14 julio, 2025

Tras el DNU de Alberto, Telecom deja de invertir en el país

Se trata del primer impacto negativo que generó la cuestionable medida que congela precios y le permite al Gobierno controlar los ingresos de las compañías.
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*Por: Andrés Sanguinetti

A menos de 48 horas de haberse anunciado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que le otorga al Gobierno el control sobre la industria de las telecomunicaciones ya comienzan a sentirse los primeros efectos negativos de la medida.

Telecom Argentina, una de las principales compañías del sector, se queda sin una millonaria inversión de u$s600 millones que iba a utilizar en su infraestructura, sistemas y productos para seguir brindando a sus clientes los servicios de conectividad convergente además de continuar con su camino hacia la transformación digital.

Sin embargo, el DNU que congela las tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil; internet y televisión por cable y le permite al Gobierno aprobar o no nuevos aumentos hizo que los bancos internacionales que iban a apalancar esta inversión decidieran ahora retirarse del proceso.

Alberto Fernández on Twitter: “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. / Twitter”

Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.

“Las entidades financieras con los que la empresa negoció créditos para apuntalar este proceso se echaron para atrás por el cambio de las reglas de juego en el país”, aseguraron a iProfesional fuentes conocedoras del mercado.

A través del polémico DNU 690/2020, el presidente Alberto Fernández resolvió, entre otras medidas, regular los precios de las telecomunicaciones, la conectividad vía web y TV por cable y satelital y otorgarle al Gobierno el poder para autorizar o no futuros incrementos. Se trata de una medida totalmente cuestionada por el mercado local de las telecomunicaciones y por las empresas extranjeras que participan y que entienden que la mejor herramienta para reducir la brecha digital es un mercado en competencia, que promueva y facilite el despliegue de infraestructura y servicios.

Con el DNU se pierde seguridad jurídica y control sobre una variable esencial del negocio como es el precio de los productos y servicios que además de Telecom, ofrecen el resto de las operadoras como Movistar; Claro; Cablevisión y DirecTV, entre otras.

LAS INVERSIONES AFECTADAS

Antes de esta cuestionable medida, que fue impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, Telecom Argentina había tomado la decisión de realizar una una revisión positiva de sus expectativas de inversión en Argentina luego del cierre de las negociaciones por el canje de la deuda con los bonistas internacionales.

Luego del acuerdo entre el Ministerio de Economía y los bonholders, la compañía había decidido incrementar el flujo de inversiones para este año desde los u$s500 millones inicialmente anunciados a u$s600 millones.

El propio Roberto Nóbile, CEO de la operadora, lo había comentado a principios de agosto durante un seminario organizado por el grupo tras sostener que la decisión fue tomada luego del éxito del canje de deuda y la estabilidad del negocio.

“La inversión prevista para el 2020 rondaba los u$s500 millones, previendo un año difícil y con una necesidad de sortear vencimientos de deuda importantes” había indicado el ejecutivo ante una consulta de la agencia Télam a la que también le dijo que el monto se iba a modificar en u$s100 millones más.

La empresa viene desarrollando un intensivo proceso de inversiones para seguir ampliando y potenciando la red fija y móvil de última generación.

De hecho y según se desprende del estado de resultados de la compañía correspondiente al primer semestre de este año, las inversiones habían alcanzado los $22.766 millones que, de todos modos, ya mostraban una caída de aproximadamente el 33,9% respecto al mismo lapso del 2019.

En este caso, los fondos se focalizaron en proyectos destinados a la expansión de los servicios de TV por cable e internet; mejorar la transmisión y velocidad de acceso ofrecida a los clientes; despliegue de la cobertura y capacidad 4G para sustentar el crecimiento de internet y móvil, y la ampliación de las redes de transmisión y transporte para unificar las diferentes tecnologías de acceso, reconvirtiendo las fijas de cobre a redes de fibra o híbridas fibra–coaxial.

Roberto Nóbile

En este informe, los ejecutivos de Telecom Argentina aseguraban que “gracias a las inversiones realizadas en infraestructura durante los últimos años, cuenta con el equipamiento y sistemas que permiten el funcionamiento eficiente de las redes, soportando el mayor uso de conectividad fija y móvil, lo cual se refleja en el aumento de hasta 50% en el tráfico de datos en internet hogareña; 70% en servicios móviles de voz y 30% en datos móviles, además de un crecimiento del 75% en upstream”.

En términos relativos, entre enero y junio pasado las inversiones representaron el 17,4% de las ventas consolidadas durante los primeros seis meses del año.

Sin embargo, ahora Telecom Argentina acaba de emitir un crítico comunicado contra el DNU presidencial, calificando a la medida de “arbitraria” y asegurando que podría generar “un fuerte impacto para nuestra compañía y para la industria en su conjunto”.

Según la empresa “este abrupto cambio en el marco regulatorio actual puede afectar no sólo de manera directa la calidad de nuestros servicios, sino también impedir continuar con el ritmo de desarrollo y transformación que venimos implementando sostenidamente los últimos años”.

El documento también deja abierta la puerta para un eventual juicio contra la Argentina en los tribunales internacionales ya que sostiene que “estamos analizando todos los pasos a seguir con el foco puesto, como siempre, en el compromiso de asegurar la empleabilidad de nuestra gente y garantizar la mejor calidad y experiencia a nuestros clientes”.

Las acciones de Telecom Argentina se distribuyen entre Cablevisión Holding S.A (28%); Fintech Telecom (20%); el Fideicomiso Héctor Magnetto y David Martínez (21%) y otro 29% flota en oferta pública.

A partir de que posee el control de varias de estas sociedades, el empresario mexicano David Martínez es el principal referente tanto de Telecom Argentina como de Cablevisión Holding. Sus clientes móviles en Argentina llegan a los 18,8 millones mientras que los abonados de televisión por cable totalizan 3,5 millones y los accesos de banda ancha fueron de 4,1 millones.

SEMESTRE NEGRO

Pero la sanción del cuestionable DNU presidencial no es el único problema que el magnate extranjero ha debido enfrentar durante este año con sus negocios en el país. Las medidas sanitarias también tomadas por las autoridades locales para combatir el avance de la pandemia del Covid-19 también afectaron el flujo de sus negocios en la industria de las telecomunicaciones.

Por lo menos así surge de los estados financieros correspondientes al primer semestre del año que ambas empresas presentaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En el caso de Cablevisión, dedicada al desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones, su utilidad neta llegó a los $2.161 millones que representan un derrumbe del 76,1% con respecto a los $9.041 millones que había ganado entre enero y junio del año pasado.

El mismo escenario sufrieron sus subsidiarias, que se especializan en la prestación de servicios de TV por cable, banda ancha y comunicaciones móviles, con marcas líderes en las industrias de telecomunicaciones y distribución de contenidos.

En el período, Cablevisión generó ventas por $131.158 millones, una caída del 3% en términos reales si se las compara con las del primer semestre del 2019, principalmente por menor comercialización de equipos; servicios de internet y cable que parcialmente compensado por un aumento de servicios móviles que se incrementaron un 8,1% por una mayor base de subscriptores.

En el caso de los Ingresos de TV paga alcanzaron los $26.357 millones, una reducción del 7.8% por el hecho de que el congelamiento establecido por el Gobierno hasta agosto no ha generado ingresos durante el período.

Por su parte, Telecom Argentina registró ganancias por $1.961 millones que representan otro derrumbe como el de Cablevisión, en este caso del 79,6% que refleja esencialmente el impacto de diferencias de cambio en un contexto de mayor devaluación real.

Las ventas de servicios móviles representaron $49.433 millones y crecieron en $3.717 millones a partir de una estrategia comercial focalizada en impulsar la portabilidad móvil con ofertas convergentes y en incrementar el consumo de servicios de internet móvil. De hecho, las ventas de este segmento resultan equivalentes al 77% de las ventas de servicios móviles de la empresa.

*Fuente: iProfesional


Redacción

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ARCA endurece controles para compras en el exterior: nuevos límites y productos prohibidos

En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.

Controles de ARCA sobre compras en el exterior

La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.

La información que deberán enviar al organismo de control incluye:

Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país.
Número de tarjeta.
Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Fecha de la operación.
Identificación del país.
Identificación de la moneda de origen.
Monto de la operación en moneda extranjera.
Monto de la operación en pesos.
Nombre del comercio.
Código de rubro del comercio.
Número de identificación del comercio.
Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.

Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país

Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:

Mercadería con fines comerciales o industriales.
Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Explosivos, inflamables y estupefacientes.
Material arqueológico y cultural.
Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos.
Límites y excepciones para ingresar compras del exterior
A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.

Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:

300 dólares para quienes regresen por vía terrestre.
500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.

Consejos para evitar inconvenientes con ARCA

Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:

Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos.
Declarar los productos ante Aduana.
Evitar productos prohibidos.
Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración.
Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales.
Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado.
Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar.
Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes.
Empaquetar bien para facilitar inspecciones.



*Fuente: El Cronista Comercial

Redacción

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La presión impositiva devoró más del 63% de la ganancia del campo durante junio

La medición de junio de 2025 del Índice FADA verificó que el Estado absorbió el 63,6% de la renta producida por una hectárea agrícola promedio. El indicador superó en 5,6 puntos el registro de marzo y, si el Poder Ejecutivo restaura los Derechos de Exportación (DEX) el 30 de junio, la participación estatal ascendería al 67%, con máximos proyectados de 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol.

Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, puntualizó: “Para producir se incurren en múltiples costos —semillas, fertilizantes, mano de obra, fletes, seguros—. Una vez comercializada la cosecha, el saldo neto se distribuye entre el arrendador (26,6 %), el productor (9,8 %) y el fisco (63,6 %). Esa última porción es la que cuantificamos en el Índice FADA”.

La fundación estimó la renta agrícola al valorizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol a precios internacionales y deducir insumos, labores, transporte y comercialización. Sobre ese excedente ponderó la fracción captada por el Estado, la apropiada por el propietario de la tierra y la que permaneció en manos del productor. Pisani Claro recordó que “cuando los insumos encarecen o los precios internacionales se deprimen, la renta se contrae y, en términos relativos, la incidencia fiscal se incrementa”.

Antonella Semadeni, también economista de la entidad, atribuyó el aumento reciente a la dinámica de precios: “Aunque rigió la reducción temporal de DEX, la caída de los valores internacionales redujo la facturación y elevó la carga tributaria relativa”. El trigo ejemplificó la tendencia: en junio cotizó a 200 dólares la tonelada, un 20% por debajo del promedio quinquenal y 28,2% menos que un año atrás.

El Gobierno de Javier Milei recortó en enero un 20% las retenciones y calificó la iniciativa como “un hueso para los productores”. La prórroga alcanzó únicamente al trigo; si caducara para soja, maíz y girasol, el índice nacional se ubicaría en 67% y la incidencia en soja rondaría el 70%.

El trigo exhibió la mayor presión con un 78,2% de su renta succionada por tributos. Semadeni advirtió que se requeriría un precio interno en torno a 220 dólares por tonelada para revertir el resultado adverso, mientras el mercado ofreció 200 dólares. El financiamiento de capital de trabajo obligó a numerosos productores a endeudarse antes de la siembra.

La carga fiscal ascendió a 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Del total imputado a una hectárea promedio, el 63,8% correspondió a tributos nacionales no coparticipables (retenciones y tasa estadística), el 28,4% a impuestos nacionales coparticipables como Ganancias, el 6,8% a gravámenes provinciales y el 1% a tasas municipales.

El desglose provincial mostró heterogeneidad: Córdoba registró 64 %, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Todas percibieron inmobiliario rural y sellos; sólo Buenos Aires y Santa Fe adicionaron tasas municipales. La Pampa y San Luis aplicaron guías cerealistas que funcionaron como aduanas internas, en tanto que Córdoba, San Luis y Entre Ríos prescindieron de cargos locales adicionales.

EL INFORME DE FADA

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Pisani Claro remarcó que las divergencias obedecieron a “diferencias en rindes, estructuras de costos e imposición local”. Asimismo, subrayó que cerca del 70% de los agricultores operó bajo contrato de arrendamiento: tras tributar, el productor retuvo apenas el 9,8% de la renta, mientras el dueño de la tierra capturó el 26,6%.

FADA sostuvo que, de persistir el atraso cambiario y la debilidad de los precios internacionales, el indicador podría seguir escalando incluso sin modificar las alícuotas de retenciones. El próximo relevamiento trimestral medirá el impacto efectivo de la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los DEX. Semadeni sintetizó: “Menor precio o mayor alícuota impositiva se traducen automáticamente en más presión sobre la renta agrícola”.

Redacción

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PBA: Una obra frenada hace 25 años generó pérdidas de US$ 5.000 millones al campo

El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.

El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.

La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.

El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.

Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.

De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.

La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.

“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.

En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.

CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.

EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”

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Redacción

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Un impuestazo de Llaryora dispara las comisiones de Mercado Libre y encarece las ventas de los emprendedores

La decisión del gobernador Martín Llaryora de aumentar el impuesto a los Ingresos Brutos en Córdoba generó un efecto dominó en el comercio digital. Mercado Libre confirmó que, a partir del 8 de julio, cobrará tarifas más caras a los vendedores cordobeses para compensar la suba impositiva provincial. En la práctica, la plataforma de Marcos Galerín se transformará en un recaudador indirecto del fisco cordobés. Lo mismo sucederá en Santa Fe y Jujuy: otras provincias con alícuotas elevadas.

La medida fue anunciada en medio de una fuerte presión de las provincias por recaudar más, tras la caída de fondos nacionales. Córdoba subió la alícuota de Ingresos Brutos a servicios digitales y financieros, lo que llevó a Mercado Libre a ajustar automáticamente los cargos para vendedores radicados en la provincia. Según datos oficiales, las comisiones en Córdoba podrían trepar al 17,14 %, mientras en otras provincias bajarán hasta el 11,8 %.

– Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y el gobernador Juan Schiaretti durante la inauguración de oficinas en Córdoba (2019)

En un comunicado oficial, la plataforma explicó:

“La diferencia en los cargos por provincia responde a la presión fiscal local. Cada gobierno establece las alícuotas de Ingresos Brutos y eso impacta de forma directa en el costo de operar en nuestra plataforma. No existe un cargo adicional de Mercado Libre: solo reflejamos el efecto impositivo provincial”.

Y agregó:

“En Córdoba, Santa Fe y Jujuy se aplican alícuotas más altas, por eso allí los costos para el vendedor terminan siendo mayores”.

Esto no es un fenómeno nuevo. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó una suba de Ingresos Brutos a mediados de 2024, su argumento recayó en la necesidad de sostener el gasto público. Allí, la alícuota para plataformas digitales pasó del 5 % al 9 %, lo que generó que la empresa ajustara sus cargos y desatara críticas de comerciantes y pymes locales.

En Jujuy ocurrió algo similar con un incremento de Ingresos Brutos en servicios financieros que impactó sobre toda la cadena de pagos digitales. A partir de ese cambio, Mercado Libre anunció allí también cargos más altos para los vendedores jujeños, lo que despertó protestas de pequeños emprendedores que denunciaron “doble imposición” y falta de alternativas de venta.

En Córdoba, el caso es aún más fuerte porque la provincia, altamente dependiente de la recaudación tributaria, decidió subir la alícuota a servicios digitales cuando la inflación ya golpea al consumo. Los vendedores cordobeses sostienen que esto termina por asfixiar la actividad comercial y afecta principalmente a emprendedores y pymes, que no tienen margen para trasladar el aumento a sus clientes.

EL COMUNICADO DE MARCADO LIBRE

La Cámara de Comercio Electrónico advirtió que Córdoba es uno de los distritos con mayor crecimiento del e-commerce en la última década, pero la suba de costos puede generar una contracción de ventas e incluso empujar a la informalidad.

Analistas tributarios coincidieron en que el impuesto a los Ingresos Brutos es “distorsivo” y encarece el precio final que paga el consumidor, además de desalentar la competitividad. La polémica, entonces, no es solo técnica: se cruza con el modelo de financiamiento provincial y la puja por retener recaudación propia en medio de una fuerte crisis fiscal.

Para Llaryora, la suba se justifica en la necesidad de cubrir servicios básicos, pero para miles de cordobeses que venden online significa un nuevo golpe al bolsillo.

Redacción

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