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Tras el DNU de Alberto, Telecom deja de invertir en el país

Se trata del primer impacto negativo que generó la cuestionable medida que congela precios y le permite al Gobierno controlar los ingresos de las compañías.
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10 Years Experiences

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*Por: Andrés Sanguinetti

A menos de 48 horas de haberse anunciado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que le otorga al Gobierno el control sobre la industria de las telecomunicaciones ya comienzan a sentirse los primeros efectos negativos de la medida.

Telecom Argentina, una de las principales compañías del sector, se queda sin una millonaria inversión de u$s600 millones que iba a utilizar en su infraestructura, sistemas y productos para seguir brindando a sus clientes los servicios de conectividad convergente además de continuar con su camino hacia la transformación digital.

Sin embargo, el DNU que congela las tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil; internet y televisión por cable y le permite al Gobierno aprobar o no nuevos aumentos hizo que los bancos internacionales que iban a apalancar esta inversión decidieran ahora retirarse del proceso.

Alberto Fernández on Twitter: “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. / Twitter”

Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.

“Las entidades financieras con los que la empresa negoció créditos para apuntalar este proceso se echaron para atrás por el cambio de las reglas de juego en el país”, aseguraron a iProfesional fuentes conocedoras del mercado.

A través del polémico DNU 690/2020, el presidente Alberto Fernández resolvió, entre otras medidas, regular los precios de las telecomunicaciones, la conectividad vía web y TV por cable y satelital y otorgarle al Gobierno el poder para autorizar o no futuros incrementos. Se trata de una medida totalmente cuestionada por el mercado local de las telecomunicaciones y por las empresas extranjeras que participan y que entienden que la mejor herramienta para reducir la brecha digital es un mercado en competencia, que promueva y facilite el despliegue de infraestructura y servicios.

Con el DNU se pierde seguridad jurídica y control sobre una variable esencial del negocio como es el precio de los productos y servicios que además de Telecom, ofrecen el resto de las operadoras como Movistar; Claro; Cablevisión y DirecTV, entre otras.

LAS INVERSIONES AFECTADAS

Antes de esta cuestionable medida, que fue impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, Telecom Argentina había tomado la decisión de realizar una una revisión positiva de sus expectativas de inversión en Argentina luego del cierre de las negociaciones por el canje de la deuda con los bonistas internacionales.

Luego del acuerdo entre el Ministerio de Economía y los bonholders, la compañía había decidido incrementar el flujo de inversiones para este año desde los u$s500 millones inicialmente anunciados a u$s600 millones.

El propio Roberto Nóbile, CEO de la operadora, lo había comentado a principios de agosto durante un seminario organizado por el grupo tras sostener que la decisión fue tomada luego del éxito del canje de deuda y la estabilidad del negocio.

“La inversión prevista para el 2020 rondaba los u$s500 millones, previendo un año difícil y con una necesidad de sortear vencimientos de deuda importantes” había indicado el ejecutivo ante una consulta de la agencia Télam a la que también le dijo que el monto se iba a modificar en u$s100 millones más.

La empresa viene desarrollando un intensivo proceso de inversiones para seguir ampliando y potenciando la red fija y móvil de última generación.

De hecho y según se desprende del estado de resultados de la compañía correspondiente al primer semestre de este año, las inversiones habían alcanzado los $22.766 millones que, de todos modos, ya mostraban una caída de aproximadamente el 33,9% respecto al mismo lapso del 2019.

En este caso, los fondos se focalizaron en proyectos destinados a la expansión de los servicios de TV por cable e internet; mejorar la transmisión y velocidad de acceso ofrecida a los clientes; despliegue de la cobertura y capacidad 4G para sustentar el crecimiento de internet y móvil, y la ampliación de las redes de transmisión y transporte para unificar las diferentes tecnologías de acceso, reconvirtiendo las fijas de cobre a redes de fibra o híbridas fibra–coaxial.

Roberto Nóbile

En este informe, los ejecutivos de Telecom Argentina aseguraban que “gracias a las inversiones realizadas en infraestructura durante los últimos años, cuenta con el equipamiento y sistemas que permiten el funcionamiento eficiente de las redes, soportando el mayor uso de conectividad fija y móvil, lo cual se refleja en el aumento de hasta 50% en el tráfico de datos en internet hogareña; 70% en servicios móviles de voz y 30% en datos móviles, además de un crecimiento del 75% en upstream”.

En términos relativos, entre enero y junio pasado las inversiones representaron el 17,4% de las ventas consolidadas durante los primeros seis meses del año.

Sin embargo, ahora Telecom Argentina acaba de emitir un crítico comunicado contra el DNU presidencial, calificando a la medida de “arbitraria” y asegurando que podría generar “un fuerte impacto para nuestra compañía y para la industria en su conjunto”.

Según la empresa “este abrupto cambio en el marco regulatorio actual puede afectar no sólo de manera directa la calidad de nuestros servicios, sino también impedir continuar con el ritmo de desarrollo y transformación que venimos implementando sostenidamente los últimos años”.

El documento también deja abierta la puerta para un eventual juicio contra la Argentina en los tribunales internacionales ya que sostiene que “estamos analizando todos los pasos a seguir con el foco puesto, como siempre, en el compromiso de asegurar la empleabilidad de nuestra gente y garantizar la mejor calidad y experiencia a nuestros clientes”.

Las acciones de Telecom Argentina se distribuyen entre Cablevisión Holding S.A (28%); Fintech Telecom (20%); el Fideicomiso Héctor Magnetto y David Martínez (21%) y otro 29% flota en oferta pública.

A partir de que posee el control de varias de estas sociedades, el empresario mexicano David Martínez es el principal referente tanto de Telecom Argentina como de Cablevisión Holding. Sus clientes móviles en Argentina llegan a los 18,8 millones mientras que los abonados de televisión por cable totalizan 3,5 millones y los accesos de banda ancha fueron de 4,1 millones.

SEMESTRE NEGRO

Pero la sanción del cuestionable DNU presidencial no es el único problema que el magnate extranjero ha debido enfrentar durante este año con sus negocios en el país. Las medidas sanitarias también tomadas por las autoridades locales para combatir el avance de la pandemia del Covid-19 también afectaron el flujo de sus negocios en la industria de las telecomunicaciones.

Por lo menos así surge de los estados financieros correspondientes al primer semestre del año que ambas empresas presentaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En el caso de Cablevisión, dedicada al desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones, su utilidad neta llegó a los $2.161 millones que representan un derrumbe del 76,1% con respecto a los $9.041 millones que había ganado entre enero y junio del año pasado.

El mismo escenario sufrieron sus subsidiarias, que se especializan en la prestación de servicios de TV por cable, banda ancha y comunicaciones móviles, con marcas líderes en las industrias de telecomunicaciones y distribución de contenidos.

En el período, Cablevisión generó ventas por $131.158 millones, una caída del 3% en términos reales si se las compara con las del primer semestre del 2019, principalmente por menor comercialización de equipos; servicios de internet y cable que parcialmente compensado por un aumento de servicios móviles que se incrementaron un 8,1% por una mayor base de subscriptores.

En el caso de los Ingresos de TV paga alcanzaron los $26.357 millones, una reducción del 7.8% por el hecho de que el congelamiento establecido por el Gobierno hasta agosto no ha generado ingresos durante el período.

Por su parte, Telecom Argentina registró ganancias por $1.961 millones que representan otro derrumbe como el de Cablevisión, en este caso del 79,6% que refleja esencialmente el impacto de diferencias de cambio en un contexto de mayor devaluación real.

Las ventas de servicios móviles representaron $49.433 millones y crecieron en $3.717 millones a partir de una estrategia comercial focalizada en impulsar la portabilidad móvil con ofertas convergentes y en incrementar el consumo de servicios de internet móvil. De hecho, las ventas de este segmento resultan equivalentes al 77% de las ventas de servicios móviles de la empresa.

*Fuente: iProfesional

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La pobreza estructural trepó al 18,8% en CABA y marca su peor registro desde 2019

Augusto Grinner 4 de agosto de 2026

Para comprender el alcance real de la vulnerabilidad social, resulta clave diferenciar entre la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Mientras que el método tradicional del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) se limita a contrastar la suma del dinero mensual que entra a un hogar con la valorización de las canastas básicas, el enfoque multidimensional mide el acceso efectivo a derechos fundamentales. De esta forma, la medición va más allá del bolsillo diario para evaluar si una familia padece carencias estructurales en áreas críticas como la vivienda digna, la salud, la educación, los servicios básicos y la seguridad alimentaria.

Esta distinción técnica explica por qué un descenso coyuntural en la tasa de inflación o una mejora puntual en el poder de compra monetario no implican necesariamente una salida automática de la pobreza. Si bien la estabilidad de precios o la asistencia social inmediata pueden mover las cifras monetarias en el corto plazo, no resuelven de manera directa deudas de fondo como el hacinamiento crítico, la falta de cobertura médica, las deficiencias en la infraestructura urbana o la imposibilidad de garantizar un esquema de alimentación adecuado y variado en el tiempo.

En este marco cobra centralidad la definición de la “pobreza persistente”, elaborada por el economista Agop Karagoz. Este concepto describe la situación de aquel núcleo social golpeado por una doble vulnerabilidad: la falta recurrente de ingresos suficientes combinada con una privación estructural de derechos esenciales. Al quedar atrapados en esa intersección, los hogares no sólo enfrentan dificultades para cubrir su canasta mensual, sino que además carecen del soporte de infraestructura básica y servicios que les permitiría salir de esa condición de vulnerabilidad social de largo plazo.

La medición en CABA y su metodología

Los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires confirman que las privaciones estructurales han mostrado un avance sostenido en los últimos años. De acuerdo con las mediciones del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la pobreza multidimensional en los hogares pasó del 15,3% en 2019 al 17,5% en 2021 —post-pandemia—, para escalar finalmente al 18,8% en la medición actual. Esta tendencia evidencia que, más allá de los vaivenes económicos de coyuntura, la proporción de familias con privaciones no monetarias no ha dejado de crecer.

El impacto de estos números cobra una relevancia particular al considerar la jurisdicción en la que se registran. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que cuenta con el mayor presupuesto por habitante de todo el país y con una infraestructura de servicios públicos históricamente consolidada. Que casi dos de cada diez hogares porteños padezcan carencias de tipo multidimensional expone los límites del gasto local para evitar el deterioro social en el territorio capitalino.

Para capturar esta realidad, el IDECBA utiliza la información proveniente de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) bajo el denominado “método consensual”. Esta metodología implica que los indicadores de privación no se fijan de manera arbitraria o puramente teórica, sino a partir de lo que la propia sociedad porteña define como el conjunto de bienes, servicios y condiciones de vida indispensables para alcanzar un nivel de bienestar digno en la Ciudad.

Las dimensiones con mayor impacto

Al desglosar las carencias por áreas, el rubro “alimentación” se consolida como el factor de mayor deterioro y presión sobre las familias porteñas. La privación en este indicador saltó del 22,4% en 2021 al 25,6% en 2025, impulsada por un número creciente de hogares que se vieron obligados a reducir las porciones de sus comidas, alterar la variedad de los alimentos consumidos o, en los casos más severos, directamente saltearse alguna de las ingestas diarias.

Por su parte, el bloque de “servicios e infraestructura urbana” también mostró un avance en sus niveles de carencia, pasando del 12,1% al 14,5% en el mismo período. Este incremento refleja dificultades persistentes en el acceso a condiciones adecuadas de habitabilidad y entorno, mientras que otros indicadores vinculados al equipamiento del hogar mostraron un amecetamiento o leves variaciones, evidenciando un escenario donde el presupuesto familiar priorizó la subsistencia diaria por sobre la renovación de bienes.

Infancia y disparidad territorial

La vulnerabilidad multidimensional adquiere un sesgo aún más preocupante al observar la composición de los hogares. En aquellos donde viven niños, niñas y adolescentes, la tasa de privación estructural alcanza el 20,6%. Este dato pone de manifiesto que las deficiencias en el acceso a condiciones de vida dignas afectan de manera directa el desarrollo integral de las infancias en el territorio porteño.

A esta brecha generacional se le suma una profunda fractura geográfica que divide a la Capital Federal en dos realidades contrapuestas. Mientras que en la zona norte la pobreza multidimensional afecta a tan sólo el 6,5% de los hogares, en la zona sur esta problemática trepa de manera crítica hasta alcanzar al 30,4%. De esta forma, casi un tercio de las familias del sur de la Ciudad conviven con privaciones estructurales en sus derechos básicos.

La paradoja del indicador

El informe oficial concluye exponiendo una clara paradoja en la dinámica social porteña. Mientras que el denominado “núcleo duro” —aquellos hogares que sufren simultáneamente pobreza monetaria y privación multidimensional— se redujo al 6,3%, la proporción de familias que sufren privaciones de derechos pero cuyos ingresos quedan formalmente por encima de la línea de pobreza subió al 12,6%.

Este fenómeno deja al descubierto que tener un ingreso que supere la canasta monetaria ya no garantiza el acceso a una vida digna, visibilizando la persistente deuda de infraestructura, servicios y garantías de derechos en la Ciudad de Buenos Aires.

*Por Augusto Grinner

Los repartidores que sacan créditos en las apps para las que trabajan crecieron 122% y el sindicato denuncia tasas de hasta 700%

Joaquín Horacio Herrera 16 de julio de 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó su informe sobre Proveedores No Financieros de Crédito, un segmento que incluye billeteras virtuales, fintech y plataformas de economía digital. En ese informe, el organismo dedicó un apartado específico a la llamada “economía gig” —término en inglés para los trabajos por encargo o “a la demanda”, como el delivery, la cadetería o el transporte de pasajeros—.

El dato central del estudio es la explosión de deudores. La cantidad de repartidores que accedieron a créditos otorgados por las plataformas para las que trabajan creció 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y volvió a aumentar otro 122% a lo largo de 2025.

“Las firmas multinacionales utilizan estos esquemas financieros como un mecanismo de presión operativa”, afirmó Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), denunciando que las tasas de interés anuales podrían llegar al 700% anual en 2026.

La flexibilidad horaria es una de las marcas más visibles de la “economía gig”, ya que no existe un horario fijo y, al menos en teoría, el trabajo se realiza cuando cada persona decide pedir algo. A ello se suma un vínculo laboral atípico, en el que la relación no se encuadra en un contrato de empleo tradicional, sino que el trabajador aparece registrado como independiente o monotributista. En paralelo, la digitalización total del dinero ordena cada cobro y cada pago a través de la aplicación, dejando además un rastro financiero propio.

Ese tercer punto es clave. Como todos los movimientos de dinero son digitales, la plataforma acumula datos de comportamiento financiero de cada repartidor, como cuántos pedidos hace, en qué horarios, qué calificaciones recibe. Eso funciona como un scoring alternativo —un puntaje crediticio— para otorgar préstamos a quienes los bancos tradicionales ignorarían por falta de historial formal.

Solo en dos años, el universo de trabajadores endeudados con sus propias apps se multiplicó a una velocidad inusual. A fines de 2025, la deuda promedio por repartidor monotributista se ubicó en $900.000, mientras que para los comercios adheridos a esas mismas plataformas el promedio era siete veces superior.

SiTraRepA on X (formerly Twitter): “⚠️ALERTA REPARTIDORES: Esclavitud financieraRappi y Pedidos Ya promueven préstamos a tasas abusivas de más del 700% anual para explotar repartidores por aplicación ¡Mira las placas y lee el comunicado completo! pic.twitter.com/iatwZwPhw4 / X”

⚠️ALERTA REPARTIDORES: Esclavitud financieraRappi y Pedidos Ya promueven préstamos a tasas abusivas de más del 700% anual para explotar repartidores por aplicación ¡Mira las placas y lee el comunicado completo! pic.twitter.com/iatwZwPhw4

Pedidos Ya —la empresa más activa en este segmento— confirmó que desde 2022 otorgó 57.000 préstamos por un total de USD$84 millones. El 54% de ese monto fue a comercios, y el resto, a repartidores individuales. Para acceder al crédito, los repartidores deben cumplir con métricas de desempeño dentro de la app, ya fuese antigüedad, tasa de aceptación de pedidos, calificación de usuarios y disponibilidad en horarios de alta demanda.

La mayoría de los préstamos tiene un destino concreto para comprar, reparar o mejorar la bicicleta o la moto con la que el repartidor trabaja. Es decir, el trabajador pide prestado para mantener la herramienta que le permite seguir generando ingresos para pagar el préstamo que sacó para comprar esa herramienta. Un círculo que se retroalimenta e incrementa con el tiempo la deuda.

No es casualidad que los créditos están dirigidos a quienes más horas trabajan y más disponibles están en horarios pico. Desde Pedidos Ya lo presentan como “inclusión financiera” para personas que no califican para un banco tradicional —por falta de recibo de sueldo, historial crediticio o documentación— ahora tienen acceso a préstamos. El argumento tiene algo de real, siendo que un repartidor sin acceso a ningún crédito formal que necesita arreglar su moto, en el pasado solo podía acudir a un prestamista informal con tasas aún más abusivas o pedir fiado en el taller.

El problema está en el precio de ese acceso. Las plataformas responden que sus tasas son “competitivas dentro del segmento de entidades no bancarias”. El BCRA, en su informe, no publicó las tasas individuales de cada empresa y con una tasa anual del 700%, la cuenta se vuelve rápidamente asfixiante. Traducido a términos concretos, si un repartidor toma un préstamo de $900.000, el promedio mencionado, a seis meses, el interés acumulado puede terminar superando con amplitud el capital original.

La economista Lucrecia Simes lo sintetizó al describir que “si un trabajador pide USD$500 para arreglar la moto, paga USD$800 de intereses y termina trabajando más horas para la misma plataforma durante seis meses, eso no es inclusión. Es captura.”

Cabe aclarar que la tasa del 700% es el techo denunciado por el sindicato, no la única tasa. Las plataformas ofrecen distintas condiciones según el perfil del repartidor.

El mecanismo de cobro

Uno de los puntos más relevantes para entender el modelo es que las cuotas no se pagan como en un banco. No llega una factura, no hay fecha de vencimiento que el repartidor tenga que recordar. El dinero se descuenta automáticamente de cada pedido completado.

Cada vez que un repartidor entrega un pedido y cobra una comisión, una parte de esa comisión va directo al pago de la deuda, antes de que el repartidor reciba lo que sobra. La plataforma cobra primero.

Esto explica un dato que, a primera vista, parece paradójico. La tasa de mora de Pedidos Ya entre sus repartidores deudores es del 11.7%, inferior al promedio del sistema bancario para familias (12.7%). ¿Cómo puede ser que trabajadores informales, sin garantías, paguen mejor que el promedio bancario?

La respuesta a ello no es que los repartidores sean más responsables, es que no pueden elegir no pagar. Al no poder interceptar el pago antes de que la plataforma lo descuente, la posibilidad de entrar en mora se reduce drásticamente. La mora del 11.7% no refleja buena salud financiera, demuestra que el sistema de cobro hace casi imposible evitar el descuento.

Los críticos del modelo señalan que debido a esto las jornadas laborales se extienden hasta 12 horas diarias para poder cubrir los costos de la deuda. Las comisiones por pedido oscilan entre $1.500 y $3.000, independientemente del valor de la compra. Con una deuda promedio de $900.000 y tasas elevadas, el repartidor necesita completar un volumen muy alto de pedidos para pagar la cuota y tener algo de ingreso propio.

“El problema no es que la plataforma preste. El problema es que presta a quien trabaja exclusivamente para ella, a tasas que solo pueden pagar trabajando más horas para esa misma plataforma. Es un círculo que se cierra sobre el propio trabajador”, sostuvo sobre el tema la economista Laura Ventura.

Los datos del BCRA confirman esa dinámica. Los que toman estos préstamos son principalmente los repartidores que dependen exclusivamente del delivery como fuente de ingresos. Los que usan las apps como ingreso complementario no los toman, porque tienen alternativas más baratas.

El dato demográfico más preocupante es que el 70% de los deudores de plataformas tiene menos de 40 años. Son trabajadores jóvenes cuya primera experiencia formal de crédito es con la app para la que trabajan. Si esa experiencia termina en mora, extensión de jornada o sensación de trampa, podrían llegar a la adultez con una relación deteriorada con el sistema financiero, justo cuando deberían estar en condiciones de acceder a créditos hipotecarios o productivos.

Los servicios públicos subieron 4,6% en julio y ya se llevan el 15% del salario promedio en el AMBA

Redacción 20 de julio de 2026

La Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 4,6% durante julio y requiere del 15% de los salarios promedio en la región.

Este avance en el indicador se fundamenta en un mayor nivel de consumo de energía eléctrica y gas natural por estacionalidad, junto con ajustes en los cuadros tarifarios de la mayoría de los rubros, con la única excepción del servicio de provisión de agua.

Dentro de los componentes de la canasta, el gasto en transporte posee un peso del 40% sobre el total y mostró un aumento del 3,7% en comparación con junio.

Los datos corresponden al el Reporte de tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Según este informe, a la cobertura tarifaria actual de subsidios alcanza el 54%. Esto significa que los hogares pagan, en promedio, ese porcentaje de los costos de producción de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo del 46% restante” para completar el financiamiento del sistema en la zona metropolitana.

En cuanto a las transferencias estatales, los subsidios reales acumulados hasta el 17 de julio mostraron una suba del 10%.

El desglose por servicios es: 

  • Gas: en julio el cargo fijo sube 2,8% y el variable 3%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que se encuentra en el pico del invierno en julio. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 5,2%.
  • Energía eléctrica: al igual que en el gas, se incrementan las cantidades consumidas por el pico de consumo invernal. Esto se combina con aumentos tarifarios del 3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 12,5% respecto de junio.
  • Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentan 4,1% (IPC de mayo 2,1% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril y 7,1% en junio tuvieron un aumento del 3,2% en julio. El gasto total de las familias en transporte sube 3,7% respecto del mes anterior.
  • Agua: confluyen dos factores. Por un lado, un día más de consumo (julio tiene 31 días) y por otro una baja en el componente variable del 7,7%. Con esto, el gasto en este servicio se redujo 4,6% respecto de junio. La reducción en el coeficiente variable responde a un descuento del 10,47% aplicado por el ERAS sobre el coeficiente variable derivado de la fórmula de actualización con el objetivo de no aumentar más del 3% mensual como indica la normativa vigente.

“El aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en julio es la energía eléctrica”, sintetiza el trabajo.

*Con información de Noticias Argentinas

El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre y marcó su menor nivel en 30 años

Redacción 20 de julio de 2026

El consumo interno de carne vacuna cerró la primera mitad de 2026 con su registro más flojo en tres décadas. El dato se desprende del informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la entidad que agrupa a los frigoríficos y comercializadores del sector. El abastecimiento del mercado doméstico cayó 11,5% interanual entre enero y junio. En números concretos, el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso: casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025.

El promedio de los últimos doce meses del consumo por habitante quedó en 47 kilos al año, 8,2% por debajo del nivel de un año atrás. En la práctica, cada argentino comió 4,2 kilos menos de carne vacuna que en junio de 2025.

Para la cámara la explicación central estuvo en el bolsillo. La caída del 11,5% es “producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”, señaló Ciccra.

Los datos que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que Ciccra recopila mostraron por qué. En doce meses, el rubro carnes y derivados aumentó 45%, muy por encima del 33,4% que acumuló el índice general de precios al consumidor en el mismo lapso. Dentro de ese rubro, los cortes vacunos treparon 53,6% anual, mientras que el pollo entero —su principal competidor en la góndola— subió apenas 29,9%. Esa brecha empujó a muchas familias a comprar menos kilos o a inclinarse por el pollo.

El golpe se sintió con fuerza en los cortes más populares. En la comparación interanual a junio, la carne picada común encabezó las subas con 56,2%, seguida por el asado, con 54,3%. Detrás quedaron la paleta (53,6%), el cuadril (53,2%) y la nalga (50,9%). La caja de hamburguesas congeladas aumentó 58,7%.

A la presión de los precios se sumó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, casi 9% menos que un año atrás, en un contexto de menor disponibilidad de hacienda que la industria arrastra desde hace tiempo. Esa menor faena derivó en una producción de 1,428 millones de toneladas res con hueso, con una baja de 6,2% interanual.

Ese cuello de botella tuvo un origen preciso. El informe de mayo de la propia cámara lo atribuyó a una fase de tres años de intensa liquidación de existencias, en la que los productores enviaron a faena más hembras de lo habitual, como respuesta a una sucesión de eventos climáticos adversos que golpearon al campo desde 2022 y se extendieron hasta mediados del año pasado.

La producción, sin embargo, no cayó al ritmo del consumo, porque las exportaciones tomaron el camino inverso. En los primeros seis meses del año, los envíos al exterior sumaron 408,6 mil toneladas res con hueso, 10,2% más que en 2025. Así, una porción mayor de la carne producida en el país viajó a los mercados externos y quedó menos disponible para las carnicerías locales: la proporción destinada a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la volcada al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.

EL PISO DE TRES DÉCADAS

Al mirar la serie histórica, que arranca a mediados de los años noventa, el primer semestre de 2026 apareció como el más bajo en materia de consumo interno. Ni los años más duros de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían mostrado un abastecimiento doméstico tan magro. La cámara aclaró que, como actualiza y corrige la serie con el tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros.

El deterioro se profundizó mes a mes. En el acumulado de enero a mayo, el consumo aparente ya mostraba una caída de 11,1% interanual, con un per cápita de 47,5 kilos; al sumar junio, el retroceso se estiró hasta 11,5% y el promedio por habitante bajó a 47 kilos.

El resultado llegó, además, en un momento bisagra para el sector. Ciccra viene marcando que la ganadería argentina podría estar cerrando esa fase de liquidación de tres años y entrando en una etapa de recomposición del rodeo. En los últimos meses, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 45,3% en junio, apenas por encima del rango que la industria considera necesario para sostener el stock, y un nivel que no se veía desde junio de 2021. Por ahora, esa transición todavía no se reflejó en el consumo, que siguió en baja.

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