Tras el DNU de Alberto, Telecom deja de invertir en el país

Se trata del primer impacto negativo que generó la cuestionable medida que congela precios y le permite al Gobierno controlar los ingresos de las compañías.
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10 Years Experiences

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*Por: Andrés Sanguinetti

A menos de 48 horas de haberse anunciado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que le otorga al Gobierno el control sobre la industria de las telecomunicaciones ya comienzan a sentirse los primeros efectos negativos de la medida.

Telecom Argentina, una de las principales compañías del sector, se queda sin una millonaria inversión de u$s600 millones que iba a utilizar en su infraestructura, sistemas y productos para seguir brindando a sus clientes los servicios de conectividad convergente además de continuar con su camino hacia la transformación digital.

Sin embargo, el DNU que congela las tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil; internet y televisión por cable y le permite al Gobierno aprobar o no nuevos aumentos hizo que los bancos internacionales que iban a apalancar esta inversión decidieran ahora retirarse del proceso.

Alberto Fernández on Twitter: “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. / Twitter”

Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.

“Las entidades financieras con los que la empresa negoció créditos para apuntalar este proceso se echaron para atrás por el cambio de las reglas de juego en el país”, aseguraron a iProfesional fuentes conocedoras del mercado.

A través del polémico DNU 690/2020, el presidente Alberto Fernández resolvió, entre otras medidas, regular los precios de las telecomunicaciones, la conectividad vía web y TV por cable y satelital y otorgarle al Gobierno el poder para autorizar o no futuros incrementos. Se trata de una medida totalmente cuestionada por el mercado local de las telecomunicaciones y por las empresas extranjeras que participan y que entienden que la mejor herramienta para reducir la brecha digital es un mercado en competencia, que promueva y facilite el despliegue de infraestructura y servicios.

Con el DNU se pierde seguridad jurídica y control sobre una variable esencial del negocio como es el precio de los productos y servicios que además de Telecom, ofrecen el resto de las operadoras como Movistar; Claro; Cablevisión y DirecTV, entre otras.

LAS INVERSIONES AFECTADAS

Antes de esta cuestionable medida, que fue impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, Telecom Argentina había tomado la decisión de realizar una una revisión positiva de sus expectativas de inversión en Argentina luego del cierre de las negociaciones por el canje de la deuda con los bonistas internacionales.

Luego del acuerdo entre el Ministerio de Economía y los bonholders, la compañía había decidido incrementar el flujo de inversiones para este año desde los u$s500 millones inicialmente anunciados a u$s600 millones.

El propio Roberto Nóbile, CEO de la operadora, lo había comentado a principios de agosto durante un seminario organizado por el grupo tras sostener que la decisión fue tomada luego del éxito del canje de deuda y la estabilidad del negocio.

“La inversión prevista para el 2020 rondaba los u$s500 millones, previendo un año difícil y con una necesidad de sortear vencimientos de deuda importantes” había indicado el ejecutivo ante una consulta de la agencia Télam a la que también le dijo que el monto se iba a modificar en u$s100 millones más.

La empresa viene desarrollando un intensivo proceso de inversiones para seguir ampliando y potenciando la red fija y móvil de última generación.

De hecho y según se desprende del estado de resultados de la compañía correspondiente al primer semestre de este año, las inversiones habían alcanzado los $22.766 millones que, de todos modos, ya mostraban una caída de aproximadamente el 33,9% respecto al mismo lapso del 2019.

En este caso, los fondos se focalizaron en proyectos destinados a la expansión de los servicios de TV por cable e internet; mejorar la transmisión y velocidad de acceso ofrecida a los clientes; despliegue de la cobertura y capacidad 4G para sustentar el crecimiento de internet y móvil, y la ampliación de las redes de transmisión y transporte para unificar las diferentes tecnologías de acceso, reconvirtiendo las fijas de cobre a redes de fibra o híbridas fibra–coaxial.

Roberto Nóbile

En este informe, los ejecutivos de Telecom Argentina aseguraban que “gracias a las inversiones realizadas en infraestructura durante los últimos años, cuenta con el equipamiento y sistemas que permiten el funcionamiento eficiente de las redes, soportando el mayor uso de conectividad fija y móvil, lo cual se refleja en el aumento de hasta 50% en el tráfico de datos en internet hogareña; 70% en servicios móviles de voz y 30% en datos móviles, además de un crecimiento del 75% en upstream”.

En términos relativos, entre enero y junio pasado las inversiones representaron el 17,4% de las ventas consolidadas durante los primeros seis meses del año.

Sin embargo, ahora Telecom Argentina acaba de emitir un crítico comunicado contra el DNU presidencial, calificando a la medida de “arbitraria” y asegurando que podría generar “un fuerte impacto para nuestra compañía y para la industria en su conjunto”.

Según la empresa “este abrupto cambio en el marco regulatorio actual puede afectar no sólo de manera directa la calidad de nuestros servicios, sino también impedir continuar con el ritmo de desarrollo y transformación que venimos implementando sostenidamente los últimos años”.

El documento también deja abierta la puerta para un eventual juicio contra la Argentina en los tribunales internacionales ya que sostiene que “estamos analizando todos los pasos a seguir con el foco puesto, como siempre, en el compromiso de asegurar la empleabilidad de nuestra gente y garantizar la mejor calidad y experiencia a nuestros clientes”.

Las acciones de Telecom Argentina se distribuyen entre Cablevisión Holding S.A (28%); Fintech Telecom (20%); el Fideicomiso Héctor Magnetto y David Martínez (21%) y otro 29% flota en oferta pública.

A partir de que posee el control de varias de estas sociedades, el empresario mexicano David Martínez es el principal referente tanto de Telecom Argentina como de Cablevisión Holding. Sus clientes móviles en Argentina llegan a los 18,8 millones mientras que los abonados de televisión por cable totalizan 3,5 millones y los accesos de banda ancha fueron de 4,1 millones.

SEMESTRE NEGRO

Pero la sanción del cuestionable DNU presidencial no es el único problema que el magnate extranjero ha debido enfrentar durante este año con sus negocios en el país. Las medidas sanitarias también tomadas por las autoridades locales para combatir el avance de la pandemia del Covid-19 también afectaron el flujo de sus negocios en la industria de las telecomunicaciones.

Por lo menos así surge de los estados financieros correspondientes al primer semestre del año que ambas empresas presentaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En el caso de Cablevisión, dedicada al desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones, su utilidad neta llegó a los $2.161 millones que representan un derrumbe del 76,1% con respecto a los $9.041 millones que había ganado entre enero y junio del año pasado.

El mismo escenario sufrieron sus subsidiarias, que se especializan en la prestación de servicios de TV por cable, banda ancha y comunicaciones móviles, con marcas líderes en las industrias de telecomunicaciones y distribución de contenidos.

En el período, Cablevisión generó ventas por $131.158 millones, una caída del 3% en términos reales si se las compara con las del primer semestre del 2019, principalmente por menor comercialización de equipos; servicios de internet y cable que parcialmente compensado por un aumento de servicios móviles que se incrementaron un 8,1% por una mayor base de subscriptores.

En el caso de los Ingresos de TV paga alcanzaron los $26.357 millones, una reducción del 7.8% por el hecho de que el congelamiento establecido por el Gobierno hasta agosto no ha generado ingresos durante el período.

Por su parte, Telecom Argentina registró ganancias por $1.961 millones que representan otro derrumbe como el de Cablevisión, en este caso del 79,6% que refleja esencialmente el impacto de diferencias de cambio en un contexto de mayor devaluación real.

Las ventas de servicios móviles representaron $49.433 millones y crecieron en $3.717 millones a partir de una estrategia comercial focalizada en impulsar la portabilidad móvil con ofertas convergentes y en incrementar el consumo de servicios de internet móvil. De hecho, las ventas de este segmento resultan equivalentes al 77% de las ventas de servicios móviles de la empresa.

*Fuente: iProfesional


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Medida de campaña: La devolución del IVA solo regirá hasta el final de este Gobierno

El programa “salvavidas” de la gestión del ministro de Economía Sergio Massa, la devolución del IVA, sólo tendrá vigencia hasta diciembre y deberá ser discutido en el Senado en caso de solicitar una prórroga.

El programa denominado “Compra sin IVA”, activo desde el 28 de septiembre, contempla la devolución del Impuesto al Valor Agregado en compras de artículos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, según anunció la cartera del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Massa anunció un programa de devolución del IVA sobre artículos de la Canasta Básica

La iniciativa implicará la devolución del 21% para 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000. Se devolverá a las 48 horas. Se enviará al Congreso un proyecto para que se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales.

El reintegro del 21% en las compras de productos de consumo masivo realizadas en comercios minoristas y mayoristas tiene un tope de hasta $18.800 mensuales y está destinado a jubilados, pensionados, personal de casas particulares, beneficiarios de asignaciones universales por hijo/embarazo, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. Es decir, a la clase media/baja que percibe menos de $708.000,00 brutos por mes.

La medida fue habilitada a “modo campaña”, dado que el eje de la misma está girando en una solicitud puntual expuesta por el candidato libertario: la reducción de impuestos. Ante ello, el candidato oficialista elevó el programa en tiempo récord. Asimismo, avanzó con la eliminación del Impuesto a las Ganancias que también fue tratado el mismo mes.

Sergio Massa on Twitter: “NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk / Twitter”

NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk

Sin embargo, la eximición del programa expone que no es más que una medida de campaña para intentar atraer algunos electores descontentos con la desastrosa gestión en materia económica.

No obstante, Economía se defendió alegando que el programa podrá seguir vigente el año próximo si se trata en la Comisión de Presupuesto del Senado y se convierte en ley.

Antes de irse, Massa giró $230 mil millones para pagar bonos de fin de año y aguinaldos

El miércoles pasado, el ministro de Economía Sergio Massa se reunió con varios gobernadores provinciales a fin de llevar tranquilidad con algunos fondos, entre ellos los aguinaldos y pagos municipales. De acuerdo a lo expresado por los mandatarios, el principal temor es que, ante la asunción del presidente electo Javier Milei, Nación no derive los fondos con los que aún cuentan.

En ese sentido, Massa respondió los llamados y cedió una importante reunión donde se confirmó un giro total de 230 mil millones de pesos que saldrán de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Para este año, ya se recaudaron 176.095 millones de fondo ATN, pero a las provincias se les transfirieron 50.661 millones, entonces queda un saldo de 125.434 millones sin utilizar que van a pasar al año siguiente.

Sergio Massa on Twitter: “Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada… pic.twitter.com/Khx2WRUbc7 / Twitter”

Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada… pic.twitter.com/Khx2WRUbc7

Además, el ministro intentó llevar calma a los gobernadores asegurando que dejó 930 mil millones de pesos “en caja” a Milei para que el año próximo se los distribuya a cada provincia. Esto se habría anunciado con el fin de acusar al libertario en caso de que no quiera ceder “los fondos que ya están”, alegaron fuentes cercanas a Massa.

Por último, el funcionario explicó vía redes que esta transferencia no impactará de forma negativa en el Presupuesto 2024, dado que los fondos pertenecen a ciclos anteriores: “Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre. Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024“, dijo.

El Gobierno impuso una medida recaudatoria a Rappi y PedidosYa y las empresas analizan irse del país

Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados -que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).

“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.

https://twitter.com/BlogDelContador/status/1720489419336012060?s=20

Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.

Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país

“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.

“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.

Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.

LA BOMBA DE MASSA | Más de 50 mil precios aumentarán después del balotaje

Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.

En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.

Secretaría de Comercio on Twitter: “El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP / Twitter”

El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP

La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.

Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.

El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%

Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.

Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.

También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.

Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.

La bomba que le dejan a Milei: A menos de 10 días de terminar la gestión, el Gobierno aumentó el Presupuesto en $1,87 billones

La inflación proyectada para el cierre de este diciembre de 180%, casi tres veces más que la estimada en el Presupuesto 2023, lo que generó que desde Nación solicitaran una ampliación presupuestaria para poder cubrir los gastos, pagos y demandas de cada cartera. Así lo hicieron saber en el Decreto publicado este viernes que exige una ampliación por $1.87 billones

La medida fue elevada este jueves, pero publicada finalmente este viernes 1ro de diciembre, a 9 días de finalizar la gestión del presidente Alberto Fernández y sus respectivos ministros que también acompañaron el Decreto de Necesidad y Urgencia con su firma. 

En los “considerandos”, el documento fundamenta que el aumento de la autorización de gastos a ejecutar en lo que resta de este año en que “corresponde adecuar el Presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

Las modificaciones con variaciones incrementales del gasto elevaron la partida inicial de $28,95 billones a $40,1 billones. En tanto, la de recursos pasó de $26,96 billones a $28,26 billones. Lo que generará, en consecuencia, un incremento del déficit total que ahora se ubicó de casi $2 billones a $11,8 billones. 

Las áreas que resultaron más favorecidas con este DNU, con montos mayores a los 10 mil millones de pesos, son: 

  • Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social $392.745 millones
  • Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, Ministerio de Economía $208.598 millones
  • Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ministerio de Educación $190.839 millones
  • Asistencia en Servicios Económicos, Obligaciones a cargo del Tesoro $188.931 millones
  • Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Ministerio del Interior $120.220 millones;
  • Interceptación y Captación de las Comunicaciones, Poder Judicial de la Nación $96.268 millones
  • Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia de la Nación $84.203 millones;
  • Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Seguridad $74.699 millones
  • Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa $63.261 millones
  • Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Gendarmería Nacional, Ministerio de Seguridad $47.607 millones
  • Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, Ministerio de Transporte $42.449 millones
  • Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público $37.644 millones, entre otros. 

Paraguay y Bolivia suspendieron la exportación de bananas a Argentina por falta de pago

La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.

Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.

De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.

Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.

Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.

Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.

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