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La calificadora internacional Moody’s estimó hoy que la economía argentina caerá 6% este año por impacto directo de la pandemia del coronavirus.
Según las mediciones del Banco Mundial, la actividad sufrirá este año una baja del 5,2%, mientras que para el FMI la retracción llegaría al 5,7%.
En el informe de Moody’s se advierte que el golpe en la economía argentina será mayor que en otros países, aunque destacó que las estrictas medidas de distancia social permitieron “aplanar la curva” de contagios de Covid-19.
La agencia recortó sus previsiones económicas para todos los países que conforman el G-20 y en ese marco también hizo referencia a la actividad local, afectada por la cuarentena dispuesta por el Gobierno.
Incluso, la compañía estimó que los países desarrollados del G-20 sufrirán retracciones económicas promedio del 5,8%, mayores que las de los emergentes, que en conjunto llegarían al 3,5%.
“Los costos económicos de la crisis del coronavirus en medio de la casi paralización de la economía mundial se están acumulando rápidamente”, alertó la calificadora.
Proyectó para 2021 una recuperación gradual de las economías de los países del G-20 y agregó que para ese año el PIB real en la mayoría de las economías estará por “debajo de los niveles anteriores al virus”.
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En su declaración, la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) ha señalado que “las dificultades en la adquisición de insumos del extranjero han alcanzado un nivel crítico que está provocando una paralización en las operaciones del sector”.
Este organismo —que representa a más de 65 pequeñas y medianas empresas nacionales— informó que se han visto forzados a suspender la producción de embutidos cocidos, secos y frescos. La situación pone en peligro el empleo de miles de trabajadores en el sector, así como en actividades relacionadas, desde los mataderos hasta los transportistas y distribuidores.
Martín de Gyldenfeldt, gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha)
Caicha ha informado que, en las últimas semanas, el gobierno ha implementado nuevas restricciones para evitar la salida de divisas destinadas al pago de deudas con proveedores extranjeros. “A pesar de que se han otorgado a lo largo del año aprobaciones para los permisos de importación conocidos como Siras, la realidad es que en la actualidad, la posibilidad de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se ha vuelto casi inalcanzable“, señaló Martín de Gyldenfeldt, gerente de la cámara. “La paciencia de los proveedores de insumos básicos importados se está agotando. Muchos de ellos ya no desean abastecernos, y no existen proveedores locales que puedan sustituirlos. En algunos casos, se han tenido que reprogramar los pagos al exterior en más de dos ocasiones, y nadie sabe cuándo se podrán cumplir los compromisos asumidos”, agregó.
La Caicha considera que esta problemática afecta prácticamente a todo el sector privado. Expresan su lamento por la falta de transparencia del gobierno al aprobar importaciones sin contar con las reservas de divisas necesarias.
“En los últimos meses, hemos observado cómo han surgido numerosos eufemismos para evitar reconocer la escasez de dólares. Términos como ‘Inconsistencia 46, 47 o 49’, ‘capacidad económica financiera (CEF) en cero’ y ‘SIRAS sin fecha’ son solo algunos ejemplos de ello. Esperamos que nuestra petición al menos ayude a obtener cierta visibilidad en cuanto a los flujos de pago futuros. Preferimos la verdad a la situación actual, en la que no solo no podemos cumplir con los pagos, sino que el gobierno pone en duda nuestra palabra al tiempo que devalúa nuestra moneda”, concluyó Gyldenfeldt.
“Tomamos nota del anuncio del Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en el que asegura que liberará las SIRAs pendientes para todas las pymes industriales en Argentina. Queremos creer que así será. Sin embargo, la tradicional sucesión de promesas incumplidas por parte de las administraciones gubernamentales, sin importar su orientación política, nos mantiene alerta en nuestra función de representar la producción industrial y advertir sobre los riesgos inminentes a los que nos enfrentamos”, resaltaron.
Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.
En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.
El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP
La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.
Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.
El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%
Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.
Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.
“También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.
Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.
Gran parte de insumos médicos imprescindibles para tratamientos aumentaron un 1.000% durante 2023. El aumento se explica por los altísimos índices inflacionarios y por la suba del dólar. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina señaló que más de 300 centros del país estaban en riesgo de no poder seguir funcionando por esta cuestión. “El futuro es tan incierto como el futuro del país”, sintetizan los expertos.
Por su parte, el doctor Jorge Abdala, presidente de citado organismo, advirtió que, actualmente “las empresas importadoras consiguieron traer todos los materiales necesarios, por lo menos para la diálisis. Si bien para los tratamientos de diálisis se ha normalizado el abastecimiento, el principal inconveniente en este momento es el precio, porque la mayoría de los insumos están valuados en dólares“.
“Hay productos como la heparina, que es vital y sin el cual no se puede hacer diálisis, que subió más de 1.000% en el año. En el resto de los casos, la mayoría de los insumos aumentaron por arriba de 150, 200%“, explicó el titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina.
Un panorama similar fue detallado por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, quienes comunicaron, en septiembre, que el incremento de insumos y atención aumentó entre el 50% y el 400% en el año. También se sumaron con comunicados el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
Además de esta preocupación, se suman desafíos adicionales, como la insuficiente compensación de los profesionales de la salud, los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales y la notable ausencia del tema de la salud en la agenda electoral.
“Al analizar las plataformas electorales del último período eleccionario aparecían temas como pobreza, trabajo, emergencia habitacional, educación, impuesto a las ganancias, inflación, policía y narcotráfico, entre otros. No aparecía salud. De hecho, a valores constantes, la asignación a salud per cápita en los últimos veinte años se ha ido reduciendo sistemáticamente“, concluyeron.
La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.
Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.
De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.
Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.
Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.
Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.
“La actividad privada tiene inconvenientes para obtener insumos. Es la incertidumbre de los últimos días. No saben cómo reponer la mercadería y muchos otros casos no entregan, porque no tienen insumos para fabricar”, señaló el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
AUDIO: Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción
Además, admitió que el rubro es el que más se ve afectado cuando hay políticas de ajuste y, en opinión de Weiss, seguramente “habrá un ajuste fiscal. No importa quién gobierne”. Sobre el panorama actual, el titular del organismo se mostró preocupado por la dificultad de obtener financiamiento para las obras a causa de la inflación: “El ánimo es puntualmente bueno. Hubo una inversión de infraestructura importante. Es difícil ejecutar obras con esta inflación y un ajuste que parece inevitable”.
La reconocida cooperativa láctea debió tirar 100.000 litros de leche la semana pasada que no pudo ser procesada por un bloqueo sindical que limita la capacidad de los trabajos en las plantas. El presidente de Sancor, Abel Sánchez, cruzó al Gobierno, al Banco Nación y a la Asociación de Trabajadores Lecheros de la República Argentina. “Si hubiéramos tenido en la lechería, un dólar pyme, o dólar vaca muerta, o dólar soja, creo que podríamos haber peleado, no digo de llegar a los costos de producción, pero sí pelearlo para que el productor esté un poco más cómodo”, comentó en diálogo con los medios.
“Hoy en las plantas se está trabajando, estamos tratando de reubicar toda la leche. No fueron asambleas, fueron paros. No nos permitieron trabajar los procesos de queso y demás. Y veníamos de un fin de semana largo, en el que había mucha leche acumulada en los silos. A raíz de eso, hubo que tirar parte de esa leche porque ya estaba ácida”, detalló Sánchez.
“Estamos hipotecando la lechería del futuro, matando vacas, seleccionando toda aquella vaca que no tiene futuro o que le falta mucho para volver a producir o la vaca que el año pasado se mataba con 12 litros hoy se mata con 15 o 20 litros”, sostuvo el titular de Sancor. Según la firma, tres millones de litros de leche están en riesgo por el freno a la producción.
El empresario comentó que se venía “trabajando con un fideicomiso que arrancó hace un par de años atrás, con el funcionario Mario Cafiero como presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); nosotros le propusimos ver la forma de invertir fondos dentro de la cooperativa para llevar adelante”.
Tras el fallecimiento de Cafiero el asunto quedó en manos del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien “no atendía el teléfono” y “en noviembre de 2021 informó que había tres inversores interesados en la restructuración”: José Urbubey, Marcelo Figueiras y Gustavo Scaglione, quienes “iban a armar un fideicomiso con Sancor, prometiendo que el Banco Nación realizaría un préstamo de $60 millones”. Sin embargo, Sánchez manifestó que el Nación nunca aprobó los préstamos y que, mientras tanto, “había presiones del gremio” para que se tomaran “decisiones rápidas”.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
