realizada hoy lunes, entre Eduardo Prestofelippo y Adán Bahl, exvicegobernador de Entre Ríos y exintendente de Paraná. “Acá está en juego la libertad de expresión, la prensa independiente”, aseveró de entrada Lafferriere.
El letrado argumenta que el ataque viene desde el poder, “desde gente que más de tres décadas está gobernando la provincia”, de Entre Ríos. Adán Bahl denunció a Prestofelippo por “instigar a la violencia” en mayo de 2020, mientras era intendente de Paraná. De ese tiempo a esta parte, de haber cosechado resultados favorables en elecciones, en este momento, el burócrata estaría ocupando el cargo de Gobernador.
Lo que sucede es que “se toma cualquier exabrupto que pueda tener un periodista para tratar, de esa manera, ponerlo en aprietos, que tenga que andar recorriendo los pasillos de los tribunales para intranquilizarlo y que desvíe atención de su trabajo, sin que pueda ejercerla libremente por temor a terminar preso”.
“Esta causa siguió porque Bahl era el gobernador cantado. Si la denuncia viniera de un vecino común, esto termina archivado sin mucha vuelta. Pero como la hizo el futuro gobernador de Entre Ríos la Justicia le dio curso”, señaló Lafferriere.
La defensa considera que no hay delito ni tipicidad: “Estamos del ámbito de la libertad de expresión, es un derecho constitucionalmente garantizado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce y que no puede ser coartado por ninguna interpretación que haga un funcionario de turno”.
Un dato que llamó la atención del denunciado y de su defensa es que el juez que lleva adelante el proceso, Santiago Brugo, fue nombrado por el exgobernador de Entre Ríos y compañero de gestión de Bahl, Gustavo Bordet, a través del decreto 4526/23, fechado el 21 de noviembre de 2023.
La designación Brugo “es un dato objetivo”, sostiene el abogado del periodista. “Es una paradoja. Ya que, se juzga un hecho del 2020 con un magistrado que asumió hace poco. No se pone en duda la capacidad del Doctor Brugo, pero, sugestivamente, nos encontramos frente a esta situación curiosa en donde el compañero de fórmula del denunciante (Gustavo Bordet) coloca al juez para dictar sentencia al denunciado”.
Sobre este ítem, Lafferriere insiste en que “el juez está bien designado, ganó un concurso. La situación es muy curiosa, lo que no significa que sea mal juez ni que sea parcial o pretencioso, simplemente es una situación que llama la atención”.
El abogado considera que, en este caso, existe una “puja eterna entre el poder y el vecino de a pie, entre quienes manejan los resortes institucionales de los poderes de la provincia y del otro lado un vecino que opina cosas que no son de agrado para el poder de turno”.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estima que el 65% de la población de la provincia norteña recibe algún tipo de beneficio o prestación del Estado a través del organismo.
En diálogo con Diario La Mañana, el jefe de Unidades De Atención Integral (UDAI) de Formosa de ANSES, Fabián Firmán, dio a conocer la cifra: “Sabemos por la situación económica que estamos pasando. Nosotros hemos recorrido (el municipio) Ramón Lista la semana pasada y la concurrencia de la gente a los operativos es impresionante. Hemos tenido prácticamente mil personas que consultaron esta semana”.
Fabián Firmán
Es teniendo en cuenta los datos de ANSES sobre quiénes reciben asistencia en la provincia que Firmán estima el porcentaje, “muy alto” dice, de beneficiarios: el 65%.
Tras 23 años de gestión ininterrumpida de Gildo Insfrán, la ciudad de Formosa cerró el 2023 en 41%, lo que afecta a casi 20 millones de personas. A nivel provincial, esa cifra roza el 50%.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas. Todo esto es información que… pic.twitter.com/4uxO5Yv8x8
