El Gobierno decretó que los salones de fiestas dejen de pagarle a SADAIC por pasar música en eventos privados

La realidad actual generó la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar una protección efectiva de los derechos de los autores.
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El gobierno nacional introdujo importantes modificaciones en la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina, adaptándola a las necesidades y realidades del siglo XXI. A través del Decreto 765/2024, el cual actualiza y redefine varios aspectos clave sobre la ejecución pública de obras artísticas, basándose en la Ley N° 11.723, que es la base legal del derecho de autor en el país.

La Ley N° 11.723, sancionada en 1933, establece el régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina, protegiendo el derecho de autor sobre diversas expresiones artísticas y culturales. Esta ley asegura que los autores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, tengan el control sobre la utilización de sus creaciones, permitiéndoles autorizar o prohibir la reproducción, distribución y ejecución pública de las mismas.

Sin embargo, con el paso de los años, la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de consumir contenido hicieron que algunas de las definiciones y regulaciones de la ley queden obsoletas. Este desajuste entre la normativa vigente y la realidad actual generó la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar una protección efectiva de los derechos de los autores.


Uno de los puntos centrales que plantea la norma es la redefinición del concepto de “ejecución pública”. Hasta ahora, la última modificación significativa en esta área se había realizado en 1945, cuando se ajustó el Decreto N° 41.223/34. No obstante, la definición de ejecución pública en ese momento respondía a una realidad muy distinta a la que enfrentamos hoy en día, donde el acceso a obras artísticas y culturales se democratizó y diversificó considerablemente gracias a las tecnologías digitales.

El objetivo de esta actualización es proporcionar una definición más clara y actualizada del término “ejecución pública” que refleje mejor la realidad del siglo XXI. Esto implica reconocer los nuevos medios a través de los cuales las obras pueden ser compartidas y consumidas por el público, como el streaming en Internet y otras plataformas digitales, así como garantizar que los derechos de los autores sean respetados y adecuadamente compensados.


Modificaciones claves en dos artículos fundamentales del Decreto N° 41.223/34, que reglamenta la Ley N° 11.723.

1- Redefinición de la ejecución pública

El nuevo artículo 33 establece que la ejecución pública se refiere a cualquier representación de una obra en un espacio de acceso público, dirigida a una pluralidad de personas, independientemente de los fines que persiga dicha representación. Esta definición amplia incluye tanto las ejecuciones realizadas en vivo por artistas, como aquellas que se realizan a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, como es el caso de las transmisiones por radio, televisión, altavoces e Internet.

Lo que resulta novedoso es la exclusión explícita de las representaciones o ejecuciones que se realicen en ámbitos privados. Es decir, si una obra es interpretada en un lugar de acceso restringido y no está abierta al público general, no se considerará una ejecución pública bajo esta normativa. Esto busca aclarar situaciones donde, por ejemplo, una obra es compartida en reuniones familiares o eventos privados.

2 – Derechos de los autores en la era digital

El artículo 35 también fue revisado para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Según esta modificación, las obras musicales, cinematográficas y los fonogramas no pueden ser objeto de ejecución pública sin la autorización expresa de los titulares de los derechos. Esta autorización puede ser gestionada directamente por los autores o a través de sociedades de gestión colectiva que los representen.

Además, se establece que cualquier persona que obtenga un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, a través de la ejecución pública de una obra, debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos. Esto incluye a quienes utilizan la obra de manera ocasional o permanente en actividades comerciales, como bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos similares.

Un aspecto importante de este artículo es que no será necesario abonar una compensación cuando las obras se utilicen con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales. Esta excepción reconoce el valor social y educativo de la difusión cultural, permitiendo un acceso más amplio a las obras artísticas en contextos que no buscan un beneficio económico.

IMPACTO EN EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

La idea de la actualización es equilibrar el derecho de los autores a ser remunerados por su trabajo con la necesidad de adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución. La clarificación del concepto de ejecución pública y la incorporación de las nuevas formas de consumo digital son pasos significativos hacia una protección más efectiva de la propiedad intelectual.

Para los artistas, músicos, cineastas y otros creadores, esta actualización representa un reconocimiento de la importancia de su trabajo y un esfuerzo por proteger sus derechos en un contexto donde la tecnología cambió las reglas del juego. Sin embargo, también plantea desafíos, especialmente en la implementación y monitoreo de estas normativas en el vasto y dinámico espacio digital.

Por otro lado, para los establecimientos que utilizan obras protegidas, como bares, restaurantes y gimnasios, el decreto subraya la importancia de contar con las licencias adecuadas para la ejecución pública de obras. De no hacerlo, se arriesgan a enfrentar sanciones por el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.


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María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz por su “figura de unidad” en Venezuela

El Comité Noruego del Nobel anunció que María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El Comité Nobel destacó que Machado se ha erigido como “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela” y “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”. En las primarias opositoras de octubre de 2023, obtuvo una victoria abrumadora con el 92,35% de los votos, consolidándose como la candidata predilecta.

Sin embargo, fue inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro para participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Esta inhabilitación fue ampliamente condenada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y Human Rights Watch. En un gesto de sacrificio político, Machado cedió su lugar al diplomático Edmundo González Urrutia como autoridad de la oposición.

The Nobel Prize on X (formerly Twitter): “BREAKING NEWSThe Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 / X”

BREAKING NEWSThe Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9

Machado se convierte así en la segunda venezolana en ganar un Premio Nobel, después del inmunólogo Baruj Benacerraf, quien ganó el Nobel de Fisiología o Medicina en 1980. Aun así, es la primera venezolana en ganar el Nobel de la Paz y representa un reconocimiento histórico a la lucha democrática en América Latina.

Antes del Nobel, Machado ya había recibido reconocimiento internacional por su valentía y liderazgo democrático. En septiembre de 2024, el Consejo de Europa le otorgó el prestigioso Premio Václav Havel de Derechos Humanos, convirtiéndose en la primera latinoamericana en recibir este galardón. Su hija Ana tuvo que recoger el premio en su nombre en Estrasburgo, ya que Machado se encuentra bajo amenaza constante en Venezuela.

“La verdad persiste hasta prevalecer”, declaró Machado, tras recibir la condecoración.

Las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024 se convirtieron en un momento definitorio para la democracia venezolana. A pesar de estar inhabilitada, el liderazgo de Machado fue clave para que la oposición obtuviera casi dos tercios de los votos, según múltiples evidencias y análisis independientes.

María Corina Machado Parisca, nacida el 7 de octubre de 1967 en Caracas, es una ingeniera industrial, política y activista venezolana que se ha convertido en el rostro más visible de la oposición democrática al régimen de Maduro. Es fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela y cofundadora de la organización civil Súmate, dedicada a la defensa de los derechos electorales.

Su trayectoria política comenzó hace más de dos décadas cuando, en 2002, cofundó Súmate, una ONG enfocada en promover la transparencia electoral y la participación ciudadana. Esta organización jugó un papel crucial durante el referendo revocatorio de 2004 contra Hugo Chávez, donde colaboraron en la recolección de cerca de 4 millones de firmas.

En 2010, Machado fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda con la mayor votación individual a nivel nacional. No obstante, en 2014 perdió su investidura parlamentaria tras aceptar un cargo como representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, lo que las autoridades venezolanas interpretaron como una violación constitucional.

El régimen de Maduro anunció su victoria sin presentar las actas electorales que lo comprobaran, desatando el repudio de gran parte de la comunidad internacional. La oposición, liderada por González Urrutia como presidente electo y con Machado como figura estratégica, publicó copias de las actas oficiales de la mayoría de los centros de votación, demostrando una victoria aplastante de la oposición.

El Centro Carter, observador internacional de las elecciones, no pudo verificar los resultados del Consejo Nacional Electoral y declaró que las elecciones no cumplían con los estándares democráticos internacionales. Múltiples análisis mediáticos encontraron que los resultados oficiales eran estadísticamente improbables y carecían de credibilidad.

Gerardo Zamora gastó más de $3.000 millones en mesas y sillas

En Santiago del Estero, donde Gerardo Zamora maneja la provincia con mano de hierro desde hace casi dos décadas, se acaba de publicar una licitación pública que ya despierta todas las sospechas. Se trata del expediente 7/25 del ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, cuyo objeto es la adquisición de 3 mil mesas, 15 mil sillas y 2 mil camas cuchetas, por un monto estimado en 3.085 millones de pesos.

Hasta ahí, podría parecer un proceso normal. Pero como suele suceder en el zamorismo, el diablo está en los detalles:

– Un pliego inaccesible: el simple derecho a participar en la licitación cuesta 3 millones de pesos. Un monto desorbitante que funciona como la primera barrera para evitar la competencia. ¿Quién va a pagar semejante fortuna por un pliego, cuando todos saben que el contrato ya tiene dueño?

– Plazos exprés imposibles: la apertura de sobres fue fijada para el 22 de septiembre, apenas cuatro días después de la publicación oficial (con un fin de semana en el medio). En ese tiempo, una empresa debería conseguir el pliego, preparar la propuesta, reunir documentación, inscribirse en registros cerrados y diseñar la logística de entrega. Algo imposible para cualquiera, salvo para quien ya conoce de antemano cada requisito.

– Entrega en siete días: según empresarios que han participado en procesos similares, la entrega de los muebles debe realizarse en apenas una semana. Se trata de un volumen de decenas o cientos de camiones cargados de sillas, mesas y camas que deberían distribuirse en tiempo récord. Otra condición pensada para que sólo una empresa “elegida” pueda cumplir.

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– Registro de proveedores bloqueado: se exige estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de la provincia, pero dicho registro lleva años cerrado. Empresarios que intentaron inscribirse labraron actas notariales al constatar que las oficinas les negaban el trámite, con el argumento insólito de que el cupo estaba “completo”.

– Opacidad total: el pliego completo no se publica en ningún lado. Los oferentes deben viajar hasta Santiago del Estero para solicitarlo, y aun así enfrentan demoras deliberadas en su entrega. Un mecanismo que desalienta a cualquier competidor externo.

ESQUEMA REPETIDO

Nada de esto es nuevo. En Santiago del Estero, el monopolio de las licitaciones de mobiliario escolar, hospitalario y de viviendas sociales tiene nombre y apellido: Stilnovo Equipamiento, la empresa santiagueña de Domingo Serrano que desde hace más de quince años se lleva todos los contratos millonarios de la provincia.

El modus operandi es siempre el mismo: licitaciones convocadas con poca anticipación, plazos de entrega imposibles, pliegos caros e inaccesibles, registros cerrados y competidores “fantasma” que nunca cumplen los requisitos. La firma Stilnovo es siempre la única oferente válida, y sus propuestas coinciden sospechosamente al centavo con los presupuestos oficiales.

En julio de 2024, la misma empresa se quedó con un contrato por 3.085 millones de pesos para equipar viviendas sociales. En agosto de ese año, obtuvo otro por 1.208 millones para mobiliario hospitalario. En ambos casos, la “competencia” fue una firma llamada Offinet SRL, cuyo titular figura en los registros como empleado de la propia StilnovoComo era de esperarse, fue descalificada por “errores básicos”.

Las irregularidades son tan burdas que hasta los precios resultan escandalosos: un armario que en Neuquén se adquiere a 250 mil pesos, en Santiago del Estero fue comprado a 950 mil, casi cuatro veces más. El sobreprecio es la verdadera matriz del negocio.

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LA COMPLICIDAD DEL PODER

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Lo más grave es que nada de esto sería posible sin la complicidad del propio gobierno de Gerardo Zamora. Ningún organismo de control —ni el Tribunal de Cuentas, ni la fiscalía de Estado, ni las asesorías legales de los ministerios— ha objetado jamás estas maniobras. Por el contrario, todos los decretos de adjudicación llevan la firma del gobernador y de sus ministros de confianza.

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Lejos de velar por la transparencia y la competencia, el zamorismo convirtió a la licitación pública en una parodia. Los empresarios locales lo saben bien: participar es una pérdida de tiempo, porque el resultado ya está escrito.

*Fuente: REALPOLITIK

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