Danann destrozó al camarógrafo de Milei: “Háganse cargo del desastre que hicieron”

Una picante conversación entre el camarógrafo de Milei y el influencer Emmanuel Danann reavivó los cuestionamientos al entorno y al armado político de La Libertad Avanza.
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El armado político de La Libertad Avanza es duramente cuestionado desde su nacimiento. Luego del escándalo de la diputada Lourdes Arrieta, ese planteo a algunos miembros del entorno de Javier Milei vuelve a marcar agenda tras un diálogo difundido entre el camarógrafo del Presidente, Santiago Oría, y el influencer y comunicador político, Emmanuel Danann.

En uno de los audios Santiago Oría se dirige a él expresando su malestar por las críticas hacia la estructura política de LLA. “Qué ganas de bardearme al pedo cuando siempre te respeté”, fustigó, reprochando al influencer que en tono burlesco utilizó un viejo tuit de Oría para referirse a los escándalos políticos internos del Gobierno, “viene espectacular el armado“.

El camarógrafo recalcó que —pese a los esfuerzos por consolidar el movimiento libertario— hubo figuras que contribuyeron a un “boicot”.

La respuesta de Danann no tardó en llegar y fue contundente. Reconocido por su franqueza y apoyo inicial a Milei (cabe destacar que Danann junto con Álvaro Zicarelli, El Presto y Augusto Grinner fueron de los primeros en apoyar y coordinar la campaña de Milei como diputado nacional en el año 2021), el influencer respondió: “Yo entiendo que tengas que defender tu quiosquito”, refiriéndose al entorno de Oría como un “conventillo”. Visiblemente molesto, cuestionó el rumbo del partido y responsabilizó al camarógrafo amateur y a otros allegados del Presidente, de ser parte del “desastre” que caracteriza la interna actual de La Libertad Avanza.

“Háganse cargo del desastre que hicieron, porque mientras yo me la paso de gira defendiendo la gestión económica de Javier, defendiendo este gobierno, defendiendo este modelo, acá es un conventillo de todos ustedes, incluido vos. No me vengas a correr por ese lado, porque yo nunca pedí nada”, sentenció. Agregó también que en la campaña del año 2023 “caminé la provincia con perfil bajo. Yo tendí el puente entre Javier y Patricia (Bullrich, actual ministra de Seguridad). Así que váyanse bien a la concha de su madre todos ustedes con este conventillo de mierda que armaron, defenestrando el movimiento y haciéndonos quedar como unos payasos”.

La postura crítica de Danann hacia los armadores de Milei y a la falta de muñeca política por parte de selectos miembros del espacio no es una novedad. A lo largo de 2023 y 2024, el influencer expresó en diversas oportunidades su “preocupación por el personalismo creciente” dentro de La Libertad Avanza, que, según él, ha derivado en una estructura política endeble y mal organizada. Estas críticas ya se habían manifestado públicamente en varias entrevistas y en sus redes sociales, donde advertía sobre los “riesgos” de “rodearse de aplaudidores y obsecuentes”.

Por ejemplo, en una entrevista del 17 de junio de 2022, Danann hizo referencia al armado de Milei y lanzó una advertencia: “No podemos hacer armados electorales atados con alambres”.

En una serie de tuits expresó su desacuerdo con las decisiones estratégicas del partido —ejecutadas en aquel momento por Carlos Kikuchi, quien luego terminó traicionando a Milei y transando con el Gobernador K, Axel Kicillof— y la elección de sus aliados. Uno de los más recientes lo realizó el pasado 11 de septiembre, cuando, ante la noticia de que la diputada Lourdes Arrieta había votado en contra del veto de las jubilaciones, Danann escribió: “Todos los retardados que nos difamaron por avisar que el armado era una poronga cierren bien el orto y no opinen nunca más de nada”.

Hay posteos más antiguos y premonizadores. En febrero de 2022, ironizaba sobre los seguidores de Milei que se creían aptos para organizar su campaña solo por tener una cuenta de Twitter. Además, en junio de 2023, ya había arremetido contra el equipo de campaña por su falta de candidatos oficiales en elecciones provinciales, lo que calificó como un desorden interno.

Otro foco de conflicto para Danann fue la ‘denuncia’ mediática de la militante Mila Zurbriggen Schaller en febrero de 2023, quien acusó al partido de negociar candidaturas a cambio de dinero y favores sexuales. Aunque Danann no se refirió directamente a la denuncia, sí aprovechó para criticar duramente la situación del espacio libertario en un hilo de Twitter publicado el 13 de febrero de 2023. En ese momento, lamentó que La Libertad Avanza hubiera conformado un “equipo con seres marginales” cuyo único interés, según él, era obtener cargos políticos. Para Danann estas prácticas traicionan los principios libertarios y dañan gravemente la imagen de Javier Milei y su proyecto político.

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Alemania censuró una película por considerar que “incita a la violencia contra inmigrantes”

“Citizen Vigilante” es un thriller de acción de 2026 dirigido por el cineasta alemán Uwe Boll y protagonizado por Armie Hammer, que fue efectivamente bloqueado en Alemania —no por decreto gubernamental, sino porque la junta de clasificación cinematográfica FSK se negó a otorgarle cualquier calificación de edad— lo que, en la práctica, equivale a una prohibición comercial total.

“El sistema de clasificación se negó a darnos una calificación [en Alemania], así que ahora solo se puede ver si se trae un Blu-ray de Austria o Suiza”, afirmó Boll al medio Daily Telegraph.

El film sigue a Michael Sanders, un exmilitar estadounidense que vive en una ciudad europea innominada. Tras presenciar la impunidad con que quedan en libertad autores de delitos graves —en particular una violación grupal a una menor de 14 años cuyos agresores son liberados por su condición de refugiados— decide tomarse la justicia por su cuenta. Su campaña de violenta venganza no solo apunta a los criminales, sino también a jueces y funcionarios corruptos que, según la narrativa del film, los protegen.

La película se describe a sí misma como una versión del siglo XXI de Death Wish (El Justiciero de la Ciudad, 1974), el clásico film de vigilantismo protagonizado por la mítica estrella Charles Bronson. Sus críticos la llaman directamente “una fantasía de poder políticamente cargada”.

— Michael Sanders, interpretado por el actor Armie Hammer

La trama en sí no es pura ficción. El film se inspiró en casos reales documentados en Hamburgo. En 2016, cuatro jóvenes de entre 14 y 21 años violaron en grupo a una chica de 14 años y la dejaron semidesnuda e inconsciente en el frío. Tres de los cuatro menores recibieron condenas en suspenso (sin prisión efectiva). El escándalo fue enorme, con decenas de miles de alemanes firmaron una petición exigiendo cárcel para los agresores, y los fiscales apelaron las sentencias.

“Es como si viviéramos en un entorno político completamente absurdo y descabellado, sobre todo en Europa, donde la gente ha perdido totalmente el rumbo. Hay una enorme diferencia entre el llamado ‘discurso de odio’ y apuñalar a alguien en el cuello. Pero los hechos ya no importan”, sostuvo Boll.

— Fotografía del tribunal regional de Hamburgo durante el juicio por la violación grupal, mostrando a los abogados y acusados con los rostros pixelados para proteger su identidad en 2016

Un caso análogo ocurrió en 2023, cuando nueve hombres con diversas nacionalidades de origen extranjero (Libia, Kuwait, Irán, Egipto, Polonia) fueron condenados por la violación grupal de una joven de 15 años en un parque de Hamburgo, y solo uno recibió prisión efectiva (dos años y nueve meses), el resto obtuvo condenas en suspenso.

La decisión de bloquear la película no fue de un ministerio ni del gobierno como tal, sino que recayó en la FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft), el organismo de clasificación de películas alemán, fundado en 1949. Cuando la FSK se niega a dar cualquier calificación de edad a una película, el efecto práctico es que no puede ser exhibida en cines, vendida en formato físico ni distribuida por plataformas de streaming dentro de Alemania.

La FSK fundamentó su decisión en tres argumentos centrales. Por un lado, advirtió que la película glorifica la violencia vigilante al presentar los asesinatos del protagonista como actos heroicos y justificados, una representación que entra en tensión con la jurisprudencia alemana, contraria a la exaltación de este tipo de conductas. Además, consideró que el largometraje podía rozar el límite del delito de incitación al odio, previsto en el artículo 130 del Código Penal alemán, ya que expone a los inmigrantes casi exclusivamente como criminales dentro de un contexto político real. A esto se suma la legislación de protección a la juventud, que habilita a la autoridad a negar una calificación cuando una obra glorifica la violencia extrema o pone en riesgo la paz pública.

“Fue una decisión de censura deliberada. Contraté a un abogado para presentar una queja, pero perdimos por seis votos contra dos, ya que me dijeron que la película incitaba a la violencia contra los inmigrantes”, destacó Boll reconociendo que apeló judicialmente la decisión de que la película incitaba a la violencia contra migrantes.

Al bloquearse en Alemania, la película estrenó en EE.UU. y Canadá el 19 de junio de 2026 vía distribución limitada y Amazon Prime. Pero lo que la catapultó fue la censura misma. El 25 de junio de 2026, el director subió la película completa a su cuenta en X (Twitter) y el magnate tecnológico Elon Musk la reposteó, con lo que en pocas horas acumuló 9.5 millones de vistas. El film estuvo disponible gratis durante 48 horas.

Muchos usuarios de X calificaron esto como “el mayor efecto Streisand de la historia”. El efecto Streisand es el fenómeno por el cual intentar suprimir información genera exactamente el efecto contrario, multiplicando su difusión. La prohibición convirtió a una película de bajo presupuesto con distribución marginal en uno de los eventos culturales más debatidos de junio de 2026.

El “peor director vivo”

Uwe Boll (Wermelskirchen, 1965) es un director alemán radicado en Canadá, famoso por adaptar videojuegos al cine con resultados casi siempre desastrosos. Ganó el Razzie al peor director y a la peor carrera cinematográfica en 2008. Con 40 películas en su haber, varios de sus títulos figuran entre los peores calificados en IMDb. Sin embargo, una segunda etapa más ambiciosa incluye películas como Rampage (2009) —en la que un joven comete una masacre— o Assault on Wall Street (2013), ambas con protagonistas violentos que se rebelan contra sistemas percibidos como corruptos. Citizen Vigilante sigue ese patrón.

El actor estadounidense Armie Hammer, conocido por Call Me By Your Name (2017), vio su carrera destruida en 2021 cuando se filtraron supuestos mensajes privados con fantasías de canibalismo y mutilación, seguidos de acusaciones de violación por parte de varias mujeres. Tras investigación policial, no se presentaron cargos. Hammer pasó cinco años fuera del foco, admitió públicamente que su comportamiento “no era saludable” aunque negó los delitos más graves, y recibió la oferta de Boll como su vía de regreso. La ironía no pasó desapercibida para nadie, ya que es un hombre acusado de agresión sexual protagonizando una película sobre la justicia por mano propia frente a agresores sexuales.

“No lo acusaron de nada, no hubo ninguna demanda. Era solo un tipo famoso que andaba por ahí haciendo tonterías. Es guapo, carismático y podría ser James Bond. De hecho, sería perfecto para el papel”, subrayó Boll sobre Hammer.

Los datos de Rotten Tomatoes muestran una fuerte polarización en torno al film. Entre la crítica especializada, las dos reseñas registradas son demoledoras. Para algunos la película es “tan asombrosamente mala que casi parece que Boll está saboteando deliberadamente a Hammer”, mientras que otros la califican de “peligrosa” y la presentan como una suerte de manual para quienes creen que los inmigrantes son responsables de todos los males. En contraste, la respuesta del público es mucho más favorable, con más de 100 valoraciones de usuarios y un 92% de aprobación en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes.

Caputo y Frigerio impulsan un nuevo pacto fiscal para bajar impuestos

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.

El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.

La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.

El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.

Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.

En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.

Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.

Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.

Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.

Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.

El Ejército Argentino le prohibió a su personal difundir quejas y denuncias en redes sociales

En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo código regula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.

La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.

Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.

Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.

Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.

La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.

*Por Augusto Grinner

El Hospital Garrahan dijo que Kicillof “miente” y negó la “deuda cero” de la provincia con IOMA

El Consejo de Administración del Hospital Garrahan dió a conocer en una dura carta abierta en la que denunció que la obra social de la provincia de Buenos Aires falsea al argumentar que solo les debe $8.278.254.990.97. El principal centro pediátrico del país cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por asegurar que las cuentas ya estaban saldadas.

“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirmaron en la nota, subrayando que no se contabilizaron los otros intereses que se generaron a partir del momento en que se produjo el incumplimiento.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es la obra social de los empleados públicos provinciales de Buenos Aires. Fundado en 1957, es la segunda obra social más grande del país, con más de 2.7 millones de afiliados, incluyendo docentes, empleados municipales, estatales activos y jubilados bonaerenses.

A comienzos de junio de 2026, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak anunció públicamente —a través de la red social X— que el IOMA había cancelado la totalidad de su deuda con el Garrahan, pagando más de $1.230 millones. La Provincia declaró “deuda cero” y señaló que sus registros administrativos ya no mostraban obligaciones impagas. De acuerdo a la explicación oficial, ese monto surgió de una auditoría interna del IOMA que revisó las prestaciones facturadas por el hospital.

Dado el enorme tamaño de la provincia, una cantidad muy significativa de niños con esa cobertura termina siendo atendida en el Garrahan —un hospital nacional— cuando sus casos superan la capacidad del sistema provincial. Esa atención genera una deuda de IOMA hacia el Garrahan, que es exactamente lo que está en disputa.

“Los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”, destacaron los profesionales de la salud.

El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, inaugurado en 1987 durante la presidencia del expresidente Raúl Alfonsín, es el centro pediátrico de alta complejidad más importante de Argentina. Su financiamiento proviene principalmente del Estado, con el 80% que lo aporta el Estado Nacional y el 20% restante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que, en términos presupuestarios, es un hospital nacional. Sin embargo, tiene una fuente adicional de ingresos, con la recuperación de gastos por atender pacientes que tienen obra social o prepaga.

Cuando un niño de cualquier provincia llega al Garrahan con cobertura médica, el hospital le factura esa atención a la obra social correspondiente. IOMA es la obra social que más pacientes deriva al Garrahan.

— La carta donde el Hospital Garrahan reclama una deuda multimillonaria por parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires

La Provincia salió a responder y fundamentó su postura en los resultados de una auditoría interna realizada por el IOMA antes de concretar el pago. Según ese relevamiento, el 85% de los montos reclamados por el Garrahan no contaba con respaldo documental, técnico ni normativo, había prestaciones que no registraban facturación formal en los sistemas del organismo, se detectaron valores fijados de manera unilateral por el hospital a través de un supuesto “Nomenclador Garrahan” que nunca fue acordado entre las partes y también se vinculó una posible sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas.

En consecuencia, Kicillof ratificó que no pagará los fondos restantes hasta que el hospital presente la documentación correspondiente de cada afiliado. El IOMA propuso también una auditoría conjunta para determinar de dónde viene la discrepancia.

La deuda que se arrastra desde 2017

El conflicto no es nuevo. La deuda del IOMA con el Garrahan se remonta al año 2017, cuando empezaron a acumularse facturas impagas por la atención de afiliados bonaerenses. Durante años, el hospital continuó atendiendo a esos niños —porque no puede negarse a hacerlo— mientras el saldo impago fue creciendo. Según el propio Garrahan, la deuda acumula prestaciones brindadas a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la actualidad.

Con el tiempo, parte de ese monto llegó a la Justicia, donde se estima que $2.500 millones están judicializados, lo que impide que el hospital disponga de esos fondos incluso si se llegara a un acuerdo.

En el documento, el hospital detalló por qué considera que ese pago que sostiene la Provincia no alcanza para saldar la deuda. Indican que el monto efectivamente adeudado asciende a $8.278 millones solo en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora. Además, aclara que los 1.230 millones anunciados por Kicillof constituyen apenas una cancelación parcial a cuenta de una deuda anterior y no la extinción total del pasivo.

Conforme a esa interpretación, los pagos se aplicarán primero a cubrir intereses, de modo que el capital principal permanecería prácticamente intacto. El texto también advierte que la deuda sigue incrementándose “día a día con cada nuevo paciente” que el hospital atiende. A la vez, señala que toda la documentación fue presentada al IOMA en tiempo y forma, con constancias de entrega y recepción, y que, al no haberse registrado un rechazo formal dentro de los plazos de auditoría, las facturas quedaron firmes, consentidas y exigibles.

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